FUNCIONES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

C-181-79

San José, 28 de agosto de 1979

Señor

Juan Francisco Rojas Suárez

Secretario Municipal

Municipalidad de Alajuela

Estimado señor:

Por encargo y con la previa aprobación del señor Subprocurador General

de la República, me es grato referirme a su atento oficio Nº.1592-79 de 16 de

agosto en curso, mediante el cual transcribe el artículo 18 de la sesión ordinaria

Nº.81 del 10 de los corrientes por el cual el Consejo Municipal acuerda consultar

a este despacho "en cuando a la facultad de los presidentes municipales para

pasar un asunto, memorial, informe, etc., al archivo , o darle el trámite que su

criterio le pida, sin ser sometido a discusión ni votación". Sobre el particular

permítome informarle:

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 20 del Código Municipal,

el gobierno de cada Municipalidad está compuesto por un cuerpo deliberativo

denominado concejo, el cual estará integrado por regidores de elección popular

y por un funcionario ejecutivo de nombramiento del propio concejo. Asimismo,

las funciones propias que realiza el concejo (Ver artículo 21 in fine), hacen

concluir que al ser la Municipalidad un órgano colegiado, el jerarca del mismo lo

constituye el referido concejo.

El Presidente Municipal, nombrado por los regidores o miembros del

órgano por mayoría relativa de los votos presentes, permanece en su cargo por el

período de un año pudiendo ser reelecto (artículos 34 y 36 del Código Municipal).

Sus facultades y atribuciones están expresamente señaladas en la ley,

concretamente en lo dispuesto por el artículo 37 del Código Municipal, de cuya

lectura no se desprende que el Presidente esté facultado para realizar las actuaciones

que se indican en la nota de consulta, prescindiendo del trámite de

discusión y posterior votación por parte de los otros miembros del concejo.

Asimismo, en punto a las atribuciones de los presidentes de los órganos colegiados,

el artículo 49.-3 de la ley General de la Administración Pública, de aplicación

supletoria, es omiso en señalar la facultad de éstos para tomar unilateralmente

una decisión de esa naturaleza.

Consecuentemente, de acuerdo con el principio de legalidad que norma la

actividad de los entes públicos y determina las atribuciones de sus funcionarios,

concluimos que la actuación descrita en la nota de consulta le estaría vedada al

Presidente Municipal, no por estar expresamente autorizada.

A mayor abundamiento, conviene tener presente que los asuntos, memoriales,

solicitudes, informes, etc., que sean sometidos a la consideración del

Concejo Municipal, debe conocerlos éste efectivamente, quien resolverá mediante

acuerdo si el asunto en cuestión para el conocimiento de determinada

comisión, o bien, en última instancia, si se traslada al archivo. En tal sentido, la

labor del Presidente se limita a las propias de su cargo según la ley, léase presidir

la sesión, conceder la palabra y quitara a quien hiciere uso de ella sin autorización,

vigilar el orden de la sesión, y recibir la votación a fin de anunciar lo resuelto

en relación al caso que se conoce,(artículo 37, incisos a), c), d) y e) del Código

Municipal).

Debe notarse al efecto que el artículo 48 del Código Municipal de repetida

cita, establece que todo acuerdo debe ser tomado previa deliberación, y únicamente

puede dispensarse el trámite de dictamen de comisión. Asimismo, dicho

acuerdo requiere la votación mayoritaria de los miembros del concejo presentes

en la sesión, a tenor de lo dispuesto por el artículo 46 de dicho cuerpo legal.

De esta forma, se colige de lo anterior que compete al Concejo Municipal

resolver por acuerdo la suerte de todo asunto sometido a su conocimiento, al

tiempo que el Presidente Municipal se constituye en el encargado de otorgarle el

trámite pertinente a lo resuelto mediante acuerdo por la mayoría de los integrantes

del órgano colegiado.

No omito manifestar, que según lo dispuesto por el artículo 4º, inciso 3) del

Decreto Ejecutivo Nº.2685-P de 24 de noviembre de 1972, las consultas que la

Administración Pública, Municipalidades e Instituciones Autónomas y Semiautónomas

formulen a la Procuraduría General de la República, deben venir acompañadas

de la opinión de la Asesoría Legal respectiva, lo cual rogamos observar en

lo sucesivo, para los efectos consiguientes.

Del señor Secretario Municipal, atentamente,

Lic. Farid Beirute Brenes

Procurador de Hacienda a.í.