LAS INFORMACIONES OBTENIDAS POR LA AUDITORIA

GENERAL DE BANCOS SON CONFIDENCIALES

C-167-79 (22)

San José, 13 de agosto de 1979

Señora

María Esther López Villiers

Directora Ejecutiva de la Dirección

Nacional de Desarrollo de la Comunidad

Apartado Nº 5433

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Subprocurador General de la República,

doy respuesta a su oficio Nº D-351-79 de fecha 27 de julio último, por

medio de la cual solicita un pronunciamiento de esta dependencia,

referido a la gestión que hizo ese Consejo ante la Auditoría General de

Bancos, para que éste efectuara un auditoraje en el Banco Popular y de

Desarrollo Comunal, en relación con los fondos que la ley ordena que el

Estado gire a ese concejo, provenientes del 1.25 / del Impuesto sobre la

Renta. Con referencia a tal gestión, la citada auditoría les comunicó,

que los resultados que obtuviera no serían puestos en conocimiento de

ustedes, debiendo a la confidencialidad que la ley confiere a tales

informaciones.

Como en la consulta manifestar ustedes que su criterio es contrario

al externado por la Auditoría, es preciso recurrir a la ley para

determinar quién lleva la razón en el asunto que se examina: el párrafo

segundo del artículo 48 de la ley Orgánica del Banco Central de Costa

Rica, dispone textualmente:

"Las informaciones obtenidas por el Auditor General de Bancos y

por sus subalternos en el ejercicio de sus funciones, serán estrictamente

confidenciales; no podrán revelar o comentar los datos obtenidos ni los

hechos observados, salvo en el cumplimiento de sus deberes legales y

reglamentarios. La contravención a las prohibiciones establecidas en este

artículo podrá dar lugar a la destitución del infractor".

De lo dispuesto por este texto legal queda clara la intención del

legislador de darle absoluta confidencialidad a la actividad desplegada

por la Auditoría de Bancos, de donde debe concluirse -necesariamente- que

lleva razón dicho funcionario al señalarle a ese concejo -la

imposibilidad legal en que se encuentra de comunicarle directamente los

resultados que obtenga en el auditoraje solicitado.

Pese a la conclusión anterior, es del caso hacer de su

conocimiento que -de acuerdo con el artículo 46 ibídem- están ustedes

facultados legalmente para apelar de tal resolución, recurso corresponde

conocer a la Junta Directiva del Banco.

No obstante es preciso analizar el siguiente aspecto: siendo ese

consejo de -de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Sobre el Desarrollo

de la Comunidad- el depositante de los referidos fondos en el Banco

Popular y de Desarrollo Comunal, tiene absoluto derecho para obtener de

esta institución un informe de estado o de cuenta completo sobre dichos

fondos. Sugerimos, en consecuencia, que se solicite éste, y que una vez

recibido sea puesto en conocimiento de la Auditoría General de Bancos,

para que este organismo coteje la realidad y corrección de tal informe

frente a los resultados de su investigación. Si no hay divergencia entre

ellos no existe ningún problema o dificultad; por el contrario, si

resultan diferencias o inconsistencias de alguna especie, la Auditoría

tiene las siguientes atribuciones legales (de acuerdo con los incisos 6)

y 7) del artículo 47 de la ley orgánica citada):

"...6) Comunicar a los gerentes de las instituciones fiscalizadas

las irregularidades o infracciones que observare en las operaciones y

funcionamiento de dichas instituciones, y en caso de que el gerente no

dictara las medidas que a juicio del Auditor fueren eficaces para

subsanar las faltas, en un plazo prudencial que él mismo determinará,

exponer la situación a la Junta y proponer las medidas adecuadas para el

arreglo de la situación planteada.

7) Hacer a las referidas instituciones las gestiones,

observaciones o recomendaciones que estimare convenientes; impartir las

instrucciones necesarias para corregir errores y subsanar deficiencias o

irregularidades que se encontraren; y adoptar las medidas que fueren de

su competencia, o recomendar las que fueren propias de autoridades

superiores , para sancionar y corregir las infracciones que se hubieren

cometido."

Consideramos que de acuerdo con el anterior procedimiento, ese

consejo logra -aunque en forma indirecta- lo que pretende, que es velar

porque los dineros que la ley pone bajo su custodia estén correctamente

administrados.

Atentamente,

Lic. Fernando Albertazzi H.

Procurador Contencioso Administrativo