DERECHOS Y ACCIONES DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES PARA

DISCIPLINAR A SUS SERVIDORES. PRESCRIPCION

Lic. Ricardo Vargas Vásquez

Procurador de Relaciones de Servicio

Sección II

Sr. Roberto Montero Poltronieri

Asistente de Procurador 2.

DICTAMEN: C-117-983 de 28 de abril de 1983.

CONSULTANTE: Consejo Nacional de Producción.

Se consultó, sobre el momento en el cual empieza a correr el

término de prescripción de los derechos y acciones del Estado y sus instituciones,

para disciplinar a sus servirles.

"I. CONSIDERACIONES GENERALES:

Es criterio de esta procuraduría que el asunto por usted sometido

a nuestro conocimiento es ubicable dentro de lo precptuado por el numeral

603 del Código de Trabajo, artículo que versa, como usted bien

sabe, sobre el término con que cuenta todo patrono para ejercer los derechos

y acciones disciplinarias por las faltas cometidas por sus trabajadores

en el desempeño de sus funciones; dicha norma que en sus

lineamientos fundamentales ha sido enriquecida por abundante jurisprudencia

de nuestros Tribunales de Trabajo.

II. ARTICULO 603 DEL CODIGO DE TRABAJO:

Dispone dicho precepto:

"Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente

a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben

en un mes, que comenzará a correr desde que se dio causa

para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los

hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria. (El subrayado

es de los suscribientes).

III. ANALISIS DEL ARTICULO TRANSCRITO Y JURISPRUDENCIA

APLICABLE.

De acuerdo con los términos en que está redactado el numeral

citado, se desprende a primera vista, que el término de prescripción que

estipula, comienza a correr a partir del preciso momento en que se dio

causa para proceder a la destitución de un trabajador, o desde aquel

momento en que el patrono, tuvo conocimiento de los hechos que dieron

origen a la sanción. Sin embargo, cuando el patrono es el Estado o sus

instituciones, la cuestión es diferente dadas las especiales condiciones de

ese tipo de relaciones, y así se desprende de reiterada jurisprudencia,

que se ha ocupado del asunto.

En efecto, de acuerdo con pronunciamientos de nuestros tribunales

laborales, el término de prescripción, en tratándose del Estado o sus

instituciones, en aquellos casos en que se requiere de una investigación

para determinar la concurrencia de una causal de despido, comienza a

correr a partir del momento en que el resultado de la información levantada,

es puesto en conocimiento del funcionario o entidad patronal encargados

de despedir. En esa forma se ha pronunciado el Tribunal Superior

de Trabajo de esta capital en su sentencia número 886 de 9,45 horas del

3 de abril de 1973 al disponer:

"Cuando el patrono es el Estado o alguna de sus instituciones,

el término de un mes para que prescriba el derecho y la acción de

despedir, no se computa a partir de la inicialización de la información

que se ordene levantar contra el trabajador, sino a contar de la

fecha en que el resultado de la misma se pone en conocimiento del

funcionario o entidad encargada de resolver."

También en la resolución número 379 del 6 de febrero de 1976,

expresó el mismo Tribunal:

"Tratándose de aquellas causales de despido del trabajador en

que es necesario hacer una investigación previa para determinar la

certeza del hecho generador, el término para que opere la prescripción

del derecho del patrono para disciplinar a sus empleados,

no comienza a correr simultáneamente con el acaecimiento de la

causa, sino a partir del momento en que concluye la investigación

correspondiente que le permite al empleador contar con el

tiempo necesario para estudiar y resolver en cuanto su actividad o

decisión."

IV. APLICACION DEL ARTICULO CITADO Y JURISPRUDENCIA

TRANSCRITA AL CASO CONCRETO:

De acuerdo con lo externado por esa Asesoría Legal, el informe

de la Auditoría Interna de esa entidad, no revela ninguna eventual comisión

de faltas imputables a funcionarios del Consejo Nacional de Producción.

Es por ello, y por el hecho mismo de que se remitió el presente

asunto ante el Departamento de Auditoría de la Contraloría General

de la República, para que ésta, en ejercicio de sus atribuciones legales,

dé el criterio definitivo sobre posibles irregularidades cometidas con la

referida importación de aceite de soya, que no es, sino hasta que el

Organo Contralor ponga en conocimiento del Consejo el resultado de la

investigación definitiva, que comienza a correr el término de prescripción

para que es Institución pueda proceder a imponer las sanciones disciplinarias

pertinentes, a aquellos funcionarios que eventualmente hayan

incurrido en irregularidades, en el manejo de la importación del aceite en

cuestión.

V. CONCLUSION:

En síntesis, como hasta el momento no existe ningún informe que

revele la comisión de faltas por servidores de esa entidad en la transacción

de marras, lo cual implica que el patrono no tiene conocimiento de

hechos irregulares que ameriten la imposición de sanciones, no podría

entenderse entonces que esté corriendo actualmente el término fatal que

contempla el artículo 603 de nuestro Código de Trabajo."