POSIBILIDAD DE QUE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL PUEDA VENDER LOS PRODUCTOS TERAPEUTICOS

QUE FABRICA EN SU LABORATORIO

Lic. Fernando Chinchilla Cooper

Procurador Civil

DICTAMEN: C-164-82 de 26 de julio de 1982

CONSULTANTE: Caja Costarricense de Seguro Social

Se consultó sobre la posibilidad o imposibilidad de que la Caja

Costarricense de Seguro Social pueda vender los productos terapéuticos

que fabrica en su laboratorio.

"I. LEGISLACION APLICABLE Y DOCTRINA SOBRE EL PARTICULAR.

A fin de dar respuesta al punto sometido a nuestro conocimiento

se hace necesario analizar las siguientes normas:

Artículo 40, inciso a) de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense

de Seguro Social (Nº 17 de 22 de octubre de 1943); artículos 11.1 59.1 y

59.2 de la Ley General de la Administración Pública (Nº 6227 de 2 de

mayo de 1978) y artículo 1º de la Ley Nº 6219 de 19 de abril de 1978.

A. Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social.

"Artículo 40. Está prohibido a la Caja lo siguiente:

a.-Hacer operaciones especulativas de cualquier naturaleza."

Sobre este aspecto cabe indicar, desde ahora, que el supracitado

artículo se encuentra ubicado en la Sección V de la referida ley, la cual

regula todo lo referente a las inversiones de la Caja Costarricense de

Seguro Social.

Ahora bien, de conformidad con la disposición normativa transcrita,

dicha Institución se encuentra imposibilitada, para invertir recursos

propios en operaciones especulativas de cualquier naturaleza. Sin embargo,

cabe pensar que, a contrario sensu, sí podría llevar a cabo inversiones

que no tuviera la característica o naturaleza especulativa.

La especulación consiste, de acuerdo con la Ley de Protección al

Consumidor, artículo 18, inciso c), en la acción de ofrecer o vender

directamente bienes o servicios, a precios superiores de los fijados oficialmente

o con porcentajes de utilidad superiores a los debidamente

autorizados.

De allí que si la Caja no realiza operaciones especulativas, de acuerdo

con los términos del artículo 18, inciso c) de la Ley de Protección

al Consumidor, podría válidamente efectuar ventas de productos medicinales

de su fabricación.

B. Ley General de la Administración Pública.

"Artículo 11.1.

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento

jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios

públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala

jerárquica de sus fuentes."

Si bien es cierto que, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico,

la Administración Pública debe estar sujeta en su conjunto a los

principios fundamentales del "servicio público", de allí que pueda, dentro

del campo de su actividad, adaptarse a las necesidades sociales, actuar en

forma eficaz, funcional y en forma continua y ejercitar todas las prerrogativas

que sean necesarias para cumplir con los objetos de servicio

público, también es cierto que, en su accionar, existen limitaciones.

En efecto, los entes públicos solamente pueden actuar cuando hay

una ley que los autorice expresamente, si su competencia contiene atribuciones

de potestad de imperio. Con ello se consagra el principio de que

en el ejercicio de potestades de imperio, lo que no les está autorizado

les está prohibido (artículos 59.1 de la Ley General de la Administración

Pública).

En otras palabras, la Administración Pública no podrá actuar realizando

actos o prestando servicios, si no hay una ley que expresamente

la faculte para ello. Sí puede hacerlo sin ley si la actividad no constituye

potestad de imperio. Los servicios, sin potestad de imperio, se pueden

hacer por reglamento autónomo, pero éste estará subordinado a cualquier

ley futura sobre la materia (artículo 59.2 de la Ley General precitada).

C. Ley Nº 6219 de 19 de abril de 1978.

Por otra parte, la Ley Nº 6219 dice:

"Artículo 1º.-Declárase de interés público la importación, fabricación,

venta, compra y expendios de medicamentos, artículos

y sustancias de aplicación terapéutica."

II. FUNDAMENTACION TEORICA.

No cabe duda de que el desarrollo político y socioeconómico producto

de la época, ha incidido de manera definitiva en los aspectos relativos

a la participación del Estado en la vida económica, ya sea en forma

directa como empresario (empresa estatal de corte público o privado);

en forma indirecta a través de diversas formas de coordinación con el

particular y con la empresa privada (subvenciones o las contrataciones

administrativas) o, en su caso, por medio de potestades de dirección,

creación, ordenación y regulación, cuya finalidad es no sólo el respecto

por parte del particular de la sociedad y de sus bienes primarios, sino también

todas aquellas acciones que tienden a movilizar el aparato estatal para

lograr resultados socialmente útiles, en el proceso de producción y distribución

de bienes.

En punto a la ingerencia del Estado dentro del campo socioeconómico,

el Lic. Eduardo Ortiz Ortiz expresa:

"El Estado puede intervenir en una actividad del individuo, que

reputa de interés público sea respetado su calidad de actividad

privada, sea convirtiéndola en servicio público, como actividad sobre

la que tiene el deber -y no sólo la opción- de intervenir." (Revista

de Ciencias Jurídicas Nº 35, Propiedad, Empresa e Intervención

Pública en Costa Rica, p. 127).

Acorde con lo anterior, y constituyendo aspectos de indudable interés

público todo aquello que concierne a la salud, el legislador costarricense

declaró, en forma expresa, de interés público la importación, fabricación,

venta, compra y expendio de medicamentos, artículos y sustancias

de aplicación terapéutica.

Obsérvese que no sólo se dio el calificativo de "interés público"

a la importación de productos terapéuticos, sino que también se le dio

tal carácter a su fabricación, venta y expendio.

III. CONCLUSIONES.

1. Es criterio de esta Procuraduría General que la fabricación y venta

de los medicamentos, artículos y sustancias de aplicación terapéutica

es de interés público, de conformidad con la Ley Nº 6219 de

19 de abril de 1978 que le da ese carácter a dicha actividad.

2. La Caja puede vender válidamente productos farmacéuticos, siempre

que las operaciones no sean especulativas (artículo 18, inciso c)

de la Ley de Protección al Consumidor).

3. Los entes públicos están sometidos al ordenamiento jurídico, pudiendo

realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios que autorice

dicho ordenamiento de modo implícito o expreso, y crear servicios

sin potestades de imperio por reglamento autónomo, todo

de conformidad con lo que al efecto prescriben los artículos 11.1,

59.1 y 59.2 de la Ley General de la Administración Pública (Nº 6227

de 2 de mayo de 1978).

En consecuencia, la Caja Costarricense de Seguro Social está facultada

legalmente para fabricar y vender sus productos terapéuticos por

medio de las farmacias o distribuidores de productos farmacéuticos. Asimismo,

también tiene competencia para expender dichos productos, en

forma directa, al consumidor.

Es oportuno aclarar que para la fabricación de medicamentos deben

utilizarse productos "genéricos" y seguir métodos de elaboración que no

sean idénticos a los que se encuentren debidamente patentados en nuestro

país, tal y como en la actualidad se hace al producir los medicamentos

que esa Institución utiliza como "cuadro básico" para los asegurados."