05 de marzo de 2014

OJ-033-2014

 

Licenciada

Ana Lorena Cordero Barboza

Jefa de Área

Comisión Permanente de Asuntos Sociales

Asamblea Legislativa

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio número CPAS-2507 de fecha 12 de junio del 2013, mediante el cual solicita el criterio, en torno al proyecto de ley denominado “ADICIÓN DE UNA SECCIÓN III AL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO DÉCIMO DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N^° 2 DE 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS”, el cual, se tramita en el expediente legislativo número 17.909.

 

De previo a rendir el criterio peticionado, valga aclarar que el contenido que se expondrá, no constituye un dictamen vinculante para el consultante, lo anterior, por cuanto, lo cuestionado no hace referencia a la actividad de carácter administrativo que realiza la Asamblea Legislativa, por el contrario se relaciona con la función que le endilga la Constitución Política, a saber, la emisión de leyes.

 

En razón de la competencia de la Procuraduría, la naturaleza del órgano consultante, y la materia consultada, la opinión que se vierta, siendo técnica, no tiene el carácter vinculante propio de los dictámenes. En consecuencia, la posición de este órgano asesor se circunscribe a una opinión jurídica y se emite como una colaboración institucional en la difícil labor de legislar.

 

Para efectos de la consulta, el proyecto se transcribe y se comentan únicamente en aquellos artículos o contenidos que lo requieren.

 

Aunado a lo anterior y como ha sido criterio reiterado de esta Procuraduría, “…al no estarse en los supuestos que prevé el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma), a la solicitud que nos ocupa no le es aplicable el plazo de ocho días hábiles que dicho artículo dispone” (véase, entre otras, la opinión jurídica No OJ-065-2009 del 23 de julio de 2009).

 

I.-          RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY

 

Con la iniciativa se pretende incluir en el Código de Trabajo, puntualmente, en el Capítulo Único del Título Décimo, el ordinal 617 bis, que dispone el pago de intereses, respecto de extremos laborales que no han sido pagados por los patronos al momento del cese de la relación laboral y deben hónrarlos producto de sentencia firme.

 

El diputado promovente del proyecto que nos ocupa, en la exposición de motivos, indica lo siguiente:

 

“…hoy en día muchas de estas normas de protección social no son  respetadas y resultan sistemáticamente burladas por alguno empleadores que utilizan todo tipo de subterfugios legales para incrementar sus ganancias a costa de las personas trabajadoras...

 

El problema es que esta práctica –despedir empleados y retener prestaciones legales- en la actualidad resulta financieramente muy rentable y legalmente viable para sus autores. Hoy en día, los empleadores que utilizan esta estrategia no corren mayor riesgo legal y financieramente les resulta equivalente a obtener un crédito en condiciones extremadamente favorables… mediante la iniciativa se pretende corregir el vacío existente en el Código de Trabajo definiendo expresamente la tasa de interés aplicable a las deudas por indemnizaciones y prestaciones laborales…” 

 

 

II.-         SOBRE EL FONDO

 

El proyecto en análisis consta de un canon único y persigue la instauración de réditos a las sumas que se adeuden por concepto de prestaciones y cuyo pago sea impuesto por orden judicial firme.

 

De esta forma el cardinal dicho, dispone:

 

“Artículo 617 bis: En los procesos judiciales laborales donde se discutan reclamos por el pago de indemnizaciones y prestaciones legales  retenidas a las y a los trabajadores, la sentencia que declare con lugar estas pretensiones deberá incluir de oficio el monto total a reintegrarles, el pago de intereses sobre la totalidad  de las indemnizaciones y prestaciones adeudadas, por todo el plazo transcurrido desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta su efectiva cancelación. Estos intereses se calcularán utilizando la tasa de interés que cobra, para el saldo financiado, la tarjeta de crédito más popular del Banco Nacional.”    

 

Así, tomando en consideración la propuesta en estudio, conviene, como punto de partida, referirse a la conceptualización, naturaleza jurídica y alcances de los derechos laborales – cesantía, preaviso, vacaciones y aguinaldo-.

 

Iniciando el desarrollo con la figura jurídica denominada cesantía, la cual, es concebida como “…la compensación económica que el empresario le abona al trabajador por el lapso de servicios prestados  y por los perjuicios que le causa la ruptura del contrato sin motivo imputable al obrero o empleado…”4. En otras palabras, se corresponde con la indemnización, de índole pecuniaria, que por imposición legal el patrono debe cancelarle al trabajador de cuyos servicios prescinde, sin mediar justa causa o cuando este se va acoger al régimen de pensión pertinente.

 

Respecto a su finalidad  tenemos que “… Inspirada, como la generalidad de las instituciones de Derecho Laboral, en un propósito de protección a la parte más débil de la relación de trabajo, sea, al trabajador, procura una previsión o auxilio de orden económico para aquel que, dentro de ciertas circunstancias, pierde su empleo…” 5 

 

Tocante al tema en análisis esta Procuraduría, ha sostenido que:

“…Uno de los aspectos más importantes del derecho laboral es la existencia de un concepto de protección social, el cual ha sido elaborado y recogido por la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de ese concepto de protección social tenemos institutos orientados a garantizar una cobertura mínima a todos los ciudadanos de un país determinado, con el fin de obtener condiciones óptimas y aceptables en todas las diferentes áreas de su quehacer existencial.

Uno de esos institutos de protección social es la ayuda que debe brindársele a toda persona que es cesada de su trabajo por causas ajenas a su voluntad, que es denominado auxilio de cesantía…

…El fundamento constitucional de la cesantía se encuentra en el precepto 63, que estipula que los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización, cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desempleo… [1] 

En lo que respecta al preaviso, cabe señalar que, encuentra sustento normativo en el ordinal 28 del Código de Trabajo, que a la letra reza:

 

“En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra, de acuerdo con las siguientes reglas:

a.  Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un mínimo de una semana de anticipación;

b.  Después de un trabajo continuo que  exceda de seis meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de quince días de anticipación, y

c.  Después de un año de trabajo continuo con un mínimo de un mes de anticipación.

Dichos avisos se darán siempre por escrito, pero si el contrato fuere verbal, el trabajador podrá darlo en igual forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y pueden omitirse, sin perjuicio del auxilio de cesantía, por cualquiera de las dos partes, pagando a la otra una cantidad igual al salario correspondiente a los plazos anteriores.

Durante el término del aviso el patrono estará obligado a conceder un día de asueto al trabajador, cada semana, para que busque colocación.

 Respecto a su definición, el preaviso es concebido como el deber que permea ambas partes de la relación laboral de conceder aviso previo a la otra, cuando adoptan la decisión de finalizar, sin justa, el vínculo dicho. Aviso que tiene como propósito que el impacto del cese laboral no sea intempestivo para la parte que podría verse perjudicada, ya sea, con la pérdida del empleado o con la del trabajo. Siendo que, de no otorgarse el perjudicado podrá realizar el cobro pertinente. 

 

En esta línea ha decantado la jurisprudencia administrativa,  al indicar:

 

“…el preaviso consiste en  una obligación recíproca que tienen las  partes en todo contrato de trabajo por tiempo indefinido,  de  notificar o comunicar  a la otra parte,  con la antelación establecida en el numeral 28,  su deseo de disolver el contrato; su  finalidad es  que el trabajador  pueda tomar las previsiones necesarias para procurarse un nuevo empleo u ocupación y,  en el caso del empleador o patrono,  encontrar un sustituto del trabajador.  Además, el preaviso debe ser satisfecho en tiempo y sólo subsidiariamente en dinero…” 3

 

Atendiendo a lo expuesto, se sigue sin mayor dificultad que, los extremos laborales en estudio, nacen y se configuran de forma tal que el sujeto no sufra un despido intempestivo, ni sea objeto de los embates del desempleo sin la posibilidad de solventar sus necesidades básicas.

 

Respecto de las vacaciones, se impone señalar que, se corresponden con el descanso bisemanal al que tienen derecho los trabajadores, después de cincuenta semanas de trabajo efectivo, nuestro ordenamiento jurídico las regula en los ordinales 59 de la Constitución Política y 153 del Código de Trabajo. Su finalidad última, refiere al descanso necesario para continuar laborando con eficiencia.

 

En este sentido, este órgano técnico asesor, ha señalado: 

“…la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado mediante sus fallos la naturaleza de las vacaciones…En ese sentido leemos:

"III.-El instituto de las vacaciones, como es ampliamente conocido, constituye uno de los derechos de mayor trascendencia del trabajador (a), y nace como consecuencia de la prestación, en tiempo, de su fuerza de trabajo. Su razón de ser la constituye el necesario descanso, luego de un lapso efectivo de labores, para que de esa forma reponga las energías gastadas por sus esfuerzos físicos y mentales, y pueda así continuar laborando. De ello se colige que, las vacaciones, tienen un carácter profiláctico, dirigido a proteger la salud del trabajador (a). Por otra parte, garantizan una mayor eficiencia en sus prestaciones; lo cual también beneficia directamente al empleador. Rodríguez Manzini ha dicho al respecto: “Una de las conquistas sociales más recientes fue el reconocimiento del derecho de los trabajadores dependientes a gozar de un descanso anual remunerado. Razones similares a las que se han considerado con relación a la jornada y al descanso, semanal y diario, sirven de argumento básico para reconocer el derecho del trabajador (a) a gozar de un descanso pago, más amplio en cada año, para reponerse de la fatiga que ocasiona su trabajo; y para atender más adecuadamente a las necesidades de esparcimiento y recreación propias y de su grupo familiar…” [2]

Por último, respecto del aguinaldo, cabe mencionar que, este se concibe como:

 

 “…sueldo anual complementario (v.), que impone al empleador el pago a todos sus dependientes de la dozava parte del total de sus retribuciones percibidas por éstos en el curso del año calendario…”[3]. Encuentra sustento normativo en diversas leyes, a saber, las números 1835 del 11 de diciembre de 1954, denominada Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos”, 1981 del 9 de noviembre de 1955, Pago de Aguinaldo a Servidores de Instituciones Autónomas, y por finalmente la numerada 2412 del 23 de octubre de 1959, Pago de Aguinaldo a Servidores Empresa Privada”.

 

Aunado a lo anterior, la Sala Constitucional al analizar la figura que nos ocupa, determinó que forma parte del salario digno, al disponer:

 

“…el pago del aguinaldo…debe entenderse como una extensión del derecho a un salario digno, el cual los patronos -públicos o privados- están obligados a cancelar a sus trabajadores de manera pronta y efectiva, por lo que…se considera también lesionado el derecho consagrado en el artículo 57 constitucional…”  [4]

 

Por su parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, indicó que tanto, las vacaciones, cuanto el aguinaldo, son extremos de pago obligatorio, ante el cese de la relación laboral, indistintamente, de la razón que la generó. Sobre el particular, dispuso:

 

“…Las vacaciones y el aguinaldo, son derechos indiscutibles que tienen los trabajadores y trabajadoras, independientemente del motivo de conclusión de la relación laboral. A diferencia del preaviso y de la cesantía, que son derechos que pierden los trabajadores/as cuando incurren en alguna causal de despido; el aguinaldo y las vacaciones tienen como único supuesto de hecho para su configuración, la efectiva prestación del servicio; y no están sujetos a la causa de terminación de la relación laboral...” [5]

 

Todo lo expuesto conlleva, ineludiblemente que, las prestaciones constituyen derechos fundamentales de los trabajadores y por ende, ante la ruptura de la relación laboral deben ser cancelados de forma oportuna. Lo anterior, en absoluto resguardo a los derechos constitucionales del salario, la vida y la dignidad.

 

En este sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia patria, al disponer:

“…III.-SOBRE EL PAGO DE LAS PRESTACIONES LEGALES: … En cuanto a este tema esta Sala dispuso en sentencia 00942-97 de las 15:39 hrs. del 12 de febrero de 1997, lo siguiente:

“... Nótese que es el Estado quien debe velar porque en razón de un trabajo no se menoscabe la libertad o la dignidad del hombre. De allí que, si tomamos en cuenta que los rubros que componen una liquidación laboral, son derechos de los trabajadores que surgen al terminar la relación laboral, el no pago oportuno de dicha liquidación conlleva la violación a la dignidad del ser humano, derivado de su derecho sagrado y universal a la vida. En ese sentido, la jurisprudencia tanto común como constitucional ha entendido el salario como la retribución necesaria que recibe un trabajador por la labor realizada cuyo destino será su manutención y la de su familia, de allí que, se proteja este derecho a fin de evitar abusos que menoscaben la vida. Este mismo criterio de protección debe extenderse al derecho de todo trabajador de ser indemnizado a la terminación de su relación con el patrono, no sólo porque se incluyen derechos irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones y el aguinaldo, sino porque las leyes laborales en los casos en que no sea invocada una causal para el despido unilateral del patrono, éste debe reconocer al trabajador cierta compensación monetaria…” [6]

 

Bajo esta inteligencia, el proyecto en análisis, se ajusta al cumplimiento de los fines que debe perseguir el Estado, ya que, ante la renuencia del empleador de pagar oportunamente las prestaciones legales, lo propio es el reconocimiento de intereses, aplicando una tasa que permita que lo adeudado no se devalué, protegiendo, así, los derechos fundamentales de los trabajadores.

 

En este sentido, conviene señalar que los intereses se conciben como el“…monto de los daños económicos que sufre un acreedor cuando su deudor incumple con aquello a lo que está obligado…”[7]. Así, deviene palmario que el reconocimiento de los réditos privilegia el derecho fundamental del trabajador a percibir íntegramente sus prestaciones, siendo que los extremos en análisis,  persiguen que el empleado y su familia, sobrevivan dignamente, mientras logra, el primero, ubicarse en el mercado laboral.

 

Si las prestaciones no se perciben en tiempo, puede regularse la cancelación intereses mayores a los denominados legales, para evitar que la legislación laboral no se cumpla.

 

Sin perjuicio de lo dicho, debe tomarse en cuenta que, tratándose  de la Administración Pública, el pago inmediato de los extremos labores resulta imposible, por las exigencias que el ordenamiento jurídico ha impuesto para la utilización del erario y, por ende, se recomienda otorgar a esta última el plazo de un mes para proceder a la cancelación de los rubros que nos ocupan.  Debiendo considerar, se insiste, no solo los trámites que deben gestionarse internamente, sino además los propios de la liberación de los montos correspondientes.

 

En consecuencia, el proyecto en análisis no contiene roces de constitucionalidad, y tampoco se denotan inconvenientes con la técnica jurídica.

 

 

III.-       CONCLUSIÓN

 

En los términos planteados no se observa la existencia de roces de constitucionalidad, ni de técnica jurídica. Resultando la aprobación final del proyecto analizado resorte exclusivo de los señores (as) diputados (as).

 

De esta forma se evacua la gestión sometida a conocimiento de este órgano consultivo. Sin otro particular, con toda consideración.

 

 

                                                                                Atentamente,

 

 

 

                                                                                Laura Araya Rojas

                                                                                Procuradora

                                                                                Área Derecho Público

 

 

 

 

 

 

 

LAR/dms