C-052-2009

20 de febrero de 2009

Señor:

Jorge Acuña López

Fax N° 2453-2307

Estimado señor:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su nota de fecha 16 de febrero del año en curso, mediante la cual nos consulta acerca de las normas y reglas que debe seguir la Administración al momento de conocer y resolver un recurso presentado por algún administrado, sobre todo en relación con los artículos 352 y 329 de la Ley General de la Administración Pública, toda vez que en ocasiones los funcionarios parecen hacer caso omiso de esas disposiciones, y tardan meses sin dar respuesta a las gestiones presentadas por los ciudadanos.

I.         Imposibilidad para ejercer la función consultiva por razones de admisibilidad

En orden a la gestión que aquí nos ocupa, reviste fundamental importancia tener presente lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) concretamente en sus numerales 1 y 3 inciso b), en los cuales se establece claramente la naturaleza jurídica y las funciones de este Órgano Asesor.

A efecto de mayor claridad, transcribimos los artículos citados:

“Artículo 1.- Naturaleza jurídica

La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. Tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus funciones”.

“Artículo 3. Atribuciones

Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:

b)                 Dar informe, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas estatales.

(...)”.

De la normativa citada se desprende claramente que la Procuraduría General de la República es el asesor técnico jurídico de las distintas dependencias de la Administración Pública, de tal suerte que no se encuentra facultada para responder consultas presentadas por particulares. 

En el caso que nos ocupa la gestión ha sido formulada por su persona, en condición de ciudadano, por lo que, de conformidad con las disposiciones legales señaladas, nos vemos obligados a rechazarla, toda vez que de lo contrario estaríamos excediendo nuestras competencias legales (ver en igual sentido, en punto a la denegatoria de trámite de la consulta cuando el solicitante es una persona privada, entre otros, los siguientes dictámenes: C-154-2006 del 20 de abril de 2006, C-209-2006 del 23 de mayo de 2006, C-284-2006 del 11 de julio de 2006, C-423-2006 del 23 de octubre de 2006, C-459-2006 del 14 de noviembre de 2006, C-113-2007 del 11 de abril del 2007, C-201-2008 del 12 de junio del 2008, C-272-2008 del 7 de agosto del 2008, C-277-2008 del 8 de agosto del 2008, C-414-2008 del 20 de noviembre del 2008, C-451-2008 del 18 de diciembre del 2008 y C-029-2009 del 6 de febrero del 2009).

Sin perjuicio de lo anterior, en aras de proporcionar alguna colaboración, le recordamos que en Internet podrá encontrar toda la jurisprudencia administrativa que ha emanado de esta Procuraduría General sobre el tema que es de su interés.  Para los efectos indicados, puede remitirse a la siguiente dirección electrónica correspondiente al Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ): www.pgr.go.cr/scij

II.        Conclusión

En virtud de lo expuesto, la consulta que aquí nos ocupa no cumple con los requisitos de admisibilidad señalados por el ordenamiento jurídico y por nuestra jurisprudencia administrativa en orden a este tipo de gestiones, en tanto no está planteada por la Administración Pública, por lo que lamentamos vernos obligados a declinar el ejercicio de nuestra función consultiva, en relación con la gestión que nos ha sido planteada.

            De usted con toda consideración, suscribe atentamente,

Andrea Calderón Gassmann

 Procuradora Adjunta

ACG/msch