C-277-2004

04 de octubre del 2004

Señor

Bernardo Portuguéz Calderón

Secretario Consejo Municipal

Municipalidad de Cartago

Estimado señor:

            Con la aprobación de la Procuradora General de la República, me refiero a su oficio sin número, de fecha 04 de setiembre del 2004, recibido en esta Procuraduría el 17 de setiembre del año en curso, donde se transcribe el acuerdo del Concejo Municipal artículos 11 y 1 de las actas 168 y 170 celebradas los días 24 de agosto y 7 de setiembre del 2004, en el que se indica:

“... en referencia a análisis cobro patente comercial a la Asociación Centro Cultural Costarricense Norteamericano sede de Cartago ubicada en el Distrito Occidental; y que dice en lo pertinente: ... lo procedente en este asunto es comisionar a la Secretaría General Municipal, a fin de que tramite ante la Procuraduría General de la República la consulta dispuesta mediante acuerdo municipal contenido en el artículo 44 del Acta 37, del 05 de noviembre del 2002, consulta en el sentido de que si la Asociación interesada está exenta del pago del impuesto de patente municipal, aún y cuando esta Asociación realiza actividades lucrativas con terceros en jurisdicción del Cantón Central de Cartago encontrándose su domicilio fiscal en al Provincia de San José.”

Se adjunta el oficio GPJM-255-2004 del 9 de agosto del 2004, emitido por el Lic. Julio Monge Gutiérrez, Gestor Proceso Jurídico Municipal, donde se recomiendo realizar la consulta a la Procuraduría General de la República, indicando que para efectos de la misma se deberá adjuntar el informe del Abogado Auxiliar del Area Jurídica Municipal.  Sin embargo dicho criterio no fue anexado a la consulta planteada.

I.         Incumplimiento de requisitos de admisibilidad de la consulta.

            De conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, (Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas), concretamente en los artículos 4 y 5,  se establecen ciertos requisitos de admisibilidad para el ejercicio de nuestra competencia consultiva.

            Al respecto indican expresamente lo siguiente:

“Artículo 4.- Consultas

Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría, debiendo, en cada caso, acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva. 

La consulta será obligada para el Poder Central, cuando se trate de reclamaciones administrativas cuya resolución final pueda ocasionar considerables egresos, de acuerdo con la determinación que al efecto se hará en el reglamento.

Artículo 5.- Casos de excepción:

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no son consultables los asuntos propios de los órganos administrativos que posean jurisdicción especial establecida en la ley.”

        En reiteradas ocasiones, este tema ha sido objeto de análisis por este órgano asesor, creando jurisprudencia administrativa (ver ente otros dictámenes C-074-2004 del 2 de marzo del 2004, C-097-2004 del 22 de marzo del 2204, C-152-2002 del 12 de junio del 2002, C-299-2002 del 6 de noviembre del 2002), permitiendo el desarrollo de los requisitos de admisibilidad de las consultas planteadas por la Administración activa.

        Así se ha establecido, que previo a conocer el fondo del asunto se debe verificar que:

·                    La consulta haya sido formulada por el jerarca de los diferentes niveles administrativos (artículos 3 inciso b) y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría).

·                    La solicitud debe venir acompañada de la opinión jurídica de la asesoría legal sobre el tema consultado. (Artículo 4).

·                    Las consultas versen sobre “cuestiones jurídicas” en general, es decir no situaciones concretas.

En el caso que se nos plantea, no se envía el criterio legal requerido, únicamente se adjunta la recomendación por parte del gestor jurídico acerca de la necesidad de remitir el informe legal.

Sobre el tema específico del criterio legal,  en el dictamen C-074-2004 del 2 de marzo del año en curso, se estableció lo siguiente: 

“Dicho dictamen debe ser un estudio específico sobre las variables jurídicas que, en criterio del profesional correspondiente, tienen relación con la inquietud que se presenta a nuestra consideración. Además, hemos indicado, sobre este extremo, que es precisamente ese criterio el que da el punto de vista jurídico del órgano consultante, especificando o ampliando, aspectos relacionados con el tema de la gestión a realizar ante la Procuraduría y que pueden ser de nuestro interés al momento de evacuar la consulta. No cumple este objetivo, por ejemplo, las apreciaciones de orden jurídico que se han vertido por el asesor legal en las diferentes sesiones del Concejo Municipal donde se ha discutido un tema de orden jurídico. Tampoco es admisible que el jerarca solicite el aval o aprobación de un estudio de la asesoría legal, pues ello invierte el orden lógico de la formulación de la consulta. Por último, este requisito encuentra su razón de ser en el hecho de que es dable suponer que la decisión de formular la consulta a este Órgano Asesor ha sido sopesada por el jerarca teniendo a la vista las conclusiones del criterio legal, con lo cual se forma una idea clara de los alcances de lo consultado y de la importancia que tiene tomar la decisión de formular la gestión –ello por la naturaleza vinculante del dictamen que se llegue a emitir, artículo 2 de la Ley Orgánica-.

        Aunado a lo anterior, se consulta sobre el pago de la patente municipal de una Asociación plenamente identificada, y éste órgano asesor tampoco puede referirse a casos concretos,  sobre el particular en el dictamen supra citado se indicó:

“Las consultas versan sobre “cuestiones jurídicas” en genérico, es decir, sin que pueda identificarse un caso concreto que esté en estudio o vaya a ser decidido por parte de la administración consultante.  Esto por cuanto, al emitir el correspondiente dictamen, estaríamos contraviniendo la naturaleza del órgano superior consultivo que nos confiere la ley, transformándonos en parte de la administración activa pues el criterio expresado devendría de acatamiento  obligatorio para la consultante administración activa.”

Con base en lo expuesto, y en razón de que la consulta planteada no viene acompañada de un criterio legal sobre el tema consultado, y que el tema planteado es un caso concreto, sea el pago de la patente municipal por parte de la Asociación Cultural Costarricense Norteamericana, debe procederse a su rechazo por no cumplir los requisitos de admisibilidad de las consultas.

II.        Conclusión

Al incumplirse los requisitos de admisibilidad, por falta del criterio legal y por tratarse de un asunto concreto y no sobre una interpretación general, nos encontramos imposibilitados para evacuar la consulta.

Sin otro particular, me suscribo,

Mariamalia Murillo Kopper

Abogada de Procuraduría

MMK/mvc