CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO GUEVARA DÍAZ VS. COSTA RICA

SENTENCIA DE 22 DE JUNIO DE 2022

RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR

LA CORTE INTERAMERICANA

El 22 de junio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Corte" o "el Tribunal") dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por las violaciones a diversos derechos en perjuicio del señor Luis Fernando Guevara Díaz. En particular, la Corte concluyó que el señor Guevara no fue seleccionado en un concurso público para ocupar el puesto en propiedad de "Trabajador Misceláneo 1" por razón de su discapacidad intelectual, lo que también derivó en el cese de su relación laboral con el Ministerio de Hacienda. Estos hechos, que fueron reconocidos por el Estado, constituyeron actos de discriminación en el acceso y permanencia en el empleo, y por lo tanto una violación al derecho a la igualdad ante la ley, a la prohibición de discriminación, y al derecho al trabajo, en perjuicio del señor Guevara. Por otro lado, el Estado también reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. En consecuencia, Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 24, 26, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "Convención" o "Convención Americana"), en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

I.-Hechos. El señor Luis Fernando Guevara Díaz es una persona con discapacidad intelectual. El 4 de junio de 2001, el señor Guevara fue nombrado de manera interina en el puesto de Trabajador Misceláneo 1 por el Ministerio de Hacienda. Posteriormente, la Unidad Técnica de Recursos correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.-La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

17.-Rige a partir de su comunicación.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO GUEVARA DÍAZ VS. COSTA RICA

SENTENCIA DE 22 DE JUNIO DE 2022

RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR

LA CORTE INTERAMERICANA

El 22 de junio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Corte" o "el Tribunal") dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por las violaciones a diversos derechos en perjuicio del señor Luis Fernando Guevara Díaz. En particular, la Corte concluyó que el señor Guevara no fue seleccionado en un concurso público para ocupar el puesto en propiedad de "Trabajador Misceláneo 1" por razón de su discapacidad intelectual, lo que también derivó en el cese de su relación laboral con el Ministerio de Hacienda. Estos hechos, que fueron reconocidos por el Estado, constituyeron actos de discriminación en el acceso y permanencia en el empleo, y por lo tanto una violación al derecho a la igualdad ante la ley, a la prohibición de discriminación, y al derecho al trabajo, en perjuicio del señor Guevara. Por otro lado, el Estado también reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. En consecuencia, Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 24, 26, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "Convención" o "Convención Americana"), en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

I.-Hechos. El señor Luis Fernando Guevara Díaz es una persona con discapacidad intelectual. El 4 de junio de 2001, el señor Guevara fue nombrado de manera interina en el puesto de Trabajador Misceláneo 1 por el Ministerio de Hacienda. Posteriormente, la Unidad Técnica de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda instauró el concurso 01- 02 para obtener la propiedad del puesto. El señor Guevara participó en dicho concurso, y obtuvo la nota más alta en las evaluaciones realizadas, pero no fue seleccionado para el puesto. Por esta razón, su nombramiento como funcionario interino para el puesto de Trabajador Misceláneo 1 cesó el 16 de junio de 2003. En razón de ello, el señor Guevara presentó un "recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad absoluta" contra la decisión que lo cesó en su cargo, alegando actos de discriminación en el trabajo. El recurso fue declarado sin lugar por el Oficial Mayor y Director General Administrativo y Financiero del Ministerio de Hacienda, quien expresó que se siguieron todos los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico para este tipo de concursos. El señor Guevara interpuso un recurso de amparo, el cual fue rechazado. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia consideró que el procedimiento seguido en el proceso de contratación cumplió con todos los parámetros establecidos en la ley para casos como el presente.

En los distintos recursos intentados, el señor Guevara se refirió a dos oficios enviados entre funcionarios del Ministerio de Hacienda para demostrar que no había sido seleccionado para el puesto en razón de su discapacidad intelectual. En particular, se refirió al oficio 044-2003 mediante el cual el Jefe de Área de Mantenimiento le solicita al Coordinador General de la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios Generales que no se contrate al señor Guevara "por sus problemas de retardo y bloqueo emocional que padece, (información brindada por su madre), considero no es una persona acta (sic) para el puesto. Si se le quisiera ayudar existen varias formas de hacerlo". También se refirió al oficio enviado por el Coordinador General de la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios Generales a la Coordinadora General de la Unidad Técnica de Recursos Humanos, en la que remitió el oficio 044-2003 enviado por el Jefe de Área de Mantenimiento, y en el que solicitó que "debido a las funciones que cumple y las oportunidades que se le han dado en su puesto el comportamiento de don Luis Fernando ha incidido negativamente en su devenir laboral e incluso sus actitudes, pueden afectar su seguridad personal, reitero por el tipo de funciones que se realizan por lo cual se sugiere reconsiderar su nombramiento".

II.-Reconocimiento de responsabilidad. El Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad de los hechos y pretensiones de derecho expuestas por la Comisión Interamericana en su Informe de Fondo, y sobre la necesidad de adoptar medidas de reparación. En virtud de este reconocimiento, la Corte concluyó que había cesado la controversia respecto de lo siguiente: a) los hechos establecidos por la Comisión en su Informe de Fondo; y b) la violación de los artículos 24, 26, 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. En relación con lo anterior, la Corte consideró pertinente analizar los hechos relacionados con la violación a los derechos a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, y el derecho al trabajo. Por   otra parte, no consideró pertinente pronunciarse sobre las violaciones a los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial.

. Integrada por los siguientes Mema: Rearcie C. Pérez Manrique, Presidente; Humberto Antonio Sierra Meto, Vicepresidente: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; Verónica Gámez, Meza; Patricia Pérez Goldberg, Jueza y Rodrigo de Bittencourt Mudroyitsch, Juez. Presentas, además el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y la Secretaria Adjunta, Romina I. Sijnielensky. La Jueza Nancy Hernández López, de nacionalidad costarricense, no participó en la deliberación y firma de la Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.2 del Estatuto y 19.1 del Reglamento de la Corte.

III.-Fondo. El análisis del presente caso fue realizado en un solo capítulo, atendiendo a los alcances del reconocimiento de responsabilidad del Estado, abordando los siguientes aspectos: 1) derecho a la igualdad y prohibición de discriminación de las personas con discapacidad; 2) derecho al trabajo de las personas con discapacidad, y 3) análisis del caso concreto.

1) Derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación de las personas con discapacidad. La Corte recordó que las personas con discapacidad son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, los cuales deben ser garantizados de conformidad con los postulados del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. Además, reiteró que la discapacidad es una categoría protegida en términos del artículo 1.1 de la Convención Americana, por lo que está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la discapacidad real o percibida de la persona. En consecuencia, señaló que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de manera discriminatoria los derechos de una persona a partir de su discapacidad. Asimismo, recordó que, en tanto la discapacidad es una categoría protegida en términos del artículo 1.1 de la Convención Americana, es el Estado quien tiene la carga de la prueba de demostrar que la diferencia de trato a una persona con discapacidad se encuentra justificada, sin fundamentar su decisión en estereotipos.

2) Derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Por otro lado, el Tribunal advirtió que surgen obligaciones específicas para la protección del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Al respecto, señaló que el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación establecen para los Estados un deber especial de protección de los derechos de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Este deber abarca el respeto y la garantía del derecho al trabajo -en tanto derecho protegido por la Convención-de las personas con discapacidad -en tanto son personas en situación de vulnerabilidad-. De esta forma, los Estados deben abstenerse de realizar conductas que vulneren el derecho al trabajo como resultado de actos de discriminación, y deben adoptar medidas positivas dirigidas a lograr su mayor protección atendiendo a las circunstancias particulares de las personas con discapacidad.

En particular, el Tribunal advirtió que existe una obligación reforzada para los Estados de respetar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en el ámbito público. Esta obligación se traduce, en primer lugar, en la prohibición de realizar cualquier acto de discriminación por motivos de discapacidad relativas al goce de sus derechos laborales, en particular respecto a la selección y contratación en el empleo, así como en la permanencia en el puesto o ascenso, y en las condiciones laborales; y, en segundo lugar, derivado del mandato de igualdad real o material, en la obligación de adoptar medidas positivas de inclusión laboral de las personas con discapacidad, las cuales deben dirigirse a remover progresivamente las barreras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos laborales. De esta forma, estableció que los Estados se encuentran obligados a adoptar medidas para que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los concursos públicos mediante la formación professional y la educación, la adopción de ajustes especiales en los mecanismos de evaluación que permitan la participación en condiciones de igualdad, y a emplear personas con discapacidad en el sector público.

Adicionalmente, consideró que la obligación reforzada de protección del derecho al trabajo respecto de personas con discapacidad impone una diligencia rigurosa en la garantía y respeto de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de recursos administrativos y judiciales que analicen sobre violaciones al derecho al trabajo. De esta forma, en primer lugar, las autoridades deben abstenerse de fundamentar sus decisiones en razonamientos discriminatorios. En segundo lugar, deben analizar con mayor rigurosidad si el derecho al trabajo de personas con discapacidad se pudo ver afectado por actos discriminatorios de las autoridades o de terceros. En este punto, la Corte consideró que las autoridades que conozcan de estos recursos deben analizar que se demuestre suficientemente que una diferencia de trato de una persona con discapacidad es justificada, tomando en especial consideración su situación de vulnerabilidad.

3) Análisis del caso concreto. La Corte consideró que las referencias al señor Guevara contenidas en el oficio 044-2003 del Jefe de Área de Mantenimiento dirigido al Coordinador General de la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios Generales, y en el oficio de este último dirigido a la Coordinadora General de la Unidad Técnica de Recursos Humanos, constituyeron suficientes elementos de prueba para demostrar que la razón por la cual el señor Guevara no fue elegido para el puesto en propiedad de Trabajador Misceláneo 1 se basó en su condición de persona con discapacidad intelectual. La anterior conclusión, reconocida por el Estado, se desprendió del contenido mismo de los oficios, que hicieron claras alusiones a la discapacidad del señor Guevara como motivos para no nombrarlo en propiedad, y se reforzaron por aquellos elementos que permitieron concluir que la víctima cumplía con los requisitos para obtener dicho nombramiento. Estos elementos incluyeron que obtuviera la calificación más alta en el concurso para el puesto, que contaba con experiencia de dos años en el puesto, que no existían informes sobre el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, y que, por el contrario, se le reconoció su efectividad en el trabajo.

De esta forma, el Tribunal advirtió que, durante la selección en el concurso 01-02, existió una diferencia de trato hacia el señor Guevara, la cual estuvo basada en su discapacidad intelectual. Dicha diferencia se realizó sin que existiera justificación objetiva y razonable que la sustentara, y fue la razón principal por la que no se nombró al señor Guevara en el puesto de Trabajador Misceláneo 1 en propiedad. Lo anterior constituyó un acto de discriminación directa en el acceso al empleo, y por lo tanto una violación al derecho al trabajo de la víctima. Asimismo, la Corte concluyó que el cese del señor Guevara resultó injustificado en la medida en que ocurrió como consecuencia directa de la discriminación sufrida en el concurso. Por lo tanto, constituyó una violación a su derecho a la permanencia en el empleo. En consecuencia, concluyó que el Estado es responsable por la violación a los artículos 26 y 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Luis Fernando Guevara Díaz.

2) Reparaciones.

La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. A. Restitución: que el señor Guevara sea nombrado para un cargo de igual o mayor jerarquía que aquel por el que concursó en el Ministerio de Hacienda. Estableció que en caso de que el señor Guevara no desee ser nombrado en un cargo en el Ministerio de Hacienda, o bien existan razones que justifiquen que no sea nombrado, el Estado deberá ofrecer la oportunidad a la víctima de ser nombrado en otro puesto laboral que se ajuste a sus aptitudes y necesidades en alguna otra institución pública. Si el señor Guevara no manifiesta su deseo de ser nombrado en un puesto en los anteriores términos, el Estado deberá pagar una indemnización pecuniaria adicional. B. Satisfacción: i) publicar el resumen oficial de la Sentencia una sola vez en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, y ii) publicar la Sentencia en su integridad en el sitio web oficial del Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial. C. Garantías de no repetición: i) establecer programas de educación y formación dirigidas a los funcionarios del Ministerio de Hacienda sobre temas de igualdad y no discriminación de personas con discapacidad. C. Indemnizaciones compensatorias: 1) pagar las sumas monetarias fijadas en la Sentencia por los conceptos relativos al daño material e inmaterial, y 2) el reintegro de costas y gastos.

El Juez Humberto Antonio Sierra Porto dio a conocer su voto individual concurrente y parcialmente disidente, la Jueza Patricia Pérez Goldberg dio a conocer su voto individual parcialmente disidente y el Juez Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch dio a conocer su voto individual concurrente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en el siguiente enlace:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_453_esp.pdf

(Nota de Sinalevi: La presente resolución se extrajo del sitio web de Corte Interamericana de Derechos Humanos y se transcribe a continuación:)

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUEVARA DÍAZ VS. COSTA RICA SENTENCIA DE 22 DE JUNIO DE 2022

(Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Guevara Díaz Vs. Costa Rica,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal"), integrada por los siguientes Jueces*:

Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente; Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; Verónica Gómez, Jueza;

Patricia Pérez Goldberg, Jueza, y

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, Juez, presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también "la Convención Americana" o "la Convención") y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

*         La Jueza Nancy Hernández López, de nacionalidad costarricense, no participó en la deliberación y firma de la presente Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.2 del Estatuto y 19.1 del Reglamento de la Corte.

Contenido

I.        INTRODUCCIÓN A LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

1.           El caso sometido a la Corte. - El 24 de marzo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la Comisión") sometió a la jurisdicción de la Corte el caso "Luis Fernando Guevara Díaz contra la República de Costa Rica" (en adelante "el Estado" o "Costa Rica"). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se relaciona con la violación de los derechos humanos del señor Luis Fernando Guevara Díaz en el marco de un concurso público en el Ministerio de Hacienda, en el cual no fue seleccionado por su condición de persona con discapacidad intelectual. Además, la Comisión observó que las autoridades que denegaron los recursos de revocatoria y amparo, interpuestos por el señor Guevara en contra de la decisión de cese, no realizaron una motivación adecuada, ni una revisión sustantiva de su alegato de discriminación, limitándose a ratificar las razones de discrecionalidad de la autoridad. En ese sentido, la Comisión alegó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y al trabajo, establecidos en los artículos 8.1, 25.1, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento.

2.           Trámite ante la Comisión. - El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

a)    Petición. - El 12 de julio de 2005, el Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda presentó la petición inicial ante la Comisión.

b)   Informe de Admisibilidad. - El 20 de marzo de 2012, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 13/12, en el cual notificó a las partes de la admisibilidad y se puso a disposición para llegar a una solución amistosa.

c)    Informe de Fondo. - El 2 de julio de 2020, la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 175/20 (en adelante también "Informe de Fondo"), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado.

d)   Notificación al Estado. - La Comisión notificó al Estado el Informe de Fondo mediante una comunicación de 24 de agosto de 2020. La Comisión otorgó al Estado un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento de dos prórrogas, el Estado informó sobre su disposición para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión, pero que ante la falta de interés del peticionario para sostener una reunión, no solicitaría una nueva prórroga.

3.           Sometimiento a la Corte. - El 24 de marzo de 2021, la Comisión sometió a la Corte la totalidad de los hechos y violaciones a derechos humanos del caso. Lo hizo, según indicó, por la necesidad de obtención de justicia y reparación para la víctima1. Este Tribunal nota con preocupación que, entre la presentación de la petición inicial ante la Comisión, y el sometimiento del caso ante la Corte, transcurrió un tiempo superior a los 15 años.

1 La Comisión designó como sus delegados ante la Corte, a la Comisionada Julissa Mantilla Falcón y a la entonces Secretaria Ejecutiva Adjunta Marisol Blanchard, y como asesores legales a Jorge Huberto Meza Flores y Christian González Chacón.

4.           Solicitudes de la Comisión. - La Comisión solicitó a este Tribunal que concluyera y declarara la responsabilidad internacional de Costa Rica por las violaciones contenidas en el Informe de Fondo y que ordenara al Estado, como medidas de reparación, las incluidas en dicho Informe.

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

5.           Notificación al Estado y a los representantes. - El sometimiento del caso fue notificado a la representación de la presunta víctima2 (en adelante "el representante") y al Estado el 10 de mayo de 2021.

2         La representación de la presunta víctima fue ejercida por Jorge Emilio Regidor Umaña.

6.           Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. - El 22 de junio de 2021, el representante presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "escrito de solicitudes y argumentos"), conforme a los artículos 25 y 40 del Reglamento. El representante coincidió sustancialmente con los alegatos de la Comisión, y realizó alegatos adicionales respecto al fondo. Asimismo, solicitó que se ordenara a Costa Rica adoptar diversas medidas de reparación complementarias a las solicitadas por la Comisión.

7.           Escrito de contestación. - El 13 de octubre de 2021, mediante nota de Secretaría, se informó al Estado que el plazo para la presentación del escrito de contestación había vencido, sin que este fuera recibido. Por consiguiente, se le informó que el trámite del caso continuaría sin el escrito de contestación. El 15 de octubre de 2021, el Estado informó que por un error humano no se presentó el escrito de contestación y reiteró su interés de continuar con el trámite del caso3.

3         El Estado designó como agentes en el caso a Natalia Córdoba Ubate, Directora Jurídica del Ministerio   de Relaciones Exteriores, y a Fernando Castillo Padilla, Letrado de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia.

8.           Audiencia pública. - El 17 de febrero de 2022, el Presidente de la Corte dictó una Resolución en la que convocó a las partes y a la Comisión a una audiencia pública sobre eventuales fondo, reparaciones y costas, y para escuchar los alegatos y observaciones finales orales de las partes y de la Comisión, respectivamente4. Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia del COVID-19, la audiencia pública se llevó a cabo mediante videoconferencia, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte, el día 24 de marzo de 2022, durante el 147° Período Ordinario de Sesiones de la Corte5.

4        Cfr. Caso Guevara Díaz Vs. Costa Rica. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/guevara_diaz_17_02_22.pdf

5  A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Edgar Stuardo Ralón Orellana,   Marisol Blanchard, Jorge Meza Flores y Christian González; b) por los representantes: Jorge Emilio Regidor Umaña y Luis Fernando Guevara Díaz, c) por el Estado: Natalia Córdoba Ulate, Fernando Castro Padilla, José Carlos Jiménez Alpízar, Rodolfo Lizano Ramírez, Alberto David Guzmán Pérez y Maripaz de la Torre Herrera.

9.           Amicus curiae. - El Tribunal recibió el escrito del International Human Rights Practicum del Boston College of Law en calidad de amicus curiae6.

6 El escrito, firmado por Daniela Urosa, Estelle Davrieux, Nathaniel Jaffe, Andrian Lee, Jane Yu y Raad Alsowaying presenta consideraciones respecto del alcance del derecho al trabajo y el derecho a la igualdad y discapacidad. El representante no formuló observaciones específicas sobre el reconocimiento de responsabilidad del Estado.

10.        Alegatos y observaciones finales escritos. - El 19 de abril de 2022, el Estado presentó sus alegatos finales por escrito, junto con documentación anexa. El 25 de abril de 2022, el representante y la Comisión presentaron sus alegatos y observaciones finales escritas, respectivamente.

11.        Observaciones a los anexos a los alegatos finales. - El 6 de mayo de 2022, la Comisión informó que no tenía observaciones que formular respecto de los documentos agregados por el Estado junto a sus alegatos finales escritos. El representante no remitió observaciones a los anexos del Estado.

12.        Deliberación del presente caso. - La Corte deliberó la presente Sentencia el día 22 de junio de 2022.

III COMPETENCIA

13.        La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que Costa Rica es Estado Parte en la Convención Americana desde el 8 de abril de 1970 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 2 de julio de 1980.

IV RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

A.   Reconocimiento de responsabilidad del Estado y observaciones del representante y de la Comisión

14.        El Estado manifestó, durante la audiencia pública, que "bajo el absoluto respaldo y confianza en la institucionalidad interamericana, el [E]stado costarricense reconoce su responsabilidad internacional por la vulneración de los artículos 8.1, 24, 25.1 y 26 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Guevara Díaz". Asimismo, precisó que su reconocimiento "se circunscribe a los hechos del Informe de Fondo tanto su análisis fáctico como su análisis jurídico". Posteriormente, en sus alegatos finales escritos, el Estado señaló que "el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado se circunscribe a lo ocurrido dentro del caso concreto al momento del cese y las acciones administrativas y judiciales posteriores, coincidiendo con el análisis de fondo de la [Comisión]". Adicionalmente, el Estado solicitó a la Corte que establezca las medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias de las infracciones que se cometieron, de conformidad con los principios de su jurisprudencia.

15.        La Comisión valoró positivamente el reconocimiento efectuado por el Estado. Sin perjuicio de ello, tomó nota respecto de la persistencia de la controversia fáctica respecto a la afirmación planteada por los representantes sobre las labores que el señor Guevara realizó en el Ministerio de Hacienda durante los años previos a su contratación, y sobre el alegato de los representantes sobre la violación a la Convención Interamericana para la  eliminación  de  todas  las  formas  de  discriminación  contra  las  personas      conno discriminación en razón de la discapacidad intelectual, así como las obligaciones positivas que tiene el Estado para proteger estos derechos.

B.  Consideraciones de la Corte

16.        De conformidad con los artículos 62 y 64 del Reglamento, y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de derechos humanos, cuestión de orden público internacional, incumbe a este Tribunal velar porque los actos de reconocimiento de responsabilidad resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano7.

7         Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie   C No. 177, párr. 24, y Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Serie C No. 447, párr. 19.

B.1.  En cuanto a los hechos

17.        En el presente caso, la Corte considera que, de las afirmaciones del Estado durante la audiencia pública de 24 de marzo de 2022, y sus alegatos finales escritos, se desprende con claridad que ha realizado una aceptación total respecto de los hechos establecidos por la Comisión en su Informe de Fondo.

B.2.  En cuanto a las pretensiones de derecho

18.        La Corte considera que, de las afirmaciones del Estado durante la audiencia pública de 24 de marzo de 2022, y sus alegatos finales escritos, se desprende con claridad que Costa Rica ha realizado un reconocimiento total de responsabilidad respecto de las violaciones a los derechos humanos en los términos planteados por la Comisión en su Informe de Fondo, y ha reconocido la necesidad de adoptar medidas de reparación. En consecuencia, la Corte considera que ha cesado la controversia respecto de lo siguiente:

a)     La violación a los derechos a la igualdad ante la ley y al trabajo, contenidos en los artículos 24 y 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, como resultado de la discriminación de la que el señor Guevara fue víctima en el concurso 010179 por motivo de su discapacidad intelectual.

b)     La violación a los derechos a la protección judicial y el deber de motivación, contenidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, como resultado de la respuesta de las autoridades que denegaron los recursos presentados por el señor Guevara.

19.        Por otra parte, la Corte advierte que el representante alegó la violación a diversos artículos de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (en adelante también "CIADDIS") cuya violación no fue reconocida por el Estado. Al respecto, el Tribunal resalta que en el caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México, ratificó la posibilidad de ejercer su competencia contenciosa respecto de otros instrumentos interamericanos distintos a la Convención Americana, en el contexto de instrumentos que establezcan un sistema de peticiones objeto de supervisión internacional en el ámbito regional8.

8 Cfr. Caso González y otras ("Campo Algodonero")  Vs.  México.  Excepción  Preliminar,  Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 37.

20.        En ese sentido, la Corte constata que la CIADDIS establece en su artículo VI el compromiso de los Estados de crear un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, pero no reconoce competencia a la Corte para que conozca violaciones directas a dicho instrumento9. En consecuencia, al no existir disposición alguna que reconozca la competencia del Tribunal para analizar violaciones directas a la CIADDIS, no corresponde pronunciarse sobre las violaciones directas a dicho instrumento alegadas por el representante. Ello no obsta a que los diversos artículos de la CIADDIS sean utilizados para la interpretación de la Convención Americana y de otros instrumentos interamericanos pertinentes10.

9  El artículo VI de la CIADDIS establece lo siguiente: "1. Para dar seguimiento a los compromisos   adquiridos en la presente Convención se establecerá un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado parte. 2. El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al depósito del décimo primer instrumento de ratificación. Esta reunión será convocada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede, a menos que un Estado parte ofrezca la sede.

3. Los Estados parte se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al Secretario General de la Organización para que lo transmita al Comité para ser analizado y estudiado. En lo sucesivo, los informes se presentarán cada cuatro años. 4. Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir las medidas que los Estados miembros hayan adoptado en la aplicación de esta Convención y cualquier progreso que hayan realizado los Estados parte en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Los informes también contendrán cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la presente Convención. 5. El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la Convención e intercambiar experiencias entre los Estados parte. Los informes que elabore el Comité recogerán el debate e incluirán información sobre las medidas que los Estados parte hayan adoptado en aplicación de esta Convención, los progresos que hayan realizado en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, las circunstancias o dificultades que hayan tenido con la implementación de la Convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del Comité para el cumplimiento progresivo de la misma. 6. El Comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría absoluta. 7. El Secretario General brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones".

10 Cfr. Caso Furlán y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 133; Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312, párr. 207, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 423, párr. 75;

B.3.  En cuanto a las reparaciones

21.        La Corte advierte que, si bien el Estado consideró procedente la determinación de medidas de reparación en el presente caso, subsiste la controversia respecto al contenido de dichas medidas, por lo que le corresponderá a la Corte examinarlas.

B.4.  Valoración del reconocimiento de responsabilidad

22.      El reconocimiento efectuado por el Estado constituye una aceptación total de los hechos y un reconocimiento total de las violaciones alegadas por la Comisión en el Informe de Fondo. Este Tribunal estima que el reconocimiento de responsabilidad internacional constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención, así como a las necesidades de reparación de la presunta víctima11. El reconocimiento efectuado por el Estado produce plenos efectos jurídicos de acuerdo a los artículos 62 y 64 del Reglamento de la Corte ya mencionados. En virtud del amplio reconocimiento realizado por parte del Estado, el Tribunal considera que ha cesado la controversia jurídica del caso respecto a los hechos, el derecho, y la necesidad de adoptar medidas de reparación, en términos de los establecido por la Comisión en su Informe de Fondo.

11 Cfr. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38, párr. 57, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2021. Serie C No. 446, párr. 29.

23.         En las circunstancias particulares de este caso, la Corte considera pertinente dictar una Sentencia en la cual se determinen los hechos acaecidos, de acuerdo a la prueba recabada durante el proceso ante este Tribunal y la aceptación de hechos, así como sus consecuencias jurídicas y las reparaciones correspondientes. Por otra parte, la Corte no considera necesario pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en perjuicio del señor Guevara ante la respuesta de las autoridades que resolvieron los recursos administrativos y judiciales presentados por parte de la víctima, ya que estas fueron expresamente aceptadas por el Estado en su reconocimiento de responsabilidad internacional, y la materia ha sido ampliamente desarrollada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

V    PRUEBA

A.   Admisión de prueba documental

24.         La Corte recibió diversos documentos, presentados como prueba por la Comisión y el representante, adjuntos a sus escritos principales (supra párrs. 5 y 6). Como en otros casos, este Tribunal admite aquellos documentos presentados oportunamente (artículo 57 del Reglamento)12 por las partes y la Comisión, cuya admisibilidad no fue controvertida ni objetada, y cuya autenticidad no fue puesta en duda13.

12 La prueba documental puede ser presentada, en general y de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda. No es admisible la prueba remitida fuera de esas oportunidades procesales, salvo las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del Reglamento (fuerza mayor o impedimento grave) o si se trata de un hecho superviniente, es decir, ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales.

13        Cfr. Artículo 57 del Reglamento; también Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia   de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 140, y Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de noviembre de 2021. Serie C No. 441, párr. 31.

B.  Admisión de la declaración y prueba pericial

25.             Este Tribunal estima pertinente admitir la declaración rendida por la perita Silvia Judith Quan Chang mediante videograbación, y por el señor José Guevara Díaz en audiencia pública, en la medida en que se ajustan al objeto que fue definido por la Presidencia en la Resolución mediante la cual se ordenó recibirlas y al objeto del presente caso14.

14        Los objetos de las declaraciones se encuentran establecidos en la Resolución del Presidente de la Corte de 17 de febrero de 2022. El representante desistió del ofrecimiento de las declaraciones de las señoras Roxana Rodríguez Barquero y Dionisia Vega Fernández.

VI  HECHOS

26.             Tomando en consideración el alcance del reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte expondrá los hechos del caso en el orden siguiente: a) el señor Luis Fernando Guevara Díaz y el concurso de selección como Trabajador Misceláneo 1; b) el recurso de revocatoria; c) el procedimiento de amparo; y d) el procedimiento ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo.

A.   Sobre el señor Luis Fernando Guevara Díaz y el concurso de selección como Trabajador Misceláneo 1

27.         El señor Luis Fernando Guevara Díaz es una persona con discapacidad intelectual15.

15        Cfr. Certificación médica de 9 de mayo de 2001 (expediente de prueba, folio 1044). La discapacidad   del señor Guevara, según el diagnóstico del Hospital Nacional de Niños, se manifiesta, inter alia, a través de "problemas de aprendizaje", "bloqueo emocional" y "trastornos de conducta".

28.         El 4 de junio de 2001 el señor Guevara fue nombrado como funcionario interino en el puesto de Trabajador Misceláneo 1 por el Ministerio de Hacienda16. Posteriormente, la Unidad Técnica de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Dirección General del Servicio Civil, instauró el concurso externo 01-02 para obtener el cargo en propiedad (titularidad) del puesto 010179 de Trabajador Misceláneo 1. El señor Guevara participó en dicho concurso17.

29.         El 6 de marzo de 2003, la Unidad Técnica de Recursos Humanos remitió la terna en la que figuraban los candidatos al puesto, en la que se refleja la siguiente información sobre su evaluación18:

16 Cfr. Oficio de la Coordinadora General de la Unidad Técnica de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de 1 de junio de 2001 (expediente de prueba, folio 937). El hermano de la víctima declaró durante la Audiencia Pública que, previo a su contratación interina, el señor Guevara realizó diversas labores en el Ministerio de Hacienda como "sacar la basura de la oficina, de varias oficinas, limpiando pisos, limpiando ventanas", y que "duró como 8 años" realizando dichas labores. El Estado afirmó que el señor Guevara acudía acompañado por su madre durante ese tiempo, quien laboraba en dicho Ministerio, pero que nunca tuvo una autorización explícita para ser considerado como un pasante o practicante en el Ministerio de Hacienda. Al respecto, la Corte verifica que no consta en el expediente prueba que permita verificar que el señor Guevara realizara labores de manera informal para el Ministerio de Hacienda durante los años previos a su contratación interina como Trabajador Misceláneo 1, o que haya sido parte de un programa de reinserción laboral mediante el cual fuera incorporado en dicho Ministerio.

17       Cfr. Decisión del Oficial Mayor y Director General Administrativo y Financiero del Ministerio de Hacienda de 9 de julio de 2003 (expediente de prueba, folio 952).

18    Cfr. Oficio de la Unidad Técnica de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda (expediente de prueba, folio 939).

30.         Durante el proceso de selección, el señor Guevara realizó pruebas especiales en razón de su discapacidad (la Prueba Específica para Trabajador Misceláneo y preguntas del Mini-Mult)19 y, posteriormente, fue llamado para ser entrevistado en la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios Generales del Ministerio de Hacienda el 31 de marzo de 200320.

19 Cfr. Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios del Ministerio de Hacienda, Prueba específica para trabajador misceláneo (expediente de prueba, folios 102 a 108), e Inventario multifásico de la personalidad de Minnesota MINIMULT (expediente de prueba, folios 113 a 115).

20       Cfr. Oficio de la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios (expediente de prueba, folio 941).

31.         En documento fechado el 13 de junio de 2003, el Jefe de Área de Mantenimiento dirigió el oficio 044-2003 al Coordinador General de la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios Generales en el que manifestó lo siguiente:

Desde el pasado 04 de junio del 2001 fue nombrado interinamente en el puesto No 010179 clase misceláneo, al Señor Luis Fernando Guevara Días (sic), quiero indicar de que a pesar de las oportunidades que se le han brindado en los campos de Mantenimiento como ayudante, limpieza de Edificios, Elevadores y otros, su labor no es satisfactoria. Por lo anterior y en virtud de la necesidad de personal que tenemos, solicito el nombrar alguna persona funcional para el puesto.

Por otra parte, le indico de que por sus problemas de retardo y bloqueo emocional que padece, (información brindada por su madre), considero no es una persona acta (sic) para el puesto. Si se le quisiera ayudar existen varias formas de hacerlo21.

32.         En documento de la misma fecha, el Coordinador General de la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios Generales, quien estaba a cargo de llevar a cabo la selección del concurso para ocupar el puesto 010179 en propiedad22, dirigió un oficio a la Coordinadora General de la Unidad Técnica de Recursos Humanos en la que remitió el oficio 044-2003 enviado por el Jefe de Área de Mantenimiento. En dicho oficio señaló lo siguiente:

Adjunto al presente le estoy haciendo llegar el oficio 044-2003 del señor German Mora Salazar, encargado de la sección de mantenimiento e higiene, en relación con el devenir laboral del funcionario Luis Fernando Díaz Guevara y su eventual nombramiento en un puesto de misceláneo.

Como puede desprenderse según se menciona en dicho oficio, debido a las funciones que cumple y las oportunidades que se le han dado en su puesto el comportamiento de don Luis Fernando ha incidido negativamente en su devenir laboral e incluso sus actitudes, pueden afectar su seguridad personal, reitero por el tipo de funciones que se realizan por lo cual se sugiere reconsiderar su nombramiento23.

33.             En documento fechado el 12 de junio del 2003, el Oficial Mayor y Director Administrativo y Financiero del Ministerio de Hacienda informó al señor Guevara que no fue seleccionado en el concurso para ocupar el puesto en propiedad número 010179, por lo que su nombramiento como funcionario interino en el puesto de Trabajador Misceláneo 1 cesaría el 16 de junio de 2003. Le indicó que:

[.] de acuerdo al Artículo 121 del Reglamento Autónomo de este Ministerio [que] señala: en el caso de los funcionarios (as) interinos (as) éstos terminaran su relación de servicios: b) cuando se escoja de la terna un candidato (a) para ocupar un puesto en propiedad.

En representación de esta Institución, le agradecemos el interés y efectividad que ha demostrado en el desempeño de las funciones asignadas durante su  relación

21        Oficio del Jefe de Área de Mantenimiento del Ministerio de Hacienda al Coordinador   General U.T.A.S. (expediente de prueba, folio 943).

22        Cfr. Decisión del Oficial Mayor y Director General Administrativo y Financiero del Ministerio de Hacienda de 9 de julio de 2003 (expediente de prueba, folio 973).

23        Oficio del Coordinador de la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios (expediente  de prueba, folio 945).

laboral; y le reiteramos nuestro deseo de colaborar con usted en cualquier gestión que se relacione con la función administrativa de la Institución [.]24.

24        Oficio del Oficial Mayor y Director Administrativo y Financiero del Ministerio de Hacienda dirigido  a la presunta víctima (expediente de prueba, folio 947).

B.     El recurso de revocatoria

34.             El 18 de junio de 2003, el señor Guevara presentó un "recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad absoluta" contra la decisión que lo cesó en su cargo25. El 9 de julio de 2003, el Oficial Mayor y Director General Administrativo y Financiero del Ministerio de Hacienda expresó que se siguieron todos los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico para casos como el del señor Guevara y declaró sin lugar el recurso26. Al respecto, estimó lo siguiente:

Revisando el expediente personal del señor Guevara Díaz se determinó que no existe reporte alguno sobre lo que usted denomina "presunta conducta laboral inadecuada". No obstante en este punto debe indicarse que haciendo uso de su potestad discrecional el señor E.P. elige al candidato que consideró idóneo para desempeñar el puesto; asimismo mediante oficio UTAS-124-2003 indicó que ".el comportamiento de don Luis Fernando ha incidido negativamente en su devenir laboral e incluso sus actitudes, pueden afectar su seguridad personal, reitero por el tipo de funciones que se realizan por lo cual se sugiere reconsiderar su nombramiento".

25           Cfr. Recurso  de revocatoria  con apelación  en subsidio  y  nulidad  absoluta  de 18  de junio de 2003 (expediente de prueba, folio 949).

26           Cfr. Decisión del Oficial Mayor y Director General Administrativo y Financiero del Ministerio de Hacienda de 9 de julio de 2003 (expediente de prueba, folio 953).

[.] debe mencionarse que de conformidad con los argumentos indicados, la normativa y jurisprudencia transcrita, este Despacho no encuentra omisiones en el procedimiento que indiquen una desigualdad de trato como lo ha señalado en su oficio, ya que se ha cumplido fehacientemente el proceso determinado por la ley para casos como el que nos ocupa, asegurándole al señor Guevara Díaz participar en igualdad de condiciones con los demás oferentes del concurso y con los candidatos legibles".

35.             El 7 de julio de 2003, en respuesta a una solicitud de información, la Coordinadora General de la Unidad Técnica de Recursos Humanos informó que el señor Guevara obtuvo la nota más alta en la terna del concurso en el que participó y que no existe reporte alguno sobre problemas laborales o de conducta27.

27        Cfr. Oficio de la Coordinadora General de la Unidad Técnica de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de 7 de julio de 2003 (expediente de prueba, folio 958).

36.             El 22 de julio de 2003, la Asesoría Jurídica del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial emitió un informe concluyendo que el despido del señor Guevara, al no ser seleccionado en la plaza concursada, constituyó una violación a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600), pues constituyó un acto discriminatorio de acceso al trabajo28.

C.   El procedimiento de amparo

28      Cfr. Informe de la Asesoría Jurídica del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial de Costa Rica (expediente de prueba, folio 960).

37.             El 5 de agosto de 2003, la víctima interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en adelante "la Sala Constitucional") contra el Ministro de Hacienda, argumentando actos de discriminación en el trabajo29. El 1 de septiembre de 2003, el Oficial Mayor y Director General del Ministerio de Hacienda contestó el recurso de amparo rechazando los cargos alegados por el señor Guevara. En particular, señaló que "el procedimiento seguido para dicho nombramiento cumplió con todos los parámetros establecidos para casos como el presente"30. El 14 de octubre de 2003, el Defensor de los Habitantes de la República de Costa Rica interpuso su coadyuvancia en el recurso de amparo y solicitó que se anulara el concurso externo para el puesto 01017931.

29        Cfr. Recurso de amparo interpuesto por el señor Guevara Díaz ante la Sala Constitucional de  la Corte Suprema el 5 de agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 964).

30        Cfr. Contestación al recurso de amparo del Oficial Mayor y Director General del Ministerio de Hacienda de 1 de septiembre de 2003 (expediente de prueba, folio 971).

31        Cfr. Escrito de formal coadyuvancia al recurso de amparo interpuesto por el Defensor de los Habitantes de la República de Costa Rica el 14 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folio 978).

38.             El 14 de febrero de 2005, la Sala Constitucional declaró " sin lugar" el amparo interpuesto por el señor Guevara32. La Sala Constitucional formuló las siguientes consideraciones respecto del caso concreto:

VI. Caso concreto.- Del examen de las pruebas aportadas a los autos y de los informes rendidos bajo la fe de juramento, se concluye que el amparado estuvo nombrado interinamente en un puesto de Trabajador Misceláneo 1 dentro del Ministerio recurrido; posteriormente, en aras de llenar la plaza vacante, se abrió un proceso concursal externo en el que el servidor Guevara Díaz tuvo plena oportunidad de participar, para lo cual se le aplicaron pruebas especiales y específicas en razón de su discapacidad, dando cumplimiento a la normativa vigente, que además fueron evaluadas por la Psicóloga de la Unidad Técnica de Servicios Médicos de ese Órgano. El amparado quedó en condición de elegible para ocupar el puesto y participar de lleno en la elección del candidato a ocupar la plaza en cuestión, pues conformó la terna respectiva. De lo anterior, se desprende que el amparado tuvo acceso al puesto de su interés en igualdad de condiciones que los demás aspirantes, sin que se aprecien en el procedimiento actos que se puedan considerar como discriminatorios en su perjuicio. Si bien es cierto existe una nota del Jefe del Área de Mantenimiento del Ministerio de Hacienda, en la que hace mención a los problemas de discapacidad que sufre el recurrente, se ha informado bajo la fe de juramento a este Tribunal (con las consecuencias de ley) que la selección del servidor para ocupar la plaza vacante se hizo con anterioridad a la referida nota y que la misma en nada influyó para la escogencia de la persona idónea para el puesto. Así las cosas y en concordancia con el criterio reiterado de este Tribunal Constitucional, el amparo constitucional se agota en la tutela a la participación igualitaria de los interesados para integrar la nómina o terna respectiva y no le corresponde revisar la legalidad, oportunidad o conveniencia de la decisión de los órganos competentes en la escogencia concreta, que se hace en el ejercicio de potestades discrecionales.

VII.-De conformidad con los considerandos anteriores, se arriba a la conclusión de que no se han amenazado o vulnerado los derechos constitucionales del amparado con los hechos que aduce, sin perjuicio de que se discuta la legalidad del procedimiento utilizado para la selección de los candidatos a ocupar el puesto de   interés   del   señor   Guevara   Díaz   en   la   instancia      administrativa

correspondiente, que excede las competencias de este Tribunal Constitucional.

32        Cfr. Sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 14 de febrero de 2005 (expediente de prueba, folio 985).

D.   El procedimiento ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo y el oficio de la Dirección Nacional de Seguridad Social

39.             El 6 de agosto de 2003 el Secretario General del Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda (en adelante "Secretario General del Sindicato") presentó una denuncia ante la Dirección Nacional de la Inspección General de Trabajo (en adelante "Dirección Nacional de Trabajo") en nombre del señor Guevara por discriminación en el ámbito laboral33. El 26 de noviembre de 2003, mediante la resolución 1657-03, se declaró sin lugar la denuncia, por estimarse que no se comprobó que efectivamente existiera discriminación en el ámbito laboral por parte del Ministerio de Hacienda. El 27 de enero de 2004 el Secretario General del Sindicato presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad.

33        Cfr. Denuncia del Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda ante el Director General de la Inspección de Trabajo de 6 de agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 1009).

40.             El 3 de febrero de 2004 la Dirección Nacional de Trabajo declaró con lugar el recurso de revocatoria34. En su resolución señaló lo siguiente:

34        Cfr. Resolución DNI -277-04 de la Dirección Nacional de la Inspección General de Trabajo de 3 de febrero de 2004 (expediente de prueba, folio 1013).

Luego de analizado el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante contra la resolución DNI-1657-2003, se resuelve revocar la misma basado en los alegatos dichos. En cuanto a lo demás interpuesto se omite pronunciamiento por haberse revocado lo anterior en cuanto a las notas discriminatorias que dieron pie a que el señor Guevara Díaz no se nombra en propiedad violando así lo establecido en la Ley 7600, toda vez que la administración del Ministerio de Hacienda por medio del Departamento de Recursos Humanos han cumplido los trámites y requisitos vigentes para la contratación de trabajo, la adecuación de exámenes y la igualdad de optar por un puesto a personas con algún grado de discapacidad, pero se reitera que las notas arriba indicadas influyeron en la toma de decisión de no contratar al señor Guevara. Por lo tante se ordena a los inspectores [.] continuar con el procedimiento respecto y su envío a los Tribunales respectivos35.

35        Resolución DNI -277-04 de la Dirección Nacional de la Inspección General de Trabajo de 3 de febrero de 2004 (expediente de prueba, folio 1023).

El 5 de marzo de 2004, el Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda envió una comunicación al Ministro de Hacienda solicitando la "reinstalación inmediata en propiedad de nuestro compañero trabajador Luis Fernando Guevara Díaz" a la luz de la resolución de la Dirección Nacional de Trabajo36. El 18 de marzo de 2004 el Ministro de Hacienda contestó dicha comunicación, indicando que no procedía la reinstalación de la víctima dado que "no existen omisiones en el procedimiento que se llevó a cabo, que indiquen que hubo una desigualdad de trato, arbitrariedades o algún otro acto discriminatorio [.]"37. Ante el fallo de la Sala Constitucional de 14 de febrero de  2005 (supra párr. 38), el 1 de septiembre de 2006 la Dirección Nacional de Trabajo ordenó el archivo definitivo del caso del señor Guevara38.

36        Cfr. Carta del Sindicato de Empleados el Ministerio de Hacienda dirigida al Ministro de Hacienda  de 5 de marzo de 2004 (expediente de prueba, folio 1025).

37        Respuesta del Ministro de Hacienda al Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda de 18 de marzo de 2004 (expediente de prueba, folio 1031).

38        Cfr. Resolución DNI-801-06 de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1 de septiembre de 2006 (expediente de prueba, folio 1035).

41.             El 22 de agosto de 2005, la Directora Nacional de Seguridad Social remitió un oficio al Ministro de Trabajo y Seguridad Social. En dicho oficio subrayó que los razonamientos externados para no nombrar al señor Guevara "están en contraposición con lo que establece la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad", por lo que el proceso administrativo debía ser revisado. En particular, dicha instancia constató que el señor Guevara estaba acreditado para desempeñarse como misceláneo, tal como lo certificó el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial; realizó sus labores de manera eficiente mientras desempeñó el cargo, y que su discapacidad nunca constituyó una limitante para el ejercicio de sus funciones39. Esta información fue puesta en conocimiento del Presidente de la República mediante una comunicación de 29 de agosto de 200540.

39        Cfr. Oficio de la Directora Nacional de Seguridad Social de 25 de agosto de 2005 (expediente de prueba, folios 1002 a 1004).

40        Cfr. Oficio del Ministro de Trabajo y Seguridad Social al Presidente de la República de 29 de agosto de 2005 (expediente de prueba, folio 1006).

VII FONDO

42.            El Tribunal recuerda que el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación a los derechos a las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y derecho al trabajo, contenidos en los artículos 8.1, 25, 24 y 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Luis Fernando Guevara Díaz. Sin perjuicio de ello, y en consideración a las razones señaladas con anterioridad (supra párr. 23), la Corte abordará los alegatos relacionados con la violación al derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, y la violación al derecho al trabajo.

VII-I

DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN, Y EL DERECHO AL TRABAJO

A.     Alegatos de las partes y de la Comisión

43.            La Comisión señaló que la discapacidad es un motivo por el cual está prohibida la discriminación en términos de los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana. Asimismo, señaló que dentro de las obligaciones inmediatas en relación con el derecho al trabajo, protegido por el artículo 26 de la Convención, está la de garantizar su ejercicio sin discriminación alguna, y la de dar pasos deliberados para su realización. En el caso concreto, la Comisión advirtió una serie de hechos que demuestran la existencia de una discriminación encubierta que afectó arbitrariamente el ejercicio del derecho al trabajo del señor Guevara. En consecuencia, la Comisión concluyó que el señor Guevara no fue contratado por el Ministerio de Hacienda por su condición de discapacidad, lo cual constituyó un caso de discriminación encubierta que violó los artículos 24 y 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

44.            El representante se adhirió a los fundamentos de derecho planteados por la Comisión en el Informe de Fondo. Asimismo, presentó alegatos específicos. En relación con el artículo 24 de la Convención, sostuvo que el derecho a la igualdad fue violado puesto que la razón por la cual el señor Guevara no fue elegido para el puesto en el Ministerio de Hacienda fue su discapacidad. Lo anterior, a pesar de que dicha discapacidad no le impedía realizar adecuadamente su trabajo, y además obtuvo notas excelentes durante el proceso de selección. En relación con el artículo 26 de la Convención, el representante sostuvo que se produjo una violación al compromiso del Estado tendiente al desarrollo progresivo al negarse el derecho al trabajo a una persona con discapacidad.

45.            El Estado reconoció su responsabilidad por la violación a los artículos 24 y 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Guevara (supra párr. 18).

B.     Consideraciones de la Corte

B.1.    Derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación de las personas con discapacidad

46.            La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación41. Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto42. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que, en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico43.

41 Cfr. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 55, y Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género (interpretación y alcance de los artículos 13, 15, 16, 24, 25 y 26, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los artículos 3, 6, 7 y 8 del Protocolo de San Salvador, de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención de Belem do Pará, de los artículos 34, 44 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y de los artículos II, IV, XIV, XXI y XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre). Opinión Consultiva OC-27/21 de 5 de mayo de 2021. Serie A No. 27, párr. 152.

42        Cfr. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 103, y Opinión Consultiva OC-27/21, supra, párr. 152.

43       Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, supra, párr. 101, y Opinión Consultiva OC-27/21, supra, párr. 152.

47.            Asimismo, la Corte ha establecido que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos "sin discriminación alguna". Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado  discriminatorio  respecto  del  ejercicio  de  cualquiera  de  los    derechos garantizados en la Convención es, per se, incompatible con la misma44. El incumplimiento por el Estado de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, mediante cualquier trato diferente que pueda resultar discriminatorio, es decir, que no persiga finalidades legítimas, sea innecesario y/o desproporcionado, le genera responsabilidad internacional. Es por ello que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación45.

44        Cfr. Opinión Consultiva OC-4/84, supra, párr. 53, y Caso Pavez Pavez Vs. Chile. Fondo, Reparaciones   y Costas. Sentencia de 4 de febrero de 2022. Serie C No. 449, párr. 65.

45       Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, supra, párr. 85, y Caso Pavez Pavez Vs. Chile, supra, párr. 65.

48.            Por otra parte, este Tribunal ha señalado que mientras que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar "sin discriminación" los derechos contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a la "igual protección de la ley"46. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación47. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana en relación con las categorías protegidas por el artículo

1.1   de la Convención48. Por otra parte, la Corte ha señalado que del artículo 24 de la Convención se desprende un mandato orientado a garantizar la igualdad material49.

46       Cfr. Opinión Consultiva OC-4/84, supra, párrs. 53 y 54, y Caso Pavez Pavez Vs. Chile, supra, párr. 65.

47        Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 186, y Caso Pavez Pavez Vs. Chile, supra, párr. 66.

48 Cfr. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 209, y Caso Pavez Pavez Vs. Chile, supra, párr. 66.

49   Cfr. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs.   Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 199, y Opinión Consultiva OC-27/21, supra, párr. 156.

49.            De esta forma, el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones: una relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y otra relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados50. Asimismo, la Corte ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable51, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido52. En este sentido, este Tribunal ha establecido que tratándose de la prohibición de discriminación por una de las categorías protegidas contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa, lo cual implica que las razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva53.

50       Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, supra, párr. 92, y Opinión Consultiva OC-27/21, supra, párr. 158.

51 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 46, y Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2020. Serie C No. 405, párr. 193.

52 Cfr. Caso Norín Catrimán (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párr. 200, y Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, supra, párr. 193.

53 Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 257, y Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C No. 351, párr. 278.

50.            En relación con lo anterior, el Tribunal recuerda que las personas con discapacidad son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, los cuales deben ser garantizados de conformidad con los postulados del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. Además, la Corte ha establecido que la discapacidad es una categoría protegida en términos del artículo 1.1 de la Convención Americana, por lo que está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la discapacidad real o percibida de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de manera discriminatoria los derechos de una persona a partir de su discapacidad54. Asimismo, en tanto la discapacidad es una categoría protegida en términos del artículo 1.1 de la Convención Americana, es el Estado quien tiene la carga de la prueba de demostrar que la diferencia de trato a una persona con discapacidad se encuentra justificado, sin fundamentar su decisión en estereotipos.

51.            El Tribunal destaca que, en 1999, se adoptó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por Costa Rica el 12 de agosto de 1999. Dicha Convención tiene en cuenta el modelo social para abordar la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva55. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas56.

54  Cfr. Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de   marzo de 2021. Serie C No. 423, párr. 79, y Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de octubre de 2021. Serie C No. 439, párr. 101.

55  Cfr. Caso Furlán y familiares Vs. Argentina, supra, párr. 133, y Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile, supra, párr. 102.

56  Cfr. Caso Furlán y familiares Vs. Argentina, supra, párr. 133, y Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile, supra, párr. 102.

52.            Adicionalmente, el Tribunal destaca que el 3 de mayo de 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante "CDPD"), la cual establece la no discriminación como uno de sus principios generales y prohíbe toda discriminación por motivos de discapacidad57. La CDPD, la cual fue ratificada por Costa Rica el 1 de octubre de 2008, establece una serie de principios rectores respecto de los derechos de las personas con discapacidad que incluyen los siguientes: la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, y la accesibilidad58. Asimismo, reconoce la obligación de los Estados de "[a]bstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con [la] Convención y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella"59.

57        Cfr. CDPD, artículos 3 y 5.

58        Cfr. CDPD, artículo 3.

59        CDPD, artículo 4.

53.            Asimismo, este Tribunal destaca que, en cumplimiento de los deberes de protección especiales del Estado respecto de toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, resulta imperativa la adopción de medidas positivas para la protección de los derechos, las cuales son determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad60. En este sentido, es obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad61, con el fin de garantizar que las limitaciones normativas o de facto sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras62. Al respecto, tal como lo señaló la perita Silvia Quan, las barreras actitudinales gozan de una particular relevancia como obstáculo para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, "debido a los prejuicios, estigmas y discriminación en múltiples formas"63.

60        Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 103, y Caso Manuela y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 257.

61        Cfr. Caso Furlán y Familiares Vs. Argentina, supra, párr. 134, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 86.

62        Cfr. Caso Furlán y Familiares Vs. Argentina, supra, párr. 134, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 86.

63        Peritaje de Silvia Judith Quan Chang (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, min. 2:10).

54.            En la misma lógica, la Corte advierte que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación a raíz de su condición, por lo que los Estados deben adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad64. En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha resaltado la obligación de tomar medidas especiales, "en toda la medida que se lo permitan los recursos disponibles, para lograr que [las personas con discapacidad] procuren superar los inconvenientes, en términos del disfrute de los derechos especificados en el Pacto, derivados de su discapacidad"65.

64        Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra, párr. 105, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 87.

65        Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N°. 5: Las personas con discapacidad, E/1995/22, de 9 de diciembre de 1994, párr. 5.

B.2.  Derecho al trabajo de las personas con discapacidad

55.            La Corte recuerda que la Comisión y los representantes alegaron la violación al derecho al trabajo, contenido en el artículo 26 de la Convención, y que el Estado reconoció dicha violación. En ese sentido, el Tribunal ha establecido su competencia material para conocer y resolver controversias relativas al artículo 26 de la Convención Americana, como parte integrante de los derechos enumerados en la misma,  respecto de los cuales el artículo 1.1 confiere obligaciones de respeto y garantía a los Estados66. Asimismo, la Corte recuerda que dicha competencia ha sido reafirmada en al menos 22 casos contenciosos67, y en dos opiniones consultivas68.

66 Cfr., inter alia, Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párrs. 97-103, Caso Lagos del CampoVs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párrs. 142 y 154, y Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C No. 394, párr. 33.

67   Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") Vs. Perú, supra; Caso   Lagos del Campo Vs. Perú, supra; Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Serie C No. 344; Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348; Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349; Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359; Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375; Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú, supra; Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395; Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400; Caso Spoltore Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de junio de 2020. Serie C No. 404; Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil, supra; Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 419; Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, supra; Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Serie C No. 432; Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile, supra; Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de octubre de 2021. Serie C No. 440; Caso Manuela y otros Vs. El Salvador, supra; Caso Extrabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 17 de noviembre de 2021. Serie C No. 445; Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, supra; Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 1 de febrero de 2022. Serie C No. 448, y Caso Pavez Pavez Vs. Chile, supra.

68        Cfr. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23; y Opinión Consultiva OC-27/21, supra.

56.            Al respecto, este Tribunal ha establecido que una interpretación literal, sistemática, teleológica y evolutiva respecto al alcance de su competencia permite concluir que el artículo 26 de la Convención Americana protege aquellos derechos que derivan de las normas económicas, sociales y de educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (en adelante "Carta de la OEA"). Asimismo, ha reconocido que los alcances de estos derechos deben ser entendidos en relación con el resto de las demás cláusulas de la Convención Americana, por lo que están sujetos a las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención y pueden ser sujetos de supervisión por parte de este Tribunal en términos de los artículos 62 y 63 del mismo instrumento. Esta conclusión se fundamenta no solo en cuestiones formales, sino que resulta de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales69, así como de su compatibilidad con el objeto y fin de la Convención, que es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. En ese sentido, el Tribunal ha establecido que corresponderá, en cada caso concreto que requiera un análisis de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (en adelante "DESCA"), determinar si de la Carta de la OEA se deriva explícita o implícitamente un derecho humano protegido por el artículo 26 de la Convención Americana, así como los alcances de dicha protección70.

69   La Corte ha "reiterado la  interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y   políticos, y los económicos, sociales y culturales, puesto que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello". Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú, supra, párr. 141.

70 Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, supra, párrs. 75 a 97; Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú, supra, párr. 34, y Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile, supra, párr. 33.

57.            Debe considerarse, además, que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles por lo que no es admisible la hipótesis de que los DESCA queden abstraídos del control jurisdiccional de este Tribunal, lo que en este caso ha sido admitido expresamente por el Estado mediante su reconocimiento de responsabilidad (supra párr. 18).

58.            Esta Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención71. En relación con lo anterior, este Tribunal ha advertido que los artículos 45.b y c72, 4673 y 34.g74 de la Carta de la OEA establecen una serie de normas que permiten identificar el derecho al trabajo. En particular, la Corte ha notado que el artículo 45.b de la Carta de la OEA establece que "b) [e]l trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar". De esta  forma, la Corte ha considerado que existe una referencia con el suficiente grado de especificidad al derecho al trabajo para derivar su existencia y reconocimiento implícito en la Carta de la OEA.

71       Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú, supra, párr. 145; Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú, supra, párr. 192; Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela, supra, párrs. 219 y 220; Caso Spoltore Vs. Argentina, supra, párr. 82; Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil, supra , párr. 68; Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 104; Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras, supra, párr. 68; Caso Extrabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala, supra, párrs. 128 a 133; Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 153; Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú, supra, párr. 107; Caso Pavez Pavez Vs. Chile, supra, párr. 87.

72  Cfr. Artículo 45 de la Carta de la OEA. - "Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo  puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: [.] b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar; c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independencia, todo de conformidad con la legislación respectiva [.]".

73        Cfr. Artículo 46 de la Carta de la OEA. - "Los Estados miembros reconocen que, para facilitar el proceso de la integración regional latinoamericana, es necesario armonizar la legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de los trabajadores sean igualmente protegidos, y convienen en realizar los máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad".

74 Cfr. Artículo 34.g de la Carta de la OEA. - "Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: [.] g) Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos".

59.            Respecto al contenido y alcance de este derecho, el Tribunal recuerda que el artículo XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que "[t]oda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación [.]". De igual forma, el artículo 6 del Protocolo de San Salvador establece que "[t]oda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada". En el ámbito universal, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "[t]oda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo". Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante "PIDESC") establece que "[l]os Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho"75.

60.            El Tribunal advierte que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 18 sobre el derecho al trabajo, afirmó la obligación de los Estados "de garantizar a las personas su derecho al trabajo libremente elegido o aceptado, en particular el derecho a no ser privado de trabajo de forma injusta"76. Asimismo, dicho Comité estableció que los Estados tienen la obligación de respetar este derecho, lo que implica que "se abstengan de interferir directa o indirectamente en el disfrute de este derecho"77. Además, consideró que constituye un incumplimiento de la obligación de respeto "toda discriminación en materia de acceso al mercado de trabajo o a los medios y prestaciones que permitan conseguir trabajo, obedezca esta discriminación a motivos de [.] otra condición social, con el fin de obstaculizar el disfrute o el ejercicio, en plena igualdad, de derechos económicos, sociales y culturales"78.

75        Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículo 7.b).

76        Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 18. El derecho al trabajo (art. 6), E/C.12/GC/18, de 24 de noviembre de 2005, párr. 4.

77        Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 18, supra, párr. 22.

78        Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 18, supra, párr. 33.

61.            Ahora bien, esta Corte advierte que del artículo 26 de la Convención, en relación con los artículos 24 y 1.1 del mismo instrumento, surgen obligaciones específicas para la protección del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Al respecto, el Tribunal advierte que, tal como lo señaló anteriormente, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación establece para los Estados un deber especial de protección de los derechos de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Por esta razón, este deber abarca el respeto y la garantía del derecho al trabajo -en tanto derecho protegido por la Convención- de las personas con discapacidad -en tanto son personas en situación de vulnerabilidad-. De esta forma, los Estados deben abstenerse de realizar conductas que vulneren el derecho al trabajo como resultado de actos de discriminación, y deben adoptar medidas positivas dirigidas a lograr su mayor protección atendiendo a las circunstancias particulares de las personas con discapacidad.

62.            Respecto a lo anterior, el Tribunal advierte que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales "Protocolo de San Salvador", en su artículo 18, señala que "[t]oda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad". Dicho artículo dispone que, con tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y, en particular, reconoce su obligación de ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a las personas con discapacidad los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, "incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso"79.

79      Protocolo de San Salvador, artículo 18.

63.            Por otro lado, la CIADDIS consagró un catálogo de obligaciones que los Estados deben cumplir con el objetivo de alcanzar "la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad"80. Para lograr estos objetivos, los Estados se comprometieron a adoptar las medidas "de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad"81. Estas medidas incluyen aquellas necesarias para "eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo [.]"82.

80        CIADDIS, artículo II.

81        CIADDIS, artículo III.1.

82        CIADDIS, artículo III.1.a.

64.            Por su parte, la CDPD reconoce "el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad". Asimismo, establece la obligación de los Estados de salvaguardar y promover el derecho al trabajo, a través de medidas que incluyen: "a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables"; así como "c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás", y "g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público"83.

83        CDPD, artículo 27.

65.            El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante también el "CODPD") interpretó los alcances del artículo 27 del CDPD en su Observación General No. 6, la cual se refiere a la igualdad y no discriminación. El CODPD señaló que, para lograr la igualdad de hecho de conformidad con la CDPD, los Estados deben velar porque no exista discriminación en el ámbito del empleo, para lo cual deben además adoptar ajustes razonables que incluyen la adopción de medidas como "[a]segurar a las personas con discapacidad una transición adecuada y no discriminatoria al empezar a trabajar o cesar en un empleo" y "garantizar el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a prestaciones y derechos, como la jubilación o las prestaciones por desempleo"84.

84 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 6. Sobre la igualdad y no discriminación, CRPD/C/GC/6, aprobada por el Comité en su 19º periodo de sesiones (14 de febrero al 9 de marzo de 2018), párr. 67

66.            Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 5 sobre personas con discapacidad, señaló que "el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado" (párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) no se puede llevar a la práctica si la única oportunidad laboral de los trabajadores con discapacidad consiste en trabajar en lugares "protegidos" en condiciones inferiores a las normales. De igual forma, dicho Comité señaló que, según lo señalan las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (en adelante también "Normas Uniformes"), aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, "las personas con discapacidad, tanto si viven zonas rurales como si viven en zonas urbanas, han de tener las mismas oportunidades de empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo"85. Las Normas Uniformes además establecen que "[e]n su calidad de empleadores, los Estados deben crear condiciones favorables para el empleo de personas con discapacidad en el sector público"86.

85 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 5. Las personas con discapacidad, E/1995/22, de 12 de septiembre de 1994, párrs. 21 a 22.

86       Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 48 sesión, anexo a la resolución 48/96, artículo 7.5.

67.            Adicionalmente, el Tribunal advierte que la Organización Internacional del Trabajo (en adelante "OIT") estableció en el Convenio No. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) que los Estados deben "formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto"87. En sentido similar, el Convenio No. 159 sobre la readaptación profesional y el empleo, del cual Costa Rica es parte desde el 23 de junio de 1991, establece que los Estados deberán formular, aplicar y revisar una política nacional sobre readaptación profesional y empleo de personas con discapacidad. Asimismo, el mismo Convenio señala que dicha política deberá basarse en el principio de igualdad de oportunidades y de trato. En ese sentido, las medidas positivas adoptadas para alcanzar la igualdad no deberán considerarse como discriminatorias88. La Recomendación No. 168 de dicha organización estableció que las personas con discapacidad "deberían disfrutar de igualdad de oportunidades y de trato en cuanto al acceso, la conservación y la promoción en un empleo que, siempre que sea posible, corresponda a su elección y a sus aptitudes individuales"89.

87  OIT, Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), adoptado el 25 de junio de 1958 (Núm.  111), artículo 2.

88   Cfr. OIT, Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo, adoptado el 20 de junio de 1983   (Núm. 159), artículos 2-5.

89       OIT, Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (núm. 168), 1983, párr. 7.

68.            Cabe destacar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ha establecido como uno de sus objetivos "promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos". Dicho instrumento señala que la mitad de la población mundial vive con el equivalente a 2 dólares diarios de los Estados Unidos de América, lo que requiere la reflexión sobre el progreso "lento y desigual, y revisar [las] políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza". Asimismo, para lograr el objetivo antes mencionado, se estableció como meta específica "[d]e aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor"90.

90    Organización de las Naciones Unidas. Resolución 70/01. Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Objetivo No. 8.

69.            Por otra parte, la Corte advierte que tribunales de la más alta jerarquía en la región se han referido a los alcances de la protección del derecho al trabajo de personas con discapacidad, específicamente respecto a la protección en contra del despido. La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que el derecho a la estabilidad laboral goza de una protección reforzada respecto de los trabajadores con discapacidades, por lo que no procede el despido de una persona con discapacidad sin autorización del Ministerio del Trabajo. Asimismo, dicha Corte consideró que resulta inconstitucional cualquier norma o actuación que impida el acceso a cargos de personas "(i) cuya situación de discapacidad no está demostrada como incompatible con las funciones esenciales a desempeñar; (ii) que tienen discapacidades incompatibles con las funciones accidentales accesorias o delegables del cargo, pero compatibles con las funciones esenciales; (iii) que podrían desempeñar adecuadamente las funciones del respectivo cargo o empleo si se adoptaran adecuaciones laborales razonables"91.

91       Cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-340/17, de 19 de mayo de 2017, págs. 26 y 27.

70.            Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha razonado que, a fin de desvirtuar cualquier posible vicio discriminatorio respecto del despido de una persona con discapacidad, existe una obligación reforzada de motivación para las autoridades jurisdiccionales que conozcan casos donde la parte trabajadora alegue que su despido se debe a una situación de discriminación92. Ello se debe, de acuerdo a lo señalado por dicha Corte, a que, "cuando se toma una decisión o se actúa con base en una situación discriminatoria, el agente que actúa o decide no suele reconocer que el motivo central o real que fundamenta su decisión se basa en tal motivo -discriminación- , sino que tenderá a encubrirla"93.

92   Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, amparo directo en revisión número 3708/2016, de mayo de 2017, pág. 28.

93        Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, amparo directo en revisión número 3708/2016, de mayo de 2017, pág. 29.

71.            Asimismo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha considerado que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se incorporó al ordenamiento jurídico brasileño como norma constitucional. En este sentido, determinó la inconstitucionalidad de una norma que excluía a los trabajadores marítimos de la política pública de inclusión de personas con discapacidad. Con base en el artículo 27 de la CDPD, dicho Tribunal estableció que la discapacidad física, por sí misma, no inhabilita a un trabajador para el desempeño de actividades laborales en embarcaciones, pues no existe un requisito legal o convencional de plena capacidad física para cualquier y toda actividad marítima. Asimismo, determinó que la exclusión de los trabajos marítimos del cálculo sobre el número de vacantes destinadas a personas con discapacidad carecía de razonabilidad y proporcionalidad, y constituía una diferenciación normativa discriminatoria y un obstáculo arbitrario al trabajo, ya que reducía la disponibilidad de puestos de trabajo para esta categoría de personas94.

94 Cfr. Supremo Tribunal Federal de Brasil, Acción Directa  de  Inconstitucionalidad  No.  5.760  de  13  de septiembre de 2019.

72.            Adicionalmente, la Corte Constitucional de Ecuador, respecto de la decisión de un tribunal de segunda instancia que avaló un despido de una persona con discapacidad, consideró que, lejos de proceder un examen de mera legalidad y de la potestad de la terminación unilateral de los contratos por servicios ocasionales, resultaba necesario y obligatorio efectuar un análisis constitucional. Este análisis requería revisar si la entidad garantizó o no los derechos y la dignidad de la persona con discapacidad, y si consideró integralmente el conjunto de instrumentos que regulaban la materia y que fueron promulgados para proveer a este grupo de ciudadanos una atención prioritaria y una protección especial, a fin de garantizarles una verdadera igualdad en el trabajo95.

95      Cfr. Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 258-15 de 12 de agosto de 2015, pág. 20.

73.            En consideración a lo anterior, esta Corte advierte que existe una obligación reforzada para los Estados de respetar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en el ámbito público. Esta obligación se traduce, en primer lugar, en la prohibición de realizar cualquier acto de discriminación por motivos de discapacidad relativas al goce de sus derechos laborales, en particular respecto a la selección y contratación en el empleo, así como en la permanencia en el puesto o ascenso, y en las condiciones laborales; y, en segundo lugar, derivado del mandato de igualdad real o material, en la obligación de adoptar medidas positivas de inclusión laboral de las personas con discapacidad, las cuales deben dirigirse a remover progresivamente las barreras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos laborales. De esta forma, los Estados se encuentran obligados a adoptar medidas para que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los concursos públicos mediante la formación profesional y la educación, así como la adopción de ajustes especiales en los mecanismos de evaluación que permitan la participación en condiciones de igualdad, y a emplear personas con discapacidad en el sector público.

74.            Adicionalmente, este Tribunal considera que la obligación reforzada de protección del derecho al trabajo para personas con discapacidad impone obligaciones específicas a las autoridades que conocen sobre los recursos presentados donde se aleguen actos de discriminación en el ámbito laboral96. Esta obligación exige una diligencia rigurosa en la garantía y respeto de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de recursos administrativos y judiciales que analicen sobre violaciones al derecho al trabajo97. De esta forma, en primer lugar, las autoridades deberán abstenerse de   que sus decisiones se fundamenten en razonamientos discriminatorios98. En segundo lugar, deberán analizar con mayor rigurosidad si el derecho al trabajo de personas con discapacidad se pudo ver afectado por actos discriminatorios de las autoridades o de terceros99. En este punto, la Corte considera que las autoridades que conozcan de estos recursos deben analizar que se demuestre suficientemente que una diferencia de trato de una persona con discapacidad es justificada, tomando especial consideración su situación de vulnerabilidad100.

96     Cfr. Mutatis mutandis, Caso Furlán y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 201

97 Cfr. Caso Furlán y familiares Vs.  Argentina.  Excepciones  Preliminares,  Fondo,  Reparaciones  y  Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párrs. 201 y 202. Véase, en similar sentido, Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, Terruli, Jorge Miguel contra González, Manuel Enrique y otros sobre ejecución hipotecaria, sentencia de 22 de diciembre de 2015, considerandos 7 y 13, y Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", adoptadas en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia en marzo de 2008, regla 25.

98 Cfr. Mutatis mutandis, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 237 y Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de noviembre de 2021. Serie C No. 441, párr. 159.

99       Cfr. Mutatis mutandis, Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348., párrs. 181, 191, y 221. En el mismo sentido, véase, inter alia, Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, amparo directo en revisión número 3708/2016, de mayo de 2017, págs. 28 y 29, y Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 258-15 de 12 de agosto de 2015, pág. 20.

100 Cfr. Corte Suprema de la Nación Argentina, "Terruli, Jorge Miguel contra González, Manuel Enrique y  otros sobre ejecución hipotecaria", 22.12.2015.

B.3.  Análisis del caso concreto

75.            De acuerdo a lo dispuesto en los párrafos anteriores, y en atención al reconocimiento total de responsabilidad del Estado, corresponde a la Corte analizar la conducta estatal respecto del cumplimiento de sus obligaciones de respeto de los derechos a la igualdad ante la ley y al trabajo, y la prohibición de discriminación, en relación con la participación del señor Guevara en el concurso para obtener el puesto 010179 en propiedad de Trabajador Misceláneo 1 en el Ministerio de Hacienda, y sobre el término de su relación laboral como funcionario interino tras no haber sido seleccionado en dicho concurso.

76.            La Corte recuerda que el señor Guevara fue nombrado por el Ministerio de Hacienda como funcionario interino en el puesto de Trabajador Misceláneo 1 el 4 de junio de 2001. En el año 2003, el señor Guevara participó en el concurso 01-02 para obtener el nombramiento en propiedad para el mismo puesto. El 6 de marzo de 2003, la Unidad Técnica de Recursos Humanos remitió la terna en la que figuraba que el señor Guevara había obtenido la calificación más alta entre los candidatos. En documento fechado el 13 de junio de 2003, el Jefe del Área de Mantenimiento le manifestó al Coordinador General de la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios Generales que la labor del señor Guevara en el puesto de "Misceláneo 1" "no es satisfactoria" y solicitó "nombrar alguna persona funcional para el puesto". Asimismo, agregó que "por sus problemas de retardo y bloqueo emocional que padece, (información brindada por su madre), considero no es una persona acta (sic) para el puesto. Si se le quisiera ayudar existen varias formas de hacerlo".

77.            En documento de la misma fecha, el Coordinador General de la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios Generales remitió a la Coordinadora General de la Unidad Técnica de Recursos Humanos el oficio enviado por el Jefe de Mantenimiento, y agregó que "el comportamiento de don Luis Fernando ha incidido negativamente en su devenir laboral e incluso sus actitudes, pueden afectar su seguridad personal, reitero por el tipo de funciones que se realizan por lo cual se sugiere reconsiderar su nombramiento". Posteriormente, el Oficial Mayor y Director Administrativo y Financiero del Ministerio de Hacienda informó al señor Guevara que no fue seleccionado en el concurso antes señalado, por lo que su nombramiento como funcionario interino cesaría el 16 de junio de 2003. El señor Guevara alegó la existencia de actos de discriminación en su contra, motivados por su discapacidad intelectual, en los distintos recursos que interpuso. En dichos recursos también presentó información adicional sobre su adecuado desempeño en el trabajo, y sobre la ausencia de reportes negativos101.

101       Cfr. Recurso de amparo interpuesto por el señor Guevara Díaz ante la Sala Constitucional de  la Corte Suprema el 5 de agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 965).

78.            La Corte considera que las referencias al señor Guevara contenidas en el oficio 044-2003 del Jefe de Área de Mantenimiento dirigido al Coordinador General de la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios Generales, y en el oficio de este último dirigido a la Coordinadora General de la Unidad Técnica de Recursos Humanos, constituyen suficientes elementos de prueba para demostrar que la razón por la cual el señor Guevara no fue elegido para el puesto en titularidad de Trabajador Misceláneo 1 se basó en su condición de persona con discapacidad intelectual102. La anterior conclusión, reconocida por el Estado, se desprende del contenido mismo de los oficios, que hacen claras alusiones a la discapacidad del señor Guevara como motivo para no contratarle, y se refuerza por aquellos elementos que permiten concluir que la víctima cumplía con los requisitos para obtener el nombramiento para el que concursaba. Estos elementos incluyen que obtuviera la calificación más alta en el concurso 010179, que contaba con experiencia de dos años en el puesto, que no existían informes sobre el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, y que, por el contrario, se le reconoció su efectividad en el trabajo103.

102       Cfr. Peritaje de Silvia  Judith  Quan Chang  (expediente de prueba, carpeta  de  material audiovisual, minuto 15:00).

103       Cfr. Recurso de amparo interpuesto por el señor Guevara Díaz ante la Sala Constitucional de  la Corte Suprema el 5 de agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 965).

79.            De esta forma, el Tribunal advierte que durante la selección en el concurso 010179 existió una diferencia de trato hacia el señor Guevara, la cual estuvo basada en su discapacidad intelectual. Dicha diferencia se realizó sin que existiera justificación objetiva y razonable alguna que la sustentara, y fue la razón principal por la que no se nombrara al señor Guevara en propiedad para el puesto de Trabajador Misceláneo 1. Lo anterior constituyó un acto de discriminación directa en el acceso al empleo y, por lo tanto, una violación al derecho al trabajo del señor Guevara.

80.            En relación con lo anterior, este Tribunal destaca que podría resultar razonable y admisible la decisión de no nombrar a una persona con motivo de una discapacidad en caso de que ésta sea incompatible con las funciones esenciales que se van a desempeñar. No obstante, la ausencia de una justificación adecuada para decidir no nombrar a una persona con motivo de una discapacidad genera una presunción sobre el carácter discriminatorio de esta medida. Esto obliga a una fundamentación más rigurosa que determine las razones objetivas por las que se adopta dicha decisión. En este sentido, cuando las autoridades administrativas involucradas en la decisión de seleccionar al ganador del concurso para el puesto 010179 decidieron no nombrar al señor Guevara por motivo de su discapacidad, y en el ejercicio de "facultades discrecionales", como lo señaló el Oficial Mayor y Director General Administrativo y Financiero del Ministerio de Hacienda en su respuesta al recurso de revocatoria, el Estado incumplió con el deber de realizar una argumentación suficiente que justificara dicha decisión.

81.            Adicionalmente, la Corte recuerda que el Reglamento Autónomo del Ministerio de Hacienda señalaba que la relación laboral de los trabajadores interinos terminaba   una vez que se escogiera de la terna un candidato para ocupar un puesto en propiedad. De esta forma, el señor Guevara fue cesado de su cargo interino de Trabajador Misceláneo 1 en el Ministerio de Hacienda como resultado de no haber sido seleccionado en el concurso 01-02. Como se señaló anteriormente, la víctima fue discriminada en dicho concurso por motivo de su discapacidad intelectual, lo que derivó en que no fuera seleccionada para obtener el nombramiento en propiedad en el puesto. Por esta razón, el Tribunal considera que el cese del señor Guevara resultó injustificado, en la medida en que ocurrió como consecuencia directa de la discriminación sufrida en el concurso 01- 02. Por lo tanto, constituyó una violación a su derecho a la permanencia en el empleo. 82. En consideración a lo anterior, y de conformidad con el reconocimiento de responsabilidad estatal, esta Corte concluye que la discriminación sufrida por el señor Guevara en el acceso y la permanencia en el empleo constituyó una violación al derecho al trabajo, al derecho a la igualdad ante la ley, y un incumplimiento del deber del Estado de la prohibición de discriminación. En consecuencia, el Estado es responsable por la violación a los artículos 26 y 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Luis Fernando Guevara Díaz.

VIII   REPARACIONES

83.             Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado104. Además, este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por tanto, la Corte deberá analizar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho105.

104       Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párrs. 24 y 25, y Caso Pavez Pavez Vs. Chile, supra, párr. 161.

105       Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y Caso Pavez Pavez Vs. Chile, supra, párr. 163.

84.             En consecuencia, sin perjuicio de cualquier forma de reparación que se acuerde posteriormente entre el Estado y las víctimas, y de acuerdo con las consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones a la Convención declaradas en la presente Sentencia, y el reconocimiento de responsabilidad del Estado, el Tribunal procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y el representante de la víctima, así como las observaciones del Estado a las mismas, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar, con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados106.

106      Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 25 y 26, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Chile, supra, párr. 165.

A.   Parte Lesionada

85.             Este Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo tanto, esta Corte considera como "parte lesionada" a Luis Fernando Guevara Díaz, quien en su carácter de víctima de las violaciones declaradas en el Capítulo VII, será considerado beneficiario de las reparaciones que la Corte ordene.