CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS¹

¹Integrada por las juezas y jueces siguientes Ricardo C. Pérez Manrique, Humberto Antonio Sierra Porto, Eduardo Ferrer Mac- Gregor Poisot Verónica Gómez, Patricia Pérez Goldberg y Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch. La Jueza Nancy López, de nacionalidad costarricense, no participó en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.

CASO MOYA CHACÓN Y OTRO VS. COSTA RICA

SENTENCIA DE 23 DE MAYO DE 2022

(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

RESUMEN OFICIAL EMITIDO

POR LA CORTE INTERAMERICANA

El 23 de mayo de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte" o "este Tribunal") dictó una Sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves, como resultado de la imposición de una condena civil por la publicación de una nota de prensa de 17 de diciembre de 2005, en la cual se daba cuenta de presuntas irregularidades que habrían tenido lugar en el control del trasiego de licores hacia Costa Rica en la zona fronteriza con Panamá y se mencionaba a distintos funcionarios policiales que habrían estado involucrados en dichos hechos. En particular, la Corte declaró que el Estado de Costa Rica violó los artículos 13.1 y 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 del mismo instrumento.

I. Hechos

A. Publicación de la nota de prensa en el diario La Nación el 17 de diciembre de 2005.

En diciembre de 2005, el periodista Freddy Parrales, entonces corresponsal del diario La Nación de Costa Rica encargado de cubrir la zona sur del país, recibió información según la cual varios jefes y oficiales de las fuerzas de seguridad del Estado habrían estado siendo investigados por asuntos vinculados con contrabando de licores en una zona fronteriza con Panamá. Tras confirmar la noticia con el Organismo de Investigación Judicial, el señor Parrales comunicó dicha situación al señor Ronald Moya Chacón, quien en aquel entonces se desempeñaba como editor de la sección de "sucesos" del citado diario. El señor Moya Chacón, a su vez, se comunicó y solicitó información a quien entonces fungía como Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, quien confirmó verbalmente que existía una "situación desastrosa" en la zona sur del país, en la cual estaban implicados varios jefes policiales.

El 17 de diciembre de 2005 se publicó en la sección de "sucesos" del diario La Nación una nota de prensa bajo el título "OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores", la cual estaba firmada por los periodistas Ronald Moya y Freddy Parrales. La nota de prensa reportó que en el mes de junio de ese mismo año un jefe regional de la Fuerza Pública habría liberado un vehículo que contenía mercancía de licores, sin "razones legales" para ello. Este hecho tuvo como consecuencia que el OIJ presentara una denuncia contra dicho jefe policial. A continuación, y en un acápite titulado "Más casos", la nota de prensa señalaba que dicho caso no era el único en la zona sur del país, ya que, según lo señalado por el entonces Ministro de Seguridad Pública, existían al menos otros dos casos que estaban siendo investigados, indicando incluso que los jefes policiales implicados (haciendo referencia, entre otros, al señor J.C.T.R.) serían posiblemente removidos.

Como consecuencia de la nota de prensa publicada, el 19 de diciembre 2005 el señor J.C.T.R., quien entonces ostentaba el rango de Mayor de Policía y se desempeñaba como sub-jefe de la Delegación de Comando de San Vito de Coto Brus, remitió una carta notarial dirigida al director del departamento de redacción de La Nación, en la cual requería que se le diera a conocer el origen de la información suministrada y las pruebas que habían tenido a la vista para realizar las afirmaciones tan serias que se han realizado. Asimismo, manifestó que las afirmaciones eran falsas. En respuesta a dicho requerimiento la Secretaria de la Dirección del diario La Nación indicó que "las fuentes y documentos en poder de La Nación son confidenciales y no se entregan a particulares".

Asimismo, el 31 de enero del 2006 la oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública remitió una nota al periodista Moya Chacón, advirtiéndole que existía una causa por "extorsión" contra el señor J.C.T.R. que se tramitaba en la Fiscalía de Coto Brus y no en la Fiscalía de Corredores. En vista de lo anterior, con fecha 9 de febrero de 2006 el periódico La Nación publicó una Fe de Erratas titulada "Error con fiscalía", en la que se enmendaba un error con respecto al foro donde estaba siendo investigado el señor J.C.T.R. por el delito de extorsión.

B. Proceso interno seguido a raíz de la publicación de la nota de prensa

El 7 de febrero de 2006, a raíz de la publicación de la referida nota de prensa, J.C.T.R. interpuso una querella en contra de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves, así como en contra del entonces Ministro de Seguridad Pública, por la comisión de los delitos de calumnia y difamación. Asimismo, J.C.T.R. interpuso en la misma causa penal una acción civil resarcitoria en contra de ambos periodistas, del Ministro de Seguridad Pública, del periódico La Nación y del Estado de Costa Rica.

El 10 de enero de 2007 el Tribunal de Juicio de Segundo Circuito de San José, Goicochea (en adelante, "el Tribunal de Juicio") dictó una sentencia en la cual, tras recalificar la calumnia como injuria por la prensa, resolvió absolver "de toda responsabilidad penal por los delitos de difamación e injuria por la prensa" a los señores Freddy Parrales Chaves, Ronald Moya Chacón y al Ministro de Seguridad Pública, toda vez que no se demostró el elemento subjetivo del tipo penal.

No obstante, la sentencia advirtió que se había configurado "una acción dañosa" la cual, si bien no resultó típica penalmente, era "generadora de responsabilidad civil directamente ocasionada por la publicación de un hecho falso desacreditante e injurioso en un medio escrito". En particular, el Tribunal de Juicio consideró que la referida publicación había "atribuido falsamente" al señor J.C.T.R. que estaba siendo investigado por la presunta comisión de un delito de extorsión ligado a actividades de trasiego de licores, cuando lo cierto es que estaba siendo investigado desde el mes de agosto 2005 por el delito extorsión, posteriormente recalificado como cohecho. El Tribunal de Juicio declaró sin lugar la excepción de verdad alegada por todos los querellados, en el entendido de que la causa a la que hacía referencia la citada noticia no tenía "ni por asomo" relación con el trasiego de licores, una imputación que, según el referido Tribunal, constituía "una imputación sumamente seria", de naturaleza "injurios[a], difamante y ofensiv[a]". Lo anterior supuso un daño moral "grave" al señor J.C.T.R. que afectó a su "honor objetivo y subjetivo", generando un "menoscabo y desprestigio en el sector laboral" ante "los subalternos, familia y comunidad".

Asimismo, consideró que en el presente caso había tenido lugar un "grave descuido y falta al deber cuidado", así como una actuación negligente por parte de las tres personas querelladas. El Tribunal de Juicio añadió que los periodistas Moya Chacón y Parrales Chaves deberían haber realizado una mayor verificación de las fuentes y la noticia, "por ejemplo, acudiendo a la Oficina de Prensa del Poder Judicial y así comprobar los pormenores de la causa penal".

A la vista de lo anterior, el Tribunal de Juicio resolvió declarar con lugar la acción civil resarcitoria y, en consecuencia, condenó de manera solidaria a los señores Freddy Parrales Chaves y Ronald Moya Chacón, así como al Ministro de Seguridad Pública, al periódico La Nación y al Estado de Costa Rica al pago solidario de cinco millones de colones (aproximadamente USD$ 9,600,00 a la fecha de los hechos) por concepto de daño moral y de un millón de colones (aproximadamente USD$ 1,900,00 a la fecha de los hechos) por concepto de costas personales.

C. Recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 10 de enero de 2007

Los días 30 de enero y 7 de febrero de 2007, los señores Moya Chacón y Parrales Chaves, el diario La Nación, así como el Ministro de Seguridad presentaron, respectivamente, un recurso de casación contra la referida sentencia de 10 de enero de 2007 dictada por el Tribunal de Juicio, solicitando su anulación.

El 20 de diciembre de 2007 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia adoptada por el Tribunal de Juicio. Encuadró la nota de prensa como una pieza de "periodismo informativo", advirtiendo que el derecho a la información existía en tanto "la información que se brinde sea cierta" ya que, de lo contrario, este tipo de acciones están sujetas a "responsabilidades penales y pecuniarias" que eventualmente derivaran del daño causado. Consideró, asimismo, que el fallo del Tribunal de Juicio tuvo por demostrado que había responsabilidad por culpa, toda vez que existió "claramente" una relación de causalidad entre la conducta y el daño causado, "al haberse informado equivocadamente sobre situaciones que eran fácilmente corroborables".

El 29 de abril de 2008 el diario La Nación realizó el pago total de seis millones de colones al que habían sido condenadas todas las personas de manera solidaria.

II. Fondo

La Corte recordó que el derecho a la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática y que, sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios.

Asimismo, el Tribunal destacó que el ejercicio profesional del periodismo no podía ser diferenciado de la libertad de expresión sino que, por el contrario, ambas cosas estaban evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. La Corte también reiteró que los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. Adicionalmente, en el marco de la libertad de información, el Tribunal consideró que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos que divulga. Además, la Corte indicó que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca. Así, en el marco de esta protección que deben otorgar los Estados, resulta fundamental la protección de fuentes periodísticas, piedra angular de la libertad de prensa y, en general, de una sociedad democrática, toda vez que permiten a las sociedades beneficiarse del periodismo de investigación con el fin de reforzar la buena gobernanza y el Estado de Derecho. La confidencialidad de las fuentes periodísticas es, por lo tanto, esencial para el trabajo de los periodistas y para el rol que cumplen de informar a la sociedad sobre asuntos de interés público.

Sentado lo anterior, el Tribunal también recordó que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores en casos muy excepcionales y bajo el cumplimiento de una serie de estrictos requisitos. Así, el artículo 13.2 de la Convención Americana establece que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión, deben cumplir con los siguientes requisitos de forma concurrente: (i) estar previamente fijadas por ley, en sentido formal y material; (ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana y (iii) ser necesarias en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad).

En particular, en relación con el carácter necesario y el riguroso análisis de proporcionalidad que debe regir entre la limitación al derecho a la libertad de expresión y la protección del derecho a la honra se deberá buscar aquella intervención que, siendo la más idónea para restablecer la reputación dañada, contenga, además, un grado mínimo de afectación en el ámbito de la libertad de expresión. A este respecto, el Tribunal indicó que, en el marco de la libertad de información, existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos que divulga. Lo anterior no significa una exigencia estricta de veracidad, por lo menos en lo que hace referencia a cuestiones de interés público, reconociendo como descargo el que la publicación se haga de buena fe o justificadamente y siempre de conformidad con unos estándares mínimos de ética y profesionalidad en la búsqueda de la verdad. El Tribunal afirmó que, para que exista el periodismo de investigación en una sociedad democrática, es necesario dejar a los periodistas "espacio para el error", toda vez que sin ese margen de error no puede existir un periodismo independiente ni la posibilidad, por tanto, del necesario escrutinio democrático que dimana de este. Adicionalmente, el Tribunal también consideró que nadie podrá ser sometido a responsabilidades ulteriores por la difusión de información relacionada con un asunto público y que tenga como base material que es accesible al público o que proviene de fuentes oficiales. Por último, destacó la necesidad de que, en caso de estimarse adecuado otorgar una reparación a la persona agraviada en su honra, la finalidad de esta no debe ser la de castigar al emisor de la información, sino la de restaurar a la persona afectada. A este respecto, los Estados deben ejercer la máxima cautela al imponer reparaciones, de tal manera que no disuadan a la prensa de participar en la discusión de asuntos de legítimo interés público.

A la hora de aplicar los estándares interamericanos en la materia al caso concreto, el Tribunal constató, en primer lugar, que la nota de prensa "OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores", publicada en el diario La Nación el 17 de diciembre de 2005 y firmada por los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves, calificaba como una pieza de información la cual, además, versaba sobre un asunto de interés público.

En lo que respecta a la obligación de que la eventual responsabilidad ulterior deba estar previamente fijada por ley en sentido formal y material, el Tribunal advirtió que en el presente caso los señores Moya Chacón y Parrales Chaves fueron procesados por el tipo penal de injurias contemplado en el artículo 7 de la Ley de Imprenta en relación con el artículo 145 del Código Penal, así como por el delito de difamación previsto en el artículo 146 del referido Código Penal, si bien finalmente fueron absueltos en el ámbito penal y condenados civilmente en aplicación del artículo 1045 del Código Civil. Sentado lo anterior, el Tribunal analizó la convencionalidad del citado artículo 1045 del Código Civil y consideró que la redacción del referido precepto del Código Civil no era incompatible per se con el criterio de legalidad, si bien la interpretación de este artículo debía ser coherente con los principios convencionales sobre libertad de expresión contenidos en el artículo 13 de la Convención Americana y desarrollados por la jurisprudencia de este Tribunal.

En lo que respecta al fin legítimo perseguido, el Tribunal indicó que el presente caso se encuadraba en uno de los fines permitidos por el artículo 13.2 de la Convención, a saber, el "respeto a los derechos o a la reputación de los demás".

Asimismo, en relación con la idoneidad de la medida, el Tribunal consideró que el proceso civil iniciado por el señor J.C.T.R. contra los señores Moya Chacón y Parrales Chaves podía, en principio, ser idóneo para proteger las afectaciones al derecho a la honra que éste habría sufrido por la publicación de la nota periodística.

En relación con el análisis de necesidad y proporcionalidad de la sanción impuesta, el Tribunal advirtió con carácter preliminar que, si bien es cierto que los señores Moya Chacón y Parrales Chaves publicaron una información que a la postre resultó ser inexacta con respecto al señor J.C.T.R., no se demostró a nivel interno -y así lo declaró la sentencia del Tribunal de Juicio al absolver penalmente a ambos periodistas-que las presuntas víctimas tuvieran intención alguna de infligir un daño particular contra la persona o personas afectadas por la noticia. Señaló, además, que, en el presente caso, la información publicada en la nota de prensa dimanó de una fuente oficial -a saber, el Ministro de Seguridad- y que, por tanto, no era exigible obligar a los periodistas a proceder a realizar verificaciones adicionales. En línea con lo anterior, el Tribunal además advirtió que la sentencia del Tribunal de Juicio reprochó a los periodistas no haber acudido a la oficina de Prensa del Poder Judicial y así "comprobar los pormenores de la causa penal". Lo anterior significó la sugerencia de una fuente preferente, según el criterio del juzgador, lo cual resultó una exigencia desproporcionada para la libertad de expresión, extremadamente restrictiva de la libertad de prensa, por cuanto dicha imposición supondría establecer un mecanismo de intervención previa al modo con el que los periodistas llevan a cabo su actividad lo cual, a su vez, podría traducirse en un acto de censura. Adicionalmente, el Tribunal consideró que la solicitud del señor J.C.T.R. de que le brindaran información sobre el origen de la información suministrada era del todo improcedente. Por último, el Tribunal advirtió que la sanción impuesta a los periodistas tuvo un efecto amedrentador sobre estos y fue desproporcionada al fin que se perseguía.

En vista de todo lo anterior, el Tribunal concluyó que, en el presente caso, la sanción civil impuesta a los señores Moya Chacón y Parrales Chaves no fue necesaria ni proporcional al fin legítimo perseguido y, por tanto, contravino los artículos 13.1 y 13.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

III. Reparaciones

La Corte estableció que su Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado, en los plazos fijados en la sentencia: (i) dejar sin efecto la atribución de responsabilidad civil a los señores Freddy Parrales Chaves y Ronald Moya Chacón impuesta por los tribunales internos, (ii) publicar el resumen oficial de la Sentencia en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, así como la presente Sentencia, en su integridad, en un sitio web oficial del Estado, y (iii) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de daño inmaterial y costas.

La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_451_esp.pdf .

(Nota de Sinalevi: La presente sentencia se extrajo del sitio Web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se transcribe a continuación:)

CASO MOYA CHACÓN Y OTRO VS. COSTA RICA* SENTENCIA DE 23 DE MAYO DE 2022

(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "este Tribunal"), integrada por los siguientes jueces:

Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente; Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; Verónica Gómez, Jueza;

Patricia Pérez Goldberg, Jueza y

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, Juez;

presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención") y con los artículos 31, 32, 62, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento" o "el Reglamento de la Corte"), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

La Jueza Nancy Hernández López, de nacionalidad costarricense, no participó en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.

TABLA DE CONTENIDO

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

1.        El caso sometido a la Corte. - El 5 de agosto de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la Comisión") sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso "Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves" contra la República de Costa Rica (en adelante "el Estado" o "Costa Rica"). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se relaciona con la imposición de una medida de responsabilidad ulterior en contra del alegado ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves. La Comisión concluyó que la condena a una indemnización civil por daño moral por haber publicado un artículo periodístico que informaba sobre presuntas irregularidades en el control del trasiego de licores hacia Costa Rica supuso la violación de los derechos reconocidos en los artículos 13 (libertad de pensamiento y expresión) y 9 (principio de legalidad y retroactividad) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de dicho instrumento), en perjuicio de los citados periodistas.

2.        Trámite ante la Comisión. - El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

a)    Petición. - El 29 de agosto de 2008 los señores Pedro Nikken y Carlos Ayala Corao presentaron la petición inicial ante la Comisión.

b)   Informe de admisibilidad. - El 15 de agosto de 2014 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 75/14, en el que concluyó que la petición era admisible1.

1             El mismo fue notificado a las partes el 2 de octubre de 2014.

c)    Informe de Fondo. - El 28 de septiembre de 2019 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 148/19, de conformidad con el artículo 50 de la Convención (en adelante también "el Informe de Fondo" o "el Informe No. 148/19"), en el cual llegó a una serie de conclusiones, y formuló varias recomendaciones al Estado.

d)   Notificación al Estado. - El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 5 de diciembre de 2019, con un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento por parte de la Comisión de una primera prórroga de dos meses y una segunda prórroga de tres meses, el Estado de Costa Rica presentó un informe en el cual, según lo indicado por la Comisión, no informó sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones ni solicitó una nueva prórroga.

3.        Sometimiento a la Corte. - El 5 de agosto de 2020 la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo "ante la necesidad de obtención de justicia y reparación"2.

2             La Comisión designó, como sus delegados ante la Corte, a la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, al entonces Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y al entonces Secretario Ejecutivo Paulo Abrão. Asimismo, designó como asesores legales a la señora Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y a los especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Jorge Humberto Meza Flores y Cecilia La Hoz Barrera.

4.        Solicitudes de la Comisión Interamericana. - Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por las mismas violaciones señaladas en su Informe de Fondo. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado medidas de reparación, las cuales se detallan y analizan en el Capítulo VIII de la presente Sentencia. Este Tribunal nota con preocupación que, entre la presentación de la petición inicial ante la Comisión y el sometimiento del caso ante la Corte, han transcurrido casi doce años.

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

5.        Notificación a los representantes y al Estado. - El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado por la Corte a los representantes de las presuntas víctimas3 (en adelante "los representantes") y al Estado el 2 de septiembre de 2020.

3             Ejercen la representación de las presuntas víctimas en este caso los señores Carlos Ayala Corao, Carlos Tiffer Sotomayor, Edward Jesús Pérez y la señora María Daniela Rivero.

6.        Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. - El 3 de noviembre de 2020 los representantes de las presuntas víctimas presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "escrito de solicitudes y argumentos"). Los representantes coincidieron sustancialmente con los alegatos de la Comisión y solicitaron a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los mismos artículos indicados por la Comisión (a excepción del artículo 9) y, adicionalmente, la violación del artículo 8 de la Convención Americana4.

4             Asimismo, en su escrito de alegatos finales escritos añadieron la violación del artículo 9 de la Convención Americana.

7.        Escrito de contestación. - El 19 de enero de 2021 el Estado presentó ante la Corte su escrito de excepciones preliminares y contestación al sometimiento e Informe de Fondo de la Comisión Interamericana y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes (en adelante "escrito de contestación"). En dicho escrito, el Estado se opuso a las violaciones alegadas y a las medidas de reparación propuestas por la Comisión.

8.        Audiencia Pública. - Mediante Resolución de 13 de diciembre de 20215, la Presidencia convocó al Estado, a los representantes y a la Comisión Interamericana a una audiencia pública para recibir sus alegatos y observaciones finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como para recibir las declaraciones de la presunta víctima propuesta por los representantes, de un perito ofrecido por el Estado y de un perito ofrecido por la Comisión Interamericana. La audiencia pública fue celebrada el 14 de febrero de 2022, durante el 146° Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en su sede6.

5             Cfr. Caso Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de diciembre de 2021. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/moya_chacon_13_12_2021.pdf

6             A esta audiencia comparecieron:

9.        Amicus Curiae. - El Tribunal recibió un escrito de amicus curiae presentado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), El Veinte y Media Defence7.

7             El escrito fue firmado por Jonathan Carl Bock Ruiz, Raissa Carrillo Villamizar y María José González Méndez (FLIP); Ana Bejarano Ricaurte, Emmanuel Vargas Penagos y Susana Echavarría Medina (El Veinte) y Carlos Gaio (Media Defence) y se refiere a (i) la protección reforzada de las expresiones de interés público y el rol de la prensa en su diseminación (ii) los principios internacionales con respecto al estándar de prueba aplicable en casos de difamación y (iii) los elementos para

a)  por la Comisión Interamericana: Carlos Bernal Pulido, Comisionado; Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva; Pedro José Vaca Villareal, Relator Especial para la Libertad de Expresión; Jorge Meza Flores, Asesor; Analía Banfi Vique, Asesora, y César Mauricio González Flores, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión;

b)  por la representación de las presuntas víctimas: Carlos Ayala Corao, Carlos Tiffer, María Daniela Rivero y Armando González Rodicio.

c)  por el Estado de Costa Rica: Patricia Solano Castro, Magistrada Presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (Agente); Natalia Córdoba Ulate, Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Agente); Ricardo Salas Porras, Letrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (Agente); Carlos Jiménez González, Gestor en Materia Penal de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; José Carlos Jiménez Alpízar, Coordinador del Área de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Rodolfo Lizano Ramírez, Tercer Secretario de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y Steven Orozco Fonseca, Asesor Legal de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

10.     Alegatos y observaciones finales escritos. - El 9 de marzo de 2022 el Estado remitió sus alegatos finales escritos y el 15 de marzo de 2022 los representantes remitieron sus respectivos alegatos finales escritos y la Comisión presentó sus observaciones finales escritas. Los representantes remitieron dos anexos junto con su escrito de alegatos finales escritos. Ni el Estado ni la Comisión realizaron observaciones al respecto.

11.     Deliberación del presente caso. - La Corte deliberó la presente Sentencia durante los días 16, 17, 18 y 23 de mayo de 2022, en el marco del 148° Período Ordinario de Sesiones.

III     COMPETENCIA

12.     La Corte Interamericana es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, en razón de que Costa Rica es Estado Parte en la Convención Americana desde el 8 de abril de 1970 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 2 de julio de 1980.

IV EXCEPCIONES PRELIMINARES

A.        Alegada vulneración del principio de igualdad procesal y del derecho de defensa

13.     El Estado indicó que, durante la sustanciación del presente caso ante la Comisión, este órgano "modificó el objeto en litigio", el cual había sido determinado, tanto por las presuntas víctimas al interponer su petición inicial ante la Comisión, como por la delimitación fáctica y jurídica que efectuó la Comisión al adoptar el Informe de Admisibilidad, en cuanto a que la Petición No. 1018-08 fue declarada admisible únicamente respecto a los artículos 13, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Precisó que la Comisión incluyó la violación de los artículos 2 y 9 de la Convención en su Informe de Fondo, "sin que el Estado tuviera la oportunidad procesal para haber esbozado sus alegatos de admisibilidad y fondo", lo cual colocó al Estado en una "clara situación de desigualdad procesal, en tanto se determinaban como vulnerados dos artículos que, además de no haber sido considerados por la parte peticionaria, no fueron así determinados por la [Comisión] al decidir sobre la admisibilidad de la petición". A la vista de lo anterior, el Estado solicitó que la Corte "revisar[a] lo actuado" y declarara la violación del principio de igualdad procesal y el derecho de defensa del Estado.

14.     La Comisión observó que, desde la petición inicial, el proceso penal, su resultado y, consecuentemente, la normativa que lo sustentó, formó parte de los hechos que fueron puestos en conocimiento del Estado, el cual presentó sus observaciones a ese respecto. Destacó que, en virtud del principio iura novit curia, estaba facultada para calificar jurídicamente los hechos que se someten a su conocimiento y declarar aplicables normas que no hubiesen sido invocadas por las partes.

15.     Los representantes alegaron que la violación al derecho a la defensa por la inconsistencia entre el Informe de Admisibilidad y el Informe de Fondo podría darse cuando hubiera modificaciones en el marco fáctico sobre el cual versa el caso. No obstante, en el presente, no existía violación del derecho a la defensa toda vez que la Comisión, con base en los mismos hechos contenidos en su informe de admisibilidad, posteriormente al analizar los méritos en su Informe de Fondo, declaró la violación de otro artículo de la Convención. En segundo lugar, indicaron que el principio iura   novit analizar la proporcionalidad de una sanción civil en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

curia habilita a la Corte Interamericana (y a la Comisión) a identificar -incluso de oficio- vulneraciones a derechos humanos que se desprendan del marco fáctico de un caso, con independencia del momento procesal en el que se hayan alegado las violaciones a dichos artículos, e incluso de si han sido alegados en general.

16.     Esta Corte ha sostenido que la Comisión Interamericana tiene autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a lo establecido por la Convención Americana y, particularmente, en el ejercicio de las funciones que le competen en el procedimiento relativo al trámite de peticiones individuales dispuesto por los artículos 44 a 51 de la Convención. No obstante, en asuntos que estén bajo su conocimiento, la Corte tiene la atribución de efectuar un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión8. Ello no supone necesariamente revisar el procedimiento que se llevó a cabo ante ésta, salvo en caso de que alguna de las partes alegue fundadamente que exista un error grave que vulnere su derecho de defensa9. Asimismo, la Corte debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del Sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional10.

8             Cfr. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de   Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A No. 19, puntos resolutivos primero y tercero; Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 32, y Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 1 de febrero de 2022. Serie C No. 448, párr. 18.

9             Cfr. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones   Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 66, y Caso Villamizar Durán y otros Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 364, párr. 43.

10            Cfr. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname, supra, párr. 32, y Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, supra, párr. 18.

17.     El Tribunal recuerda, además, que la parte que afirma que una actuación de la Comisión durante el procedimiento ante la misma ha sido llevada a cabo mediante un error grave que afectó su derecho de defensa debe demostrar efectivamente tal perjuicio. Por ello, a este respecto, no resulta suficiente una queja o discrepancia de criterios con relación a lo actuado por la Comisión Interamericana11.

11            Cfr. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname, supra, párr. 32, y Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú, supra, párr. 18.

18.     La Corte, en su carácter de órgano jurisdiccional, procede en el presente caso a revisar lo actuado precedentemente y decidido por la Comisión, en aras de asegurar la procedencia de los requisitos de admisibilidad y los principios de contradicción, equidad procesal y seguridad jurídica12.

12            Cfr. Caso Grande Vs. Argentina. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 231, párr. 46, y Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 28.

19.     Respecto a la inclusión de nuevas violaciones de derechos en el Informe de Fondo que no fueron indicados previamente en el Informe de Admisibilidad de la Comisión, la Corte advierte que los derechos indicados en el Informe de Admisibilidad son el resultado de un examen preliminar de la petición que se encontraba en curso, por lo que no limitaban la posibilidad de que en etapas posteriores del proceso pudieran incluirse otros derechos o artículos que presuntamente hubieran sido vulnerados, siempre y cuando se respete el derecho de defensa del Estado en el marco de la base fáctica del caso bajo análisis, cuestión que sucedió en el presente caso. Además, la Corte constata que el Estado no desplegó ningún alegato en torno al eventual perjuicio ocasionado y, en particular, las afectaciones que habrían tenido lugar respecto de su derecho a la defensa.

20.     A la vista de lo anteriormente expuesto, y toda vez que la inclusión por parte de la  Comisión

de la alegada la violación de los artículos 2 y 9 de la Convención Americana en el Informe de Fondo se inscribe dentro del marco fáctico del presente caso y, en particular, se relaciona con la legislación aplicable al momento de los hechos objeto de debate ante este Tribunal, la excepción preliminar debe ser desestimada.

B.       Alegada falta de agotamiento de recursos internos

21.     El Estado señaló que, respecto a los hechos asociados a la violación de los artículos 2 y 9 de la Convención, las presuntas víctimas y sus representantes no cumplieron con la obligación de agotar los recursos de la jurisdicción interna. En particular, indicó que debían haber interpuesto una acción de inconstitucionalidad, la cual era un recurso "disponible y eficaz". Con respecto a la alegada violación del artículo 8 de la Convención, añadió que los alegatos particulares en relación con la determinación del monto impuesto como indemnización civil no fueron planteados por las presuntas víctimas mediante el recurso previsto legalmente para ello.

22.     La Comisión destacó que, pese a que el Estado tenía conocimiento sobre los hechos relacionados con el proceso penal, no invocó en el procedimiento ante la Comisión la falta de agotamiento de recursos internos respecto de la acción de inconstitucionalidad, ni presentó prueba alguna de su idoneidad y efectividad. Por el contrario, tanto en la etapa de admisibilidad como en la etapa de fondo, el Estado indicó que la actuación en dicho ámbito fue apegada a la Convención Americana. En vista de lo anterior, la excepción relacionada con el agotamiento de la acción de inconstitucionalidad que pretendía introducir el Estado en esta etapa del proceso resultaría extemporánea conforme a la jurisprudencia consolidada de la Corte.

23.     Los representantes alegaron que el Estado no opuso excepción preliminar alguna respecto al agotamiento de recursos internos ante la Comisión en las primeras etapas procesales del litigio. Indicaron, además, que incluso el Informe de Admisibilidad del caso reflejaba que el Estado de Costa Rica reconoció que las presuntas víctimas agotaron los recursos que el derecho costarricense disponía para impugnar la sanción judicial impuesta. Señalaron que, en todo caso, y como complemento a la extemporaneidad y a la improcedencia de la excepción planteada por el Estado, el hecho de que éste haya sostenido una posición inicial a favor de la admisibilidad mediante la cual reconocía que se habían agotado los recursos internos, generaba que operase el principio de estoppel. Con carácter subsidiario, indicaron que el Estado no probó cuándo, cómo, ni por qué, el recurso de inconstitucionalidad contra las normas del Código Penal habría sido un recurso idóneo para impedir de manera efectiva que fuesen sometidos a un proceso penal. Añadieron que no podía interponerse una acción de inconstitucionalidad contra la tipificación de los delitos de calumnia o de injuria por la prensa, previstos en los artículos 147 del Código Penal y 7 de la Ley de Imprenta dado que, una vez que la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo definitivo condenatorio, ya no había lugar a la interposición de la acción de inconstitucionalidad, pues no existía proceso en curso, conforme así lo exige el derecho costarricense.

24.     El Tribunal recuerda que el artículo 46.1.a) de la Convención Americana dispone que, para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con los artículos 44 o 45 de la Convención, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos13. Lo anterior, sin embargo, supone que no sólo deben existir formalmente esos recursos, sino también deben ser adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones  contempladas  en  el  artículo  46.2  de  la  Convención14.  Asimismo,  es jurisprudencia constante de esta Corte que una objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno15, esto es, durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión16, y deben señalarse con precisión los recursos que deben agotarse y su efectividad.

13            Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1 párr. 85, y Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú, supra, párr. 25.

14            Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 63, y Caso

15            Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, supra, párr. 88, y Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú, supra, párr. 26.

16            Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 81, y Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú, supra, párr. 26.

25.     En línea con lo anterior, el Tribunal observa que, desde la petición inicial ante la Comisión, el proceso penal, su resultado y, consecuentemente, la normativa que lo sustentaba, formaban parte de los hechos que fueron puestos en conocimiento del Estado. Lo anterior también supuso que la convencionalidad de la normativa aplicada por las instancias nacionales fuera puesta en cuestionamiento desde la referida petición inicial. Por tanto, el Estado tenía la carga procesal de presentar los argumentos de admisibilidad sobre estos hechos en la primera oportunidad posible ante la Comisión17, lo cual correspondería, en este caso, a la etapa de admisibilidad del mismo, todo ello sin perjuicio de que en una etapa posterior se derivaran otras violaciones que guardaran una estrecha relación con los mismos hechos. Así, pese a que, desde el traslado de la petición inicial, el Estado tenía conocimiento y se pudo pronunciar sobre los hechos relacionados con el proceso penal y la normativa aplicada, no invocó la falta de agotamiento de recursos internos respecto de la acción de inconstitucionalidad, ni presentó prueba alguna de su idoneidad y efectividad. En efecto, la Corte advierte que el Estado interpuso la presente excepción preliminar, por primera vez, junto con su escrito de contestación, esto es, en un momento procesal muy posterior al momento en el que fue informado sobre estos hechos, y, por tanto, su presentación es extemporánea, razón por la cual se desestima dicha excepción preliminar.

17            Cfr. Caso Mémoli Vs. Argentina, supra, párr. 50, y Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú, supra, párr. 26.

V    PRUEBA

A.       Admisibilidad de la prueba documental

26.     El Tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión, los representantes y el Estado, los cuales, como en otros casos, se admiten en el entendido de que fueron presentados en la debida oportunidad procesal (artículo 57 del Reglamento)18.

18            La prueba documental puede ser presentada, en general y de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda, y no es admisible la prueba remitida fuera de esas oportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del Reglamento (a saber, fuerza mayor, impedimento grave) o salvo si se tratara de un hecho superviniente, es decir, ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales. Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párrs. 17 y 18, y Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú, supra, párr. 35.

27.     La Corte también recibió documentos adjuntos a los alegatos finales escritos presentados por los representantes de las presuntas víctimas19. En relación con el documento adjuntado como Anexo I, el Tribunal lo admite por considerarlo útil para la correcta identificación de una de las presuntas víctimas, y ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento. En relación con los Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú, supra, párr. 25. documentos adjuntados como Anexo II, la Corte constata que son documentos emitidos con posterioridad a la presentación de los escritos principales correspondientes y, por tanto, constituyen prueba de hechos supervinientes. En vista de lo anterior, dichos documentos resultan admisibles en los términos del artículo 57.2 del Reglamento.

19            Anexo I: cédula de identidad del señor Ronald Chacón Chaverri (c.c. Ronald Moya Chacón), y Anexo II: documentos acreditativos de los gastos de litigio ocasionados en el marco del presente procedimiento, de fecha 9 de noviembre de 2020, 2 de marzo de 2022 y febrero de 2022.

B.        Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial

28.       La Corte estima pertinente admitir las declaraciones rendidas en audiencia pública20, así como las declaraciones rendidas ante fedatario público21 en cuanto se ajustan al objeto definido por la Presidencia en la Resolución que ordenó recibirlos22.

20            En audiencia pública la Corte recibió las declaraciones de la presunta víctima Ronald Moya Chacón y los peritos Rafael Ángel Sanabria Rojas y Joan Barata Mir.

21            La Corte recibió las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) de la presunta víctima  Freddy Parrales Chaves, del testigo Armando Manuel González Rodicio y del perito Javier Dall'Anese Ruiz, propuestos por los representantes.

22            Los objetos de todas estas declaraciones se encuentran establecidos en la Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana emitida el 13 de diciembre de 2021. Disponible en:

https://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/moya_chacon_13_12_2021.pdf

VI  HECHOS

29.     En este capítulo, la Corte establecerá los hechos del caso con base en el marco fáctico sometido a su conocimiento por la Comisión Interamericana, en relación con los siguientes aspectos: (a) marco normativo, (b) sobre los señores Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves, (c) publicación de la nota de prensa en el diario La Nación el 17 de diciembre de 2005, (d) proceso interno seguido a raíz de dicha publicación, así como (e) posterior proceso de casación seguido ante la Corte Suprema de Justicia.

A.        Marco normativo

30.     El Tribunal advierte que en el presente caso los señores Moya Chacón y Parrales Chaves fueron procesados por el tipo penal de injurias contemplado en el artículo 7 de la Ley de Imprenta en relación con el artículo 145 del Código Penal, así como por el delito de difamación previsto en el artículo 146 del referido Código Penal23. Finalmente fueron absueltos en el ámbito penal y condenados civilmente en aplicación del artículo 1045 del Código Civil24.

23            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folios 16 y 23).

24            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 21).

31.     El artículo 7 de la Ley de Imprenta dispone lo siguiente:

Los responsables de calumnia o injuria cometidos por medio de la prensa, serán castigados con la pena de arresto de uno a ciento veinte días. Esta pena la sufrirán conjuntamente los autores de la publicación y los editores responsables del periódico, folleto o libro en que hubiere aparecido. Si en el periódico, folleto o libro, no estuviere estampado el nombre de los editores responsables, se tendrán como tales para los efectos de este artículo, los directores de la imprenta, y si no los hubiere, la responsabilidad de éstos recaerá sobre el dueño de la imprenta. Pero si ésta estuviere arrendada o en poder de otra persona por un título cualquiera, el arrendatario o tenedor de ella asumirá la responsabilidad dicha del dueño, siempre que de esa tenencia se hubiere dado aviso al Gobernador de la provincia.

Si la publicación calumniosa o injuriosa no se hubiere hecho en periódico, folleto o libro, serán responsables de ella conjuntamente los autores y el director o dueño o arrendatario o tenedor de la imprenta, conforme a la regla establecida con respecto a éstos en el párrafo anterior.

32.     En lo que respecta a la actual vigencia del referido artículo 7 de la Ley de Imprenta, se destaca que el Estado señaló que, en virtud de una Sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 18 de diciembre de 2009, dicha normativa habría resultado derogada. Con todo, el Estado indicó en sus alegatos finales escritos que la discusión sobre la vigencia de dicho artículo "no esta[ba] zanjada" en el ordenamiento costarricense, existiendo actualmente "criterios divididos" al respecto.

33.     Por su parte, el artículo 145 del Código Penal dispone que "[s]erá reprimido con diez a cincuenta días multa el que ofendiere de palabra o de hecho en su dignidad o decoro, a una persona, sea en su presencia, sea por medio de una comunicación dirigida a ella", mientras que el artículo 146 del Código Penal dispone que "[s]erá reprimido con veinte a sesenta días multa el que deshonrare a otro o propalare especies idóneas para afectar su reputación".

34.     Por último, el artículo 1045 del Código Civil dispone que "[t]odo aquel que, por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios".

B.        Sobre los señores Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves

35.     Al momento de los hechos objeto de análisis de la presente Sentencia, el señor Ronald Moya Chacón25, de profesión periodista, se desempeñaba como editor de la sección de "sucesos" del diario La Nación de Costa Rica. Asimismo, el señor Freddy Parrales, también periodista, trabajaba como corresponsal del citado diario, encargado de cubrir la zona sur del país26.

25            El Tribunal advierte que, tal y como informaron los representantes en sus alegatos finales escritos, el nombre legal del señor Ronald Moya Chacón es "Ronald Chacón Chaverri", y su cédula de identidad indica que es conocido como ["C.C"] Ronald Moya Chacón (expediente de fondo, folio 551).

26            Cfr. Declaración rendida por affidavit de Freddy Parrales Chaves, de 27 de enero de 2022, pág. 1 (expediente de prueba, folio 1450).

C.        Publicación de la nota de prensa en el diario La Nación el 17 de diciembre de 2005

36.     En diciembre de 2005, el periodista Freddy Parrales recibió información según la cual varios jefes y oficiales de las fuerzas de seguridad del Estado habrían estado siendo investigados por asuntos vinculados con contrabando de licores en una zona fronteriza con Panamá. Según lo indicado por el señor Parrales, este procedió a consultar con el Organismo de Investigación Judicial (en adelante "OIJ") si dicho organismo estaba investigando a los entonces jefes policiales de la región27. Tras la confirmación realizada por el OIJ, el señor Parrales comunicó dicha situación al editor de la sección de "sucesos" del diario La Nación, el señor Ronald Moya Chacón, quien, a su vez, se comunicó y solicitó información a quien entonces fungía como Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, el señor R.R.M. El propio ministro confirmó verbalmente al periodista Moya Chacón que existía una  "situación desastrosa" en la zona sur del país, en la cual estaban implicados varios jefes policiales28. El Ministro de Seguridad Pública le solicitó dos días para realizar las consultas a nivel interno, tras lo cual volvió a tener una conversación con el señor Moya Chacón en la que, con base en un informe realizado por la oficina de prensa de dicho Ministerio, le confirmó la situación y, en particular, la existencia de una investigación por "extorsión" por trasiego de licores respecto, entre otros, del señor J.C.T.R., quien entonces ostentaba el rango de Mayor de Policía y se desempeñaba como sub-jefe de la Delegación de Comando de San Vito de Coto Brus29.

27            Cfr. Declaración rendida por affidavit de Freddy Parrales Chaves, de 27 de enero de 2022, pág. 2 (expediente de prueba, folio 1451). Ver también, Declaración del señor Ronald Moya Chacón rendida en la audiencia pública celebrada el día 14 de febrero de 2022 en el marco del 146 Período Ordinario de Sesiones, quien afirmó lo siguiente: "la génesis o el origen de esta información, se da cuando el corresponsal nuestro de la zona, el señor Freddy Parrales, me llama y me dice: Ronald tengo estos datos, hay gente del Organismo de Investigación Judicial, nos está diciendo que hay un problema con algunos jefes policiales de la zona, en aquel momento me menciona 3 o 4 jefes policiales, que están siendo investigados por el Organismo de Investigación Judiacia.

28            Cfr. Declaración del señor Ronald Moya Chacón rendida en la audiencia pública celebrada el día 14 de febrero de 2022 en el marco del 146 Período Ordinario de Sesiones. Ver también, Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folios 8 y 14).

29            Cfr. Querella presentada por J.C.T.R. contra Freddy Parrales Chaves, Ronald Moya Chacón y el entonces Ministro de Seguridad, por la presunta comisión de los delitos de calumnias y difamación, de 7 de febrero de 2006 (expediente de prueba, folio 676).

37.     El 17 de diciembre de 2005 se publicó en la sección de "sucesos" del diario La Nación una nota de prensa bajo el título "OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores", la cual estaba firmada por los periodistas Ronald Moya y Freddy Parrales. La nota de prensa reportó que, con fecha 29 de junio de 2005, un jefe regional de la Fuerza Pública habría liberado un vehículo que contenía mercancía de licores, sin "razones legales" para ello30. Este hecho tuvo como consecuencia que el OIJ presentara una denuncia contra dicho jefe policial. A continuación, y en un acápite titulado "Más casos", la nota de prensa señalaba que dicho caso no era el único en la zona sur del país, ya que, según lo señalado por el entonces Ministro de Seguridad Pública, existían al menos otros dos casos que estaban siendo investigados, indicando incluso que los jefes policiales implicados (haciendo referencia al señor J.C.T.R., así como otro a jefe policial de la zona) serían posiblemente removidos. En particular, la nota periodística señaló lo siguiente:

30            Cfr. Diario La Nación, nota de prensa "OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores", de 17 de diciembre de 2005 (expediente de prueba, folio 25).

[R.R.M] también confirmó que el jefe policial de San Vito de Coto Brus [.] y el de Ciudad Neily [.] son objeto de una investigación y que posiblemente serán removidos. 'Por ahora ambos disfrutarán de sus vacaciones', dijo. A [J.C.T.R.], con más de 16 años de laborar para la Fuerza Pública, se le sigue una causa en la Fiscalía de Corredores por una supuesta extorsión con trasiego de licores. [.] Ayer no fue posible hablar con ambos jefes policiales pues se hallaban en reuniones31.

31            Cfr. Diario La Nación, nota de prensa "OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores", de 17 de diciembre de 2005 (expediente de prueba, folio 25).

38.     Como consecuencia de la nota de prensa publicada, el 19 de diciembre 2005 el jefe policial

J.C.T.R. remitió una carta notarial dirigida al director del departamento de redacción de La Nación en la cual requería que "en un plazo de dos días se [le diera] a conocer el origen de la información suministrada y las pruebas que ha[bían] tenido a la vista para realizar las afirmaciones tan serias que se ha[bían] realizado"32. Asimismo, manifestó que las afirmaciones eran "falsas", que eso sería demostrado oportunamente, y que la información solicitada era de su interés para "determinar quién o quiénes se dieron a la tarea de suministrar una información errada a los medios de comunicación"33. En respuesta a dicho requerimiento, mediante nota de 21 de diciembre de 2005, la Secretaria de la Dirección del diario La Nación indicó que "las fuentes y documentos en poder de La Nación son confidenciales y no se entregan a particulares"34.

32            Cfr. Carta notarial de J.C.T.R. remitida al diario La Nación, de 19 de diciembre de 2005 (expediente de prueba, folio 28).

33            Cfr. Carta notarial de J.C.T.R. remitida al diario La Nación, de 19 de diciembre de 2005 (expediente de prueba, folio 28).

34            Cfr. Comunicación del diario La Nación dirigida al señor J.C.T.R., de 21 de diciembre de 2005 (expediente de prueba,

39.     El 31 de enero de 2006 la oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública remitió una nota al señor Moya Chacón, advirtiéndole que existía una causa por "extorsión" contra el señor

J.C.T.R. que se tramitaba en la Fiscalía de Coto Brus y no en la Fiscalía de Corredores, sin hacer referencia al aludido trasiego de licores. En particular, dicha nota señalaba lo siguiente:

POLICÍA ES INVESTIGADO EN COTO BRUS, NO EN CORREDORES

En relación con la nota publicada el sábado 17 de diciembre de 2005 en el diario La Nación, titulada: "OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores" se indica lo siguiente: "A [J.C.T.R], con más de 16 años de laborar para la Fuerza Pública se le sigue una causa en la Fiscalía de Corredores por una supuesta extorsión con trasiego de licores".

Sobre el particular la Oficina de Prensa aclara que la dirección de Apoyo Legal del Ministerio de Seguridad Pública ha informado que la causa contra el señor [J.C.T.R.] y otros, es la sumaria 05- 000367-036-PE por el delito de extorsión y se investiga en la Fiscalía Auxiliar de Coto Brus y no en la Fiscalía de Corredores, como por error se publicó35.

35            Cfr. Oficina Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio de Seguridad Pública, correo electrónico remitido al señor Ronald Moya Chacón bajo el título "Aclaración", de 31 de enero de 2006 (expediente de prueba, folio 750).

40.     En vista de lo anterior, el 9 de febrero de 2006 el periódico La Nación publicó en la esquina inferior izquierda de la página 2A del rotativo una Fe de Erratas titulada "Error con fiscalía", en la que se enmendaba un error con respecto al fuero donde estaba siendo investigado el señor J.C.T.R. por el delito de extorsión. En particular, la nota rezaba como a continuación se indica:

Fe de erratas. Error con fiscalía

Sobre la nota 'OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores', publicada el 17 de diciembre del 2005, la Oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública aclaró que la causa contra el jefe policial [J.C.T.R.], por el delito de extorsión, se investiga en la Fiscalía Auxiliar de Coto Brus y no en la Fiscalía de Corredores, como por error se publicó36.

36            Cfr. Diario La Nación, Fe de erratas "Error con fiscalía", de 6 de febrero de 2006 (expediente de prueba, folio 33).

D.       Proceso interno seguido a raíz de la publicación de la nota de prensa

41.     A raíz de la publicación de la referida nota de prensa de 17 de diciembre de 2005, el 7 de febrero de 2006 J.C.T.R. interpuso una querella en contra de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves, así como en contra del entonces Ministro de Seguridad Pública, por la comisión de los delitos de calumnia y difamación37, abriéndose la causa por querella privada No. O6- 000003-538-PE seguida por el delito de calumnia y "difamación por la prensa"38. Asimismo, J.C.T.R. interpuso en la misma causa penal una acción civil resarcitoria en contra de ambos periodistas, del Ministro de Seguridad Pública, del periódico La Nación y del Estado de Costa Rica39.

37            Cfr. Querella interpuesta por J.C.T.R., de 7 de febrero de 2006 (expediente de prueba, folios 675 a 685).

38            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 4).

39            Cfr. Tribunal de la zona sur Corredores, Resolución de 28 de febrero de 2006 (expediente de prueba, folio 732).

42.     El 10 de enero de 2007 el Tribunal de Juicio de Segundo Circuito de San José, Goicochea (en adelante "el Tribunal de Juicio") dictó una sentencia en la cual, tras recalificar la calumnia como injuria por la prensa40, resolvió absolver "de toda responsabilidad penal por los delitos de difamación e injuria por la prensa" a los señores Freddy Parrales Chaves, Ronald Moya Chacón y al Ministro de Seguridad Pública, toda vez que no se demostró el elemento subjetivo del tipo penal. En lo que respecta a los periodistas, el Tribunal de Juicio consideró que no se observaba una "intencionalidad directa en afectar el honor del querellante, sino que muy probablemente su única intención al momento de publicar la noticia era desarrollar su trabajo de información al público", si bien en este caso lo hicieron "sin guardar el cuidado que requiere su profesión"41.

40.- Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 16).

41            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 16).

43.     No obstante, la sentencia también advirtió que se había configurado "una acción dañosa" la cual, si bien no resultó típica penalmente, era "generadora de responsabilidad civil directamente ocasionada por la publicación de un hecho falso desacreditante e injurioso en un medio escrito"42. En particular, el Tribunal de Juicio consideró que la referida publicación había "atribuido falsamente" al señor J.C.T.R. que estaba siendo investigado por la presunta comisión de un delito de extorsión ligado a actividades de trasiego de licores, cuando lo cierto es que estaba siendo investigado desde el mes de agosto 2005 por el delito extorsión, posteriormente recalificado como cohecho43. Así, dicho Tribunal advirtió que J.C.T.R. "no tenía en trámite para ese momento [para el momento de la publicación de la noticia en diciembre de 2005] ninguna causa penal ni administrativa por un delito de 'extorsión' relacionado con el trasiego de licores [...], sino llanamente sobre un vehículo y una persona que debieron ser remitidos a aduanas y migración y en apariencia se dio un pago y cobro indebido"44.

42            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 20).

43            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 13).

44            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folios 7 y 8).

El Tribunal de Juicio declaró "sin lugar la excepción de [la] verdad alegada por todos los representantes de los querellados"45 en el entendido de que la causa a la que hacía referencia la citada noticia no tenía "ni por asomo" relación con el trasiego de licores, una imputación que, según el referido Tribunal, constituía "una imputación sumamente seria"46, de naturaleza "injurios[a], difamante y ofensiv[a]"47. Lo anterior supuso un daño moral "grave" al señor J.C.T.R. que afectó a su "honor objetivo y subjetivo", generando un "menoscabo y desprestigio en el sector laboral" ante "los subalternos, familia y comunidad"48. Asimismo, consideró que en el presente caso había tenido lugar un "grave descuido y falta al deber cuidado", así como una actuación negligente49 por parte de las tres personas querelladas50 y que la nota de fe de erratas que fue publicada el 9 de febrero de 2006 no corrigió "la grave afirmación" respecto a que el señor J.C.T.R. tenía una causa pendiente por extorsión relacionada con el trasiego de licores51. El Tribunal de Juicio añadió que los periodistas Moya Chacón y Parrales Chaves deberían haber realizado una mayor verificación de las fuentes y la noticia, "por ejemplo, acudiendo a la Oficina de Prensa del Poder Judicial y así comprobar los pormenores de la causa penal"52.

45            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 14).

46            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 13).

47            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 14).

48            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folios 14, 16 y 21).

49            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 21).

50            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 17).

51            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 19).

52            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Resolución de 28 de septiembre de 2009 (expediente de prueba, folios 19 y 21).

44.     A la vista de lo anterior, el Tribunal de Juicio resolvió declarar con lugar la acción civil resarcitoria y, en consecuencia, condenó de manera solidaria a los señores Freddy Parrales Chaves y Ronald Moya Chacón, así como al Ministro de Seguridad Pública, al periódico La Nación y al Estado de Costa Rica al pago solidario de cinco millones de colones (aproximadamente USD$ 9.600,00 a la fecha de los hechos) por concepto de daño moral y de un millón de colones (aproximadamente USD$ 1.900,00 a la fecha de los hechos) por concepto de costas personales53.

53            Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 23). En particular, la citada Sentencia consideró que el periódico La Nación y el Estado debían responder por responsabilidad civil objetiva, respectivamente, por el daño causado a la parte actora por las "acciones negligentes en ejercicio de sus funciones laborales", junto con las citadas personas físicas, todo ello de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1048 del Código Civil. Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sentencia de 10 de enero de 2007 (expediente de prueba, folio 21).

E.        Recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia

45.     Los días 30 de enero y 7 de febrero de 2007, los señores Moya Chacón y Parrales Chaves, el diario La Nación, así como el Ministro de Seguridad R.R.M presentaron, respectivamente, un recurso de casación contra la referida sentencia de 10 de enero de 2007 dictada por el Tribunal de Juicio, solicitando su anulación54.

54            Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, Sentencia de casación, de 20 de diciembre de 2007 (expediente de prueba, folio 37).

46.     Tras la celebración de una audiencia oral el 29 de mayo de 2007, el 20 de diciembre de 2007 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (en adelante "Corte Suprema de Justicia") confirmó la sentencia adoptada por el Tribunal de Juicio. La Corte Suprema de Justicia encuadró la nota de prensa como una pieza de "periodismo informativo", advirtiendo que el derecho a la información existía en tanto "la información que se brinde sea cierta" ya que, de lo contrario, este tipo de acciones están sujetas a "responsabilidades penales y pecuniarias" que eventualmente derivaran del daño causado55. Consideró, asimismo, que el fallo del Tribunal de Juicio tuvo por demostrado que había responsabilidad por culpa, toda vez que existió "claramente" una relación de causalidad entre la conducta y el daño causado, "al haberse informado equivocadamente sobre situaciones que eran fácilmente corroborables"56. Añadió, en cuanto a la existencia de responsabilidad objetiva del periódico La Nación, que "un medio informativo debe procurar corroborar la veracidad de la información que brinda, pues precisamente por la naturaleza de la actividad, está sujeto a las responsabilidades en que pueda incurrir en caso de un actuar imprudente o negligente"57.

55            Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, Sentencia de casación, de 20 de diciembre de 2007 (expediente de prueba, folios 40 y 41).

56            Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, Sentencia de casación, de 20 de diciembre de 2007 (expediente de prueba, folio 40).

57            Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, Sentencia de casación, de 20 de diciembre de 2007 (expediente de prueba, folio 40).

47.     El 29 de abril de 2008 el diario La Nación realizó el pago total de seis millones de colones al que habían sido condenadas todas las personas de manera solidaria58.

58           Cfr. Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Resolución de 28 de septiembre de 2009 (expediente de prueba, folio 35)

VII FONDO

DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN, GARANTÍAS JUDICIALES Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO59

59            Artículos 13, 8, 9, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

48.     El presente caso se relaciona con una serie de alegadas violaciones a la Convención Americana por la imposición de una medida de responsabilidad ulterior contra los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves a raíz de una nota de prensa publicada el 17 de diciembre de 2005. En dicha nota se daba cuenta de presuntas irregularidades que habrían tenido lugar en el control del trasiego de licores hacia Costa Rica en la zona fronteriza con Panamá y se hacía mención de distintos funcionarios policiales, quienes habrían estado involucrados en dichos hechos.

49.     Teniendo en cuenta los alegatos de las partes y la Comisión, en el presente caso la Corte examinará, en primer lugar, la compatibilidad de la sanción impuesta a las presuntas víctimas con los derechos a la libertad de pensamiento y expresión (artículo 13) y el principio de legalidad y de retroactividad (artículo 9), todo ello en relación con la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1) y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2). A continuación, analizará la alegada violación al derecho a las garantías judiciales (artículo 8) invocada adicionalmente por los representantes.

A.         Argumentos de las partes y de la Comisión

50.     La Comisión destacó la relevancia del derecho a la libertad de pensamiento y expresión conforme a la protección que otorga el artículo 13 de la Convención Americana. Indicó que, no obstante su fundamental importancia, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y podía estar sometido a restricciones con carácter excepcional.

51.     La Comisión subrayó que, a la hora determinar la convencionalidad de dichas restricciones debía aplicarse el test tripartito sobre las limitaciones a la libertad de expresión, el cual exige que las sanciones ulteriores que se impongan por el ejercicio de este derecho (1) estén definidas en forma precisa y clara a través de una ley formal y material preexistente, (2) estén orientadas al logro de objetivos legítimos autorizados por la Convención ("el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas"), y

(3) sean necesarias en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad).

52.     En lo que respecta al test de legalidad, la Comisión indicó que el artículo 7 de la Ley de Imprenta en relación con el artículo 145 del Código Penal permitía recurrir a mecanismos penales como medidas de asignación de responsabilidades ulteriores en supuestos en los que se considera que existió un abuso a la libertad de expresión, de manera contraria a los estándares establecidos por la Comisión. Añadió, además, que estos artículos son incompatibles con el principio de estricta legalidad penal y el derecho a la libertad de expresión, toda vez que no establecen parámetros claros que permitan prever la conducta prohibida y sus elementos. Señaló, por otro lado, que la aplicación del artículo 1045 del Código Civil que determina la obligación de reparar el daño causado por "dolo, falta, negligencia o imprudencia" no es incompatible per se con la Convención Americana, si bien su aplicación por parte de las autoridades judiciales del Estado fue la que generó dicha incompatibilidad. Indicó que la aplicación de la norma civil debía hacerse de acuerdo con estándares interamericanos, de modo que las indemnizaciones civiles no impliquen una inhibición o autocensura de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. Añadió que la sanción interpuesta no cumplió con los requisitos de necesidad y proporcionalidad. La Comisión advirtió a este respecto que, para el establecimiento de sanciones civiles respecto a los eventuales abusos en la difusión de información que involucra funcionarios y asuntos públicos, debe aplicarse el estándar de valoración de la "real malicia". De acuerdo a este estándar, el funcionario o persona pública que alega el daño debe demostrar que quien se expresó lo hizo con plena intención de causar un daño y conocimiento de que se estaban difundiendo informaciones falsas o con un evidente desprecio por la verdad de los hechos. La Comisión observó que, de acuerdo con la sentencia de primera instancia -y su posterior confirmación en casación-, los tribunales de justicia concluyeron que no hubo dolo o intención de dañar por parte de los periodistas al difundir la información errónea.

53.     Además, precisó que la divulgación de información errónea de buena fe es "inevitable en una sociedad democrática, libre y pluralista, por lo que, de imponerse una exigencia de verdad absoluta para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, especialmente en relación con temas de interés público como los abusos de poder y la corrupción, se afectaría la esencia misma del derecho". Con base en lo anterior, la Comisión consideró que la responsabilidad ulterior de los periodistas debía ser excluida, incluso si los hechos de interés público que se afirman son erróneos o inexactos, cuando aquellos actuaron con diligencia razonable en la búsqueda y comprobación de la información difundida. Así, dada la naturaleza "urgente" del ejercicio del periodismo, no siempre es posible garantizar la completa veracidad de una noticia, sobre la base de todas las fuentes posibles o imaginables a posteriori. En conclusión, la Comisión entendió que, si bien los periodistas difundieron información errónea, lo hicieron sin haber tenido pleno conocimiento de que estaban difundiendo información falsa, y tampoco actuaron con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad de las noticias. Por ello, el Estado incurrió en la violación del artículo 13.1 y 13.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Del mismo modo, al haberse producido esta violación como consecuencia de la aplicación de una ley que no cumple con los requisitos de estricta legalidad y, en ejercicio de su competencia iura novit curia, la Comisión concluyó que el Estado también incumplió los artículos 9 y 2 de la Convención.

54.     Por otro lado, la Comisión también indicó que la referencia que realizó el Tribunal de Juicio a la comprobación de los hechos a través de la Oficina de Prensa del Poder Judicial se tradujo en la práctica "en la exigencia de esta fuente como de consulta obligatoria o al menos preferente para acreditar dicha corroboración o actuación diligente". Indicó que los periodistas deben gozar de libertad para elegir sus fuentes periodísticas, por lo que imponer una fuente preferente por el Estado significa una restricción exagerada a la libertad de expresión, la cual, además, puede generar un riesgo alto de censura.

55.     Por último, la Comisión concluyó que no contaba con elementos suficientes para determinar que el Estado de Costa Rica violó los artículos 8.2.h y 25.1 de la Convención Americana, alegados por los entonces peticionarios en el trámite ante la Comisión. En relación con la alegada violación del artículo 8 indicada por los representantes en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, la Comisión consideró que su análisis "no se centró en la falta de motivación de los fallos internos, sino en que las razones adoptadas [por los tribunales internos] no fueron acordes con el artículo 13 de la Convención Americana".

56.     Los representantes indicaron, en primer lugar, que la nota de prensa elaborada por las presuntas víctimas versaba sobre información de interés público. Añadieron que la apertura y sometimiento de un proceso penal por la publicación de una información de "evidente interés público" era abiertamente contraria a la libertad de expresión, ya que generaba un daño a este derecho tanto en perjuicio de las víctimas como de la sociedad democrática en general. En este sentido, precisaron

que lo anterior configuró un ilícito internacional, toda vez que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, en el caso de un discurso protegido por su interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor al funcionario. Indicaron, además, que la medida de responsabilidad ulterior civil aplicada en el presente caso no cumplió con los requisitos de legalidad, de perseguir un fin legítimo y ser idónea, necesaria y proporcional. Añadieron que la finalidad del proceso penal seguido contra los periodistas no era obtener una rectificación, sino silenciar las críticas realizadas con respecto a su actuación como funcionario. Asimismo, señalaron que los periodistas actuaron con la diligencia debida al solicitar al Ministro de Seguridad que les confirmara una información relativa a un funcionario policial bajo su mando y jerarquía. A este respecto, también indicaron que la sentencia condenatoria les impuso a los periodistas un deber de máxima diligencia, una "especie de una carga especial de diligencia", toda vez que exigía una fuente oficial determinada y obligatoria para poder confirmar una información.

57.     Por otro lado, consideraron que en el presente caso la forma idónea de reparación del honor y reparación del funcionario afectado habría sido mediante el derecho de rectificación o respuesta. Asimismo, indicaron que por el hecho de haber sometido a las presuntas víctimas a un proceso penal por "injurias por la prensa" con base en las normas contenidas en los artículos 145 del Código Penal y 7 de la Ley de Imprenta, el Estado violó el artículo 9 y 2 de la Convención, en relación con el artículo 13 del mismo instrumento.

58.     Finalmente, los representantes alegaron que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales por cuanto la determinación de responsabilidad civil en perjuicio de las presuntas víctimas no cumplió con los estándares mínimos necesarios que impone el derecho a ser oído, en su ámbito material, y, específicamente, la garantía de motivación. Precisaron que el monto de la indemnización dispuesta fue considerado por el Tribunal de Juicio como "proporcional" al daño causado pero que, sin embargo, no existió ningún tipo de elaboración sobre las razones con base en las cuales se identificó el daño y se calculó el monto correspondiente a la responsabilidad civil. Según los representantes, el Tribunal de Juicio se limitó únicamente a hacer una narrativa de lo que consideró "obvio" a la hora de determinar el monto indemnizatorio, sin realizar ningún tipo de fundamentación al respecto, lo cual fue además ratificado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Por lo anterior, concluyeron que el Estado violó el artículo 8 de la Convención Americana.

59.     El Estado, por su parte, destacó que el presente caso no versaba sobre un asunto penal, sino que poseía una naturaleza puramente civil. Añadió que los periodistas no corroboraron debidamente la información publicada, no acudiendo a otras fuentes, como el Departamento de Prensa del Poder Judicial. Según el Estado, la publicación provocó vergüenza y desprestigio al señor J.C.T.R. entre sus compañeros de trabajo y en la comunidad de San Vito de Coto Brus, donde se desempeñaba como sub-jefe policial. Indicó además que la Fe de Erratas, publicada en el diario La Nación dos días después de que el señor J.C.T.R. interpusiera su querella y acción civil resarcitoria, era "prácticamente invisible" y no vino a corregir el error cometido en la grave imputación hecha al señor J.C.T.R., lo cual, además, "reactualizó el daño al publicarse en condiciones de inequidad respecto del despliegue comunicativo inicial, donde destaca su ubicación debajo de una nota de humor". Según el Estado, el derecho de respuesta y rectificación no consiste en "un postulado esencial del manejo de la información masiva," sino que "estatuye un deber para los medios de comunicación, que de buena fe deben proceder a las correcciones correspondientes". Por otro lado, el Estado indicó que el proceso sustanciado en contra de los querellados y demandados civiles cumplió "a cabalidad" con todos los preceptos procesales y de fondo vigentes en la República de Costa Rica. Añadió que en el presente caso no fue el Estado costarricense quien "persiguió" a los comunicadores, sino que fue una persona particular "en ejercicio de su derecho a la justicia".

60.     En  lo  que  respecta  a  la  alegada  violación  de  las  garantías  judiciales  indicada  por  los

representantes, el Estado destacó que la sentencia que condenó civilmente a los periodistas sí estaba fundamentada y que la responsabilidad civil que se les impuso era subjetiva, destacando que "una cosa es que la sentencia no esté motivada o no haya puesto atención a los alegatos de la defensa y otra es que la forma en que se resolvió no satisfaga a esta última". Precisó que dicha sentencia consideró que el atribuirle falsamente la tramitación de una causa penal por extorsión por trasiego de licores al señor J.C.T.R., conocido por la comunidad y por los destacamentos de policía a su cargo, "resultó un hecho sumamente grave para su imagen pública, máxime tratándose el periódico La Nación de un medio de comunicación serio con cobertura en todo el territorio nacional y de referencia internacional". Indicó que el tribunal interno sopesó: (a) las circunstancias personales de él (subjefe policial de una zona rural); (b) las circunstancias contextuales (que se trataba de una zona de grave incidencia por el tráfico ilícito de mercancías, y particularmente de licores); (c) las informaciones posteriormente puestas en conocimiento de los periodistas y del medio de comunicación (que la causa penal referida no existía); (d) la ausencia de rectificación de la información; (e) el daño al honor del señor J.C.T.R. entre sus compañeros y la comunidad (que fue objeto de burlas y epítetos como "choricero" relacionado con el tráfico de licores e incluso trasladado de localidad); y, (f) el alcance y credibilidad del medio de comunicación que publicó la noticia, lo que aumentaba la magnitud de ese daño.

B.         Consideraciones de la Corte

b.1  Importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática

61.     La jurisprudencia del Tribunal ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención. Así, la Corte ha indicado que dicha norma protege el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás60. También ha señalado que la libertad de pensamiento y expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, de las cuales ha desprendido una serie de derechos que se encuentran protegidos en dicho artículo61. Este Tribunal ha afirmado que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención62.

60            Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 30, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2021. Serie C No. 446, párr. 97.

61            Cfr. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 74, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 97.

62            Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 149, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 97.

62.     Además, la Corte ha establecido que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, "es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática"63. La Corte Interamericana, en su Opinión Consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que este derecho es indispensable para la formación de la opinión pública, así como también es conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente, y para que, en suma, la comunidad esté suficientemente informada a la hora de ejercer sus opciones64. Y es que el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las  actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público65.

63            Cfr. Opinión Consultiva OC-5/85, supra, párr. 70, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 87.

64            Cfr. Opinión Consultiva OC-5/85, supra, párr. 70.

65            Cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra, párr. 155, y Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra, párr. 127. En el mismo sentido, TEDH, Feldek v. Slovakia, no. 29032/95, Sentencia de 12 de julio de 2001, párr. 83, y Sürek and Özdemir v. Turkey [GS], Sentencia de 8 de julio de 1999, nos. 23927/94 y 24277/94, párr. 60.

63.     El Tribunal recuerda que, en una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros66. En ese sentido, el Tribunal advierte que los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana resaltan la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, al establecer que "[s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos". Asimismo, indica que "[s]on componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa"67.

66                       Cfr. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana   sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 26, y Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género (interpretación y alcance de los artículos 13, 15, 16, 24, 25 y 26, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los artículos 3, 6, 7 y 8 del Protocolo de San Salvador, de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención de Belem do Pará, de los artículos 34, 44 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y de los artículos II, IV, XIV, XXI y XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre). Opinión Consultiva OC-27/21 de 5 de mayo de 2021. Serie A No. 27, párr. 39.

67              Cfr. Asamblea General de la OEA, Carta Democrática Interamericana, Resolución AG/RES. 1 (XXVIII-E/01) de 11 de septiembre de 2001, artículos 3 y 4, y Caso Palacio Urrutia Vs. Ecuador, supra, párr. 88.

64.     Así, sin una efectiva garantía de la libertad de expresión se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios68. En consecuencia, una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre69.

68            Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra, párr. 116 y Caso Palacio Urrutia Vs. Ecuador, supra, párr. 87.

69            Cfr. Opinión Consultiva OC-5/85, supra, párr. 70.

b.2  Importancia del rol del periodista en una sociedad democrática

65.     La Corte ha destacado que el ejercicio profesional del periodismo "no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado"70. El Tribunal ha afirmado que los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones71. En efecto, la Corte ha caracterizado los medios de comunicación social como verdaderos instrumentos de la libertad de expresión72 y, además, ha señalado que "[s]on los medios de comunicación social los que sirven para materializer el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas"73.

70            Cfr. Opinión Consultiva OC-5/85, supra, párrs. 72 a 74, y Caso Palacio Urrutia Vs. Ecuador, supra, párr. 94.

71            Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, supra, párr. 149, y Caso Palacio Urrutia Vs. Ecuador, supra, párr. 90.

72            Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, supra, párr. 149, y Caso Palacio Urrutia Vs. Ecuador, supra, párr. 92.

73            Cfr. Opinión Consultiva OC-5/85, supra, párr. 34, y Caso Palacio Urrutia Vs. Ecuador, supra, párr. 92.

66.     El Tribunal recuerda que, para que la prensa pueda desarrollar su rol de control periodístico, debe no solo ser libre de impartir informaciones e ideas de interés público, sino que también debe ser libre para reunir, recolectar y evaluar esas informaciones e ideas. En su informe de 2012 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas se refirió a que las personas que desarrollan una actividad periodística "observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto"74. Lo anterior implica que cualquier medida que interfiera con las actividades periodísticas de personas que están cumpliendo con su función obstruirá inevitablemente con el derecho a la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva75.

74            Cfr. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, A/HRC/20/17, párrs. 3 y 4, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, supra, párr. 107.

75            Cfr. Caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia, supra, párr. 107.

67.     Adicionalmente, en el marco de la libertad de información, esta Corte considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos que divulga. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes76. Por su lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión no garantiza una protección ilimitada a los periodistas, inclusive en asuntos de interés público. En efecto, dicho Tribunal ha indicado que, aun cuando están amparados bajo la protección de la libertad de expresión, los periodistas deben ejercer sus labores obedeciendo a los principios de un "periodismo responsable" y ético, lo cual resulta de particular relevancia en una sociedad contemporánea donde los medios no sólo informan sino también pueden sugerir, a través de la manera cómo presentan la información, la forma en que dicha información debe ser entendida77.

76            Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 79, y Caso Mémoli Vs. Argentina, supra, párr. 122.

77            Cfr. Caso  Mémoli  Vs. Argentina,  supra,  párr. 122, haciendo  referencia  a  TEDH, Stoll  Vs. Switzerland [GS], no. 69698/01, Sentencia de 10 de diciembre de 2007, párrs. 103 y 104, y Novaya Gazeta y Borodyanskiy Vs. Russia, no. 14087/08, Sentencia de 28 de marzo de 2013, párrs. 37 y 42.

68.     Además, dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo78. Por último, la Corte ha indicado que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca79.

78            El Tribunal ha señalado que "es indispensable[.] la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto a ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar". Cfr. Opinión Consultiva OC-5/85, supra, párr. 34, y Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2019. Serie C No. 380, párr. 99.

79            Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, supra, párr. 150, y Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela, supra, párr. 126.

69.     En el marco de esta protección que deben otorgar los Estados, resulta fundamental la protección de fuentes periodísticas80, piedra angular de la libertad de prensa y, en general, de una sociedad democrática, toda vez que permiten a las sociedades beneficiarse del periodismo de investigación con el fin de reforzar la buena gobernanza y el Estado de Derecho81. La confidencialidad de las fuentes periodísticas es, por lo tanto, esencial para el trabajo de los periodistas y para el rol que cumplen de informar a la sociedad sobre asuntos de interés público82.

80            El Tribunal considera fuente a toda persona que suministre información a un periodista. Cfr. TEDH, Nagla v. Latvia, no. 73469/10, Sentencia de 16 de julio de 2013, y Comité de Ministros del Consejo de Europa, Recomendación No. R(2000) 7 sobre el derecho a los periodistas a no revelar sus fuentes, nota introductoria, "Definiciones".

81            Cfr. UNESCO, Conferencia General, 37 C/61, de 7 de noviembre de 2013, párr. 12. Ver también, TEDH, Goodwin v. the United Kingdom [GS], no. 17488/90, Sentencia de 27 de marzo de 1996, párr. 39, y Becker v. Norway, no. 21272/12, Sentencia de 5 de octubre de 2017, párr. 65.

82            Cfr. CIDH, "Corrupción y derechos humanos: estándares interamericanos", OEA/Ser.L/V/II., de 6 de  diciembre de 2019, párr. 210.

b.3     Restricciones permitidas a la libertad de expresión y la aplicación de responsabilidades ulteriores en casos que haya afectación de la honra y de la dignidad en asuntos de interés público

70.     El Tribunal recuerda que, con carácter general, el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa sino, en todo caso, a responsabilidades ulteriores en casos muy excepcionales83 y bajo el cumplimiento de una serie de estrictos requisitos. Así, el artículo 13.2 de la Convención Americana establece que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión, deben cumplir con los siguientes requisitos de forma concurrente: (i) estar previamente fijadas por ley, en sentido formal y material84; (ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana y (iii) ser necesarias en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad)85.

83            Cfr. mutatis mutandis, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra, párr. 120, y Caso Fontevecchia y D'Amico Vs. Argentina, supra, párr. 43.

84            Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986. Serie A, No. 6, párrs. 35 y 37, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 104.

85            Cfr. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 56, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2021. Serie C No. 446, párr. 104.

71.     Respecto a la estricta legalidad, la Corte ha establecido que las restricciones deben estar previamente fijadas en la ley como medio para asegurar que las mismas no queden al arbitrio del poder público. Para esto, la tipificación de la conducta debe ser clara y precisa86, más aún si se trata de condenas del orden penal y no del orden civil87. Sobre los fines permitidos o legítimos, los mismos están indicados en el referido artículo 13.2 y son (a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o (b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Asimismo, las restricciones a la libertad de expresión deben ser idóneas, esto es, efectivamente conducentes para alcanzar la finalidad legítimamente permitida88. En lo que respecta al análisis de necesidad, el Tribunal ha sostenido que, para que una restricción a la libre expresión sea compatible con la Convención Americana, aquella debe ser necesaria en una sociedad democrática, entendiendo por "necesaria" la existencia de una necesidad social imperiosa que justifique la restricción89. En este sentido, la Corte deberá examinar las alternativas existentes para alcanzar el fin legítimo perseguido y precisar la mayor o menor lesividad de aquéllas90. Finalmente, en relación con la proporcionalidad de la medida, la Corte ha entendido que las restricciones impuestas sobre el derecho a la libertad de expresión deben ser proporcionales al interés que las justifican y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo goce del derecho91. En ese sentido, no es suficiente que tenga una finalidad legítima, sino que la medida en cuestión debe respetar la proporcionalidad al momento de afectar la libertad de expresión. En otras palabras, "en este último paso del análisis se considera si la restricción resulta estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a aquella no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal limitación"92. El Tribunal recuerda que estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa93.

86            Cfr. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá, supra, párr. 56, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 104.

87            Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina, supra, párr. 77, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 105.

88            Ver,  mutatis  mutandis,  Caso  Hernández  Vs.  Argentina.  Excepción  Preliminar,  Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395, párr. 107, y Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de noviembre de 2021. Serie C No. 441, párr. 99. Ver también, peritaje rendido por el señor Joan Barata Mir en la audiencia pública celebrada el día 14 de febrero de 2022 en el marco del 146 Período Ordinario de Sesiones.

89            Cfr. Opinión Consultiva OC-5/85, supra, párrs. 41 a 46, y Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párr. 124.

90            Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 206, y Caso Manuela y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 219.

91            Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra, párr. 123, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 108.

92            Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina, supra, párr. 83, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 108.

93            Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra, párr. 120, y Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 100.

72.     En este sentido, la Corte ha establecido que se pueden imponer tales responsabilidades ulteriores en tanto se pudiera haber afectado el derecho a la honra y la reputación94. Así, el artículo 11 de la Convención establece, en efecto, que toda persona tiene derecho a la protección de su honra y al reconocimiento de su dignidad. La Corte ha señalado que el derecho a la honra "reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de esta, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques". En términos generales, este Tribunal ha indicado que "el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia,mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona"95. En este sentido, este Tribunal ha sostenido que, "tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra, derechos ambos protegidos por la Convención, revisten suma importancia, por lo cual es necesario garantizar ambos derechos, de forma que coexistan de manera armoniosa"96. El ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. Por ende, la Corte ha señalado que "la solución del conflicto que se presenta entre ambos derechos requiere de una ponderación entre los mismos, para lo cual deberá examinarse cada caso, conforme a sus características y circunstancias, a fin de apreciar la existencia e intensidad de los elementos en que se sustenta dicho juicio"97.