ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento regirá los procesos de solución de conflictos jurídicos que sean tramitados por las Unidades RAC del MTSS, la integración de la lista de árbitros que mantendrá el MTSS, así como la autorización y funcionamiento de todos los Centros RAC.

Se excluye de la aplicación del presente reglamento el procedimiento de conciliación en conflictos jurídicos individuales o colectivos, los cuáles serán tramitados por las Unidades RAC o los Centros RAC conforme a lo dispuesto en la Ley RAC.

Tampoco aplica para el procedimiento de conciliación y arbitraje en conflictos de carácter económico social, que será tramitado por las Unidades RAC o los Centros RAC de conformidad con lo establecido en los artículos 614 a 658 del Código de Trabajo.

TÍTULO SEGUNDO

ARBITRAJE LABORAL EN CONFLICTOS JURÍDICOS

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales sobre el arbitraje

laboral en conflictos jurídicos

ARTÍCULO 3.- Controversias arbitrables. Conflictos jurídicos patrimoniales disponibles.

Podrán someterse a arbitraje laboral aquellas controversias jurídicas patrimoniales derivadas de la relación de trabajo o empleo, siempre que tales controversias no versen sobre derechos indisponibles.

Son indisponibles, entre otros, las prestaciones e indemnizaciones de seguridad social en beneficio de los trabajadores, de sus familiares y herederos, salvo que se trate de prestaciones superiores a las previstas en las disposiciones legales aplicables, nacidas de un acuerdo, del contrato, de los usos o la costumbre.

ARTÍCULO 4.- Compromiso arbitral.

Para someter una controversia jurídica laboral a arbitraje, se requiere de la suscripción de un compromiso arbitral que deberá contener lo siguiente:

a) Identificación de las partes, calidades y dirección exacta.

b) Petición de que la controversia sea resuelta mediante arbitraje.

c) Objeto sobre el cual deberá pronunciarse el Tribunal.

d) Declaración expresa de las partes de que el objeto del arbitraje está constituido por derechos que no tienen el carácter de indisponibles.

e) Designación de los árbitros, según corresponda, indicando si será tribunal unipersonal o colegiado.

f) Señalamiento de medio para atender notificaciones.

ARTÍCULO 5.- Efectos del compromiso arbitral.

Una vez suscrito el compromiso, el Tribunal será el único competente para conocer del conflicto. El compromiso faculta a las partes para interponer la excepción previa de compromiso arbitral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 inciso 1) del Código de Trabajo, si su contraparte o contrapartes acuden a la jurisdicción laboral común para resolver ese mismo conflicto.

ARTÍCULO 6.- Nulidad Absoluta de la Cláusula Arbitral.

Por mandato del Código de Trabajo, artículos 602 y 603, para someter una controversia jurídica laboral a arbitraje no se puede realizar el acuerdo arbitral al que se refieren los artículos 18 y 23 de la Ley RAC, siendo que se requiere de la suscripción de un compromiso arbitral.

Además, es nulo, el "compromiso arbitral" establecido como una cláusula arbitral en el contrato de trabajo individual o en un convenio accesorio a éste y que haya sido suscrito como condición para la constitución de la relación laboral o para evitar su extinción.

ARTÍCULO 7.- Normativa aplicable.

El proceso arbitral deberá tramitarse conforme al Código de Trabajo y al presente Reglamento, aplicándose los principios propios del derecho de trabajo, tanto en cuanto al fondo como al proceso.

ARTÍCULO 8.- Arbitraje de Derecho.

El arbitraje en conflictos jurídicos de trabajo será siempre de derecho y el Tribunal estará integrado por abogados activos debidamente inscritos en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

ARTÍCULO 9.- Requisitos para ser árbitro.

Para ejercer como árbitro en los procesos de arbitraje regulados por este Reglamento, se debe formar parte de la lista de árbitros laborales que mantendrá el MTSS, la cual se integrará por al menos 20 profesionales en derecho, previo concurso de antecedentes y por períodos de cinco años, sin perjuicio de ser excluidos de la lista si incurren en falta grave o se niegan injustificadamente a servir en algún caso concreto, previo cumplimiento del debido proceso, conforme a lo dispuesto en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

Dicha lista de árbitros deberá estar debidamente publicada en la página web del MTSS, a fin de que esté a disposición de las partes y de los Centros RAC para ser utilizada por ellos en los respectivos procesos de designación de árbitros.

Para formar parte de la lista, se deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser abogado activo inscrito en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con al menos cinco años de incorporación.

b) No estar inhabilitado para ejercer como abogado.

Estos requisitos serán verificados de oficio por parte de la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo.

ARTÍCULO 10.- Designación de los árbitros.

Las partes deben indicar en el compromiso arbitral si el Tribunal será unipersonal o colegiado. A falta de acuerdo, se entenderá que es colegiado, conforme al artículo 24 de la Ley RAC.

El Tribunal unipersonal será elegido de común acuerdo entre las partes; el Tribunal colegiado se conformará con un árbitro designado por cada parte procesal y ambos árbitros, así designados, acordarán entre ellos la designación del tercer árbitro, quien fungirá como presidente del Tribunal.

La falta de acuerdo en dichas designaciones, no resuelta en el plazo máximo de cinco días, será suplida, según corresponda, por la designación que hará la Unidad RAC o el Centro RAC, dentro de la lista de árbitros del MTSS.

ARTÍCULO 11.- Honorarios de los árbitros.

Los honorarios de los árbitros serán cubiertos por las partes en forma igualitaria, salvo pacto en contrario. La fijación del monto a pagar se hará de conformidad con el artículo 608 del Código de Trabajo.

ARTÍCULO 12.- Capacidad y representación.

La capacidad y representación en el proceso arbitral se regirá por lo dispuesto en los artículos 443 a 452 del Código de Trabajo.

ARTÍCULO 13.- Centros RAC.

De conformidad con el artículo 613 del Código de Trabajo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica está facultado para organizar centros de arbitraje laboral, en los cuales no se cobre costo alguno a los trabajadores y trabajadoras cuyo ingreso mensual actual o último los haga acreedores de recibir asistencia legal gratuita, en los términos que lo dispone el artículo 454 del Código de Trabajo. Tales centros tendrán listas propias de árbitros y se regirán en todo lo demás por lo dispuesto en el Código de Trabajo y en este Reglamento.

Los demás Centros RAC requerirán de autorización por parte del MTSS, de conformidad con los artículos 613, 635 y 658 del Código de Trabajo, 71 y 72 de la Ley RAC y 43 de la Constitución Política y su funcionamiento estará regulado en este Reglamento.

ARTÍCULO 14.- Efectos del sometimiento a este Reglamento.

La remisión al presente Reglamento en un compromiso arbitral, sin otras salvedades, implica la renuncia a la jurisdicción laboral y el sometimiento a la jurisdicción arbitral que ejercen las Unidades RAC o los Centros RAC, según corresponda.

ARTÍCULO 15.- Lugar del arbitraje.

En caso de arbitraje ante la Unidad RAC, la solicitud de arbitraje se presentará directamente por las partes ante el Departamento de Relaciones de Trabajo de la Dirección de Asuntos Laborales del MTSS o la respectiva dependencia regional de este Ministerio que resulte competente por razón del territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Trabajo.

En caso de arbitraje ante un Centro RAC, la solicitud podrá ser presentada en forma directa, y tramitada, ante el Centro de su elección.

ARTÍCULO 16.- Idioma.

En razón de la materia, y de conformidad con el artículo 41 de la Ley RAC, el idioma del arbitraje será el español.

Salvo acuerdo expreso entre partes o determinación distinta del Tribunal, los documentos aportados al expediente en idioma distinto del español, deberán acompañarse de una traducción oficial, la cual correrá por cuenta de la parte que lo aporta.

Las audiencias orales se realizarán en idioma español y, si alguna de las partes requiere de intérprete, el Tribunal hará la designación respectiva, con sus costos a cargo de la parte solicitante.

ARTÍCULO 17.- Comunicaciones procesales y notificaciones.

Las comunicaciones procesales y notificaciones podrán hacerse por cualquier medio que permita determinar con certeza la fecha de su recepción por parte del destinatario, incluyendo medios electrónicos, facsímile, entrega personal en la residencia de la persona física o representante de la persona jurídica, sede empresarial, domicilio social o domicilio contractual.

ARTÍCULO 18.- Plazos y días hábiles.

Los plazos se contarán a partir del día hábil siguiente al que se entrega la notificación o comunicación respectiva, independientemente del medio empleado para hacerla. Los plazos se contarán siempre en días hábiles.

Si la entrega de un documento se realiza por medios electrónicos, podrá hacerse hasta las 23 horas y 59 minutos del día de su vencimiento.

Para efectos de realizar comunicaciones procesales y notificaciones, todos los días y horas son hábiles.

Las audiencias, actuaciones y diligencias arbitrales, podrán llevarse a cabo fuera de los días y horas hábiles, si así lo dispone el Tribunal y lo aceptan las partes.

Salvo que el Código de Trabajo, la Ley RAC o el presente reglamento establezcan un plazo determinado, el Tribunal tendrá amplia libertad para conducir el proceso y fijar los plazos que estime convenientes, acorde con los principios de celeridad, eficiencia, economía y razonabilidad.

La prórroga de plazos sólo será admitida en aquellos casos en los que el Código de Trabajo, la Ley RAC o el Reglamento lo establezcan expresamente.

CAPÍTULO SEGUNDO

Cuestiones preliminares

ARTÍCULO 19.- Solicitud de arbitraje.

Para iniciar el proceso arbitral se deberá presentar una solicitud de arbitraje ante la Unidad RAC competente en razón del territorio o ante el Centro RAC de su elección. Dicha solicitud deberá contener los siguientes requisitos:

a) Identificación de las partes, calidades y dirección exacta.

b) Relación de hechos en los que se basa la solicitud o el conflicto, enumerados y especificados en forma separada.

c) Petición de que la controversia sea resuelta mediante arbitraje.

d) Objeto sobre el cual deberá pronunciarse el Tribunal.

e) Estimación de la cuantía de la controversia.

f) Declaración expresa de las partes de que el objeto del arbitraje está constituido por derechos que no tienen el carácter de indisponibles.

g) Designación de los árbitros.

h) Las pruebas de los hechos que de acuerdo con el Código de Trabajo le corresponda a la parte acreditar.

i) Señalamiento de medio para atender notificaciones.

La solicitud debe ir acompañada del original o copia auténtica del compromiso arbitral suscrito por las partes. Éste último no es necesario que indique el derecho aplicable; no obstante, las partes pueden fundar su petición en las normas que a su juicio resulten útiles para la solución del asunto.

Con la presentación de la solicitud se procede a abrir el expediente respectivo y dar inicio a los trámites propios de la fase preliminar o preparatoria del arbitraje. Tratándose de conflictos jurídicos colectivos se realizará un emplazamiento público, mediante publicación en el Boletín Judicial, a fin de que cualquier persona con interés legítimo en el proceso puede apersonarse al mismo en el plazo de 10 días, a fin de hacer valer sus derechos.

ARTÍCULO 20.- Otros documentos que acompañan la solicitud de arbitraje.

La solicitud de arbitraje deberá acompañarse además de los documentos que acrediten la representación y facultades legales de las partes, si éstas no actúan personalmente, así como la documentación legal que demuestre la existencia, capacidad y representación de las personas jurídicas que intervienen.

ARTÍCULO 21.- Revisión inicial.

La Unidad RAC o el Centro RAC, según corresponda, procederá a revisar la solicitud de arbitraje y prevendrá la subsanación de cualquier defecto que sea fundamental para la tramitación del arbitraje, concediendo al efecto el término de cinco días.

Si la parte interesada omite cumplir con lo prevenido, el proceso se dará por terminado y se tendrá por no interpuesto para todo efecto, según lo que dispone el artículo 609 del Código de Trabajo.

ARTÍCULO 22.- Traslado de la solicitud de arbitraje y fijación de honorarios.

De no existir defectos en la solicitud, o una vez subsanados éstos, se emite la resolución inicial del proceso fijándose los honorarios de los árbitros y previniendo su depósito a todas las partes en forma igualitaria, salvo pacto en contrario, de forma tal que se cubra la totalidad del monto fijado, concediéndoles al efecto el término de cinco días.

Si la actora o solicitante no depositare el monto de honorarios que le corresponde, el proceso se dará por terminado y se tendrá por no interpuesto para todo efecto, mediante resolución administrativa que dictará el Centro.

Si la contraparte o contrapartes no depositaren lo que les corresponde, el Tribunal quedará constituido en forma definitiva como Tribunal unipersonal, integrado al efecto por el árbitro propuesto por la parte solicitante o, en su defecto, por el que fuere nombrado por la Unidad RAC o Centro RAC, en los términos que lo dispone el artículo 10 del Reglamento. La omisión en la carga procesal de depositar honorarios acarreará además a la parte omisa el no poder gestionar prueba ni participar, en principio, en las audiencias que se señalen.

No obstante, el Tribunal deberá velar por el cumplimiento de un mínimo debido proceso y como Tribunal de derecho deberá velar además porque cualquier resolución interlocutoria, y el laudo definitivo, estén apegados a las leyes aplicables en fondo y forma, bajo el principio iura novit curia, es decir, que el juzgador conoce el derecho, y debe aplicarlo.

Cumplido el depósito de los honorarios, la contraparte podrá apersonarse al proceso, tomándolo en el estado en que se encuentre, y ejercer los derechos procesales que puedan hacerse valer en el momento del apersonamiento.

ARTÍCULO 23.- Designación e Integración del Tribunal.

En el caso de que las partes opten por el arbitraje unipersonal, deberán designar en el compromiso arbitral a la persona que se encargará del proceso. De no existir acuerdo entre las partes para la designación del árbitro, la escogencia puede delegarse en la Unidad RAC o del Centro RAC elegido por las partes.

Si se tratare de un Tribunal colegiado, se otorgará un plazo de dos días a los árbitros designados por las partes en el compromiso arbitral para que elijan a la tercera persona que conformará y presidirá el Tribunal. De no cumplir con lo prevenido dentro del plazo otorgado, la escogencia estará a cargo de la Unidad RAC o el Centro RAC elegido por las partes.

Una vez conformado el Tribunal, se les comunicará formalmente su nombramiento y se concederá un término perentorio de dos días para que manifiesten si aceptan o no su nombramiento. En caso de aceptación, deberán revelar bajo fe de juramento si les asiste o no motivo de excusa o impedimento e indicar si han tenido o tienen relación alguna con las partes, sus representantes o sus abogados.

La no aceptación de la designación deberá estar motivada, mediante escrito en el que fundamenten esa negativa, bajo pena de ser excluidos de la lista de árbitros del MTSS, si omiten cumplir con ese deber o si las razones que alegan resultaren injustificadas, a juicio de la DAL del MTSS, previo cumplimiento del debido proceso, conforme a lo dispuesto en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

La sustitución de los árbitros que no acepten su nombramiento o la necesidad sobreviniente de sustitución de un árbitro será siempre suplida por el mismo procedimiento con el que fue nombrado el sustituido.

ARTÍCULO 24.- Renuncia.

Una vez aceptado el cargo, sólo podrá renunciarse:

a) Por enfermedad grave que impida el desempeño del cargo,

b) Por ausencia justificada mayor a un mes calendario, quedando a decisión de las partes si se suspende el plazo del arbitraje por ese tiempo o se sustituye al árbitro.

c) Cuando las partes decidan suspender el arbitraje por un término mayor a un mes calendario, lo cual faculta al Tribunal a tomar la decisión de dar por terminado el proceso.

d) Por razones de caso fortuito o fuerza mayor que impidan el desempeño del cargo, mediante escrito motivado que fundamente esas razones.

Cualquier renuncia injustificada acarreará, previo cumplimiento del debido proceso descrito en el artículo anterior, la exclusión definitiva de la lista de árbitros.

CAPÍTULO TERCERO

Inicio del proceso arbitral

ARTÍCULO 25.- Instalación del Tribunal y plazo para laudar.

Una vez nombrados los miembros que integrarán el Tribunal, sea unipersonal o colegiado, y aceptado el nombramiento por todos sus integrantes, se procede con su instalación. A partir de ese momento la función jurisdiccional arbitral será ejercida por el Tribunal y la Unidad RAC o el Centro RAC, se constituirán en su secretaría de actuaciones, teniendo a su cargo la custodia del expediente, el apoyo para la realización de las audiencias orales, la notificación de las resoluciones y cualquier otra que el Tribunal estime conveniente.

En la resolución de instalación el Tribunal declarará el inicio del proceso arbitral, establecerá el calendario procesal, resolverá cualquier incidencia previa. En caso de que no se haya presentado el escrito de demanda con la solicitud de arbitraje, la parte actora deberá presentar por escrito las pretensiones dentro del término que hayan convenido las partes o lo disponga el Tribunal Arbitral. Si ésta no presenta la demanda en ese plazo, se ordena el archivo del proceso sin pronunciamiento de fondo. La demanda deberá cumplir con los requisitos del artículo 495 del Código de Trabajo.

Si la actora aportó el escrito de la demanda junto con la solicitud de arbitraje, sin más trámite el Tribunal verificará sus requisitos, prevendrá lo que corresponda o dará curso a la demanda confiriendo a la contraparte o contrapartes el término de diez días para contestar.

El plazo para laudar será de cuatro meses calendario a partir del inicio del proceso, prorrogable hasta por dos meses más por una única vez, mediante resolución fundada. Se entenderá que el proceso inicia en la fecha de la notificación de la demanda a la parte o partes demandadas. El laudo dictado fuera de plazo será nulo y se considerará una falta grave de los miembros del Tribunal, que se sancionará con su exclusión inmediata de la lista de árbitros.

ARTÍCULO 26.- Recusación.

Son causas de recusación las mismas que rigen para los jueces, así como la existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia.

La persona propuesta o nombrada como árbitro deberá revelar por escrito a las partes, de oficio o a requerimiento de estas, todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia.

Una parte solamente podrá recusar al árbitro nombrado por ella, por causas que haya conocido con posterioridad a su designación.

El plazo para recusar es de ocho días contados a partir de la instalación del Tribunal o dentro de los ocho días siguientes al conocimiento de las circunstancias indicadas en el párrafo anterior. El escrito de recusación debe interponerse ante el propio Tribunal.

Tratándose de arbitrajes unipersonales tramitados ante la Unidad RAC, se debe trasladar el conocimiento de la recusación a la Coordinación de la Unidad RAC, la que resolverá previa audiencia a la contraparte y rendición de informe por parte del recusado, confiriendo ambos un término común de dos días para esos efectos.

Si el Tribunal es colegiado, corresponde a los miembros no recusados tomar la decisión, siguiendo igual procedimiento.

Si la totalidad del órgano colegiado fuere recusado, se eleva la recusación a conocimiento de la Coordinación de la Unidad RAC, siguiendo igual procedimiento que tratándose de untribunal unipersonal.

ARTÍCULO 27.- Competencia del Tribunal.

Corresponderá al Tribunal Arbitral, de oficio, definir su propia competencia, incluyendo la decisión exclusiva sobre las objeciones que se presenten al respecto, lo cual comprende la valoración de la existencia y alcances del compromiso arbitral, incluyendo esta valoración la de la disponibilidad de los derechos sobre los que versa la controversia.

ARTÍCULO 28.- Objeciones a la competencia.

La excepción de incompetencia del Tribunal deberá ser opuesta a más tardar en la contestación de la demanda, lo cual se resolverá como cuestión previa en la fase preliminar de la audiencia.

Lo resuelto sobre competencia tendrá únicamente recurso de revocatoria que deberá ser interpuesto y resuelto en la propia audiencia.

ARTÍCULO 29.- Contestación de la demanda.

La contestación de la demanda deberá referirse a cada hecho, aceptándolo, negándolo o aceptándolo con variantes o adiciones. Deberá además ofrecer la prueba en que se fundamenta y aportar la documental que corresponda.

En caso de reconvención, ésta deberá presentarse en el mismo acto de la contestación de la demanda y deberá cumplir los mismos requisitos de la demanda.

ARTÍCULO 30.- Demanda defectuosa.

Si la demanda o la contrademanda tuvieren defectos que impiden su trámite o son omisas en los requisitos mínimos señalados para la solicitud de arbitraje, se prevendrá al interesado subsanarlo en el término de cinco días. De no subsanarse el defecto, se tendrá por no presentada la demanda o contrademanda. En el primer caso, se archivará el proceso sin pronunciamiento de fondo.

ARTÍCULO 31.- Medidas cautelares.

En cualquier etapa del proceso, las partes pueden solicitar a la autoridad judicial competente medidas cautelares. Además, de oficio o a instancia de parte, el Tribunal Arbitral podrá pedir, a la autoridad competente, las medidas cautelares que considere necesarias.

La solicitud de adopción de medidas cautelares dirigida a una autoridad judicial, por cualquiera de las partes, no será considerada incompatible con el proceso arbitral, ni como renuncia o revocación del acuerdo arbitral.

ARTÍCULO 32.- Designación de auxiliares del proceso.

El Tribunal arbitral podrá proceder el nombramiento de peritos, intérpretes u otros auxiliares del proceso, cuando sea necesario.

El Tribunal prevendrá el depósito de dicho costo a la parte gestionante de la prueba, dentro de un término prudencial, bajo el apercibimiento de declararlo inadmisible en caso de omisión del depósito.

CAPÍTULO CUARTO

Audiencia y conclusiones

ARTÍCULO 33.- Audiencia.

El Tribunal convocará a audiencia oral, con al menos cinco días de antelación.

En la fase preliminar se resolverá sobre lo siguiente:

a) Validez del compromiso arbitral.

b) Competencia del Tribunal.

c) Excepciones previas.

d) Alcances de la disputa y determinación de las pretensiones.

e) Fijación de la cuantía definitiva.

f) Determinación de hechos controvertidos y no controvertidos.

g) Admisibilidad de las pruebas.

h) Cualquier otro asunto que el Tribunal o las partes propongan.

Lo resuelto en la fase preliminar tendrá únicamente recurso de revocatoria que deberá interponerse de forma oral y resolverse en esa forma, en la misma audiencia.

Los honorarios definitivos del Tribunal serán fijados acorde con la determinación de la cuantía.

ARTÍCULO 34.- Fase Complementaria.

Continuando con la audiencia se procederá con la evacuación de la prueba. Se recibirá por su orden la declaración de parte, testimonial, testigos peritos y pericial. Las partes podrán hacer un examen cruzado de las opiniones de los peritos y los interrogatorios serán libres.

De ser necesario, las declaraciones podrán ser recibidas por medio de videoconferencia u otros medios tecnológicos similares, cuando esto sea posible, debiendo el Tribunal y la Unidad RAC tomar las medidas pertinentes que garanticen la certeza de la prueba.

Las audiencias serán grabadas por medios tecnológicos y no se harán transcripciones.

La audiencia iniciará con una invitación a las partes a conciliar. Si no hubiere interés en conciliar o no hubiere acuerdo, se procederá con la evacuación de la prueba, como sigue:

Las declaraciones de parte se recibirán en su orden, iniciando por la actora y luego por la parte demandada, de acuerdo con los hechos o temas que a cada una correspondan, según sea el caso.

Se recibirá de seguido la testimonial admitida. La declaración se iniciará mediante una exposición espontánea del deponente, dando las razones de su dicho y luego se les permitirá a las partes hacerles las preguntas de su interés y, finalmente, quien dirige el debate podrá también repreguntar al testigo sobre lo que le parezca conveniente.

Posteriormente se llamará a los peritos citados, quienes harán una breve exposición sobre su dictamen y luego responderán a las preguntas que le formulen las partes y el Tribunal. Para hacerlo podrán consultar documentos o notas escritas. Podrán solicitarse al perito adiciones y aclaraciones verbalmente.

Tanto en el caso de los peritos como de los declarantes, el que dirige moderará el interrogatorio y evitará preguntas capciosas, sugestivas, repetidas, excesivas, impertinentes, indebidas, de tal manera que el derecho de preguntar no se torne en un abuso contrario a la dignidad de las personas y al principio de celeridad.

ARTÍCULO 35.- Conclusiones.

Evacuada toda la prueba ofrecida, o declarada inevacuable o inconducente aquella otra que el Tribunal disponga, se oirán las conclusiones de las partes, con derecho a réplica y contrarréplica.

CAPÍTULO QUINTO

El Laudo

ARTÍCULO 36.- Dictado del laudo.

Finalizada la fase de conclusiones, el Tribunal deliberará y dictará la parte dispositiva del laudo de inmediato, de forma oral, debiendo señalarse, en ese mismo acto, la hora y fecha, dentro de los cinco días siguientes, para la incorporación al expediente y entrega a las partes del texto integral del fallo, el cual será escrito. Cuando se utilice tecnología electrónica, el fallo deberá documentarse en el respaldo correspondiente, de manera que se pueda reproducir de forma escrita o entregarse a la parte por otro medio. En procesos complejos o con abundante prueba podrá postergarse por ese mismo lapso, improrrogablemente, el dictado completo de la sentencia, incluida su parte dispositiva. Los votos de minoría en tribunales colegiados deberán consignarse dentro de esos mismos términos y, si así no se hiciera, se tendrán por no puestos de pleno derecho.

Cuando todas las partes se manifiesten satisfechas con la sentencia en su parte dispositiva, podrán relevar al Tribunal de la redacción de las otras partes de esa resolución, debiéndose dejar constancia, de forma expresa, de esa conformidad.

ARTÍCULO 37.- Laudo escrito.

En caso de tener que documentar el fallo por escrito, éste contendrá un preámbulo que indicará la clase de proceso, se identificarán las partes, sus representantes y abogados.

En la parte considerativa se consignará una síntesis de las pretensiones y excepciones deducidas. Luego se enunciarán en forma clara, precisa y ordenada cronológicamente los hechos probados y no probados de relevancia para resolver, con indicación de los medios de prueba en que se apoyan, las razones que la amparan y los criterios de valoración utilizados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, mediante una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos. En párrafos separados se darán las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales, se bastanteará la procedencia o improcedencia de las proposiciones, en párrafos separados por temas, citando las normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones.

En la parte dispositiva se pronunciará el fallo y se indicarán en forma expresa y separada, en términos dispositivos, los extremos que se declaran procedentes o deniegan y la decisión correspondiente a las excepciones opuestas y se dispondrá lo procedente sobre las costas del proceso.

ARTÍCULO 38.- Condena en costas.

El laudo condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales causadas. Igual condena procederá en los casos de satisfacción extraprocesal y deserción.

Si el laudo resuelve el asunto por el fondo o acoge excepciones materiales de las calificadas como previas, las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso.

En los demás supuestos, así como cuando el proceso no fuera susceptible de estimación pecuniaria, la fijación se hará prudencialmente.

Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial se tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado.

En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza del laudo y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%). Si el resultado económico fuera intrascendente se hará la fijación de forma prudencial con fundamento en los criterios mencionados.

Únicamente se podrá eximir al vencido del pago de las costas cuando:

1) Haya litigado con evidente buena fe.

2) Las proposiciones hayan prosperado parcialmente.

3) Haya habido vencimiento recíproco.

La exoneración debe ser siempre razonada.

ARTÍCULO 39.- Adiciones y correcciones.

Dentro de los tres días siguientes a la notificación del laudo, las partes podrán pedir adiciones, aclaraciones o la corrección de errores materiales. Si resulta procedente, el Tribunal deberá adicionar, aclarar o corregir el laudo dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud. La falta de pronunciamiento en ese plazo presume su rechazo, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba a los miembros del Tribunal por su omisión.

ARTÍCULO 40.- Recursos contra el laudo.

Contra el laudo cabrá únicamente Recurso de Casación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por vicios de orden formal o por conculcación de derechos indisponibles, el cual deberá interponerse dentro del plazo de diez días que señala el artículo 586 del Código de Trabajo.

Si procediera el recurso por la forma, la Sala reenviará el proceso nuevamente al Tribunal para que repita el juicio arbitral y dicte un nuevo laudo, para lo cual los integrantes del Tribunal no tendrán derecho a cobrar honorarios adicionales. Si la Sala comprobara la violación de derechos indisponibles, realizará en la misma sentencia, la reposición que corresponda, cuando sea procedente.

ARTÍCULO 41.- Valor de cosa juzgada material.

El laudo, una vez firme, tendrá valor y eficacia de cosa juzgada material, y podrá ser ejecutado por el procedimiento sumario de ejecución regulado en los artículos 571 a 577 del Código de Trabajo. Para ello bastará presentar original o copia fiel del laudo, sin necesidad de protocolización notarial.

TÍTULO TERCERO

LISTA DE ÁRBITROS LABORALES DEL MTSS

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones generales

ARTÍCULO 42.- Conformación de la lista de árbitros.

Se conformará a nivel nacional una lista de árbitros laborales, con al menos veinte profesionales en derecho, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 9 de este Reglamento. A ellos corresponderá la resolución de arbitrajes en conflictos jurídicos laborales, conforme a lo dispuesto por los artículos 602 y siguientes del Código de Trabajo.

El nombramiento de los árbitros será por cinco años, sin perjuicio de ser excluidos de la lista, si incurren en falta grave o se niegan injustificadamente a servir en algún caso concreto.

En caso de que, de manera sobreviniente, el número de árbitros que integran la lista resultare insuficiente para cubrir la demanda de servicio, la DAL, mediante resolución razonada, podrá sacar a concurso espacios adicionales en la lista. El nombramiento regirá en este caso también por cinco años. Lo mismo se hará si por alguna razón sobreviniente el número de árbitros resultare inferior a veinte.

ARTÍCULO 43.- Remuneración.

Los servicios profesionales que presten los árbitros serán remunerados con base en honorarios cuyos valores están determinados en el artículo 608 del Código de Trabajo. Dicha remuneración será la única que percibirán los árbitros por sus servicios, sin que exista con ellos relación de trabajo. Corresponderá a los árbitros integrantes de la lista correr por su cuenta con el pago de las cargas sociales, impuestos y demás gastos que genere su actividad profesional, sin que en ningún momento pueda cargarse esos costos al MTSS, ni a las partes de los procesos arbitrales en los que participen.

ARTÍCULO 44.- Proceso de selección.

La selección de los integrantes de la lista se hará mediante concurso público, que será convocado por el MTSS, concediendo el plazo de cinco días hábiles para presentar las ofertas por los medios señalados en las bases del concurso. Habrá un comité encargado de la revisión de las ofertas, integrado por tres funcionarios, uno por cada una de las siguientes dependencias: Despacho del Ministro (a) de Trabajo, Dirección General Administrativa y Financiera y la DAL, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos formales. A consideración de este Comité, se podrá realizar una entrevista a los oferentes con el fin de dilucidar cualquier punto que no esté claro en la oferta.

Finalizada esta etapa, el Comité de Selección hará su recomendación al Ministro (a) de Trabajo, quien mediante resolución, procederá a integrar la lista y a notificar a los interesados. El dictado de la resolución final de integración de la lista se realizará en el plazo de 45 días naturales contados a partir de la recepción de las ofertas.

Contra la resolución que integra la lista únicamente cabrá recurso de reposición, el cual deberá presentarse en el plazo de tres días hábiles contados a partir de su notificación.

TÍTULO CUARTO

CENTROS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LABORAL

CAPÍTULO PRIMERO

Unidades RAC del MTSS

ARTÍCULO 45.- Unidades RAC del MTSS.

El Departamento de Relaciones de Trabajo de la Dirección de Asuntos Laborales del MTSS contará con Unidades RAC que funcionarán con competencias territoriales definidas por ese Departamento.

La Unidades RAC, tanto la que opere en sede central como las Unidades Regionales, dependerán jerárquica y administrativamente del Departamento de Relaciones de Trabajo, del cual forman parte, pero gozarán de independencia técnica y funcional en el ejercicio de la jurisdicción arbitral, estando sometidos únicamente a la Ley y los reglamentos.

ARTÍCULO 46.- Funciones de las Unidades RAC.

Serán funciones de las Unidades RAC:

a) Brindar y administrar servicios de asesoría, conciliación y arbitraje laborales.

b) Tener en custodia y bajo privacidad, un archivo de expedientes de las piezas físicas de los casos en trámite y concluidos.

c) Llevar un sistema de expediente electrónico que permita administrar adecuadamente los casos, bajo los principios de privacidad, acceso de las partes al expediente, seguridad, confiabilidad, economía, eficiencia y eficacia.

d) Realizar la designación de conciliadores y árbitros conforme corresponda.

e) Calcular y gestionar el pago de los honorarios de los árbitros.

f) Integrar en su funcionamiento herramientas tecnológicas en procura de una prestación del servicio público eficiente y eficaz.

g) Llevar un registro estadístico sobre los casos atendidos y procesos administrados.

h) Promover actividades de formación y actualización de sus funcionarios.

i) Realizar actividades de promoción y divulgación de los servicios que presta.

j) Llevar un registro de laudos arbitrales, en los que consten el fallo y los nombres de los integrantes del Tribunal que lo dictó, pero se resguarde la identidad de las partes.

ARTÍCULO 47.- Funciones de los Coordinadores de las Unidades RAC.

Sin perjuicio de las demás funciones que se establezcan, los Coordinadores de las Unidades RAC, tendrán las siguientes funciones:

a) Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar todo lo técnico y administrativo de la Unidad RAC a su cargo.

b) Dirigir y administrar la fase preparatoria de los procesos arbitrales que se tramiten en la Unidad RAC, incluyendo el dictado de las resoluciones de trámite que correspondan.

c) Fijar los honorarios de los árbitros y gestionar su pago cuando corresponda.

d) Apoyar al Tribunal en la gestión administrativa de los casos de arbitraje

e) Apoyar a los conciliadores en la realización de sus labores.

f) Llevar el control de los casos que se atiendan en la Unidad RAC.

g) Velar por la aplicación del presente Reglamento.

h) Llevar el registro de laudos arbitrales.

i) Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de trabajo, métodos y procedimientos de trabajo, sistemas de control para la realización de las actividades de la Unidad RAC

j) Asistir a reuniones, seminarios y otras actividades similares a los que sus superiores le convoquen.

k) Velar por la implementación de sistemas de control interno en la unidad a su cargo con el fin de disminuir el riesgo de que se cometan errores o deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y servicio a los usuarios.

l) Velar porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atender las actividades relacionadas con el período de inducción de los empleados que ingresan a la unidad que dirige.

m) Preparar informes de gestión y estadísticos, cartas, memorandos y otros documentos que se tramitan en su Unidad.

n) Controlar y reportar las fallas en el equipo que se le asigna a la Unidad que dirige, con el fin de procurar que el mismo se encuentre en las mejores condiciones para favorecer el desempeño laboral.

o) Supervisar y controlar el correcto manejo de la información de la Unidad a su cargo.

p) Supervisar y controlar el correcto uso de los activos de la Unidad a su cargo.

q) Otras que le asignen el Código de Trabajo, la Ley RAC y el Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO

Centros RAC

ARTÍCULO 48.- Organización de los Centros RAC.

Podrán organizarse Centros RAC que brinden y ofrezcan los servicios de conciliación y arbitraje laborales, pero para su funcionamiento deberán contar con la autorización del MTSS.

ARTÍCULO 49.- Invalidez e ineficacia de las conciliaciones y arbitrajes realizadas por Centros RAC no autorizados.

Serán nulos e ineficaces los acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales laborales realizados en un Centro RAC que no esté debidamente autorizado por el MTSS.

Las personas que intervengan en dichos procesos sin contar con autorización para ello, serán civil, administrativa y penalmente responsables con los usuarios afectados y deberán resarcirles los daños y perjuicios ocasionados, con responsabilidad solidaria del Centro RAC en el que actúan.

Se presumen como acuerdos de conciliación y/o laudos institucionales los que sean realizados al amparo de un Centro RAC, independientemente de que se les rotule o denomine como "ad hoc". Prevalecerá el principio de realidad.

No se podrán realizar acuerdos de conciliación en lugares distintos de los previamente autorizados por la DAL.

ARTÍCULO 50.- Autorización.

Para que un Centro RAC pueda contar con la autorización del MTSS para administrar procesos de conciliación y arbitraje laboral, deberá presentar la solicitud respectiva ante la DINARAC y cumplir con lo siguiente:

a) Aportar los requisitos señalados en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 32152, del 27 de octubre de 2004, Reglamento al Capítulo IV de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.

b) Si va a brindar servicios de arbitraje laboral, presentará declaración jurada del representante del Centro RAC de que su representado se compromete a que, en los procesos tramitados ante el Centro RAC, sólo funjan como árbitros quienes figuren en la lista de árbitros del MTSS.

c) Si va a brindar servicios de conciliación laboral, presentará la lista de conciliadores, quienes deberán contar con autorización de la DINARAC y, adicionalmente, demostrar ante el MTSS que cuentan con amplios conocimientos en derecho laboral, los cuales se acreditarán por medio de los títulos o certificados de estudios de posgrado a nivel de especialidad, maestría o doctorado en derecho laboral o bien al menos 80 horas de capacitación o experiencia en la materia.

d) Compromiso con el MTSS de entregar cuatrimestralmente un reporte estadístico detallado sobre los casos atendidos y tramitados, conforme al formulario que el MTSS les entregará, así como copia de los laudos arbitrales emitidos en su Centro RAC, guardando confidencialidad sobre los datos de las partes intervinientes, de conformidad con la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley No. 8968 de 7 de julio del 2011.

ARTÍCULO 51. Procedimiento de Autorización.

La autorización para el funcionamiento de los Centros RAC competerá tanto a la DINARAC como al MTSS, dentro de sus competencias de la forma en la que se indica en el presente artículo.

La DINARAC mantendrá la competencia para autorizar el funcionamiento general de los Centros RAC, independientemente de la materia que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo número 32152 citado.

Sin embargo, para que un Centro RAC pueda administrar procesos de conciliación y arbitraje en materia laboral, deberá contar además con la autorización especial del MTSS, para lo cual se deberá seguir el siguiente procedimiento:

a) El Centro RAC solicitante deberá presentar todos los requisitos establecidos en los artículos 6 del Decreto Ejecutivo No. 32152 citado y 50 de este Reglamento ante la DINARAC, quien realizará el estudio establecido en el artículo 7 del mismo Decreto Ejecutivo. En caso de resultar procedente la autorización, la DINARAC remitirá a la DAL la documentación correspondiente a la solicitud de autorización como Centro RAC laboral para su estudio, mismo que deberá realizarse en el plazo máximo de ocho días hábiles.

b) En caso de que la solicitud sea aprobada por parte del MTSS, la DAL dictará una resolución razonada de aprobación y emitirá el certificado correspondiente, documentos que deberán ser remitidos a la DINARAC para que ésta los entregue al usuario junto con el certificado de autorización general expedido por ella, ambos certificados deberán ser expuestos en un lugar visible del Centro.

c) Si la solicitud fuera rechazada por el MTSS, se dictará una resolución razonada, la cual deberá ser remitida a la DINARAC para su respectiva notificación. Esta resolución tendrá recurso de apelación que deberá presentarse ante el Ministro de Trabajo quien resolverá en forma definitiva, dando por agotada la vía administrativa, este recurso deberá ser interpuesto dentro de los 15 días siguientes a su notificación. En caso de declararse con lugar el recurso, se procederá de conformidad con lo establecido en el inciso b) de este artículo.

d) En lo tocante a los requisitos, admisión, trámite, resolución y recursos de la autorización para el funcionamiento de los Centros RAC competencia de la DINARAC se aplicará lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 32152 citado.

e) Los funcionarios de la DAL o de la DINARAC podrán visitar las instalaciones ofrecidas por el Centro, o la Entidad a la que este pertenece, y verificar por todos los medios legales correspondientes, la veracidad de la información suministrada.

f) Será competencia de la DAL autorizar las instalaciones físicas que se utilicen para conciliaciones en materia laboral por parte de los centros autorizados para dichos efectos.

g) La solicitud de autorización de funcionamiento como Centro RAC laboral deberá resolverse dentro del plazo de 30 días naturales establecido en el artículo 7 del Decreto Ejecutivo número 32152 citado, una vez que el solicitante cumpliera con todos los requisitos.

h) La autorización tendrá una vigencia de tres años, salvo que exista causa justificada para su revocación, la cual se verificará siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. El MTSS podrá realizar inspecciones de las instalaciones, así como la revisión aleatoria de acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales, a fin de que pueda verificar el cumplimiento de las leyes laborales, en especial en lo relativo a los derechos irrenunciables.

ARTÍCULO 52. Causales de revocación.

Se entenderán como causas justificadas para la revocación de la autorización:

a) Perder la autorización de la DINARAC, para administrar procesos de conciliación y/o de arbitraje, según el caso.

b) Permitir que en el Centro funjan como árbitros personas que no figuren en la lista de árbitros del MTSS.

c) Permitir que en el Centro funjan como conciliadores, personas que no cuenten con autorización de la DINARAC para ejercer como tales.

d) Habiendo sido apercibido para ello por una vez, omitir la presentación del reporte estadístico trimestral detallado sobre los casos atendidos y tramitados, conforme al formulario que el MTSS les entregará.

e) Negarse a facilitar al MTSS la realización de inspecciones en sus instalaciones, así como la revisión aleatoria de acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales, a fin de que el MTSS pueda verificar el cumplimiento de las leyes laborales, en especial en lo relativo a los derechos irrenunciables.

f) Habiendo sido apercibido para ello por una vez, omitir la presentación mensual al MTSS de la copia de los laudos arbitrales emitidos en su Centro.

g) La constatación reiterada del dictado de laudos o la suscripción de acuerdos conciliatorios en el Centro, que violen derechos irrenunciables o se refieran a derechos indisponibles, entiéndase por reiterada la repetición del hecho en al menos 3 ocasiones en un año calendario. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y/o penal en la que incurran los neutrales y/o los funcionarios.

h) Realizar conciliaciones en un lugar distinto de los autorizados por la DAL.

ARTÍCULO 53.- Sobre los Centros RAC previamente autorizados por la DINARAC.

Los Centros RAC que a la entrada en vigencia de este Reglamento se encuentren autorizados por la DINARAC para administrar procesos de conciliación y arbitraje y deseen realizar estos procesos en materia laboral, deberán solicitar la autorización correspondiente directamente ante la DAL.

Junto con la solicitud de autorización, el Centro RAC deberá presentar todos los requisitos establecidos en el artículo 50 anterior, los cuales serán revisados por la DAL, quien verificará de oficio que el Centro RAC se encuentre debidamente autorizado por la DINARAC. Los funcionarios de la DAL podrán visitar las instalaciones ofrecidas por el Centro, o la Entidad a la que este pertenece, y verificar por todos los medios legales correspondientes, la veracidad de la información suministrada.

En caso de que la solicitud sea aprobada, la DAL dictará una resolución razonada de aprobación y otorgará el certificado correspondiente, el cual deberá ser expuesto en un lugar visible del Centro.

Si la solicitud fuera rechazada, se dictará una resolución razonada, que tendrá recurso de revocatoria ante la DAL, y de apelación ante el Ministro de Trabajo, quien resolverá en forma definitiva, dando por agotada la vía administrativa. La DAL tendrá un plazo de un mes para resolver sobre la solicitud.

Todos los Centros RAC autorizados por el MTSS deberán ajustar su funcionamiento a las normas de la Ley 9343, del 25 de enero de 2016, Reforma Procesal Laboral y al presente Reglamento, incluyendo su obligación de presentar reportes estadísticos, laudos arbitrales y demás información que requiera el MTSS, de conformidad con los artículos 50 y 51 de este Reglamento.

ARTÍCULO 54.- Jurisprudencia arbitral.

El MTSS, a través de la DAL, conformará un registro de jurisprudencia arbitral, en el cual incluirá todos los laudos arbitrales de sus Unidades de Arbitraje, así como los que le remitan los Centros RAC, a fin de que se conozcan los criterios usados regularmente por los árbitros y los Centros para resolver los conflictos laborales, y se brinde seguridad jurídica a los usuarios. En dicho registro se incluirá el fallo, nombres del Tribunal Arbitral y de los abogados intervinientes, pero se omitirá el nombre y datos de identificación de las partes, a fin de salvaguardar su privacidad.

ARTÍCULO 55.- Sobre la participación sindical en la solución de conflictos.

La participación sindical en la solución de conflictos jurídicos individuales o colectivos y en conflictos colectivos de carácter económico y social deberá apegarse a los procedimientos establecidos en la Ley RAC y el Código de Trabajo.

ARTÍCULO 56.- Aplicación de la Ley de Certificados, Firmas digitales y Documentos Electrónicos.

En los procesos de solución de conflictos jurídicos que sean tramitados por las Unidades RAC del MTSS y por los Centros RAC, así como los procesos de integración de las listas de árbitros que mantendrá el MTSS y de autorización y funcionamiento de los Centros RAC, deberá implementarse lo dispuesto en la Ley de Certificados, Firmas digitales y Documentos Electrónicos, Ley No. 8454 del 30 de agosto de 2005 y en ese sentido, en todo artículo de este reglamento en el que se haga referencia a un documento, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los impresos. Asimismo, los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita.

ARTÍCULO 57: Vigencia.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.