TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Nº 5315-E8-2010.-San José, a las quince horas veinte minutos del trece de agosto del dos mil diez.

Consulta formulada por José Merino del Río y Sonia Solís Umaña, en su condición de presidente y secretaria, respectivamente, del Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido Frente Amplio, en torno a las coaliciones cantonales. (Expediente Nº 503-E-2009).

Resultando:

1º-En escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal el 11 de diciembre del 2009, el señor José Merino del Río y la señora Sonia Solís Umaña, en su condición de presidente y secretaria, respectivamente, del Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido Frente Amplio, efectúan consulta sobre la normativa que regula las coaliciones cantonales, elaborando su planteamiento en dos partes expuestas de manera independiente.

En primer lugar  los gestionantes señalan:

"Siendo que la legislación electoral vigente no establece disposiciones claras en cuanto a la organización y estructura de las coaliciones, ni su representación, ni sobre el órgano encargado de la toma de decisiones, nos han surgido una serie de dudas que procedemos a plantear con el fin de que nos sean aclaradas por ese Tribunal, que de seguido detallamos:

"1- ¿Gozan las Coaliciones de personería jurídica propia?

2- ¿Quién ejerce la representación de la Coalición?

3- ¿Pueden los miembros de los Comités Ejecutivos Cantonales de los  partidos coaligados tomar decisiones y gestionar directamente ante el

Tribunal Supremo de Elecciones permisos, aclaraciones, recursos, u otros?

4- ¿Pueden o deben las coaliciones nombrar un presidente, secretario, tesorero, fiscal u otros, que constituya la máxima autoridad de la Coalición? Esto por cuanto, el artículo 84 del Código Electoral únicamente prevé la conformación de un órgano de resolución de conflictos entre los partidos coaligados."

En su segundo planteamiento, los gestionantes cuestionan de manera específica si las normas contenidas en el "Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos", vigente a partir del 29 de octubre del 2009 en el que se exige el nombramiento de un tesorero, aplica a las coaliciones inscritas en fecha previa.  De manera adicional cuestionan:

1- ¿Cómo y quién designa al tesorero de la coalición, los militantes de los partidos coaligados, las respectivas Asamblea Cantonales de los partidos coaligados, el Comité Ejecutivo Nacional de cada partido, u otro  órgano?

2- ¿Es el tesorero de la coalición el máximo o único órgano en materia de financiamiento, por encima de las Asambleas Nacionales de los partidos coaligados, de los respectivos Comités Ejecutivos Nacionales, y de las Asambleas Cantonales y los Comités Ejecutivos Cantonales de los partidos participantes de esta agrupación?

3- ¿Qué responsabilidad podría atribuirse a los Partidos Coaligados por las actuaciones del tesorero de las coaliciones?

4- ¿Cómo se aplicará las disposiciones contenidas en los artículos 287 y 288 del Código Electoral relativas a las multas en relación con el control de las contribuciones privadas, por el recibo de contribuciones irregulares?

5- ¿Cuál es el plazo y los requisitos que deben considerarse para nombrar al tesorero de cada coalición?

6- ¿Se tomarán en cuenta los gastos en que incurran las coaliciones para las elecciones de febrero del 2010, para la deuda política a reconocer en las elecciones de diciembre de 2010?." (el destacado pertenece al original). 

2º-En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley;

Redacta el Magistrado Esquivel Faerron; y,

Considerando

I.-Admisibilidad de la gestión consultiva: El artículo 102 inciso 3) de la Constitución Política concede al Tribunal Supremo de Elecciones la potestad de interpretar, en forma exclusiva y obligatoria, las disposiciones constitucionales y legales referidas a la materia electoral.

A nivel legal el desarrollo del mandato constitucional preceptúa en los incisos c) y d) del numeral 12 del Código Electoral, lo siguiente:

"Artículo 12.-Atribuciones del Tribunal Supremo de Elecciones.

Al TSE le corresponde, además de las atribuciones que le confieren la Constitución, este Código y demás leyes, lo siguiente: (.)

c) Interpretar, en forma exclusiva y obligatoria, y sin perjuicio de las atribuciones de la Sala Constitucional en materia de conflictos de competencia, las disposiciones constitucionales y las demás del ordenamiento jurídico electoral, de oficio o a instancia del comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos. La resolución final que se dicte en esta materia será publicada en el diario oficial La Gaceta y se comunicará a todos los partidos políticos.

d) Emitir opinión consultiva a solicitud del comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos o de los jerarcas de los entes públicos que tengan un interés legítimo en la materia electoral. Cualquier particular también podrá solicitar una opinión consultiva, pero en este caso quedará a criterio del Tribunal evacuarla, si lo considera necesario para la correcta orientación del proceso electoral y actividades afines. Cuando el Tribunal lo estime pertinente, dispondrá la publicación de la resolución respectiva.".

Según lo dispuesto por el inciso d) de esa previsión normativa, el Órgano Electoral podrá emitir opinión consultiva a solicitud del comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos, de los jerarcas de los entes públicos que tengan un interés legítimo en la materia electoral o de cualquier particular. Conforme a la normativa expuesta, este Tribunal procede a evacuar la consulta formulada por el Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido Frente Amplio.

II.-Consideraciones preliminares sobre las coaliciones de partidos políticos. De previo a abordar cada una de las interrogantes planteadas, conviene señalar que el artículo 48 del Código Electoral autoriza a los partidos políticos a participar en los torneos electorales presidenciales, legislativos y municipales mediante "coaliciones" con otras agrupaciones del mismo género. La normativa que diseña la plataforma para la creación y funcionamiento de estas alianzas está contenida, básicamente, en los numerales 83, 84 y 85 del Código Electoral, que señalan: 

"Artículo 83.-Coaliciones parciales o totales.

Los partidos políticos podrán coaligarse con el exclusivo propósito de presentar candidaturas comunes en alguna o en todas las escalas o circunscripciones en que participen, en una determinada elección. La postulación común solo es posible en las circunscripciones donde los partidos coaligados estén autorizados a participar.

Los partidos coaligados mantendrán su identidad y deberán cumplir todos los requisitos necesarios para mantenerse vigentes, durante la existencia de la coalición." (el subrayado no pertenece al original).

"Artículo 84.-Condiciones y pacto

Las condiciones de la coalición se pactarán por escrito, con la firma de las personas representantes de los respectivos partidos y deberán ser aprobadas por las respectivas asambleas superiores, por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. Deberán expresar necesariamente lo siguiente:

a) El programa de gobierno común a los partidos coaligados, que puede diferir del programa doctrinal declarado en el acta de constitución de cada uno de esos partidos.

b) Los puestos reservados para cada partido en las nóminas de candidatos y candidatas por inscribir o, alternativamente, los procedimientos democráticos mediante los cuales la coalición designará las candidaturas comunes, garantizando la participación de todas las fuerzas políticas que la integran.

c) El nombre, la divisa y el lema oficiales de la coalición.

d) La forma de distribuir entre ellos el porcentaje de la contribución estatal que corresponde a la coalición. Las coaliciones tendrán derecho a recibir contribución estatal con base en el resultado electoral obtenido por las candidaturas comunes que presente, en los mismos términos y condiciones que este Código establece para los demás partidos políticos.

e) Las reglas comunes para la recepción de contribuciones de origen privado, de conformidad con lo establecido por este Código.

f) Las normas básicas y la instancia colegiada de resolución de conflictos internos para la resolución de sus conflictos internos, de conformidad con lo establecido para la organización de los partidos políticos.

Las personas electas en una misma elección por parte de una coalición se considerarán como electas por un mismo partido, para los fines legales que correspondan." (el subrayado no pertenece al original).

"Artículo 85.- Anotación marginal de la coalición

Una vez aprobado el pacto de coalición, deberá protocolizarse y presentarse a la Dirección General del Registro Electoral y, previa subsanación de los defectos que se adviertan, se procederá a la anotación al margen de la inscripción de los partidos coaligados, la que se cancelará según lo siguiente:

a) Por acuerdo unánime de los partidos involucrados, aprobado por sus asambleas superiores, salvo que ya estén inscritas candidaturas comunes.

b) Por retiro o disolución en cualquier tiempo de los partidos coaligados y, a consecuencia de ello, solo quede un partido formando la coalición. Si después del retiro quedan varios partidos políticos que se mantienen coaligados, no se producirá la disolución de la coalición, por lo que la anotación marginal solo será retirada al partido saliente. El retiro voluntario no podrá darse durante el año anterior a las elecciones.

c) Pasado el proceso electoral para el cual fue acordada.

El Registro Electoral no inscribirá candidaturas comunes una vez cancelada la anotación marginal a que se refiere este artículo.

Para la inscripción de coaliciones no será necesario presentar adhesiones ni otros requisitos adicionales a los establecidos en esta sección." (el subrayado no pertenece al original).

Mediante resolución número 275 bis-E-2000 de las diez horas del cuatro de febrero del dos mil, este Tribunal analizó la figura de la coalición, al amparo de la normativa contenida en el Código Electoral extinto, cuyos argumentos son plenamente aplicables en el presente caso. En efecto, en ese pronunciamiento se dispuso:

 "I.-La figuras de "fusión" y "coalición" de partidos políticos se originan, en nuestro medio, con la ley que dio origen al Código Electoral.

(.) ambas son uniones estratégicas con fines específicos en donde "la necesidad de ganar elecciones, o impedir a otros que lo hagan, de acuerdo con las reglas del juego fijadas para la disputa de las mismas, es uno de los motivos más recurridos para la formación de alianzas entre los partidos." (RIAL Juan; para CAPEL del Instituto Interamericano de Derechos Humanos,  "Coalición de Partidos", en Diccionario Electoral, Capel-Costa Rica, 1ª Edición, 1988, p.123).

(.) Se perfilan aquí los siguientes extremos: 1.- tanto para la fusión como para la coalición debe existir un acuerdo de los partidos políticos, 2.- ese acuerdo debe adoptarse en la asamblea superior que corresponda, atendiendo al carácter de la agrupación: nacional, provincial o cantonal, 3.- se debe contar siempre con el respaldo de la mayoría absoluta de los miembros de la asamblea en que se adopte y 4.- ambas figuras pueden darse en ámbitos diferentes: nacional (por hablar la ley de asambleas nacionales), en una o varias provincias y en uno o varios cantones, siempre que, por medio de este mecanismo, no se burlen los requisitos que rigen la constitución, inscripción y funcionamiento de los partidos según la escala de que se trate.

Esta última particularidad permite a una agrupación política establecer coaliciones parciales, según convenga a sus intereses, de manera que se puede presentar ante el electorado en forma independiente para la postulación de determinados candidatos y en relación con otros a través de una coalición (.).

Estas características de la coalición ponen (sic) de manifiesto que los partidos que la integran, tanto en el plano humano (distribución de los puestos), como en el patrimonial (cómo repartir la contribución estatal en caso de disolución) conservan su propia identidad, lo que unido a la no cancelación de la inscripción de los partidos primarios en el Registro Civil, llevan a la conclusión de que la coalición puede ser pactada por un plazo determinado, de manera que a su vencimiento, es posible para las agrupaciones que la conformaron, participar en una nueva contienda electoral en forma independiente, en los mismos términos en que lo hubiere podido hacer antes de acordar esa unión. Cabe destacar sobre este particular, que durante el plazo de la coalición, cada uno de los partidos que le dieron origen, deben cumplir con todos los requisitos necesarios para mantenerse vigentes. La constitución de una coalición, por sí misma, no garantiza la permanencia en el escenario político de los partidos coaligados; por el contrario, su cancelación, en caso de que se diera, incide de manera directa en la coalición, al dejar de formar parte de ella, o bien la hace desaparecer como tal, si había sido acordada únicamente por dos agrupaciones (.).

VII.-Tanto para la fusión como para la coalición, es necesario que los partidos que participan en ellas estén debidamente inscritos en el Registro Civil y las asambleas en que se acuerde cualquiera de estas alianzas, deben tener vigente su mandato, según las disposiciones legales y las reglas estatutarias atinentes al caso (.).

POR TANTO (.) 1.-  La coalición, frente al electorado se presenta con un solo nombre y una sola divisa, los partidos que la integran no desaparecen, cada uno conserva su nombre, divisa, identidad, etc., así como su inscripción en el Registro Civil, salvo que incurra posteriormente en alguna causal para su cancelación (.).

2.- La coalición puede ser parcial, para la postulación de algunas y no todas las candidaturas (.).

3.- En la coalición es necesario indicar en el pacto la forma en que se distribuyen:  los puestos en las papeletas (.). 

4.- En la coalición es posible identificar el componente humano y patrimonial de cada partido miembro.

C.-(sic) La coalición puede darse por un plazo determinado (.).

f.- (sic) En lo que a asambleas respecta, en caso de coalición, cada uno de los partidos que la integran, deberá celebrar las respectivas asambleas tendientes a mantener vigente su inscripción y nominar a los candidatos que a cada uno corresponda (.).

g.-(sic) Sólo la coalición puede pactarse por un plazo determinado. Vencido ese plazo, los partidos que la integraron podrán participar en un nuevo proceso electoral, en las mismas condiciones que tenían antes de someterse a esa alianza, siempre que su inscripción individual no hubiere sido cancelada.".

Es importante señalar que, al amparo del artículo 83 del nuevo Código Electoral, los partidos políticos podrán coaligarse con el exclusivo propósito de presentar candidaturas comunes en alguna o en todas las escalas o circunscripciones en que participen, en una determinada elección, lo que implica, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de este Tribunal, que la coalición fenece de pleno Derecho en el momento en que el Tribunal hace la respectiva declaratoria de elección como punto final del proceso electoral (sin perjuicio de que la coalición pueda ser prorrogada para surtir sus efectos en el siguiente proceso electoral).

III.-Sobre el fondo. En la especie, las consultas efectuadas serán respondidas de manera independiente, tal cual han sido planteadas.

a) En torno a las interrogantes referidas al primer planteamiento:

"1- ¿Gozan las Coaliciones de personería jurídica propia?

De la interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en los artículos 83 a 85 del Código Electoral antes mencionados, se desprende que la coalición es una alianza suscrita entre dos o más partidos políticos, que les permite presentar candidaturas en común para puestos de elección popular. Por su naturaleza, la creación de esta figura no produce la desaparición jurídica de las agrupaciones políticas que la conforman; por el contrario, cada uno de los partidos integrantes sigue inscrito individualmente y debe mantener vigente esa condición.  Además, conserva intacta e inalterada su identidad particular, a tal punto que sus órganos internos deben conservar vigente su mandato según las disposiciones legales y las reglas estatutarias atinentes al caso; de modo tal que, a manera de ejemplo, para recibir contribución estatal, como coalición,  los partidos deben haber cumplido, de manera independiente, con todos los requisitos, términos y condiciones dispuestos en el Código Electoral y los reglamentos aplicables.

Del diseño elaborado por el legislador no se obtiene que la coalición constituya un nuevo partido político con una personería jurídica propia, pues no es esa la esencia de este instituto. La coalición es un fenómeno cuyo objetivo inmediato consiste en potenciar y efectivizar la participación de los partidos integrantes en los torneos electorales mediante un mecanismo dinámico y temporal en el que dos o más partidos se convierten en el soporte de una misma candidatura. Los convenios suscritos entre las agrupaciones ofrecen una plataforma de unión específica, mas no de amalgama absoluta. Por ende, la logística y el componente humano de cada partido son puestos al servicio de la coalición en la medida en que sea acordado entre las partes.

A manera ilustrativa y a propósito de este tipo de alianza partidaria, mediante resolución número 1959-E-2005 de las catorce horas y cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil cinco, este Tribunal señaló que:

"(.) no se genera un partido autónomo, pues (sic) que se trata de la unión de partidos preexistentes, cuyo propósito es presentarse ante el electorado con candidaturas comunes, sin que ello implique que cada una de las agrupaciones que convinieron en coligarse, renuncien a su individualidad y a sus intereses partidarios.".

El planteamiento efectuado por los consultantes, según el cual la unión supera la existencia individual del partido y se crea una entidad con personería jurídica es propio, más bien, de la figura de la "fusión" en la que las reglas son claras en el tanto ésta conlleva el nacimiento de una "nueva opción partidaria" o la absorción de los partidos participantes por uno que se mantiene vigente. La fusión supone la creación de un solo bloque de acción con una personería jurídica única, en la que es imposible identificar el componente jurídico, humano y patrimonial de cada partido miembro, pues todo queda integrado y se entremezclan de tal forma que abandonan su identidad y pasan a formar uno solo.

Por lo expuesto, con vista en los argumentos indicados, lo procedente es señalar que las coaliciones no gozan de personería jurídica propia.

2- ¿Quién ejerce la representación de la coalición?

La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido la importancia que tiene el principio de autorregulación partidaria en el desarrollo y funcionamiento de los partidos políticos.  Así, en la resolución número 269-E-2005 de las 13:40 horas del 8 de febrero del 2005, se refirió a esta potestad de la siguiente manera:

"Sobre la estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos en respeto al principio democrático y la autorregulación partidaria: Siempre en repaso de la jurisprudencia electoral, aunque dejando atrás los temas de competencia y formalidad procesales tratados, también interesa revisar la teoría en la que se enmarca el principio democrático en el derecho electoral costarricense.  En este sentido, la resolución Nº 1440-E-2000 de las 15 horas del 14 de julio del 2000 apunta:

"VIII.- Es importante tomar en consideración que toda interpretación en materia electoral, debe estar precedida de una obligada referencia constitucional a dos principios fundamentales. Por una parte, el concepto de libre agrupación en partidos políticos como una especie del género del derecho a la libre asociación y, por otra, el concepto de democracia. Esto es así por cuanto el artículo 98 constitucional da a las agrupaciones políticas libertad en su creación y en el ejercicio de sus actividades, pero advirtiendo que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Esta necesidad de democratización resulta aún más evidente, si se toma en consideración que el artículo 65 del Código Electoral los califica como el único medio para participar en las elecciones, de ahí que resulte comprensible la garantía prevista en la legislación de que cuenten con una estructura mínima, sin perjuicio de que se complemente vía estatutaria, con la salvedad de que por este medio no se puede hacer inoperante el modelo de organización democrática. Desde esta perspectiva, el ejercicio de esa competencia autorreglamentaria y los actos generales o concretos que de ella se deriven, ya sea en la órbita de la toma de decisiones o en su ejecución, no pueden dificultar o imposibilitar la participación de grupos o personas. (...).

Esta garantía de participación en los procesos internos de los partidos, requiere el reconocimiento y respeto de al menos dos principios fundamentales: la igualdad y la seguridad, que resultan ilusorios si no se adoptan las medidas adecuadas en la estructura y organización, capaces de asegurar que el proceso se llevará a cabo de manera transparente, imparcial, racional, pluralista y equitativa.(...)

Es entonces dentro de este concepto de garantía democrática que el Tribunal Supremo de Elecciones, sin menoscabar el derecho de autorregulación interna de los partidos, debe vigilar el grado de razonabilidad con que se ejerce ese poder, pues mal se haría en tolerar que su ejercicio atente contra principios constitucionales jurídicamente vinculantes y por ende exigibles sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen." (lo destacado no pertenece al original).

Como complemento de esa potestad de autorregulación partidaria, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia también ha desarrollado lo propio en cuanto a la potestad reguladora del Estado sobre los partidos políticos, indicando desde la resolución Nº 2881-95 de las 15:03 del 6 de junio de 1995 cuanto sigue:

"Cuando el Estado regula los partidos limita la potestad de autorregulación de los asociados, pero a la vez él tiene sus propios límites para hacerlo. En ese sentido, la voluntad del Estado no puede excluir la de los adherentes, so pena de invalidar el derecho de participación política de éstos en cuanto se expresa mediante partidos. No podría el Estado ejercer válidamente su competencia reguladora en cuestiones de apreciación política, como el programa del partido, su orientación o concepciones políticas (...)".

Y correlacionando la potestad de autorregulación partidaria y el principio democrático, la Sala Constitucional ha destacado:

"(...) el Estatuto es, en concreto, la manifestación del poder de autodeterminación que la legislación nacional reconoce a los partidos políticos en general. Esta capacidad de autorregulación se remonta a la Constitución, que expresamente reconoce el derecho de los ciudadanos a formar esta modalidad de asociación política, y a hacerlo en libertad; y, por si fuera necesario, se refleja en el Código Electoral, especialmente en la parte del artículo 57 que dice: "Los electores tendrán libertad para organizar partidos políticos...". Pero el ejercicio de esa capacidad encuentra algunos límites, realmente significativos. En un sentido muy inmediato y concreto, el poder de autorregulación de los partidos está sometido -como ya se ha dicho- al contenido básico que impone el Código Electoral. Pero esto es así porque en un plano más general, y, a la postre, más decisivo, la dimensión constitucional de los partidos -que explica y justifica esa competencia regulatoria del Estado con respecto a ellos- les condiciona y vincula al orden que dimana de los principios y las disposiciones de la Constitución -señaladamente, al principio democrático-." (sentencia Nº 5379-97 de las 14:36 horas del 5 de setiembre de 1997; lo destacado no es del original)".

Esta Magistratura es del criterio que los partidos políticos gozan de amplia autonomía para regular su estructura y funcionamiento interno, con los límites y condiciones que la jurisprudencia ha delineado; principio que puede aplicarse, sin apremio alguno, al campo de las regulaciones propias de una coalición entre agrupaciones políticas de este género, pues para los efectos, el "pacto constitutivo" que suscriban los partidos se convierte en el acuerdo de voluntades que ordena su actividad común.

El artículo 84 del Código Electoral, antes mencionado, enumera una serie de acuerdos que deben estar contenidos en el pacto como presupuesto necesario para que el convenio sea admitido en instancias electorales. Según la norma, este pacto debe contener, necesariamente, el programa de gobierno común a los partidos coaligados; los puestos reservados para cada partido en las nóminas de candidatos y candidatas por inscribir o, alternativamente, los procedimientos democráticos mediante los cuales la coalición designará las candidaturas comunes, garantizando la participación de todas las fuerzas políticas que la integran; el nombre, la divisa y el lema oficiales de la coalición; la forma de distribuir entre ellos el porcentaje de la contribución estatal que corresponde a la coalición y las reglas comunes para la recepción de contribuciones de origen privado, de conformidad con lo establecido por este Código; las normas básicas y la instancia colegiada de resolución de conflictos internos. El contenido que exige esa disposición es esencial, pero no excluyente; no limita ni constriñe el ejercicio autoregulatorio que le pertenece al partido político independiente y que se prolonga, de manera refleja a las coaliciones en que participe; de modo tal que, entre otros, el pacto puede definir todos los aspectos operativos vinculados en materia de identidad gráfica y propaganda correspondientes a la coalición. 

Lo anterior se confirma, inequívocamente, al verificar que en el inciso f) de ese numeral se indica que el pacto debe contener: "las normas básicas y la instancia colegiada de resolución de conflictos internos para la resolución de sus conflictos internos, de conformidad con lo establecido para la organización de los partidos políticos.". De ello se obtiene que, en el ejercicio de su "autorregulación partidaria" y de lo establecido mediante el consorcio de voluntades, los partidos coaligados pueden diseñar la estructura y funcionamiento que estimen conveniente e integrar todas aquellas disposiciones que consideren necesarias para la mayor eficacia de su acción conjunta, en los términos y condiciones antes señalados y bajo el entendido de que son aprobadas por las respectivas asambleas superiores en las cuales se establece la voluntad partidaria de coaligarse, lo que otorga legitimidad al acuerdo.

Por lo expuesto, partiendo de la premisa ineludible de que los partidos conservan su identidad y que sus órganos internos conservan legitimidad,  corresponde de manera conjunta a los representantes legales de los partidos asumir la representación de la coalición, salvo que por disposición integrada al pacto constitutivo se determine, de manera expresa, cual de ellos ostentará esa representación, para todos los efectos.

Asimismo, a manera de ejemplo, este acuerdo puede seleccionar una de las cuentas de los partidos integrados y autorizar a que de ella se desprenda una subcuenta o cuenta secundaria destinada a las donaciones recibidas a favor de la coalición, así como los mecanismos para la emisión de los recibos correspondientes. 

3- ¿Pueden los miembros de los comités ejecutivos cantonales de los partidos coaligados tomar decisiones y gestionar directamente ante el Tribunal Supremo de Elecciones permisos, aclaraciones, recursos, u otros?

En torno a este aspecto en particular, cabe advertir que la consulta no es precisa, pues de su literalidad no se desprende con precisión el tipo de "permisos, aclaraciones, recursos u otros" a que se refiere y existiendo en la actividad electoral desarrollada por este Tribunal una amplia diversidad de éstos, esta Magistratura se permite reiterar que en el ejercicio de su "autorregulación partidaria" y de lo obtenido mediante el acuerdo de voluntades, los partidos coaligados pueden diseñar la estructura y funcionamiento que estimen conveniente e integrar en el pacto todas aquellas disposiciones que consideren necesarias para la mayor eficacia de su acción conjunta.  Por lo expuesto, nada obsta para que, mediante disposición expresa se otorgue autorización a los miembros de los Comités Ejecutivos Cantonales para efectuar algunas diligencias ante este Tribunal, siempre que éstas no conlleven el concurso de requisitos adicionales, establecidos en el Código Electoral y los reglamentos que lo integran, pues éstas prevalecen ante cualquier normativa que las agrupaciones políticas dicten.

4- ¿Pueden o deben las coaliciones nombrar un presidente, secretario, tesorero, fiscal u otros, que constituya la máxima autoridad de la coalición? Esto por cuanto, el artículo 84 del Código Electoral únicamente prevé la conformación de un órgano de resolución de conflictos entre los partidos coaligados.

Tal como se indicó previamente, en el ejercicio de su "autorregulación partidaria" y de lo obtenido mediante el acuerdo de voluntades, los partidos coaligados pueden diseñar la estructura y funcionamiento que estimen conveniente e integrar en el pacto todas aquellas disposiciones que consideren necesarias para la mayor eficacia de su acción conjunta, siempre que no contradigan las disposiciones establecidas en el Código Electoral y los reglamentos que lo integran y bajo el entendido de que este Tribunal, sin menoscabar el derecho de autorregulación interna que les asiste, debe vigilar el grado de razonabilidad con que se ejerce ese poder, pues mal se haría en tolerar que su ejercicio atente contra principios constitucionales jurídicamente vinculantes y por ende exigibles sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen.

b) En torno a las interrogantes referidas al segundo planteamiento. Los gestionantes cuestionan de manera específica si las normas contenidas en el "Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos", vigente a partir del 29 de octubre del 2009, en el que se exige el nombramiento de un tesorero, aplican a las coaliciones inscritas en fecha previa.

Es indispensable indicar que el artículo 84 del Código Electoral, en sus incisos d) y e) dispone:

"d) La forma de distribuir entre ellos el porcentaje de la contribución estatal que corresponde a la coalición. Las coaliciones tendrán derecho a recibir contribución estatal con base en el resultado electoral obtenido por las candidaturas comunes que presente, en los mismos términos y condiciones que este Código establece para los demás partidos políticos.

e) Las reglas comunes para la recepción de contribuciones de origen privado, de conformidad con lo establecido por este Código.".

Tal disposición ha sido debidamente integrada en el "Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos", que en su artículo 92, dispone:

"Artículo 92.- Coaliciones

1. Las disposiciones de este Reglamento referidas a partidos políticos, se entenderán igualmente respecto de las coaliciones constituidas de conformidad con el Código Electoral.

2. Las coaliciones deberán llevar su propia contabilidad, para lo cual efectuarán los trámites de autorización respectivos ante la Dirección del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. En el acuerdo de coalición, deberá indicarse quién será el tesorero responsable de las obligaciones establecidas en el Código Electoral y en este Reglamento.

3. Los justificantes, comprobantes y demás documentación relativa a los gastos de una coalición, deberán encontrarse a su nombre.

4. Se podrán aceptar gastos a nombre de los partidos políticos coaligados hasta la fecha en que entren a formar parte de la coalición.".

La aplicación de la normativa del Código Electoral, relativa a la recepción de contribución privada y estatal, requiere del concurso de un tesorero, pues esta es una figura trascendental e indispensable y todo "pacto de coalición" debe ajustarse a lo ahí dispuesto y nominar la persona que fungirá en ese cargo.

Analizado lo anterior se emite criterio sobre las demás interrogantes referidas a este segundo apartado y que han sido sometidas a este Tribunal, en los siguientes términos:

1- ¿Cómo y quién designa al tesorero de la coalición, los militantes de los partidos coaligados, las respectivas Asambleas Cantonales de los partidos coaligados, el Comité Ejecutivo Nacional de cada partido, u otro  órgano?

Tal como se indicó previamente, en el ejercicio de su "autorregulación partidaria" y de lo obtenido mediante el acuerdo de voluntades, los partidos coaligados pueden diseñar la estructura y funcionamiento que estimen conveniente e integrar en el pacto todas aquellas disposiciones que consideren necesarias para la mayor eficacia de su acción conjunta, siempre que no contradigan las disposiciones establecidas en el Código Electoral y los reglamentos aplicables. No obstante, este Tribunal se permite señalar a los consultantes que, al amparo del artículo 84 del Código Electoral y 92 del Reglamento, el nombramiento del tesorero se debe establecer expresamente en el pacto constitutivo, con la firma de las personas representantes de los respectivos partidos y debe ser aprobado por las respectivas asambleas superiores, por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.  Al tenor de las consideraciones anteriores, lo procedente es que la designación de este cargo recaiga sobre uno de los tesoreros de los partidos coaligados, quien ostentará esa condición para todos los efectos correspondientes.

2- ¿Es el tesorero de la coalición el máximo o único órgano en materia de financiamiento, por encima de las asambleas nacionales de los partidos coaligados, de los respectivos comités ejecutivos nacionales, y de las asambleas cantonales y los comités ejecutivos cantonales de los partidos participantes de esta agrupación?

En el caso concreto, las funciones, facultades y responsabilidades que atañen al tesorero de una coalición, de frente a las demás figuras de esa forma asociativa, en nada difieren de las que ejerce el tesorero de un partido político de frente a las autoridades partidarias, así que deberá estar el consultante a lo dispuesto en el Código Electoral y los reglamentos que lo desarrollan.

3-¿Qué responsabilidad podría atribuirse a los partidos coaligados por las actuaciones del tesorero de las coaliciones?

Como se indicó en la consulta precedente, las funciones, facultades y responsabilidades que atañen al tesorero de una coalición son asimilables a las que ejerce el tesorero de un partido político. 

Tal como se desprende del inciso primero del artículo 92 del "Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos", las disposiciones referidas a partidos políticos se entenderán igualmente respecto de las coaliciones constituidas de conformidad con el Código Electoral.

Por ende, las responsabilidades derivadas que pueden atribuirse a los partidos coaligados por las actuaciones del tesorero, que no sean de índole personalísima, en nada difieren de las que pueden corresponderle a un partido político en su actividad individual por las conductas de quien ejerce ese cargo. Considerar lo contrario sería crear un fuero particular en beneficio de las agrupaciones que se encuentren en esa condición por el sólo hecho de que la responsabilidad es compartida lo que implicaría, por ende, admitir un fraude de ley inadmisible en un régimen de Derecho como el nuestro.

Bajo esa tesitura, deberán estar los consultantes a lo dispuesto en el Código Electoral y los reglamentos que lo integran sobre la responsabilidad de los partidos políticos frente a las actuaciones de su tesorero, lo que resulta del todo aplicable al ámbito de los partidos en coalición.

4- ¿Cómo se aplicará las disposiciones contenidas en los artículos 287 y 288 del Código Electoral relativas a las multas en relación con el control de las contribuciones privadas, por el recibo de contribuciones irregulares?

En torno a este aspecto se reitera que la responsabilidad que puede atribuirse a los partidos coaligados en nada difiere de la que puede corresponderle a un partido político en su actividad individual cuando incurra en actuaciones irregulares. Considerar lo contrario sería crear un fuero particular en beneficio de las agrupaciones que se encuentren es esa condición por el solo hecho de que la responsabilidad es compartida. Por ende, deberá estarse a lo dispuesto en el Código Electoral y los reglamentos que lo integran sobre la responsabilidad de las agrupaciones políticas, lo que resulta del todo aplicable al ámbito de la coalición, cuyos integrantes deben responder de manera solidaria a la imposición de la multa.

5- ¿Cuál es (sic) el plazo y los requisitos que deben considerarse para nombrar al tesorero de cada coalición?

Según se indicó supra, la aplicación de la normativa dispuesta en el Código Electoral, relativa a la recepción de contribución privada y estatal, requiere del concurso de un tesorero, pues esta es una figura trascendental e indispensable. Por ello, todo "pacto de coalición" debe ajustarse a lo ahí dispuesto y nominar la persona que fungirá en ese cargo, lo que implica también la determinación del plazo para el cuál se le nombra. Nada obsta para que, mediante disposición integrada al pacto constitutivo, se establezcan requisitos o condiciones para ese nombramiento y los mecanismos de sustitución o renuncia.

6- ¿Se tomarán en cuenta los gastos en que incurran las coaliciones para las elecciones de febrero del 2010, para la deuda política a reconocer en las elecciones de diciembre de 2010?

El Código Electoral ha emitido disposiciones específicas para regular la contribución estatal en cada uno de los procesos electorales. Los gastos de cada proceso electoral serán liquidados de manera independiente y en los términos y condiciones que la normativa prevé. Por ende, no es posible tomar en cuenta los gastos en que incurran las coaliciones durante las elecciones nacionales de febrero del 2010, para ser liquidados mediante la contribución estatal a reconocer en las elecciones municipales de diciembre de 2010.

Por tanto:

Se evacua la consulta formulada en los siguientes términos: a) las coaliciones no gozan de personería jurídica propia; b) corresponde a los representantes legales de los partidos actuar de manera conjunta en la representación de la coalición, salvo que por disposición integrada al pacto constitutivo se determine, de manera expresa, cual de ellos ostentará la representación de la coalición, para todos los efectos; c) en el ejercicio de su "autorregulación partidaria" y de lo obtenido mediante el consorcio de voluntades, los partidos coaligados pueden diseñar la estructura y funcionamiento que estimen convenientes e integrar en el pacto todas aquellas disposiciones que consideren necesarias para la mayor eficacia de su acción conjunta, siempre que no contradigan las disposiciones establecidas en el Código Electoral y los reglamentos que lo integran y bajo el entendido de que este Tribunal, sin menoscabar el derecho de autorregulación interna que les asiste, debe vigilar el grado de razonabilidad con que se ejerce ese poder; por ende, nada obsta para que, mediante disposición expresa se otorgue autorización a los miembros de los comités ejecutivos cantonales para efectuar algunas diligencias ante este Tribunal, siempre que éstas no conlleven el concurso de requisitos adicionales, establecidos en el Código Electoral y los reglamentos que lo integran, pues éstas prevalecen ante cualquier normativa que las agrupaciones políticas dicten; d) la aplicación de la normativa dispuesta en el Código Electoral, relativa a la recepción de contribución privada y estatal, requiere del concurso de un tesorero pues esta es una figura trascendental e indispensable; por ende, todo pacto de coalición debe ajustarse a lo ahí dispuesto y nominar la persona y el plazo por el que fungirá en ese cargo, designación que deberá recaer en uno de los tesoreros de los partidos coaligados, quien ostentará esa condición para todos los efectos correspondientes, todo lo cual será aprobado por las asambleas superiores de cada partido; e) las funciones, facultades y responsabilidades que atañen al tesorero de una coalición, de frente a los demás cargos de esa figura asociativa, en nada difieren de las que ejerce el tesorero de un partido político de frente a las autoridades partidarias de conformidad con la normativa electoral; f) las responsabilidades derivadas que pueden atribuirse a los partidos coaligados por las actuaciones del tesorero, que no sean de índole personalísima, en nada difieren de las que pueden corresponderle a un partido político en su actividad individual por las conductas de quien ejerce ese cargo; g) en torno al tema de las multas por actuaciones irregulares deberá estarse a lo dispuesto en el Código Electoral y los reglamentos que lo integran, lo que resulta del todo aplicable al ámbito de la coalición, cuyos integrantes deben responder de manera solidaria a la imposición de la multa; h) no es posible tomar en cuenta los gastos en que incurran las coaliciones durante las elecciones nacionales de febrero del 2010 para ser liquidados mediante la contribución estatal a reconocer en las elecciones municipales de diciembre de 2010. Notifíquese.