Artículo 3º-Definiciones. Para los propósitos de estas disposiciones se entiende como:

a) Capacidad de pago: Situación financiera y capacidad del deudor para generar flujos de efectivo en el giro normal de su negocio o de la remuneración de su trabajo y retribución de su capital, que le permitan atender sus obligaciones financieras en las condiciones pactadas.

b) Comportamiento de pago histórico: Antecedentes crediticios del deudor en la atención de sus obligaciones financieras durante los últimos cuatro años, independientemente de si éstas se encuentran vigentes o extintas a la fecha de corte.

(Así reformado el inciso anterior mediante sesión N° 607 del 12 de octubre del 2006).

c) Crédito revolutivo: Operación crediticia que faculta al deudor el uso de fondos hasta un límite preautorizado, en la cual cada pago aumenta la disponibilidad de fondos, tales como líneas de crédito, tarjetas de crédito, sobregiros, y otras operaciones crediticias similares.

d) Deudor (o codeudor): Persona que recibe fondos o facilidades crediticias de la entidad en forma directa. Adicionalmente se considerará como tal al descontatario en caso de un contrato de descuento, el cedente en una cesión con recurso, el obligado a pagar un documento en una cesión sin recurso, o la persona a la que la entidad concede un aval o garantía.

(Así reformado el literal anterior mediante sesión N° 701 del 11 de febrero de 2008).

e) Expediente de crédito: Registro electrónico, documentación física y electrónica que la entidad mantiene sobre cada deudor.

f) Morosidad: El mayor número de días de atraso en el pago de principal, intereses, otros productos y cuentas por cobrar asociados a la operación crediticia, contados a partir del primer día de atraso, que presenta el deudor en la atención de sus operaciones crediticias en la entidad a una fecha determinada según las condiciones contractuales de pago.

g) Operación back to back: Operación crediticia cuyo saldo total adeudado se encuentra totalmente cubierto mediante un contrato entre la entidad acreedora y el deudor, en el que ambos acuerdan expresamente que en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas, la entidad acreedora de manera incondicional, inmediata e irrevocable realizará la compensación del saldo total adeudado de la operación crediticia contra las sumas de dinero en efectivo que le han sido entregadas o contra instrumentos de deuda emitidos por ella misma que se encuentran en su poder y traspasados a favor de la entidad al amparo de dicho contrato, produciéndose con tal compensación la extinción de las deudas compensadas y liberándose tanto al deudor como a la entidad de cualquier obligación producto de dicha operación.

h) Operación crediticia: Toda operación, cualquiera que sea la modalidad de instrumentación o documentación, excepto inversiones en valores, mediante la cual -asumiendo un riesgo de crédito- una entidad provee o se obliga a proveer fondos o facilidades crediticias, adquiere derechos de cobro o garantiza frente a terceros el cumplimiento de obligaciones.

i) Operación crediticia especial: Operación crediticia que por sus condiciones contractuales de pago pueda ser utilizada para evitar la mora o que por las modificaciones a sus condiciones contractuales de pago puedan estar ocultando la mora de la operación.

Entre otras, son operaciones especiales las siguientes:  

1. La operación crediticia adquirida por la entidad que corresponda a un deudor respecto del cual la misma entidad hubiese vendido, cedido o de cualquier otra forma traspasado al menos una operación anterioridad.

(Así reformado el numeral anterior en sesión N° 851 del 13 de mayo de 2010)

2. la operación crediticia modificada más de una vez en un periodo de 24 meses mediante readecuación, prórroga, refinanciamiento o una combinación de estas modificaciones;  

(*)3.   el crédito revolutivo, excepto los siguientes casos:

i) aquel destinado exclusivamente para la emisión de avales, garantías de cumplimiento y garantías de participación,

ii)  aquel destinado al financiamiento de ciclos definidos de negocio cuyos desembolsos no sean readecuados, prorrogados o refinanciados, excepto capital de trabajo,

(Nota de Sinalevi: Mediante sesión N° 1579-2020  del 1° de junio del 2020, se adicionó un transitorio XX al presente reglamento. Dicho transitorio establece lo siguiente "Transitorio XX. A partir de la vigencia de esta modificación y hasta el 30 de junio de 2021, los numerales ii) y iii) del punto 3 del inciso i) Operación crediticia especial, del Artículo 3. Definiciones, de este Reglamento, se leerán de la siguiente forma:

"3. el crédito revolutivo, excepto los siguientes casos:

i. [.]

ii. aquel destinado al financiamiento de ciclos definidos de negocio, excepto capital de trabajo,

iii. aquel destinado al financiamiento de capital de trabajo,

iv. [.]")

iii) aquel destinado al financiamiento de capital de trabajo, cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

(Nota de Sinalevi: Mediante sesión N° 1579-2020  del 1° de junio del 2020, se adicionó un transitorio XX al presente reglamento. Dicho transitorio establece lo siguiente "Transitorio XX. A partir de la vigencia de esta modificación y hasta el 30 de junio de 2021, los numerales ii) y iii) del punto 3 del inciso i) Operación crediticia especial, del Artículo 3. Definiciones, de este Reglamento, se leerán de la siguiente forma:

"3. el crédito revolutivo, excepto los siguientes casos:

i. [.]

ii. aquel destinado al financiamiento de ciclos definidos de negocio, excepto capital de trabajo,

iii. aquel destinado al financiamiento de capital de trabajo,

iv. [.]")

a.   el saldo total desembolsado, sea reducido a cero durante un periodo no menor de dos semanas por lo menos una vez cada doce meses, o

b.   el deudor cumpla, simultáneamente, las siguientes condiciones:

1.   se ubique en Nivel 1 o Nivel 2 de capacidad de pago. En caso de que la capacidad de pago sea Nivel 2, deberá existir en el expediente un análisis semestral de la capacidad de pago del deudor, y éste no podrá permanecer en este nivel por más de un año. Este párrafo no aplica para deudores clasificados en Grupo 2,

2.   se ubique en Nivel 1 de Comportamiento de Pago Histórico, y

3.   se presente una morosidad igual o menor a 30 días.

iv)    las operaciones de tarjeta de crédito,

(*)(Así reformado el numeral anterior mediante sesión N° 720 del 30 de mayo de 2008).

4. La operación de pago único de principal a la fecha de vencimiento con un plazo mayor a seis meses y la operación de pago único de principal e intereses a la fecha de vencimiento con un plazo mayor a tres meses. Se exceptúa de esta disposición, las operaciones crediticias cuya fuente de repago sea mediante la liquidación de bonos de deuda política.

(Así reformado el numeral anterior mediante sesión N° 821 de 03 de diciembre del 2009).

5. la operación que a juicio de la entidad califique como operación crediticia especial; y

6. la operación crediticia que a juicio de la SUGEF está siendo utilizada para evitar la mora o, por las modificaciones que ha sufrido, está ocultando la mora de la operación.  

Se excluye la operación Back to Back, las operaciones contingentes, la operación de pago único de principal a la fecha de vencimiento con un plazo mayor a seis meses y menor a un año, cuyo destino sea exclusivamente el sector agrícola, para los cultivos que a juicio de la SUGEF presenten usualmente un flujo de caja que hace necesario una operación crediticia de pago único de principal a la fecha de vencimiento. Estos cultivos deben ser definidos por la SUGEF en los Lineamientos Generales.  

(Así reformado el inciso i) anterior por el inciso a) de la sesión N° 627 del 1 de febrero de 2007)

j) Operación prorrogada: Operación crediticia en la que por lo menos un pago total o parcial de principal o intereses ha sido postergado a una fecha futura en relación con las condiciones contractuales vigentes.

k. Operación readecuada: Operación crediticia en la que por lo menos una de las condiciones de pago contractuales vigentes ha sido modificada, excepto la modificación por prórroga, la modificación por pagos adicionales a los pactados en la tabla de pagos de la operación, la modificación por pagos adicionales con el propósito de disminuir el monto de las cuotas, el cambio en el tipo de moneda respetando la fecha pactada de vencimiento y la reducción de la tasa fija de interés o del margen fijo por encima de una tasa de referencia ajustable, respetando en ambos casos la fecha de vencimiento y la periodicidad de pago pactadas.

(Así reformado el inciso anterior por el inciso D de la sesión N° 781 del 27 de marzo de 2009)

l) Operación refinanciada: Operación crediticia con al menos un pago de principal o intereses efectuado total o parcialmente con el producto de otra operación crediticia otorgada por el mismo intermediario financiero o cualquier otra empresa del mismo grupo o conglomerado financiero al deudor o a una persona de su grupo de interés económico. En caso de la cancelación total de la operación crediticia, la nueva operación crediticia es considerada como refinanciada. En el caso de una cancelación parcial, tanto la operación crediticia nueva como la ya existente son consideradas como refinanciadas.

m)        Persona(s): La(s) persona(s) física(s) o jurídica(s), o cualquier otra figura o estructure jurídica o contractual.

n) Riesgo de crédito: Posibilidad a que está expuesta la entidad de que el deudor incumpla con sus obligaciones en los términos pactados en el contrato de crédito.

o) Saldo total adeudado: Suma de saldo de principal directo o contingente, intereses, otros productos y cuentas por cobrar asociados a una operación crediticia.

(Así corrida la numeración del inciso anterior mediante sesión N° 899 del 28 de enero del 2011, que lo traspasó del antiguo inciso n)  al inciso o)  actual)

p) Valor ajustado de la garantía: Valor que se obtiene al multiplicar el valor (del avalúo, de mercado o facial, según corresponda) de la garantía por el porcentaje de aceptación, todo según el Artículo 14 de este Reglamento y los respectivos Lineamientos Generales.

q.  Riesgo cambiario del crédito: Es la posibilidad de pérdidas económicas por el incumplimiento por parte del deudor, de las condiciones pactadas, debido a variaciones en el tipo de cambio que incidan en su capacidad de pago. El incumplimiento de pago puede presentarse al otorgar créditos en una moneda diferente al tipo de moneda en que el deudor genera sus ingresos netos y flujos de caja significativos.

(Así adicionado el inciso anterior mediante sesión N° 1058 del 19 de agosto de 2013)

Artículo 4º-Clasificación del deudor. La entidad debe clasificar a sus deudores en dos grupos de la siguiente forma:

a) Grupo 1: Deudores cuya suma de los saldos totales adeudados a la entidad es mayor al límite que fije el Superintendente General de Entidades Financieras (en adelante "el Superintendente") mediante resolución razonada.

b) Grupo 2: Deudores cuya suma de los saldos totales adeudados a la entidad es menor o igual al límite que fije el Superintendente mediante resolución razonada.

Para efectos de clasificación del deudor, en el cálculo de la suma de los saldos totales adeudados a la entidad, debe considerarse lo siguiente:

a) se excluyen los saldos de las operaciones back to back y la parte cubierta con depósito previo de las siguientes operaciones: garantías, avales y cartas de crédito; y

b) el saldo de principal contingente debe considerarse por su equivalente de crédito según el Artículo 13.

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° SGF-1514-2019 del 23 de mayo del 2019, se acordó fijar en ¢100 000 000 (cien millones de colones) o su equivalente en moneda extranjera de acuerdo con el tipo de cambio de compra del Banco Central de Costa Rica, el límite a la suma de los saldos totales adeudados de las operaciones de crédito de los deudores a que se refiere este artículo.)

CAPÍTULO II

Calificación de los deudores

 Artículo 7.- Análisis de la capacidad de pago para deudores del Grupo 1

La entidad debe calificar la capacidad de pago de los deudores del Grupo 1, con base en las metodologías aprobadas por la Junta Directiva o autoridad equivalente. Estas metodologías deben ser consonantes con sus políticas crediticias y congruentes con el tipo de deudor de que se trate, las líneas de negocio y productos crediticios. Las metodologías deberán considerar, al menos, los siguientes aspectos:

(Así reformado el párrafo anterior mediante sesión N° 1058 del 19 de agosto de 2013)

a.  Situación financiera, ingreso neto y flujos de efectivo esperados: Análisis de la fortaleza financiera y de la estabilidad y continuidad de las fuentes principales de ingresos. La efectividad del análisis depende de la calidad y oportunidad de la información.

(Así reformado el inciso anterior mediante sesión N° 1058 del 19 de agosto de 2013)

b.  Antecedentes del deudor y del negocio: Análisis de la experiencia en el giro del negocio y la calidad de la administración.

(Así reformado el inciso anterior mediante sesión N° 1058 del 19 de agosto de 2013)

c.  Situación del entorno sectorial: Análisis de las principales variables del sector que afectan la capacidad de pago del deudor.

(Así reformado el inciso anterior mediante sesión N° 1058 del 19 de agosto de 2013)

d.  Vulnerabilidad a cambios en la tasa de interés y el tipo de cambio: Análisis, bajo escenarios de estrés, de la capacidad del deudor para enfrentar cambios en la tasa de interés y el tipo de cambio.

(Así reformado el inciso anterior mediante sesión N° 1058 del 19 de agosto de 2013)

e.  Otros factores: Análisis de otros factores que pueden incidir sobre la capacidad de pago del deudor. Los aspectos que pueden evaluarse, pero no limitados a éstos, son los ambientales, tecnológicos, patentes y permisos de explotación, representación de productos o casas extranjeras, relación con clientes y proveedores significativos, contratos de venta, riesgos legales y riesgo país (este último en el caso de deudores domiciliados en el extranjero).

Las metodologías para la calificación de la capacidad de pago del deudor, tanto en la etapa de otorgamiento del crédito como en las etapas de seguimiento y control, pueden apoyarse en análisis estadísticos a partir de portafolios crediticios, determinados por la propia entidad financiera con base en características comunes entre los deudores que sean de utilidad para establecer esquemas de calificación de capacidad de pago. La calificación de la capacidad de pago del deudor debe establecerse bajo escenarios de estrés, con base en las metodologías aprobadas por la Junta Directiva o autoridad equivalente.

(Así reformado el inciso anterior mediante sesión N° 1058 del 19 de agosto de 2013)

Cuando el deudor cuente con una calificación de riesgo de una agencia calificadora, ésta debe considerarse como un elemento adicional en la evaluación de la capacidad de pago del deudor. Para el uso de las calificaciones rige lo dispuesto al respecto en el Artículo 15.

La entidad debe clasificar la capacidad de pago del deudor en 4 niveles: (Nivel 1) tiene capacidad de pago, (Nivel 2) presenta debilidades leves en la capacidad de pago, (Nivel 3) presenta debilidades graves en la capacidad de pago y (Nivel 4) no tiene capacidad de pago. Para la clasificación de la capacidad de pago, el deudor y su codeudor o codeudores deben ser objeto de evaluación de forma conjunta. La clasificación conjunta de la capacidad de pago podrá utilizarse únicamente para determinar el porcentaje de estimación de la operación en la cual las partes son deudor y codeudor.

(Así reformado el párrafo anterior mediante sesión N° 701 del 11 febrero de 2008).

Para el deudor cuya suma de los saldos totales adeudados en la entidad es mayor al límite que fije el Superintendente, la presentación de estados financieros auditados individuales es un requisito indispensable para calificar su capacidad de pago en el Nivel 1.

(Eliminar el párrafo penúltimo mediante sesión N° 1572-2020 del 27 de abril del 2020)

(Así adicionado el párrafo anterior mediante sesión N° 1258-2016 del 7 de junio del 2016)

En los Lineamientos Generales se definen los aspectos mínimos que debe analizar la entidad en sus evaluaciones de la capacidad de pago.

Artículo 7bis.- Análisis de la capacidad de pago para deudores del Grupo 2

La entidad debe calificar la capacidad de pago de los deudores del Grupo 2, con base en las metodologías aprobadas por la Junta Directiva o autoridad equivalente. Estas metodologías deben ser consonantes con sus políticas crediticias y congruentes con el tipo de deudor que se trate, las líneas de negocio y productos crediticios.

Las metodologías para la calificación de la capacidad de pago del deudor, tanto en la etapa de otorgamiento del crédito como en las etapas de seguimiento y control, pueden apoyarse en análisis estadísticos a partir de portafolios crediticios, determinados por la propia entidad financiera con base en características comunes entre los deudores que sean de utilidad para establecer esquemas de calificación de capacidad de pago.

(Así reformado el párrafo anterior mediante sesión N° 1258-2016 del 7 de junio del 2016)

(Derogado el párrafo 3, 4, 5 , 6  mediante sesión 1775-2022 del 14 de diciembre del 2022)

Artículo 10. Calificación del deudor

El deudor clasificado en el Grupo 1 debe ser calificado por la entidad de acuerdo con los parámetros: morosidad máxima del deudor en la entidad, determinada al cierre del mes en curso; comportamiento de pago histórico; y capacidad de pago, según el siguiente cuadro:

(Así reformado el párrafo anterior mediante sesión 1775-2022 del 14 de diciembre del 2022)

(Así reformado el cuadro anterior mediante sesión 1775-2022 del 14 de diciembre del 2022)

El deudor clasificado en el Grupo 2 debe ser calificado por la entidad de acuerdo con los parámetros: morosidad máxima del deudor en la entidad, determinada al cierre del mes en curso; y el comportamiento de pago histórico, según el siguiente cuadro:

(Así adicionado el párrafo anterior mediante sesión 1775-2022 del 14 de diciembre del 2022)

(Así adicionado el párrafo anterior mediante sesión 1775-2022 del 14 de diciembre del 2022)

Para todos los efectos, el deudor que no mantenga una autorización vigente para que se consulte su información crediticia en el Centro de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF, no puede ser calificado en las categorías de riesgo de la A1 hasta la B2.  La citada autorización aplica únicamente para los deudores que a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento constituyan una operación crediticia nueva en el sistema financiero, renueven o modifiquen una línea de crédito existente o, en el caso de tarjetas de crédito, cuando se dé el cambio físico de la tarjeta, pero en este último caso, debe aplicarse a más tardar 4 años después de la entrada en vigencia de este Reglamento. La restricción en cuanto a la calificación de riesgo a que se refiere este artículo se aplicará trascurrido un mes respecto del último periodo para el cual la SUGEF comunicó el requerimiento de autorización.

Se exime del requerimiento de autorización para consultar la información crediticia en el Centro de Información Crediticia de la SUGEF, a las operaciones crediticias que realicen los bancos privados con los bancos comerciales del Estado, en cumplimiento del artículo 59 de la Ley 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, y a las realizadas con bancos extranjeros.

    Asimismo, el deudor con al menos una operación crediticia comprada a un intermediario financiero domiciliado en Costa Rica y supervisado por la SUGEF debe ser calificado por lo menos durante un mes en la categoría de mayor riesgo entre la calificación asignada por la entidad vendedora y la asignada por la entidad compradora al momento de la compra.

    Adicionalmente, cuando el deudor tenga al menos una operación crediticia especial, su calificación queda sujeta a las restricciones del Artículo 18.

 Artículo 11bis. Estimaciones genéricas

La entidad debe mantener registrado al cierre de cada mes, un monto de estimación genérica que como mínimo será igual al 0,50% del saldo total adeudado de las operaciones crediticias sujetas a estimación, según el alcance dispuesto en el Anexo 1 de este Reglamento, correspondiente a la cartera de créditos clasificada en las categorías de riesgo A1 y A2, sin reducir el efecto de los mitigadores de las operaciones crediticias y aplicando al saldo de principal de los créditos contingentes lo indicado en el artículo 13 de este Reglamento.

Adicionalmente, en el caso de la cartera de créditos de deudores personas físicas cuyo indicador de cobertura del servicio de las deudas se encuentre por encima del indicador prudencial, deberá aplicarse una estimación genérica adicional de 1%, sobre la base de cálculo indicada en el párrafo primero de este artículo. Cuando se trate de personas físicas que tengan un crédito hipotecario u otro (excepto créditos de consumo) o se encuentren gestionando uno nuevo en la entidad, tendrán un indicador prudencial de 35% y para los créditos de consumo de personas físicas, sin garantía hipotecaria, tendrán un indicador prudencial del 30%.

Las entidades supervisadas deben utilizar el indicador de cobertura de servicio de la deuda para personas físicas como parte de los procesos de otorgamiento de crédito, el cual debe estar actualizado con la periodicidad definida en sus políticas de crédito.

Finalmente, en el caso de los créditos denominados en moneda extranjera colocados en deudores no generadores de divisas; deberá aplicarse además una estimación genérica adicional de 1.5%, sobre la base de cálculo indicada en el párrafo primero de este artículo.

Las estimaciones genéricas, indicadas en este artículo, serán aplicables en forma acumulativa.

Las estimaciones genéricas sobre créditos denominados en moneda extranjera colocados en deudores no generadores de divisas, serán aplicadas para las nuevas operaciones que se constituyan a partir de la entrada en vigencia de esta modificación.

Para estos efectos, se entenderá como operación nueva, cualquier operación originada por la entidad financiera, sea crédito directo o contingente.

Mediante Lineamientos Generales a este Reglamento, se establece la definición de deudores no generadores de divisas y se define el cálculo del indicador de cobertura del servicio de las deudas.

Finalmente, las entidades supervisadas deberán remitir a la SUGEF, mediante los contenidos, formatos, plazos, periodicidad y medios que ésta defina; las variables utilizadas para el cálculo del indicador de cobertura del servicio de las deudas de cada uno de sus deudores.

(Así adicionado mediante sesión N° 1058 del 19 de agosto de 2013)

(Así reformado en sesión N° 1416 del 15 de mayo del 2018)

CAPÍTULO III

Estimaciones

Artículo 12.- Estimación específica

La entidad debe determinar el monto de la estimación específica de cada operación crediticia del deudor sujeta a estimación según el Anexo 1. La estimación específica se calcula sobre la parte cubierta y descubierta de cada operación crediticia. La estimación sobre la parte descubierta es igual al saldo total adeudado de cada operación crediticia menos el valor ajustado ponderado de la correspondiente garantía, multiplicado el monto resultante por el porcentaje de estimación que corresponda a la categoría de riesgo del deudor o del codeudor con la categoría de menor riesgo. Si el resultado del cálculo anterior es un monto negativo o igual a cero, la estimación es igual a cero. En caso que el saldo total adeudado incluya un saldo de principal contingente, debe considerarse el equivalente de crédito de éste según el Artículo 13. La estimación sobre la parte cubierta de cada operación crediticia es igual al importe correspondiente a la parte cubierta de la operación, multiplicado por el porcentaje de estimación que corresponde según se indica en este artículo.

El valor ajustado de las garantías debe ser ponderado con un 100% cuando el deudor o codeudor con la categoría de menor riesgo esté calificado en las categorías de riesgo C2 u otra de menor riesgo, con un 80% cuando esté calificado en la categoría de riesgo D y con un 60% si está calificado en la categoría de riesgo E. Las ponderaciones menores a un 100% aplican para todas las garantías excepto para aquéllas enunciadas en los incisos del d. hasta el r. del Artículo 14. En el caso del inciso s., las ponderaciones indicadas se aplican para los bienes fideicometidos cuya naturaleza corresponda a la de los bienes enunciados en los incisos del a. al c. del Artículo 14 de este Reglamento.

Los porcentajes de estimación específica según la categoría de riesgo del deudor son los siguientes:

 Como excepción para la categoría de riesgo E, la entidad con operaciones crediticias con un deudor cuyo nivel de Comportamiento de Pago Histórico está en Nivel 3, debe calcular el monto mínimo de la estimación específica para dichos deudores de acuerdo con el siguiente cuadro:

(Así reformada la tabla anterior en sesión N°1775-2022, celebrada el 14 de diciembre del 2022)

  Si el deudor se encontraba antes de tener una operación crediticia especial en una categoría de riesgo E, éste mantiene su calificación por lo menos durante 180 días, y durante este plazo el porcentaje de estimación será de 100%, sin aplicar la excepción a que se refiere este artículo.

La suma de las estimaciones específicas para cada operación crediticia constituye la estimación específica mínima.

(Así reformado mediante sesión N° 1058 del 19 de agosto de 2013)

Artículo 14.-Garantías. Las garantías y el porcentaje máximo de su valor que puede considerarse para el cálculo de las estimaciones (porcentaje de aceptación máximo) son los siguientes:

a) Hipoteca sobre terrenos y edificaciones: El 80% del valor del avalúo menos el saldo de los gravámenes de mayor prelación.

b) Cédula hipotecaria constituida sobre bienes inmuebles: El menor valor que resulte entre i) el valor facial del total de la serie en poder de la entidad y ii) el 80% del valor de avalúo del bien menos el valor facial de las series de mayor prelación.

c) Prenda o pignoración sobre bienes muebles, excepto instrumentos financieros, e hipoteca sobre maquinaria fijada permanentemente al terreno: El 65% del valor del avalúo menos el saldo de los gravámenes de mayor prelación.

d) Bono de prenda emitido por un almacén general de depósito: El menor valor que resulte entre i) el valor facial de los bonos en poder de la entidad y ii) el 65% del valor del avalúo del bien menos el saldo de cualquier gravamen de mayor prelación.

e) Depósitos o instrumentos financieros que respaldan operaciones "back to back": 100% de su valor contable.

f) Instrumento de deuda debidamente inscrito en una bolsa de valores autorizada o emitido por el Banco Central de Costa Rica o el Gobierno de Costa Rica: 85% del precio de mercado cuando la categoría de riesgo es 3 o mejor, 80% del precio de mercado cuando la categoría de riesgo es 4 y el 75% del precio de mercado cuando la categoría de riesgo es 5, todo según el Anexo 3.

g) Instrumento de deuda emitido por una entidad supervisada por la SUGEF sin calificación pública otorgada por una agencia calificadora: El 70% del valor facial o el precio de mercado, el que sea menor.

h) Instrumento de capital debidamente inscrito en una bolsa de valores autorizada: 70% del precio de mercado cuando la categoría de riesgo es 3 o mejor, 60% del precio de mercado cuando la categoría de riesgo es 4 y el 50% del precio de mercado cuando la categoría de riesgo es 5, todo según el Anexo 3. No se incluye el instrumento de capital de ninguna de las empresas que integran el grupo o conglomerado financiero de la entidad acreedora.

i) Participación en un fondo de inversión abierto debidamente inscrito en la plaza correspondiente: 70% del valor de la participación cuando la categoría de riesgo del fondo es 3 o mejor, 60% del valor de la participación cuando la categoría de riesgo es 4 y el 50% del valor de la participación cuando la categoría de riesgo es 5, todo según el Anexo 3.

j) Participación en un fondo de inversión cerrado debidamente inscrito en una bolsa de valores autorizada: 70% del precio de mercado cuando la categoría de riesgo del fondo es 3 o mejor, 60% del precio de mercado cuando la categoría de riesgo es 4 y el 50% del precio de mercado cuando la categoría de riesgo es 5, todo según el Anexo 3.

k) Operación crediticia otorgada por una entidad supervisada por SUGEF: 90% del saldo de principal neto de la estimación registrada en la entidad supervisada que cedió en garantía la operación crediticia, todo con corte al mes anterior. El deudor de la operación crediticia debe haber estado calificado el mes anterior en la categoría de riesgo A1 o B1 según este Reglamento y la garantía de dicha operación debe estar debidamente inscrita en el Registro Público cuando corresponda. Las garantías de la 'operación crediticia cedida en garantía' no podrán ser utilizadas como mitigadoras de riesgo en la entidad que cedió el crédito en garantía.

(Así reformado el inciso anterior mediante sesión N° 720 del 30 de mayo de 2008)

l) Aval o fianza solidaria emitidos por una institución del sector público costarricense: El menor valor que resulte entre i) el 80% del monto avalado o afianzado y ii) el 80% del saldo total adeudado de la operación crediticia. Debe cumplir las condiciones que impone el marco legal del ente público y la capacidad efectiva de pago debe estar debidamente comprobada.

m) Aval o fianza solidaria emitidos por una persona jurídica del sector privado calificada en categoría de riesgo 4 o mejor según el Anexo 3 o no calificada con un patrimonio igual o mayor a 10 millones de dólares, cuyo análisis como deudor del Grupo 1 resulta en una calificación de categoría de riesgo A1 según este Reglamento: El menor valor que resulte entre i) el 80% del monto avalado o afianzado y ii) el 80% del saldo total adeudado de la operación crediticia.

n) Aval o fianza solidaria emitida por una persona física asalariada que haya autorizado a la entidad a hacer la deducción de los pagos mediante el sistema de deducción de planilla: El menor valor que resulte entre i) el 40% del monto avalado o afianzado y ii) el 40% del saldo total adeudado de la operación crediticia. Lo dispuesto en este inciso se aplica siempre que el saldo total adeudado de la operación sea igual o menor al monto que fije el Superintendente mediante resolución razonada. Además, la condición de asalariado del fiador o avalista debe estar vigente y el servicio de la deuda debe ser igual o menor al 30% del salario del fiador, neto de cargas sociales.

(Así reformado el inciso anterior por el inciso d) de la sesión N° 627 del 1 de febrero de 2007)

o) Factura con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad:

80% del valor facial de la factura si el obligado (pagador de la factura) está calificado en categoría de riesgo 4 o mejor, 70% del valor facial de la factura si el obligado está calificado en categoría de riesgo 5, todo según el Anexo 3, o se califica en categoría de riesgo A1 según este Reglamento, 60% si el obligado se califica en categoría de riesgo A2 según este Reglamento y el 50% del valor facial de la factura si el obligado se encuentra calificado en Nivel 1 de comportamiento de pago histórico en el Centro de Información Crediticia de la SUGEF.

p) Documentos que amparan una carta de crédito de importación confirmada e irrevocable debidamente consignados a favor de la entidad (por ejemplo, conocimiento de embarque): 60% del valor facial del documento.

q) Carta de crédito de exportación emitida por un intermediario financiero del extranjero: 90% del valor facial del documento si la entidad está calificada en categoría de riesgo 3 o mejor y el 80% si la entidad está calificada en categoría de riesgo 4, todo según el Anexo 3. La carta de crédito de exportación debe ser confirmada, irrevocable, incondicional, de pago a la vista y no puede haber sido emitida por una entidad integrante del grupo vinculado a la entidad que concede el crédito.

r) Cartas de crédito stand-by emitida por una intermediario financiero: 100% del valor facial del documento si la entidad está calificada en categoría de riesgo 3 o mejor, el 90% si la entidad está calificada en categoría de riesgo 4 y 80% si la entidad está calificada en categoría de riesgo 5, todo según el Anexo 3, y 60% si la entidad es supervisada por SUGEF. La carta de crédito stand-by debe ser irrevocable, incondicional, de pago inmediato y no puede haber sido emitida por una entidad integrante del grupo vinculado a la entidad que concede el crédito.

s) Fideicomiso de garantía: De acuerdo con la naturaleza del bien según los incisos anteriores, menos los gravámenes de mayor prelación que no están a favor del fideicomiso.

(*)t. Avales otorgados por el Fondo de Avales y Garantías del Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE) y por el Fondo de Garantías del Fondo especial para el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME):

    Para cada Fondo debe determinarse su porcentaje de cobertura, el cual se obtiene como el resultado de dividir el efectivo más el valor de las inversiones que respaldan los avales emitidos, entre el monto nominal total de avales emitidos.

    Con base en dicho resultado se determina el porcentaje de mitigación aplicable a cada operación crediticia, según el siguiente criterio:

i. Cuando el porcentaje de cobertura es mayor o igual a 100%, se debe utilizar como máximo un porcentaje de mitigación del 100%.

ii. Cuando el porcentaje de cobertura es menor a 100%,  se utilizará como porcentaje de mitigación el porcentaje de cobertura.

    El monto mitigador asociado a cada operación crediticia se obtiene como el resultado de multiplicar el porcentaje de mitigación, por el menor monto que resulte entre: el monto avalado o garantizado y, el saldo total adeudado de la operación crediticia.

    Ante solicitud expresa del Fondo de Avales y Garantías del FINADE o del Fondo de Avales y  Garantías del FODEMIPYME, debidamente sustentando en la experiencia y estudios técnicos, podrá autorizarse un menor porcentaje de cobertura requerido para el porcentaje máximo de mitigación del 100%.

    La aceptación de estos avales o garantías como mitigadores de riesgo para efectos del cálculo de las estimaciones, estará sujeto al cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones:

i. Los recursos asignados al Fondo y las inversiones que los respaldan deben mantenerse en forma separada de cualquier otro tipo de recursos, y el Fondo debe mantener registros separados e información contable y financiera propia.

ii. Los recursos del Fondo deben colocarse en inversiones del sector público costarricense o en instrumentos de emisores extranjeros con categoría de riesgo de largo plazo de AA o mejor, emitida por una agencia calificadora internacional de aceptación de la SUGEVAL. La entidad administradora no podrá disponer de las inversiones que respaldan el Fondo para otros fines diferentes de la emisión de avales o garantías.

iii. Las inversiones que respaldan los Fondos deben estar valoradas a precios de mercado.

iv. Las inversiones en moneda extranjera que respaldan los Fondos deben actualizarse al tipo de cambio de cierre del colón con respecto al dólar, utilizando el tipo de cambio de compra de cierre comunicado por el BCCR (*).

(*)(Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 1545-2019 del 25 de noviembre del 2019 se reformará la referencia al tipo de cambio compra de referencia del BCCR para reexpresar los importes en moneda extranjera, para que se lea: "tipo de cambio indicado en el Reglamento de Información Financiera". De conformidad con lo establecido en la indicada norma la misma empieza a regir a partir del 1° de enero del 2020, por lo que a partir de esa fecha se realizará la respectiva modificación)

v. Los avales y garantías deben ser irrevocables e incondicionales.

vi. El cumplimiento de cada una de las condiciones indicadas en este artículo deberá ser certificado trimestralmente, con corte al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de setiembre y 31 de diciembre, por un Contador Público Autorizado. Dicha certificación debe estar accesible al público dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre.

(*)(Así adicionado el inciso t) anterior por el aparte II, punto 2. de la sesión N° 853 del 21 de mayo de 2010)

La garantía que respalda más de una operación crediticia debe considerarse según el porcentaje de responsabilidad establecido en el contrato de crédito para el cálculo del valor ajustado de la garantía correspondiente a cada operación crediticia.  En el caso de no estar establecido el porcentaje de responsabilidad, la cobertura de la garantía se calcula en forma proporcional a los saldos totales adeudados de las operaciones crediticias garantizadas. Para los efectos de este cálculo, el saldo total adeudado de las operaciones contingentes debe multiplicarse por el respectivo factor de equivalencia de crédito.

(Así reformado el párrafo anterior por el inciso e) de la sesión N° 627 del 1 de febrero de 2007)

En los Lineamientos Generales se establecen las condiciones de las garantías que disminuyen su calidad mitigadora de riesgo y su porcentaje máximo de aceptación.

Artículo 16.-Condiciones generales de la garantía. Las garantías deben cumplir con las siguientes condiciones generales:

a) El valor del avalúo de las garantías debe ser igual a su valor de mercado estimado (precio estimado de venta). Cuando a juicio de la SUGEF, debidamente fundamentado, y como resultado de una supervisión in situ el valor del avalúo sobrepasa en más de un 10% el valor de mercado de la garantía, el valor de la garantía tiene un valor de cero para efectos del cálculo de la estimación según el Artículo 12 hasta tanto la entidad no realice un segundo avalúo por otro valuador o empresa valuadora. Si en una misma supervisión in situ se determina que en 5 o más casos en la misma entidad el valor del avalúo realizado por un mismo valuador (persona física) sobrepasa en más de un 10% el valor de mercado de las garantías, todas las garantías valuadas por ese valuador y su empresa valuadora tienen un valor de cero para efectos del cálculo de la estimación según el Artículo 12 hasta tanto la entidad no realice un segundo avalúo por otro valuador o empresa valuadora. En todo caso la SUGEF debe tomar en cuenta en la aplicación de este inciso la posibilidad de que el valor de mercado haya disminuido a causa de factores que se hayan dado en el intervalo de tiempo entre el avalúo o la visita de seguimiento y la supervisión in situ y que sean de difícil detección por parte de la entidad en forma oportuna. Asimismo se consideran los avalúos de bienes con idénticas características y realizadas en una misma fecha, como un único avalúo para efectos de determinar los casos en los que el valor del avalúo sobrepasa el valor de mercado de la garantía.

La entidad debe contar con un registro de todos los avalúos que haya realizado cada valuador, indicando el nombre completo del valuador, su número de identificación y el nombre de la empresa valuadora, así como los números de las operaciones crediticias para las cuales se hayan efectuado avalúos y el número de identificación de las garantías valoradas.

b. El valor del avalúo debe expresarse en colones costarricenses. En el caso de avalúos en moneda extranjera debe utilizarse el tipo de cambio de compra de referencia del Banco Central de Costa Rica (*) vigente al momento de la determinación del valor.

(Así reformado el inciso anterior mediante sesión N° 1258-2016 del 7 de junio del 2016)

(*)(Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 1545-2019 del 25 de noviembre del 2019 se reformará la referencia al tipo de cambio compra de referencia del BCCR para reexpresar los importes en moneda extranjera, para que se lea: "tipo de cambio indicado en el Reglamento de Información Financiera". De conformidad con lo establecido en la indicada norma la misma empieza a regir a partir del 1° de enero del 2020, por lo que a partir de esa fecha se realizará la respectiva modificación)

c) La condición de asalariado que debe ostentar el fiador o avalista según el Artículo 14, inciso n) y su salario neto de cargas sociales debe ser verificado por la entidad al menos cada doce meses.

Cuando como resultado de una supervisión in situ en 10 o más operaciones de crédito de una muestra aleatoria de 40 operaciones con más de doce meses de haber sido formalizadas se determine que la condición de asalariado y el salario neto de cargas sociales del fiador o avalista no fue verificado por la entidad en los últimos doce meses, no se considera la garantía según el Artículo 14, inciso n) en ninguna operación crediticia de la entidad por un periodo de doce meses contados a partir de la comunicación del resultado de esta verificación.

d) Existe certeza jurídica sobre la cobrabilidad de las garantías, mediante la valoración de al menos los siguientes aspectos contractuales:

i. Se encuentran legalmente perfeccionados, incluyendo entre otros

aspectos la inscripción en el registro público correspondiente;

ii. El mecanismo jurídico de entrega, transferencia, apropiación, adjudicación y liquidación del activo en garantía corresponde a su naturaleza y

iii. Es exigible legalmente de manera incondicional ante un evento claro de incumplimiento de las obligaciones crediticias.

Para el caso de fideicomisos de garantía, la entidad debe asegurarse de la correcta aplicación de las disposiciones establecidas en este Artículo por parte del fiduciario.

Artículo 20.-Estimación de otros activos. Deben estimarse los siguientes activos:

a) Las cuentas y productos por cobrar no relacionados con operaciones crediticias según la mora a partir del día siguiente a su exigibilidad, o en su defecto, a partir de la fecha de su registro contable, de acuerdo con el siguiente cuadro:

b) (Derogado mediante sesión N° 1602-2020 del 31 de agosto del 2020)

En el Anexo 2 se detallan las principales cuentas contables en que por su naturaleza se registran los activos sujetos a estimación según el inciso a. anterior.

(Así reformado el párrafo anterior mediante sesión N° 1602-2020 del 31 de agosto del 2020)

Transitorio XIII.

Se suspende la aplicación de la estimación genérica establecida en el artículo 11bis de este Reglamento, aplicable a la cartera de créditos en deudores personas físicas cuyo indicador de cobertura del servicio de las deudas se encuentre por encima del indicador prudencial.

La Superintendencia valorará, a partir de la información que remitan las entidades sobre este indicador, la conveniencia de reactivar su uso, así como su alcance y los porcentajes aplicables.

Las estimaciones genéricas que se hayan registrado contablemente con anterioridad a la vigencia de esta modificación, se mantendrán registradas, en tanto no cambien las condiciones del deudor que justificaron dicho registro contable.

(Así adicionado mediante sesión N° 1258-2016 del 7 de junio del 2016)

(Así reformado en sesión N° 1416 del 15 de mayo del 2018)

Transitorio XIV

La estimación genérica adicional del 1,50% para los créditos denominados en moneda extranjera colocados en deudores no generadores de divisas, a la que hace referencia el Artículo 11bis de este Reglamento, se aplicará de acuerdo con la siguiente gradualidad:

Estos porcentajes de estimación genérica serán aplicados para las nuevas operaciones que se constituyan a partir de la entrada en vigencia de esta modificación.

Las estimaciones genéricas aplicadas con anterioridad a la vigencia de esta modificación, continuarán calculándose con base en el porcentaje de 1,50%, sin aplicar los cambios al porcentaje indicados en este Transitorio.

(Así adicionado en sesión N° 1416 del 15 de mayo del 2018)

Transitorio XV. (Dejado sin efecto en sesión N° 1697 del 1° de noviembre de 2021)

(Así adicionado mediante sesión N° 1503-2019 del 28 de mayo de 2019)

(Nota de Sinalevi: Mediante sesión N° 1641-2021 del 1° de febrero de 2021 se acuerda extender el plazo del presente transitorio hasta el 31 de diciembre de 2021)

Transitorio XVI. (Dejado sin efecto en sesión N° 1697 del 1° de noviembre de 2021)

(Así adicionado mediante sesión N° 1566 del 23 de marzo de 2020)

(Nota de Sinalevi: Mediante sesión N° 1641-2021 del 1° de febrero de 2021 se acuerda extender el plazo del presente transitorio hasta el 31 de diciembre de 2021)

Transitorio XVII.

A partir de esta modificación y hasta el 31 de marzo de 2021, y en respuesta a la declaratoria de emergencia nacional mediante Decreto Ejecutivo N. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID19, se admite que a criterio de cada entidad supervisada, esta tome acciones inmediatas para exceptuar en sus políticas y procedimientos crediticios, la presentación de información usualmente requerida para efectos de análisis de capacidad de pago, con el fin único de asegurar el otorgamiento expedito de prórrogas, readecuaciones o refinanciamientos, o una combinación de éstas.

En estos casos y durante el plazo indicado, podrá mantenerse sin cambio el Nivel de Capacidad de Pago que el cliente poseía previo a la solicitud de la modificación en las condiciones del crédito.

La Superintendencia General establecerá en el SICVECA crediticio, el código identificador con que cada entidad supervisada deberá reportar los casos exceptuados mediante este Transitorio.

(Así adicionado mediante sesión N° 1566 del 23 de marzo de 2020)

Transitorio XVII bis

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Transitorio XVII, a partir del primero de diciembre de 2020, inclusive, y para los deudores a los que se otorguen nuevas prórrogas, readecuaciones, refinanciamientos o una combinación de estas a partir de esa fecha, deberá aplicarse la calificación de capacidad de pago de conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, para la asignación de la categoría de riesgo de los deudores y el cálculo de estimaciones crediticias.

(Así adicionado mediante sesión N° 1617-2020 del 2 de noviembre de 2020)

Transitorio XVIII. (Dejado sin efecto en sesión N° 1697 del 1° de noviembre de 2021)

(Así adicionado mediante sesión N° 1566 del 23 de marzo de 2020)

(Nota de Sinalevi: Mediante sesión N° 1641-2021 del 1° de febrero de 2021 se acuerda extender el plazo del presente transitorio hasta el 31 de diciembre de 2021)

Transitorio XIX. (Dejado sin efecto en sesión N° 1697 del 1° de noviembre de 2021)

(Así adicionado mediante sesión N° 1569-2020 del 13 de abril del 2020)

 (Nota de Sinalevi: Mediante sesión N° 1641-2021 del 1° de febrero de 2021 se acuerda extender el plazo del presente transitorio hasta el 31 de diciembre de 2021)

Transitorio XX.

A partir de la vigencia de esta modificación y hasta el 30 de junio de 2021, los numerales ii) y iii) del punto 3 del inciso i) Operación crediticia especial, del Artículo 3. Definiciones, de este Reglamento, se leerán de la siguiente forma:

"3. el crédito revolutivo, excepto los siguientes casos:

i. [.]

ii. aquel destinado al financiamiento de ciclos definidos de negocio, excepto capital de trabajo,

iii. aquel destinado al financiamiento de capital de trabajo,

iv. [.]

(Así adicionado mediante sesión 1579-2020 del  1° de junio del 2020)

(Nota de Sinalevi: Mediante sesión N° 1767 del 31 de octubre de 2022, se acordó  extender la aplicación de este numeral, hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive)

Transitorio XXI. Para el caso de los deudores con operaciones crediticias que sean readecuadas o refinanciadas con motivo en la entrada en vigencia de las tasas de interés anuales máximas para créditos y microcréditos conforme lo establecido en la Ley N° 9859, y durante un periodo equivalente a tres cuotas consecutivas según el plan de pagos de la operación crediticia, las entidades supervisadas deberán mantener la categoría de riesgo del deudor reportada a la SUGEF al mes inmediato anterior a la aprobación de la readecuación o el refinanciamiento de la operación afectada, salvo que a partir de las valoraciones efectuadas por la misma entidad, corresponda aplicar una categoría de mayor riesgo respecto a la reportada a la SUGEF.

Luego de transcurrido el periodo indicado en el párrafo anterior, cuando corresponda, el deudor podrá ser calificado por la entidad en una categoría de menor riesgo según los parámetros establecidos en este Reglamento y será reportado a la SUGEF con dicha calificación al cierre del mes inmediato siguiente al término del periodo indicado.

(Así adicionado en sesión N° 1593 del 20 de julio del 2020)

Transitorio XXII. A partir de la vigencia de la modificación al artículo 12 de este Reglamento y hasta el 31 de diciembre de 2021, el saldo de estimaciones registrado para los deudores en Categoría de Riesgo E con CPH3 no podrá disminuirse como resultado de esta modificación. Únicamente se admite que los importes de disminución sean reasignados a apoyar incrementos en estimaciones específicas por concepto de deudores recalificados a las categorías de riesgo C1, C2, D y E según los artículos 10 y 11 del Acuerdo SUGEF 1-05.

(Así adicionado en sesión N° 1624 del 26 de noviembre del 2020)

(Nota de Sinalevi: Mediante sesión N° 1697 del 1° de noviembre de 2021, se acordó  extender la aplicación de este numeral, hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive)

Transitorio XXIII. A partir del primero de enero de 2022 se aplicará plenamente lo dispuesto en el numeral 2, inciso i) Operación crediticia especial del Artículo 3 de este Reglamento, en cuanto a la determinación como especial, de la operación crediticia modificada más de una vez en un periodo de 24 meses mediante readecuación, prórroga, refinanciamiento o una combinación de éstas.

Para estos efectos, su aplicación seguirá las siguientes consideraciones:

a) La cantidad de modificaciones comenzará a computarse desde cero a partir del primero de enero de 2022, b) El referido plazo de 24 meses comenzará a contarse a partir del primero de enero de 2022, para todos los deudores que figuren en la cartera de créditos de la entidad al 31 de diciembre de 2021,

c) Subsecuentemente para los deudores indicados en el punto anterior, y para deudores nuevos a partir del primero de enero de 2022, el referido plazo de 24 meses seguirá computándose según lo dispuesto en la regulación, de conformidad con la situación particular de cada deudor.

(Así adicionado en sesión N° 1697 del 1° de noviembre de 2021)

Transitorio XXIV. Para los efectos del Artículo 11bis, a partir del 1 de enero de 2023 el término "deudor generador de divisas" se homologa a "deudor sin exposición a riesgo cambiario" y el término "deudor no generador de divisas" se homologa a "deudor con exposición a riesgo cambiario". Se utilizan indistintamente los términos "divisas" o "moneda extranjera".

Lo anterior, no afecta la continuidad en la aplicación de la estimación genérica adicional de 1.5% durante el año 2023, indistintamente para un "deudor no generador de divisas" o un "deudor con exposición a riesgo cambiario.

(Así adicionado en sesión N° 1752 del 29 de agosto de 2022)

Transitorio XXV:

A partir del primero de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, para efectos del numeral 2 del inciso i. del Artículo 3, Definiciones, de este Reglamento, un deudor con al menos una operación modificada dos veces en un periodo de 24 meses será clasificado en la categoría de riesgo B2. Asimismo, un deudor con al menos una operación modificada más de dos veces en un periodo de 24 meses será clasificado en la categoría de riesgo C1.

El número de modificaciones incluirá la cantidad de modificaciones aplicadas a partir del 1° de enero de 2022.

Se aclara que el deudor mantiene la categoría de riesgo previa a tener la operación especial a que se refiere el párrafo primero de este Transitorio, siempre que esta sea igual a B2 o C1, respectivamente, o de mayor riesgo. No obstante, si las condiciones del deudor justifican la reclasificación a categorías de mayor riesgo, la entidad debe realizar la reclasificación correspondiente.

(Así adicionado mediante sesión N° 1775-2022 del 14 de diciembre del 2022)

Transitorio XXVI:

A partir del primero de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, deberá aplicarse el texto siguiente en sustitución del Artículo 18. Operación crediticia especial:

"Artículo 18. Operación crediticia especial

El deudor con al menos una operación crediticia especial debe ser calificado inmediatamente por la entidad de la siguiente forma: el deudor que antes de tener una operación crediticia especial estaba calificado en las categorías de riesgo de la A1 hasta la C1 o no estaba calificado según este Reglamento, debe ser calificado en categoría de riesgo C1, o categorías de riesgo B2 o C1 cuando corresponda según el Transitorio XXV de este Reglamento, u otra de mayor riesgo de crédito durante por lo menos 180 días.

Cuando una entidad supervisada adquiere cartera de crédito de entidades de su propio grupo empresarial podrá solicitar a la Sugef autorización para mejorar la categoría de riesgo del deudor antes del plazo establecido de 90 días, para lo cual la Sugef deberá corroborar la categoría propuesta para emitir tal autorización.

Si el deudor se encontraba antes de tener una operación crediticia especial en una categoría de riesgo C2 o D, éste debe ser calificado en categoría de riesgo C2 o D, respectivamente, u otra de mayor riesgo de crédito durante por lo menos 180 días.

Si el deudor se encontraba antes de tener una operación crediticia especial en una categoría de riesgo E, éste mantiene su calificación por lo menos durante 180 días.

Para efectos de la aplicación de los párrafos anteriores, debe considerarse que:

a) el período durante el cual no se podrá mejorar la categoría de riesgo del deudor debe contarse a partir de que venza el periodo de gracia, cuando exista, del principal otorgado en la operación crediticia especial,

b) los periodos de 90 días o 180 días indicados serán únicamente válidos para el caso en el cual la operación crediticia especial estipule pagos mensuales o de menor periodicidad (quincenales, semanales, etc.). En el caso que la operación crediticia especial estipule pagos con una periodicidad mayor a un mes, el período durante el cual no se podrá mejorar la categoría de riesgo del deudor se ampliará hasta por un periodo equivalente a seis pagos consecutivos de principal de acuerdo con la periodicidad pactada, y

c) el deudor con al menos una operación crediticia especial según los incisos i3. e i4. del Artículo 3 de este Reglamento o cualquier otra operación crediticia que por sus características pueda ser utilizada para evitar la mora debe permanecer en la categoría de riesgo mientras tenga al menos una de estas operaciones crediticias especiales.

Una vez transcurrido el periodo durante el cual no se puede mejorar la categoría de riesgo del deudor, según los párrafos anteriores, la entidad puede recalificar al deudor según sus valoraciones en el marco de este Reglamento.

Cuando la Sugef, con base en una evaluación de los hechos y circunstancias, determine la existencia de una operación crediticia especial, debe comunicar a la entidad los motivos por los cuales considera que la operación crediticia es especial y debe otorgar un plazo máximo de cinco días hábiles para que la entidad presente los alegatos y pruebas que estime pertinentes. Contra la resolución final que dicte la Sugef podrán interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, según lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.

(Así adicionado mediante sesión N° 1775-2022 del 14 de diciembre del 2022)

Transitorio XXVII:

El Transitorio XXVI rige para deudores con al menos una nueva operación especial identificada a partir del 1° de enero de 2023.

(Así adicionado mediante sesión N° 1775-2022 del 14 de diciembre del 2022)

Transitorio XXVIII:

A partir del 1° de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, las estimaciones específicas que se liberen con motivo de estas modificaciones aprobadas en este Acuerdo no podrán reversarse contablemente contra los resultados del ejercicio, sino que únicamente podrá asignarse, en la respectiva cuantía, hacia incrementos en estimaciones específicas por concepto de deudores recalificados a las categorías de riesgo C1, C2, D y E según los artículos 10 y 11 del Acuerdo Sugef 1-05.

(Así adicionado mediante sesión N° 1775-2022 del 14 de diciembre del 2022)

ANEXO 2

Otros activos sujetos a estimación

Los activos sujetos a estimación según el Artículo 20 (aquéllas NO relacionadas a operaciones crediticias) se registran por su naturaleza en las siguientes cuentas o subcuentas, conforme la codificación del Plan de Cuentas para Entidades Financieras:

 (Así reformado mediante sesión N° 690 del 10 de diciembre de 2007)