Artículo 2.—Prohibición:

1. Excepto mediante tributos establecidos por ley, las tarifas, precios y los tasas de los servicios públicos no podrán incluir ningún componente destinado al financiamiento de gastos o de inversiones en entes públicos o privados distintos del prestatario del servicio público correspondiente.

2. La Autoridad Reguladora no podrá recibir de los prestatarios de los servicios públicos, ningún tipo de ayuda ni contribución en efectivo o en especie, aparte de los cánones que esta Ley establece.

(Así reformado por el artículo 83 de la ely N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley de Contingencia Fiscal)

ARTICULO 3.- Definiciones

Para efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

a) Servicio Público. el que por su importancia para el desarrollo

sostenible del país sea calificado como tal por la Asamblea

Legislativa, con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta

ley.

b) Servicio al costo. principio que determina la forma de fijar las

tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se

contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el

servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen

el adecuado desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que

establece el artículo 31.

c) Prestatario de servicio público. Sujeto público o privado que

presta servicios públicos por concesión, permiso o ley. d)

Evaluación de impacto ambiental. Estudio científico-técnico,

realizado por profesionales en la materia, que permite

identificar y predecir los efectos que producirá un proyecto

específico sobre el ambiente, cuantificándolo y ponderándolo,

para plantear una recomendación.

CAPITULO II

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

ARTICULO 4.- Objetivos

Son objetivos fundamentales de la Autoridad Reguladora:

a) Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y

prestatarios de los servicios públicos definidos en esta ley y

los que se definan en el futuro.

b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y

los intereses de los prestatarios de los servicios públicos.

c) Asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con

lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de esta ley.

d) Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad,

cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios

para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su

autoridad.

e) Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección

del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios

regulados o del otorgamiento de concesiones.

f) Ejercer, conforme lo dispuesto en esta ley, la regulación de los

servicios públicos definidos en ella.

ARTICULO 6.- Obligaciones de la Autoridad Reguladora

Corresponden a la Autoridad Reguladora las siguientes obligaciones:

a) Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los

prestatarios de servicios públicos, para comprobar el correcto

manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean

las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han

incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y

gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o

utilidad obtenida.

b) Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y

equipos destinados a prestar el servicio público, cuando lo

estime conveniente para verificar la calidad, confiabilidad,

continuidad, los costos, precios y las tarifas del servicio

público.

c) Velar por el cumplimiento, por parte de las empresas reguladas,

de las obligaciones en materia tributaria, el pago de las cargas

sociales, y el cumplimiento de las leyes laborales.

d) Cualquiera otra obligación que las leyes le asignen.

Toda disposición que se emita en relación con las materias a que se

refiere este artículo, será de acatamiento obligatorio.

        Artículo 7.- Facultad

        La Autoridad Reguladora estará facultada para efectuar contratos de compra, venta y arrendamiento de bienes, muebles e inmuebles, y servicios necesarios para el desempeño de su cometido, todo de acuerdo con la legislación existente.

        Artículo 8.- Responsabilidad

        La Autoridad Reguladora será responsable como institución y sus funcionarios, en forma solidaria, de sus actuaciones de conformidad con la Ley General de la Administración Pública.

CAPITULO IV

RÉGIMEN DE LOS PRESTATARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

ARTICULO 9.- Concesión o permiso

Para ser prestatario de los servicios públicos, a que se refiere

esta ley, deberá obtenerse la respectiva concesión o el permiso del ente

público competente en la materia, según lo dispuesto en el artículo 5 de

esta ley. Se exceptúan de esta obligación las instituciones y empresas

públicas que, por mandato legal, prestan cualquiera de estos servicios.

Sin embargo, todos los prestatarios estarán sometidos a esta ley y sus

reglamentos.

La Autoridad Reguladora continuará ejerciendo la competencia que la

Ley No. 7200 y sus reformas, del 28 de setiembre de 1990, le otorgan al

Servicio Nacional de Electricidad.

ARTICULO 10.- Competencia del prestatario

El ente encargado de otorgar el permiso o la concesión para prestar

un determinado servicio público, establecerá el ámbito de competencia del

prestatario. Por la naturaleza del servicio, se puede otorgar la

prestación exclusiva; sin embargo, esta disposición podrá variarse de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.

La autoridad reguladora resolverá los conflictos de competencia por

razón de territorio que se presenten entre los prestatarios, en las

materias sobre las que esta ley le atribuye funciones en los términos del

artículo 5. Para ello, concederá una audiencia a las entidades

involucradas, en el plazo de quince días a partir de la denuncia del

conflicto y resolverá dentro del lapso establecido en la Ley General de

la Administración Pública.

ARTICULO 11.- Establecimiento de derechos y obligaciones

En la concesión o el permiso se establecerán los derechos y las

obligaciones de los prestatarios, a fin de no perjudicar el uso de los

bienes nacionales ni los derechos de terceros legalmente adquiridos, sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley. Cuando se trate

de parámetros ambientales se usarán los contemplados en las leyes

específicas.

ARTICULO 12.- Prohibición de discriminación

Los prestatarios no podrán establecer ningún tipo de discriminación

contra un determinado grupo, sector, clase o consumidor individual. No

constituirán discriminación las diferencias tarifarias que se establezcan

por razones de orden social.

ARTICULO 13.- Prohibición de monopolios

Los prestatarios no tendrán ningún derecho monopólico sobre el

servicio público que exploten y estarán sujetos a las limitaciones y los

cambios que les sean impuestos por ley. Podrán otorgarse nuevas

concesiones, permisos, autorizaciones siempre que la demanda de servicios

lo justifique, o que estos puedan ofrecerse en mejores condiciones para

el usuario. En todo caso, se dará prioridad a los concesionarios que se

encuentren prestando el servicio. Se exceptúan de esta norma los

monopolios estatales, creados por ley u otorgados en administración.

ARTICULO 14.- Obligaciones de los prestatarios

Son obligaciones de los prestatarios:

a) Cumplir con las disposiciones que dicte la Autoridad Reguladora

en materia de prestación del servicio, de acuerdo con lo

establecido en las leyes y los reglamentos respectivos.

b) Mantener instalaciones y equipos en buen estado, de manera que no

constituyan peligro para personas ni propiedades, y no causen

interrupción del servicio.

c) Suministrar oportunamente, a la Autoridad Reguladora, la

información que les solicite, relativa a la prestación del

servicio.

d) Presentar, cuando la Autoridad Reguladora lo requiera, los

registros contables de sus operaciones, conforme lo disponen esta

ley y sus reglamentos.

e) Proteger, conservar, recuperar y utilizar racionalmente los

recursos naturales relacionados con la explotación del servicio

público, según la legislación vigente.

f) Permitir a la Autoridad Reguladora el acceso a sus instalaciones

y equipos, así como la comunicación con el personal, para cumplir

con esta ley y su reglamento.

g) Realizar actividades o inversiones no rentables por sí mismas, en

los ámbitos territorial y material de su competencia. Sin

embargo, aun cuando la actividad o inversión no sea rentable por

sí misma, su costo debe estar cubierto por los ingresos globales

del servicio público que presta. La empresa puede ser obligada a

suministrarlo, respetando el límite de su capacidad.

h) Admitir, sin discriminación, el acceso al servicio a quienes lo

soliciten dentro de su campo.

i) Estar preparados para asegurar, en el corto plazo, la prestación

del servicio ante el incremento de la demanda.

j) Brindar el servicio en condiciones adecuadas y con la regularidad

y seguridad que su naturaleza, la concesión o el permiso

indiquen.

k) Prestar el servicio a sus clientes en condiciones de igualdad y

cobrarles un precio justo y razonable por el servicio prestado.

ARTICULO 15.- Caducidad

Sin perjuicio de las causales de caducidad establecidas en leyes

especiales de los entes que otorguen las autorizaciones para explotar los

servicios públicos, serán causales de caducidad, las siguientes:

a) La renuncia del prestatario, sin perjuicio de las

responsabilidades que le correspondan.

b) Fuerza mayor o caso fortuito que altere las condiciones básicas

de la concesión o el permiso, de acuerdo con el Código Civil.

c) La pérdida decidida por la Asamblea Legislativa, de la condición

de servicio público de la labor que se realiza.

        Artículo 16.- Estudio del impacto ambiental

        Para autorizar la explotación de un servicio público, a juicio del Ministerio del Ambiente y Energía o por ley expresa, es requisito indispensable presentar, ante el ente encargado de otorgarla, un estudio de impacto ambiental, aprobado por ese Ministerio. El costo del estudio correrá por cuenta del interesado.

        El estudio del impacto ambiental deberá incluir una declaración jurada, suscrita por los solicitantes y los autores, de que la información suministrada y la evaluación son ciertas.

        La resolución emitida por el Ministerio del Ambiente y Energía, sobre la evaluación ambiental, será vinculante para el ente encargado de otorgar la concesión o el permiso.

        Artículo 17.- Suspensión del proceso

        El ente que otorgue la concesión o el permiso podrá suspender el proceso de otorgamiento de explotación de un servicio público hasta por un plazo de tres meses, cuando se demuestre un posible perjuicio grave sobre los recursos naturales, previo criterio del Ministerio del Ambiente y Energía. Dentro de este plazo, el solicitante podrá proponer un proyecto alternativo; de lo contrario, la solicitud se tendrá por denegada.

ARTICULO 18.- Bienes de interés público

Dentro del término de vigencia de la concesión o el permiso, los

prestatarios no podrán levantar los equipos ni las instalaciones

indispensables para brindar el servicio público, sin autorización escrita

de la entidad competente. Todos estos bienes se considerarán de interés

público.

        Artículo 19.- Aseguramiento

        Los bienes destinados a la prestación de servicios públicos podrán asegurarse contra riesgos, con el Instituto Nacional de Seguros o en caso de inopia, con entidades aseguradoras del exterior, en la forma y plazo que estime conveniente la entidad que otorgó la concesión o el permiso.

        Tales seguros podrán ser adquiridos por las entidades respectivas siempre que su costo final no le encarezca los servicios públicos al usuario.

CAPITULO V

CONDICIONES PARA SUMINISTRAR SERVICIOS PUBLICOS

ARTICULO 20.- Bienes y servicios de los prestatarios

No serán objeto de las disposiciones de esta ley los bienes y

servicios de los prestatarios, que no estén dedicados a brindar un

servicio público. Los prestatarios de estos servicios llevarán

contabilidades separadas que diferencien la actividad de servicio público

de las que no lo son. En todo caso, los ingresos y costos comunes deberán

consignarse de acuerdo con las normas técnicas que permitan una

distribución justa y no perjudiquen la actividad del servicio público.

        Artículo 21.- Controles

        La Autoridad Reguladora podrá ejercer controles sobre las instalaciones y los equipos dedicados al servicio público, para el cumplimiento cabal de sus obligaciones. Para este fin, contará con personal entrenado y especializado en cada uno de los servicios públicos que regule.

        Artículo 22.- Entes encargados de prestar servicios

        Cuando una concesión o un permiso se declare caduco o se revoque, por las causales establecidas en los artículos 15 y 41 de esta ley, el ente que otorgó la concesión o el permiso o el que aquí se disponga, asumirá la prestación del servicio público, únicamente mientras se otorga de nuevo. Asumirán estos servicios:

a) El Instituto Costarricense de Electricidad, en los casos contemplados en el inciso a) del artículo 5.

b) El Instituto de Acueductos y Alcantarillados, en los casos contemplados en el inciso c) del artículo 5.

c) La Refinadora Costarricense de Petróleo, en los casos contemplados en el inciso d) del artículo 5.

d) El Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, en los casos contemplados en el inciso e) del artículo 5.

e) El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en los casos contemplados en el inciso f) del artículo 5.

f) El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica y la Dirección General de Aviación Civil, según corresponda, en los casos contemplados en el inciso g) del artículo 5.

g) El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en los casos contemplados en el inciso h) del artículo 5.

h) La municipalidad correspondiente, en los casos contemplados en el inciso i) del artículo 5.

        Artículo 23.- Pruebas de exactitud y confiabilidad

        Los instrumentos y sistemas de medición o conteo por medio de los cuales se brinde o suministre un servicio público sujeto a regulación, serán sometidos a las pruebas de exactitud y confiabilidad que la Autoridad Reguladora considere necesarias. Esta Autoridad establecerá los procedimientos mediante los cuales deberá realizar esta labor.

        De oficio o a solicitud de parte, la Autoridad Reguladora intervendrá para garantizar el buen estado y la confiabilidad de los instrumentos y sistemas de medición y conteo que las entidades reguladas utilicen al prestar el servicio.

ARTICULO 24.- Suministro de información

A solicitud de la Autoridad Reguladora, las entidades reguladas

suministrarán informes, reportes, datos, copias de archivos y cualquier

otro medio electrónico o escrito donde se almacene información

financiera, contable, económica, estadística y técnica relacionada con la

prestación del servicio público que brindan. Para el cumplimiento

exclusivo de sus funciones, la Autoridad Reguladora tendrá la potestad de

inspeccionar y registrar los libros legales y contables, comprobantes,

informes, equipos y las instalaciones de los prestatarios.

ARTICULO 25.- Reglamentación

La Autoridad Reguladora emitirá los reglamentos que especifiquen las

condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad

y prestación óptima con que deberán suministrarse los servicios públicos,

conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el

extranjero para cada caso. El Poder Ejecutivo promulgará estos

reglamentos.

CAPITULO VI

ATENCION AL USUARIO

ARTICULO 26.- Peritaje

Los prestatarios de servicios públicos podrán exigir el peritaje

técnico o profesional, como requisito para atender las necesidades del

usuario que solicita el servicio.

Los peritos técnicos o profesionales deberán estar acreditados ante

la Autoridad Reguladora, según la reglamentación que al efecto emita.

ARTICULO 27.- Tramitación de quejas

La Autoridad Reguladora tramitará, investigará y resolverá, de

acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos en la Ley

General de la Administración Pública, cualquier queja relativa a la

prestación de los servicios públicos regulados por esta ley.

Los prestatarios de los servicios públicos y las instituciones

públicas están obligados a brindarle, a la Autoridad Reguladora, la

colaboración necesaria para que cumpla con esta función.

        Artículo 28.- Corrección de anomalías

        Si la denuncia resulta fundada, la Autoridad Reguladora dictará las disposiciones pertinentes para que se corrijan las anomalías, y cuando en derecho corresponda, ordenará resarcir los daños en sede administrativa. Las resoluciones que se dicten serán vinculantes para las partes involucradas, sin perjuicio de los recursos ordenados en la ley. 

        Si de la denuncia se desprenden responsabilidades penales, para cualquier involucrado, la Autoridad Reguladora deberá informarlo al Ministerio Público.

        Esa Autoridad tramitará los procesos administrativos hasta concluirlos, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública. Deberá informar del inicio de este procedimiento al ente que otorgó la concesión o el permiso.

CAPITULO VII

PETICIONES TARIFARIAS

ARTICULO 29.- Trámites de tarifas, precios y tasas

La Autoridad Reguladora formulará las definiciones, los requisitos y

las condiciones a que se someterán los trámites de tarifas, precios y

tasas de los servicios públicos, los cuales serán promulgados por el

Poder Ejecutivo, mediante reglamento.

ARTICULO 30.- Cambios de tarifas

Los prestatarios de servicios públicos, las organizaciones de

consumidores legalmente constituidas y cualquier entidad pública con

facultades podrán presentar solicitudes de cambio de tarifas y precios.

La Autoridad Reguladora estará obligada a recibir y tramitar esas

peticiones, únicamente cuando, al presentarlas, cumplan con los

requisitos formales que el reglamento establezca. Esta Autoridad podrá

modificarlas, aprobarlas o rechazarlas.

De acuerdo con las circunstancias, las fijaciones tarifarias serán

de carácter ordinario o extraordinario. Serán de carácter ordinario

aquellas que contemplen factores de costo e inversión, de conformidad con

lo estipulado en el inciso b) del artículo 3, de esta ley. Los

prestatarios deberán presentar, por lo menos una vez al año, un estudio

ordinario. La Autoridad Reguladora podrá realizar de oficio,

modificaciones ordinarias y deberá otorgarles la respectiva audiencia

según lo manda la ley.

Serán fijaciones extraordinarias aquellas que consideren variaciones

importantes en el entorno económico, por caso fortuito o fuerza mayor y

cuando se cumplan las condiciones de los modelos automáticos de ajuste.

La Autoridad Reguladora realizará, de oficio, esas fijaciones.

Artículo 31.—Fijación de precios, tarifas o tasas. Para fijar los precios, las tarifas y las tasas de los servicios públicos, la Autoridad Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el tamaño de las empresas prestatarias. En este último caso, se procurará fomentar la pequeña y la mediana empresa. Si existe imposibilidad comprobada para aplicar este procedimiento, se considerará la situación particular de cada empresa. En todo caso, deberá prevalecer lo que más favorezca al usuario de acuerdo con los parámetros que valore la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

No se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestatarias del servicio público.

(Así reformado por el artículo 83 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley de Contingencia Fiscal)

ARTICULO 33.- Justificación de las peticiones

Toda petición de los prestatarios sobre tarifas y precios deberá

estar justificada. Además, los solicitantes tendrán que haber cumplido

con las condiciones establecidas, por la Autoridad Reguladora, en

anteriores fijaciones o en intervenciones realizadas en el ejercicio de

sus potestades antes de la petición.

ARTICULO 34.- Irretroactividad

Las variaciones de tarifas y precios regirán a partir de su

publicación en el diario oficial y, en ningún caso, podrán tener efecto

retroactivo.

        Artículo 35.- Acceso a estudios técnicos

        La Autoridad Reguladora deberá permitir el acceso de los consumidores y usuarios de los servicios públicos regulados por esta ley, de la Defensoría de los Habitantes y los ministros rectores de tales servicios, a los estudios técnicos en que fundamentó la fijación realizada.

CAPITULO VIII

AUDIENCIAS

ARTICULO 36.- Convocatoria

Para los asuntos indicados en este artículo, la Autoridad Reguladora

convocará a audiencia, en la que podrán participar las personas que

tengan interés legítimo para manifestarse. Con ese fin, la Autoridad

Reguladora ordenará publicar en el diario oficial La Gaceta y en dos

periódicos de circulación nacional, los asuntos que a continuación se

enumeran:

a) Las solicitudes para la fijación ordinaria de tarifas y precios

de los servicios públicos.

b) Las solicitudes de autorización de generación de fuerza eléctrica

de acuerdo con la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990,

reformada por la Ley No. 7508, del 9 de mayo de 1995.

c) La formulación y revisión de las normas técnicas aplicables a los

servicios públicos objeto de regulación.

d) La formulación o revisión de los modelos de fijación de precios y

tarifas, de conformidad con el artículo 31 anterior.

Después de la publicación se convocará a una audiencia, dentro de un

plazo de treinta días naturales para la presentación de oposiciones con

base en estudios técnicos.

Las oposiciones habrán de formularse por escrito y se sustentarán

oralmente con las razones de hecho y de derecho que sean pertinentes. En

esta audiencia, podrán hacer uso de la palabra quienes hayan formulado las

oposiciones, según lo estipule el reglamento.

La Autoridad Reguladora establecerá un registro de asociaciones para

la defensa de los consumidores o los usuarios, asociaciones de desarrollo

comunal u otras organizaciones sociales, que podrán oponerse, cuando

tengan interés legítimo, al contenido de las publicaciones.

ARTICULO 37.- Plazo para fijar precios y tarifas

La Autoridad Reguladora resolverá en definitiva toda solicitud

ordinaria para la fijación de precios y tarifas, en un plazo que no podrá

exceder de treinta días naturales después de la audiencia. Si pasado ese

término el Regulador General no ha tomado la decisión correspondiente,

será sancionado por la Junta Directiva del Organo Regulador, con

suspensión del cargo hasta por treinta días.

La suspensión de dos o más veces en un mismo año calendario, se

considerará falta grave y constituirá causal de despido sin

responsabilidad patronal.

CAPITULO IX

SANCIONES

ARTICULO 38.- Multas

La Autoridad Reguladora sancionará, cumpliendo con el procedimiento

administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública,

con multa de cinco a diez veces el valor del daño causado que ella

determine, a quien suministre un servicio público que incurra en

cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Cobro de precios, tarifas, tasas o contribuciones distintos de

los señalados por la Autoridad Reguladora.

b) Mantenimiento inadecuado de equipos de trabajo del servicio

público regulado, que ponga en peligro personas o propiedades.

c) Uso fraudulento de bienes y servicios públicos para evadir el

pago regulado.

d) Prestación no autorizada del servicio público.

e) Levantamiento, sin la autorización expresa del ente que otorgó la

concesión o el permiso de los equipos o las instalaciones

indispensables para brindar el servicio público, tal y como lo

establece el artículo 18 de la presente ley.

f) Incumplimiento de la obligación de asegurar a los trabajadores de

la entidad prestataria ante la Caja Costarricense de Seguro

Social, y en el régimen de riesgos de trabajo. Se concederá un

plazo de treinta días hábiles para corregir la omisión o el

atraso; en caso de persistir o reiterarse la mora se cancelará la

concesión o el permiso.

g) El incumplimiento de las normas y los principios de calidad en la prestación de los servicios públicos.

(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo único de la Ley No. 8415 de 13 de mayo de 2004).

Cuando no sea posible estimar el daño, se multará con el monto de

cinco a veinte salarios base mínimos fijados en el presupuesto ordinario

de la República, de acuerdo con la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993.

ARTICULO 39.- Multas por mora

En caso de falta de pago de los cánones establecidos en la presente

ley, se impondrá una multa de quince por ciento (15%) mensual sobre el

monto del canon adeudado. Si el retraso se prolonga por un período

superior a los dos meses, esta conducta se interpretará como causal de

revocatoria de la concesión o el permiso.

Los representantes legales de las instituciones o empresas reguladas

responderán, civil y administrativamente, según corresponda, por el

retraso en el pago de los cánones establecidos en esta ley.

ARTICULO 40.- Pago de multas

El valor de las multas se depositará en favor de la Tesorería

Nacional. Su monto no podrá considerarse, por ningún concepto, como costo

de operación.

        Artículo 42.- Garantía de cumplimiento

        La inexistencia de la póliza de seguro vigente sobre los bienes destinados a la prestación del servicio público, de conformidad con el artículo 19 de esta ley, facultará a la Autoridad Reguladora para ejecutar la garantía de cumplimiento establecida en el contrato de concesión o el permiso, cuando la mora sea por un período mayor a un mes.

        Se exceptúan de lo anterior las empresas reguladas, cuyos costos finales de servicios públicos al usuario, no soportan estas cargas financieras.

        Artículo 43.- Cobro judicial

        Los débitos constituidos en razón de las sanciones establecidas en este capítulo, que no sean cancelados en sede administrativa, se cobrarán judicialmente. Para ello, la certificación expedida por el Regulador General constituirá título ejecutivo.

ARTICULO 44.- Cierre de empresas y remoción de equipo

La Autoridad Reguladora procederá a ordenar, mediante resolución

administrativa, el cierre inmediato de las empresas que utilicen sin

autorización los servicios públicos o que sean proveedoras de un servicio

público sin contar con la respectiva concesión o permiso. Igualmente,

removerá cualquier equipo o instrumento que permita el uso abusivo e

ilegal de los servicios regulados. Para ello, podrá contar con la ayuda

de la fuerza pública.

Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de cualquier otra

responsabilidad que pueda imputarse al prestatario del servicio público.

CAPITULO X

JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACION SUPERIOR

ARTICULO 45.- Integración de la Autoridad Reguladora

Integrarán la organización superior de la Autoridad Reguladora:

a) La Junta Directiva

b) El Regulador General

c) La Auditoría Interna

Asimismo, la Autoridad Reguladora estará facultada para establecer

su organización interna, a fin de cumplir con sus funciones.

ARTICULO 46.- Integración de la Junta Directiva

La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora estará integrada por

cinco miembros, quienes durarán en sus cargos todo el período de la

administración que los nombró y podrán ser reelegidos. Uno de ellos será

el Regulador General y presidirá la Junta.

ARTICULO 47.- Nombramientos

La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora será nombrada después

de abrirle expediente personal y de antecedentes a cada persona que se

postule o sea postulada para integrarla.

El Consejo de Gobierno, una vez que haya nombrado al Regulador

General y a los restantes miembros, enviará todos los expedientes a la

Asamblea Legislativa, la cual dispondrá de un plazo de treinta días para

objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produjere objeción, se

tendrán por ratificados.

En caso de objeción, el Consejo de Gobierno sustituirá al director

objetado y el nuevo designado será objeto del mismo procedimiento.

ARTICULO 48.- Requisitos de los miembros de la Junta Directiva

Para ser Regulador General, Auditor o miembro de la Junta Directiva

se requiere:

a) Ser costarricense en ejercicio de sus derechos civiles y

políticos.

b) Ser mayor de treinta años de edad.

c) Ser de reconocida honorabilidad.

d) Ser graduado universitario, con título de licenciatura, como

mínimo, y poseer experiencia comprobada en el área de los

servicios públicos, por un período no menor de cinco años.

ARTICULO 49.- Prohibiciones para el Regulador General

El Regulador General tendrá dedicación exclusiva, salvo que la Junta

Directiva lo autorice para impartir algún curso universitario.

Se prohíbe al Regulador General:

a) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo.

b) Participar en actividades político-electorales, con las

salvedades de ley.

c) Intervenir en el trámite o la resolución de asuntos sometidos a

su jurisdicción, en los que tenga interés personal, directa o

indirectamente, o cuando los interesados sean sus parientes por

línea directa o colateral hasta el cuarto grado, por

consanguinidad o afinidad. Esta prohibición alcanza también a los

otros miembros de la Junta Directiva.

La violación de las prohibiciones anteriores constituirá falta grave

del servidor y dará lugar a su destitución por justa causa, sin perjuicio

de las otras responsabilidades que le quepan.

ARTICULO 50.- Prohibición de nombramiento

Ningún nombramiento para desempeñar cargos en la Autoridad

Reguladora, podrá recaer en parientes o cónyuges del Regulador General ni

de los miembros de la Junta Directiva, hasta el cuarto grado de

parentesco por consanguinidad o afinidad. Tampoco podrán ser nombrados

para ocupar puestos de jefatura en la Autoridad Reguladora, accionistas,

asesores, gerentes o similares, miembros de las Juntas Directivas de las

empresas privadas reguladas ni sus parientes hasta el cuarto grado de

consanguinidad o afinidad.

Esta prohibición estará vigente hasta un año después de que los

funcionarios a quienes se refiere el párrafo anterior, hayan dejado de

prestar sus servicios. La violación de este impedimento causará la

nulidad absoluta del nombramiento.

ARTICULO 51.- Prohibición de prestar servicios

Ningún funcionario de la Autoridad Reguladora o miembro de la Junta

Directiva podrá prestar servicios a las entidades reguladas, ni a los

prestatarios de servicios públicos.

La violación de este artículo será considerada falta grave y,

simultáneamente, será causal de destitución sin responsabilidad para la

Institución y de multa en los términos del párrafo final del artículo 38

anterior, para la empresa infractora.

ARTICULO 52.- Causas de cese

El Regulador General, el Auditor y los demás miembros de la Junta

Directiva cesarán en sus cargos por cualquiera de las siguientes causas:

a) Renuncia.

b) Ausencia del país por un período mayor de un mes, sin la

autorización de la Junta Directiva.

c) Incapacidad sobreviniente por más de seis meses.

d) Negligencia o falta grave, debidamente comprobada, contra el

ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su

cargo.

e) Cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta ley.

f) Condena con sentencia firme, por un delito doloso, durante el

ejercicio del cargo.

g) Las causas contempladas en el artículo 13 de la Ley No.6872, del

17 de junio de 1983, sobre enriquecimiento ilícito, a las que

queden afectos.

Corresponde al Poder Ejecutivo, con el principio del debido proceso,

declarar la vacante por cualquiera de las causas establecidas en esta

ley, y proceder a nombrar al sustituto en un plazo improrrogable de

treinta días naturales, con sujeción al procedimiento establecido en este

capítulo.

ARTICULO 53.- Deberes y atribuciones

Son deberes y atribuciones de la Junta Directiva:

a) Definir la política y los programas de la Autoridad Reguladora,

de conformidad con los principios y objetivos de esta ley.

b) Resolver, agotando la vía administrativa, los recursos

relacionados con asuntos de competencia de la Autoridad

Reguladora, con excepción de los asuntos relacionados con materia

laboral.

c) Conocer y resolver los asuntos que el Regulador General someta a

su consideración.

d) Elaborar los reglamentos necesarios para el funcionamiento de la

Autoridad Reguladora y las modificaciones de estos y presentarlos

al Poder Ejecutivo para su promulgación.

e) Aprobar el estudio de cánones y el presupuesto de la Autoridad

Reguladora y sus modificaciones.

f) Resolver los asuntos de su competencia en materia administrativa.

g) Aprobar los contratos de obras y servicios, de acuerdo con el

ordenamiento jurídico vigente.

h) Examinar y aprobar los estados financieros de la Autoridad

Reguladora y la liquidación de su presupuesto.

i) Aprobar los informes que anualmente publicará la Autoridad

Reguladora sobre su gestión.

j) Nombrar y remover al Auditor Interno, de acuerdo con la ley.

k) Conocer en alzada de las apelaciones que se presenten por

resoluciones del Regulador General o del Auditor Interno.

l) Presentar, a la Asamblea Legislativa, a más tardar el último día

del mes de abril de cada año, un informe de las labores y

actividades realizadas durante el año anterior.

m) Aprobar la organización interna de la Autoridad Reguladora y el

estatuto interno de trabajo.

n) Mantener estrecha comunicación y coordinación con el Ministerio

de Economía, Industria y Comercio, en cuanto a la política de

precios que debe seguir el Gobierno.

ñ) Los demás deberes y atribuciones que se le confieren de

conformidad con las leyes o los reglamentos de servicio de cada

actividad regulada.

ARTICULO 54.- Quórum

Para sesionar válidamente, tres miembros constituirán quórum. Los

acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo los

casos en que la ley exija una mayoría calificada. Cuando se produzca un

empate, el Presidente o quien lo sustituya, resolverá con doble voto.

Ningún miembro presente podrá abstenerse de votar.

        Artículo 55 - Validez de acuerdos

        Se requerirán por lo menos cuatro votos afirmativos, para la validez de los siguientes acuerdos:

a) La resolución de las apelaciones en materia de fijación de tarifas y precios.

b) El otorgamiento, la revocatoria o la ampliación de las concesiones que por ley le corresponda.

c) El nombramiento y la remoción del Auditor Interno.

d) La aprobación del estudio de cánones.

e) La aprobación de las operaciones de endeudamiento.

        Artíulo 56.- Impedimentos para resolver asuntos

        Los miembros de la Junta Directiva deberán excusarse de participar en la resolución de asuntos en los cuales ellos o sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado inclusive, estén interesados o interesen a sociedades anónimas o compañías cuyos dueños o empleados sean los parientes referidos.

ARTICULO 57.- Deberes y atribuciones del Regulador General

Son deberes y atribuciones del Regulador General:

a) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la

institución.

b) Ejecutar, como superior jerárquico en materia administrativa, la

política y los programas de la Autoridad Reguladora.

c) Resolver las solicitudes para fijar tarifas y precios, de

conformidad con los estudios técnicos.

d) Resolver los recursos que deba conocer en materia laboral,

agotando la vía administrativa.

e) Conocer los informes de las investigaciones sobre quejas y

resolver lo que corresponda dentro del ámbito de su competencia.

f) Preparar la agenda de las sesiones de la Junta Directiva.

g) Todo cuanto la ley indique.

        Artículo 58.- Requisitos del Auditor Interno

        El Auditor Interno de la Autoridad Reguladora será un contador público autorizado, con experiencia profesional mínima de cinco años en auditoría.

CAPITULO XI

FINANCIAMIENTO

ARTICULO 59.- Cálculos del canon

Por cada actividad regulada, la Autoridad Reguladora cobrará un

canon consistente en un cargo anual que se determinará así:

a) La Autoridad Reguladora calculará el canon de cada actividad de

acuerdo con el principio de servicio al costo y deberá establecer

un sistema de costeo apropiado para cada actividad regulada.

b) Cuando la regulación por actividad involucre a varias empresas,

la distribución del canon seguirá criterios de proporcionalidad y

equidad.

c) Cada mayo, la Autoridad Reguladora presentará el proyecto de

cánones para el año siguiente, con su respectiva justificación

técnica, ante la Contraloría General de la República para que lo

apruebe. Recibido el proyecto, la Contraloría dará audiencia, por

un plazo de diez días hábiles, a las empresas reguladas para que

expongan sus observaciones al proyecto de cánones. Transcurrido

el plazo, se aplicará el silencio positivo.

d) El proyecto de cánones deberá aprobarse a más tardar el último

día hábil del mes de julio del mismo año. Vencido ese término sin

pronunciamiento de la Contraloría General de la República, el

proyecto se tendrá por aprobado en la forma presentada por la

Autoridad Reguladora.

Según los procedimientos aquí indicados, esa Autoridad someterá, a

la Contraloría General de la República para su aprobación, los cánones

por nuevos servicios públicos establecidos por la Asamblea Legislativa.

La Autoridad Reguladora determinará los medios y procedimientos adecuados

para recaudar los cánones a que se refiere esta ley.

ARTICULO 60.- Descuento de cánones

Las empresas reguladas que colaboren con la Autoridad Reguladora en

la recaudación de cánones de terceros, podrán descontar, del canon que

les corresponde cancelar en virtud de lo dispuesto en el artículo

anterior, los gastos por este servicio. La empresa recaudadora deberá

presentar a la Autoridad Reguladora el estudio respectivo.

ARTICULO 61.- Patrimonio

El patrimonio general de la Autoridad Reguladora será inembargable

y, en ninguna forma, podrá ser traspasado al Gobierno Central o sus

instituciones ni usado por ellos.

Además de los cánones mencionados en el artículo 59, formarán parte

de los ingresos de la Autoridad Reguladora:

a) Los fondos que se le asignen en el Presupuesto Nacional.

b) Las donaciones y subvenciones.

c) Los ingresos que obtenga mediante convenios y contratos con

personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o

extranjeras.

La Autoridad Reguladora asumirá todos los activos, pasivos y

patrimonio del Servicio Nacional de Electricidad. Se exceptúan los

activos que se trasladarán al Ministerio del Ambiente y Energía, según el

transitorio V de esta ley.

ARTICULO 62.- Cobro por otros servicios

La Autoridad Reguladora cobrará, por otros servicios que ofrezca, un

monto calculado con base en el costo de estos servicios.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 63.- Modificación de la Ley No. 3077

Se reforma el artículo 1 de la Ley de Reglamentación del cobro del

factor térmico de ajuste a cargo del ICE, No. 3077, del 7 de diciembre de

1962, cuyo texto dirá:

... ... ...

ARTICULO 64.- Modificaciones de la Ley No. 3503

Se modifica la Ley reguladora del transporte remunerado de personas

en vehículos automotores, No. 3503, del 10 de mayo de 1965 y sus

reformas, de la siguiente manera:

a) ... ... ...

b) Se deroga el artículo 38.

ARTICULO 65.- Modificaciones de la Ley No. 6324

Se modifican los artículos 29 y 30 de la Ley de Administración Vial,

No. 6324, del 24 de mayo de 1979, cuyos textos dirán:

... ... ...

ARTICULO 66.- Modificaciones de la Ley No. 5406

Se modifica la Ley reguladora del transporte remunerado de personas

en vehículos taxi, No.5406, del 31 de octubre de 1973, de la siguiente

manera:

a) ... ... ...

b) Se derogan los artículos 3, 20 y 21.

ARTICULO 67.- Autonomía

La Autoridad Reguladora se regirá por su ley constitutiva y, en

materia de fiscalización presupuestaria, únicamente estará sujeta a las

disposiciones de la Contraloría General de la República. Además de las

regulaciones específicas que le corresponden, sólo se le aplicarán las

otras a que esté sometida la Contraloría.

ARTICULO 68.- Derogaciones

Se derogan la Ley No. 258, del 18 de agosto de 1941, y sus reformas

y el artículo 8 de la Ley No. 1634, del 14 de setiembre de 1953.

ARTICULO 69 - Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de noventa días

naturales contados a partir de su publicación.

ARTICULO 70.- Referencia legal

Las referencias legales al Servicio Nacional de Electricidad o a sus

siglas SNE, en adelante se entenderán referidas a la Autoridad Reguladora

de los Servicios Públicos.

ARTICULO 71.- Autorización

Se autoriza a las instituciones y empresas públicas que brindan

servicios para vender directamente a otras empresas o instituciones

públicas y privadas, nacionales o extranjeras, servicios de

asesoramiento, consultoría, capacitación o cualquier otra actividad afín

a sus competencias.

ARTICULO 72.- Vigencia

Rige treinta días naturales después de su publicación en el diario

oficial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

        Transitorio I.- La creación de la Autoridad Reguladora no implicará variantes en las concesiones, los permisos o las autorizaciones administrativas otorgadas antes de la vigencia de esta ley.

        Transitorio II.- Los empleados y funcionarios del Servicio Nacional de Electricidad formarán parte del personal de la Autoridad Reguladora y conservarán los derechos laborales adquiridos. Serán cesados con responsabilidad patronal quienes actualmente cumplan funciones que la nueva institución no incluya dentro de sus competencias.

        Transitorio III.- Al entrar en vigencia la presente ley, los miembros de la Junta Directiva actual del Servicio Nacional de Electricidad cesarán en sus cargos.

        Transitorio IV.- El Consejo de Gobierno nombrará a los miembros de la Junta Directiva, en un plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la publicación de esta ley, conforme al procedimiento fijado en ella.

        Transitorio V.- Se traslada el Departamento de Aguas del Servicio Nacional de Electricidad, incluyendo su personal, activos y funciones, al Ministerio del Ambiente y Energía. Este traslado se hará efectivo dentro del plazo máximo de un año después de entrar en vigencia esta ley, con el propósito de facilitar los ajustes presupuestarios y de otra naturaleza que sean pertinentes.

        En virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, en cualquiera de los artículos de la Ley No. 276, del 27 de agosto de 1942 y sus reformas, donde se mencione el Servicio Nacional de Electricidad en relación con las aguas nacionales, deberá leerse Ministerio del Ambiente y Energía.

        Asimismo, en esa ley, deberá leerse siempre Ministerio del Ambiente y Energía cuando se menciona el Servicio Nacional de Electricidad.

        Transitorio VI.- El actual Director General del Servicio Nacional de Electricidad permanecerá en el cargo como Regulador General, por un plazo de diez meses a partir de la aprobación de esta ley. Vencido este lapso el Consejo de Gobierno nombrará al Regulador General, conforme al procedimiento fijado en la presente ley.

        Transitotio VII.- Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que, durante un plazo improrrogable de doce meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, pueda otorgar nuevos permisos de transporte público de personas, modalidad taxi. Para esto, deberá considerar los estudios técnicos y los dictados de la presente ley.

Conservarán su derecho por un plazo de treinta y seis meses más, los permisionarios que, al entrar en vigencia esta ley, gocen de un permiso de transporte público de personas en la modalidad taxi y cumplan con los requisitos solicitados cuando se les otorgó el permiso.

Cumplido el término señalado, deberá publicarse el cartel de licitación de concesiones para este tipo de servicio público lo cual obliga a que, una vez resuelto y firme el concurso, los permisos otorgados queden fuera de circulación.