Artículo 2°- Fin

El presente reglamento tiene como fin establecer un marco general que facilite la ejecución eficiente y eficaz de la Ley 9036 al definir sus alcances, orientada al Desarrollo Rural Territorial (DRT), y los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional que sean necesarios para regular las relaciones entre el Inder, los entes públicos, privados y sociedad civil, que participan en el desarrollo rural territorial.

Artículo 3°- Beneficiarios de la Ley

Serán beneficiarios las personas jurídicas sin fines de lucro y las físicas que cumplan con los requisitos de la Ley y este reglamento, quienes podrán recibir uno o varios de los beneficios y servicios que brinda la Institución a través del Fondo de Tierras y del Fondo de Desarrollo Rural o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 9036 y en el presente Reglamento, para lo cual deberán ser declarados admisibles y cumplir con los requisitos establecidos para cada modalidad del servicio.

Artículo 4°- Aplicación de los principios generales de la Ley

Los principios y objetivos de la Ley 9036, o en caso de duda los de la Ley 2825, serán de aplicación obligatoria para el Sector Público, cuya dirección política corresponde al Presidente de la República y al Ministro Rector del Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural (el MAG), y al Inder su ejecución.

CAPÍTULO II

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

Artículo 5°- De los miembros de la Junta Directiva del Inder

Conforme lo establece el Artículo 18 de la Ley 9036 existen dos tipos de miembros de Junta Directiva, los que son miembros en virtud del cargo que ocupan en la Administración Pública (cargos funcionales) y los que son nombrados en función de la persona (cargos personales). Los primeros son los determinados por los incisos a, b, c y d y los segundos los contenidos en los incisos e, f y g. Los cargos funcionales serán desempeñados por las personas que ocupen el cargo en el momento según lo disponga su respectivo nombramiento, mientras que, los cargos personales serán electos por cuatro años como lo indica el artículo 20 y solo podrán ser removidos conforme lo establece el artículo 21, ambos de la Ley 9036.

Artículo 6°- Del nombramiento de los miembros de la Junta Directiva

A más tardar, el 15 de mayo del año en que inicia el ejercicio del nuevo período constitucional de Gobierno, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la organización representante de los territorios rurales y el Foro Nacional Mixto Agropecuario o en su defecto las organizaciones campesinas de cobertura nacional, deberán presentar ante el Poder Ejecutivo, los nombres de las personas que representarán a cada una de las organizaciones para integrar la Junta Directiva en el nuevo período constitucional de gobierno, los cuales serán elegidos de la siguiente manera:

a) Representante de Gobiernos Locales: La Unión Nacional de Gobiernos Locales elegirá a su representante ante la Junta Directiva, mediante un procedimiento interno y bajo los mecanismos democráticos que ellos mismos definan.

b) Representante de Territorios Rurales: Cada Comité Directivo de los Consejos Territoriales elegirá una representación, los cuales sesionarán en Asamblea General para escoger la terna que será propuesta para ser nombrado el representante de los territorios rurales respetando la normativa de igualdad real de la Mujer en los procesos de participación para el desarrollo, mediante los procesos democráticos que se definan en ese momento. La elección deberá ser realizada a más tardar un mes antes de la toma de posesión por parte del Consejo de Gobierno entrante y la sesión será coordinada y dirigida por el Instituto. La terna será presentada con las personas candidatas ponderadas en primer, segundo y tercer lugar de elección. La representación electa será ratificada por el Consejo de Gobierno según el orden de elección aportado pudiendo este órgano, mediante Acuerdo razonado y motivado, descartar al propuesto en primer lugar, en cuyo caso se ratificará al segundo lugar, salvo que, el mismo también sea rechazado mediante acuerdo motivado, en cuyo caso se deberá ratificar al tercer lugar. Los miembros de la terna que no resultaren elegidos fungirán en su orden de elección, como suplentes del titular en caso de ausencia prolongada por más de cuatro sesiones ordinarias de la Junta Directiva, renuncia al puesto o destitución justificada del representante ratificado.

c) Representante del Sector Agropecuario: la representación del Foro Nacional Mixto Agropecuario que se encuentre debidamente acreditado ante el MAG, será elegido a lo interno de las organizaciones bajo los mecanismos democráticos que designen y que sea ratificado por el Presidente de la República junto con el Ministro del ramo.

En el caso de que las organizaciones no hayan enviado a sus candidatos para el nombramiento respectivo en la fecha máxima señalada, el Consejo de Gobierno nombrará al representante que considere adecuado.

En caso de no existir organización acreditada, el Consejo de Gobierno nombrará a quien considere adecuado para el puesto, el cual deberá pertenecer a alguna organización de pequeños o medianos productores agropecuarios.

CAPÍTULO III

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR

Artículo 7°- Facultad de nombramiento

Con fundamento en el artículo 24, inciso l) de la Ley 9036, es competencia de la Junta Directiva nombrar a la persona que ocuparía el cargo de Auditor y Sub Auditor Interno.

Artículo 8°- De la naturaleza

La selección y nombramiento por tiempo indefinido del Auditor y Sub Auditor Interno del Inder, se hará de conformidad con lo estipulado en los artículos 29 y 31 de la Ley General de Control Interno N° 8292 y conforme con los "Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y sub auditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público" vigentes y emitidos por la Contraloría General de la República (CGR).

CAPÍTULO IV

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL (GG)

Artículo 9°- Facultad de nombramiento

Con fundamento en el artículo 24, inciso m) de la Ley 9036, es competencia de la Junta Directiva nombrar a la persona que ocuparía el cargo de la Gerencia General, el cual, a más tardar seis meses antes del vencimiento del plazo del nombramiento vigente, deberá iniciar el nuevo proceso de convocatoria al concurso.

Artículo 10°- Requisitos y habilidades del puesto

Los requisitos y habilidades del puesto serán definidos y aprobados por la Junta Directiva, quienes definirán los factores de calificación, los lineamientos generales para la elaboración de las entrevistas y la aplicación de las pruebas de evaluación para el puesto.

Artículo 11°- Periodo de nombramiento

El período de nombramiento será de hasta seis años y podrán ser reelegidos.

CAPITULO V

POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANIFICACIÓN Y PLAN DE DESARROLLO

Artículo 12°- Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial

La Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial establecerá el marco institucional que orientará la formulación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial, estableciendo los compromisos y responsabilidades de la Administración Pública de conformidad con los principios orientadores, propósitos y objetivos establecidos en los artículos 4 y 5 de la Ley 9036.

El Inder en conjunto con el MAG, MIVAH y el MIDEPLAN, coordinará interinstitucionalmente para la elaboración del Plan Nacional en lo atinente al desarrollo rural territorial, debiendo articular la Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial con los planes regionales, territoriales, sectoriales, así como los compromisos y responsabilidades de la Administración Pública.

El Plan Nacional de Desarrollo se realizará por períodos de cinco años y será revisado anualmente, pudiendo modificarse en cualquier momento cuando se considere necesario.

Artículo 13°- Del enfoque ascendente en la formulación de la política y la planificación del desarrollo territorial

Los instrumentos de política y planificación deberán sustentarse en las acciones y proyecciones que establezcan los actores sociales al formular los Planes de Desarrollo Rural Territorial, de modo que, contribuyan con los lineamientos generales de política y planificación en materia de desarrollo rural.

El Plan de Desarrollo Rural Territorial deberá formularse atendiendo a los lineamientos establecidos por la Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial y considerando las directrices estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial y de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Los Planes de Desarrollo Rural Territorial se comunicarán al COREDES correspondiente, para su análisis y consideración en la elaboración del respectivo PRD, para su articulación con las políticas sectoriales relacionadas con ordenamiento territorial y asentamientos humanos, y con el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial, para su posible incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo.

El Inder, podrá coordinar con Mideplan y otras instituciones generadoras de información, para elaborar las herramientas conceptuales, metodológicas y operativas que fueren necesarias para articular la ejecución de dichos planes.

Artículo 14°- Ejecución de la Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial, Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial e impulso y facilitación de los Planes de Desarrollo Rural Territorial

El Inder, como ente ejecutor de la Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial, deberá coordinar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial con las instancias sectoriales e intersectoriales establecidas y atender las directrices estratégicas de la Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial.

Los mecanismos para el seguimiento y evaluación permanente de la Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial, serán establecidos por la SETEDER, bajo la normativa establecida en el Sistema Nacional de Planificación u otras normativas aplicables.

CAPITULO VI

CONFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE DESARROLLO RURAL

Artículo 15°- Estructura de la Seteder

La Seteder estará integrada por el personal suficiente para realizar las funciones establecidas en el artículo 79 de la Ley 9036.

El Presidente Ejecutivo nombrará a una o un Secretario Técnico, quien será el responsable de la ejecución de las funciones y procesos de la Seteder y coordinará el equipo técnico y profesional que le permita realizar las funciones y procesos de la Secretaría Técnica.

Artículo 16°- Procesos de la Seteder

Para el cumplimiento de las funciones establecidas, la Seteder desarrollará los procesos que correspondan y definirá las estrategias para su cumplimiento.

CAPÍTULO VII

DE LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS

TERRITORIALES DE DESARROLLO RURAL

Artículo 17°- Constitución de los Consejos Territoriales

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 inciso a) y artículo 13 de la Ley 9036, en cada territorio deberá conformarse un Consejo Territorial, que tendrá como función la participación en la formulación de los Planes de Desarrollo Rural Territorial dentro del marco de lo que la Ley establece y la fiscalización, a través de la denuncia pública. A su vez, los Consejos Territoriales estarán conformados por cuatro órganos: a) Una Asamblea General (AG), b) un Comité Directivo (CD), c) la Asesoría Territorial y d) la Fiscalía.

Artículo 18°- Acreditación de actores sociales

La Asamblea General Constitutiva estará conformada por todos los actores sociales, físicos o jurídicos, que se acrediten para participar en la misma. La acreditación se realizará al menos con un mes de anticipación a la realización de la sesión de Asamblea, ante la oficina correspondiente del Inder, presentando para ello los documentos que se soliciten en el formulario de acreditación, los estatutos y los reglamentos para luego ser validados por el Comité Directivo. El citado formulario se define en una normativa interna.

Los miembros de la Asamblea Constitutiva formarán parte de la Asamblea General del Consejo Territorial sin necesidad de que deban acreditarse nuevamente.

Las personas que deseen formar parte de la Asamblea General, y no fueron acreditadas en la Constitutiva, deberán acreditarse en el domicilio correspondiente, aportando los requisitos establecidos en los estatutos y reglamentos.

Si una persona acreditada no participa injustificadamente en dos asambleas consecutivas quedará excluida su acreditación siguiendo de previo el debido proceso establecido en la normativa vigente para tal efecto.

Artículo 19°- Modalidades de acreditación

Podrán acreditarse como miembros del Consejo Territorial: a) personas físicas; b) personas jurídicas; c) instituciones públicas y d) gobiernos locales.

Conforme lo establece el artículo 4 inciso e) de la Ley 9036, la participación ciudadana debe gobernarse bajo el principio de la representatividad de diversos sectores de la sociedad civil, por lo que, la cantidad de personas físicas acreditadas no podrá exceder del 20% de la totalidad de miembros inscritos en la Asamblea General. En los casos en los que se haya sobrepasado este límite, deberá dársele preferencia a la acreditación de grupos organizados de hecho, y se deberá velar por que no se acrediten más personas físicas, hasta tanto la cantidad de personas físicas representantes sea menor, por cualquier causa, al 20% de la totalidad.

En el caso de los grupos de base comunitaria, los mismos deben ser organizaciones reconocidas que operen en el territorio y que pueden demostrar de alguna forma su existencia y la legitimación del representante que postulan ante el Consejo Territorial.

Los estatutos de cada Consejo Territorial deberán definir las formas en las que se legitimarán los grupos y sus formas de participación.

Artículo 20°- Asamblea General de los Consejos Territoriales

La Asamblea General se constituirá como una instancia permanente de participación y discusión de los actores sociales en los territorios rurales.

Habrá tres tipos de Asambleas: a) la Constitutiva que es aquella que da por constituido el Consejo Territorial, aprueba el Estatuto y genera la elección de su primer Comité Directivo y Fiscalía, b) la Ordinaria que se realizará una vez al año en fecha establecida en su Estatuto Constitutivo y de Funcionamiento del CTDR, y c) las Extraordinarias a realizar cada vez que se considere necesario según lo dispuesto en los Estatutos.

Las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, deberán contar con un quórum en primera convocatoria de las dos terceras partes de sus miembros. De no presentarse el mínimo indicado se podrá reunir luego de transcurridos treinta minutos en segunda convocatoria, cuando se cuente con un quórum de la mitad más uno de sus miembros. Por último, de no contarse con ese quórum, se podrá reunir una vez transcurridos treinta minutos en tercera convocatoria con la cantidad de acreditados suficientes para cubrir los puestos titulares y suplentes del Comité Directivo y la Fiscalía.

Si no se pudiere realizar la asamblea ordinaria en la fecha establecida en el Estatuto, el Comité Directivo a través de su Secretaría podrá convocar nuevamente, en un máximo de quince días hábiles de la fecha originalmente establecida, salvo que existan causas de fuerza mayor o caso fortuito que lo impidan, de las cuales se deberá dejar constancia, en cuyo caso deberá convocarse en un plazo máximo de quince días hábiles a partir del cese del impedimento.

Las Asambleas Generales serán convocadas por la Secretaría del Comité Directivo con el apoyo logístico del Inder, y sus acuerdos, se tomarán por la mitad más uno de los presentes, excepto en los casos establecidos en el estatuto o este reglamento en los que se requiera una mayoría diferente.

Artículo 21°- Competencias de la Asamblea General.

Las competencias de la Asamblea General son:

a) Aprobar el Estatuto, la reglamentación de funcionamiento interno y sus modificaciones.

b) Elegir, ratificar o remover a los miembros del Comité Directivo.

c) Aprobar los Planes de Desarrollo Rural Territorial.

d) Aprobar los planes de trabajo e informes presentados por el Comité Directivo.

e) Nombrar al o los representantes de la Fiscalía.

La Asamblea General elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité Directivo en una proporción equilibrada del gobierno local, instituciones públicas y la sociedad civil incluyendo al sector privado presentes en la Asamblea; en la cual, se garantizará la existencia de representantes de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, donde las hubiese y deseen participar. La representación de la sociedad civil y Sector Público será de un 60% y un 40%, respectivamente. Dentro del 40% reservado para el Sector Público, cada gobierno local representado en el territorio tendrá derecho a un puesto en el Comité Directivo, si lo desea, y el resto será electo entre las instituciones públicas restantes.

Las ausencias temporales de los miembros titulares serán cubiertas por los miembros suplentes nombrados por la Asamblea General. En caso de ausencia permanente de un miembro titular, su suplente tomará el cargo de forma titular, por el tiempo restante del período.

Si al final del período de nombramiento de los miembros del Comité directivo existieren causas o circunstancias tales como caso fortuito o de fuerza mayor como una Emergencia Nacional o Local que impidan la realización de la Asamblea correspondiente, los miembros del Comité Directivo se mantendrán en su puesto hasta que se pueda realizar dicho nombramiento.

Artículo 22°- Quórum, acuerdos y plazo de nombramiento del Comité Directivo del Consejo Territorial

El Comité Directivo deberá reunirse al menos una vez al mes y el quórum para sesionar, en primera convocatoria; será de dos tercios de los representantes que lo conforman, logrando sesionar válidamente en segunda convocatoria, transcurridos treinta minutos, con la mitad más uno de los miembros que lo conforman.

Las decisiones del Comité Directivo se tomarán por la mitad más uno de los presentes, teniendo el presidente voto doble en caso de empate.

Los miembros del Comité Directivo durarán en su cargo el periodo que fije el estatuto aprobado por la Asamblea General, que en ningún caso podrá ser inferior a dos años. Podrán ser reelectos por una única vez de forma consecutiva, e indefinidamente de forma alterna. En caso de las instituciones públicas, aplicará la representación que la propia institución defina o la elección popular en los casos en que aplique, ya que, la representación es institucional y no personal.

Los miembros del Comité Directivo no pueden ser nombrados simultáneamente en más de un Comité Directivo de Consejo Territorial, salvo en el caso que se trate de representación de instituciones públicas.

Artículo 23°-Órganos del Comité Directivo

El Comité Directivo contará con los siguientes órganos:

a) Presidencia: tendrá las funciones establecidas en el artículo 49 de la Ley General de la Administración Pública y las establecidas en sus estatutos. Representar al Consejo Territorial en las instancias del COREDES y otras instancias de interés para el Desarrollo Rural. La Presidencia deberá representar a la sociedad civil.

b) Vicepresidencia: Asumir las funciones de la Presidencia cuando ésta no pueda ejercerlas y las demás que le asignen sus estatutos.

c) Secretaría de actas: tendrá las funciones establecidas en el artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública y las establecidas en sus estatutos.

Además, de estos cargos, el Comité Directivo estará conformado por la cantidad de miembros y cargos definidos en el Estatuto y serán nombrados en votación democrática a lo interno del propio órgano. En la sesión de instalación, el órgano será presidido por el miembro de mayor edad.

Las sesiones del Comité Directivo serán lideradas por la Presidencia. En caso de ausencia de la Presidencia, lo asumirá la Vicepresidencia. En ausencia de ambos, la sesión será presidida por el miembro presente de mayor edad.

En el caso de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretaría de Actas, estos serán elegidos a lo interno del Comité Directivo por dos años con posibilidades de reelección por una única vez.

Artículo 24°- Funciones

Le corresponderá al Comité Directivo las funciones de:

a) Promover la activa participación de las bases del Consejo Territorial de Desarrollo en los procesos desarrollo rural territorial.

b) Promover la comunicación e información de proyectos y acciones ante sus representados.

c) Promover el desarrollo integral del territorio.

d) Formular el Plan de Desarrollo Rural Territorial, para lo que se debe considerar su correlación con el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial.

e) Gestionar con las instituciones, organismos diversos, Organismos No Gubernamentales (ONGs), empresa privada y los demás actores del territorio, los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial.

f) Concertar la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial con los gobiernos locales, las instituciones, empresa privada y los demás actores del territorio.

g) Realizar anualmente una rendición de cuentas ante la Asamblea General.

h) Elaborar el Reglamento Interno de Funcionamiento (RIF) del Comité Directivo.

i) Conocer y recomendar los proyectos de impacto territorial.

j) Elaborar su plan de trabajo anual y presentarlo ante la Asamblea General para su aprobación.

k) Promover que las instituciones estatales que están presentes en el territorio incorporen en sus planes operativos lo correspondiente al Plan de Desarrollo Rural Territorial y velar por que se ejecuten dichos planes.

Artículo 25°-Fiscalía

La Asamblea General nombrará la o las personas para ocupar el cargo de Fiscal que será un órgano de vigilancia de la labor del Comité Directivo y que tendrá voz, pero sin voto en todas las sesiones de dicho órgano. Será nombrado por un período igual al Comité Directivo y rendirá un informe anual a la Asamblea General en su reunión ordinaria. Tendrá acceso a todos los expedientes, documentos y sesiones del Comité Directivo, de las comisiones y mesas de trabajo, estando obligados todos los miembros del Consejo Territorial a entregarle toda la información que este requiera.

Artículo 26°- Asesoría Territorial

El Inder participará en todos los Consejos Territoriales, a través de un órgano asesor del desarrollo territorial y que tendrá las funciones, competencias y responsabilidades que determine el manual de puestos del Instituto o cualquier otra normativa en esa materia que le sea aplicable y será el único representante que podrá tener el Instituto ante el Consejo Territorial. El Asesor Territorial designado por el Inder, o sus sustitutos, podrán participar con voz, pero sin voto, en todas las sesiones de la Asamblea General, del Consejo Directivo, de las comisiones y mesas de trabajo que se nombren en los Consejos Territoriales.

Artículo 27°- Resolución de Conflictos

Si cualquier miembro del Consejo Territorial de Desarrollo Rural considerare que se ha violentado alguno de sus derechos de participación o elección podrá recurrir ante el Inder, a través del Fondo de Desarrollo Rural, para que resuelva la controversia. De la misma forma podrá solicitar esta intervención cualquier solicitante de acreditación para participar de una Asamblea General que considere que haya sido injustamente rechazado. La resolución que dicte el Inder será de acatamiento obligatorio para los Consejos Territoriales.

El Fondo de Desarrollo Rural propondrá los lineamientos necesarios para definir los órganos y procedimiento de resolución de estos conflictos, para que sean aprobados por la Administración Superior.

Artículo 28°- Del apoyo del Inder a los Consejos Territoriales

Para aplicar el artículo 11 de la Ley 9036, en cuanto al apoyo que brindará el Inder para el funcionamiento de los Consejos Territoriales y la formulación de los Planes de Desarrollo Rural Territorial, se deberán dictar las normas internas administrativas necesarias que regulen dicha actividad.

CAPITULO VIII

PLANES DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

Artículo 29°- Planes de Desarrollo Rural Territorial

Los Planes de Desarrollo Rural Territorial serán formulados por el Comité Directivo del Consejo Territorial, para lo cual el Inder será facilitador del proceso, para posteriormente ser elevados a aprobación de la Asamblea General. El Inder actuará como facilitador de los procesos y de la creación de espacios de participación sectorial e intersectorial. El Plan de Desarrollo Rural Territorial es un instrumento esencial para la territorialización de las políticas públicas, deberá elaborarse con un enfoque de ordenamiento territorial, con respeto a las disposiciones del plan regulador local, si existiere, e incluir acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la población más vulnerable en los territorios. Adicionalmente, deberá contemplar el apoyo de las instancias público-privadas participantes en el desarrollo del territorio.

En su elaboración se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

a) Los principios orientadores de la ley 9036, la Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial, el Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial, Planes Cantonales de Desarrollo Humano y los lineamientos sectoriales vigentes.

b) Las aspiraciones de los actores sociales de los territorios, en función de una visión consensuada.

c) Estrategias, componentes, objetivos, acciones, metas y recursos necesarios para su ejecución en el corto y mediano plazo, con un horizonte de cinco años.

d) Coordinación, negociación y la articulación como mecanismo de construcción colectiva.

e) Debe ser flexible, dinámico y modificable de acuerdo con los resultados de su monitoreo, seguimiento y evaluación.

Artículo 30°- De la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Rural Territorial

La Seteder diseñará la metodología para la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Rural Territorial, tanto de los procesos, como de los resultados.

Artículo 31°- Los Convenios

Los Consejos Territoriales promoverán la suscripción de convenios de cooperación entre entidades públicas y/o privadas que asuman compromisos concretos para la ejecución de los Planes de Desarrollo Rural Territorial, esto con base en los artículos 5 incisos l), m), n), ñ), y o); 8 incisos a), c), d), 10 inciso c) y 12 incisos c) y d) de la Ley 9036, que deberán cumplir con la correspondiente normativa vigente relacionada y que sea aplicable a las partes suscribientes del convenio.

TITULO II

FONDOS DE TIERRAS Y DE DESARROLLO RURAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 32°- De la constitución presupuestaria de los Fondos

Conforme lo establezca el sistema de planificación del Instituto, tanto estratégico como operativo, anualmente se definirá la distribución de recursos necesarios para atender las necesidades de los territorios rurales, los mismos serán incorporados en los planes y presupuestos institucionales. Esta definición será realizada en forma coordinada entre el Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural, las unidades administrativas encargadas de la planificación institucional, financiera, así como la Dirección de Desarrollo Rural Territorial, quienes elaborarán la propuesta que se presentará a la Junta Directiva para su aprobación, la cual deberá respetar los parámetros presupuestarios establecidos en la Ley 9036, artículo 43 y 77.

Artículo 33°- De los responsables de los Fondos

Cada uno de los Fondos tendrá un responsable funcional y presupuestario a nivel nacional, quienes tendrán las siguientes funciones en cumplimiento de los objetivos de la Ley:

a) Proponer a la Dirección de Desarrollo Rural Territorial las estrategias y lineamientos para la ejecución de los programas a su cargo;

b) Dirigir los procesos de formulación de los programas y presupuestos;

c) Elaborar y proponer las directrices, lineamientos y manuales de operación para el funcionamiento del programa a su cargo;

d) Proponer a la Dirección de Desarrollo Rural Territorial los reglamentos de operación y funcionamiento necesarios para la organización de la oferta a su cargo;

e) Recomendar la distribución de los recursos y sus modificaciones, así como, los planes estratégicos para el mediano y largo plazo y la asignación de recursos para las regiones y sus respectivos territorios, a partir principalmente de los planes priorizados por los Consejos Territoriales;

f) Promover la creación de alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para lograr los objetivos del programa a su cargo;

g) Monitorear, coordinar y dirigir la ejecución de los programas, presupuestos y proyectos a nivel regional y territorial;

h) Dar seguimiento de la ejecución programática y presupuestaria de las acciones programáticas a su cargo.

Artículo 34°- Sobre los fideicomisos

El Inder, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 inciso c) y artículo 39 inciso d) de la Ley 9036, podrá constituir fideicomisos. La elección del fiduciario deberá realizarse a través de un concurso tramitado por la Gerencia General, en el que, al menos, deberá invitarse a tres entidades financieras públicas o privadas) del Sistema Bancario Nacional y/o el Banco Popular. El factor predominante para la elección del ganador del concurso será el costo de los honorarios, sin embargo, en el cartel que se realizará para los efectos podrá darse valor a otros factores de decisión. La decisión final la tomará la Junta Directiva conforme con la recomendación técnica de la Gerencia General, la Dirección de Desarrollo Rural Territorial, el Fondo de Desarrollo Rural y el Fondo de Tierras.

CAPÍTULO II

DE LOS PROYECTOS

Artículo 35°- De los proyectos

Se requerirá de un proyecto para la dotación ordinaria de tierra contemplada en los artículos 45 y 72 de la Ley 9036 con base en el Plan de Desarrollo Rural Territorial en los términos del artículo 39 de este reglamento, sin embargo, para el traspaso contemplado en el artículo 85 inciso c) de la Ley 9036 no se requiere la existencia de un proyecto. La dotación de lotes de vivienda se regula exclusivamente en los artículos 87 y siguientes de este reglamento y tampoco requieren de un proyecto.

Cuando exista un proyecto, servicio o actividad que no incluya dotación de tierra se deberá cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 44 de este reglamento.

Cuando se trate de beneficios o servicios se deberá cumplir con los requisitos de admisibilidad propios de ese servicio o beneficio, sin que sea necesaria la presentación de un proyecto.

Todo proyecto que implique construcciones y edificaciones deberá cumplir con el plan regulador local, si existiere, y la demás normativa aplicable.

Artículo 36°- Tipos de proyectos

La institución apoyará el desarrollo de proyectos de diversa naturaleza vinculados con procesos productivos o sociales en función de acelerar el desarrollo de los territorios rurales. Los tipos generales de proyectos son, sin perjuicio de que el Instituto establezca sus propias subcategorías, los siguientes:

a) Proyectos productivos o de servicios que son aquellos destinados para el autoconsumo o generadores de ingresos, ganancias, excedentes o retribuciones, y que pueden ser de diversa naturaleza (agropecuarios, industriales y comercio, turismo).

b) Proyectos sociales o comunales son aquellos cuyo objetivo está orientado a resolver requerimientos o necesidades de la población en los territorios rurales (ambientales, acueductos, centros de salud, electrificación, escuelas, salones comunales, capacitación, asesoría, promoción, artísticos, centros de atención población vulnerable, culturales y deportivos) y que no pretenden generar lucro o ganancias económicas; pero debe asegurar la sostenibilidad del proyecto, ya sea, a través de la generación de ingresos propios o de cualquier medio de aportes estatales o privados que lo permitan.

c) La dotación de inmuebles para vivienda regulada en los artículos 87 y siguientes de este reglamento.

Artículo 37°- Responsable de definir lineamientos

El Fondo de Desarrollo Rural propondrá ante la Dirección de Desarrollo Rural Territorial los lineamientos, procedimientos y formatos necesarios para la presentación, estudio y análisis de los proyectos y rutas de desarrollo, quien lo elevará ante la Gerencia General o Presidencia Ejecutiva para su trámite correspondiente.

Así mismo, se encargará de fiscalizar y evaluar la ejecución de esta normativa para promover la mejora a los mismos.

Artículo 38°- Presentación de proyectos

Podrán presentar proyectos ante el Inder, las personas físicas o personas jurídicas sin fines de lucro (especialmente grupos vulnerables, entre estos con orden de prelación las mujeres habitantes de zonas rurales), los Consejos Territoriales, organizaciones sociales o comunales, instituciones del Estado, universidades públicas y privadas, y cualquier agrupación localizada en los territorios rurales, aunque no formen parte del Consejo Territorial.

El propio Inder podrá gestar, formular, financiar, ejecutar, coordinar y fiscalizar cualquier proyecto de interés territorial, regional o nacional en cumplimiento de los objetivos establecidos en las leyes 9036 y 2825, en el marco del desarrollo rural territorial.

Artículo 39°- De la revisión y modificación de las actividades derivadas de proyectos.

Los proyectos podrán ser revisados, modificados y adaptados a las circunstancias sobrevinientes durante cualquier etapa del mismo. En las actividades de los proyectos que incluya el componente de dotación de tierra, las modificaciones realizadas, no podrán nunca ir en contra de la capacidad de uso de la tierra.

Para la ejecución de los proyectos sociales o comunales se aplicarán criterios de sostenibilidad y enfoque territorial. Se debe demostrar que el mismo cubre los costos de mantenimiento y operación, pudiendo para ello, contarse con aportes estatales, donaciones, cuotas, actividades de recolección de fondos y cualquier otro medio que permita al proyecto tener ingresos para costear sus gastos de operación y mantenimiento.

CAPÍTULO III

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

SECCIÓN I

GENERALIDADES

Artículo 40°- De las instancias territoriales y descentralización

El Inder por medio de las instancias regionales y territoriales, conforme dispongan los lineamientos internos, realizará el análisis de los requisitos de admisibilidad para los diferentes beneficios o servicios que se ofrecen y aplicará los estudios sociales y técnicos para determinar la idoneidad cuando corresponda.

Artículo 41°- Documentos a presentar por la persona física solicitante para la declaratoria de beneficiario vinculado con la dotación de tierra:

Toda persona física solicitante de un beneficio o servicio del Inder, deberá presentar los siguientes documentos:

a) En caso de solicitantes costarricenses debe presentarse la cédula de identidad vigente para verificar la identidad del solicitante y ser fotocopiada por el funcionario que recibe la solicitud.

b) En caso de extranjeros deberá presentar cédula de residencia permanente, vigente y libre de condición, de la persona solicitante y su cónyuge o conviviente de hecho, si la hubiere.

c) En el caso de las personas nacidas antes de 1951, deberán presentar certificación de nacimiento y de estado civil emitidas por el Registro Civil costarricense. Los extranjeros, deberán presentar una declaración jurada rendida ante el funcionario de la oficina territorial del Inder, en la que declare su estado civil y demás datos personales.

d) Debe presentar al menos uno de los siguientes documentos para la comprobación del arraigo: recibos de servicios públicos (impresos o digitales), copia de contrato de arrendamiento, certificación municipal, carta del patrono, carta de asociaciones o comités vecinales y/o certificaciones de estudio de una institución educativa reconocida legalmente, declaración jurada simple rendida ante el funcionario del Inder o testigos que demuestren el lugar de residencia, de trabajo, de actividad social o de estudio.

e) Declaración Jurada simple rendida ante el funcionario del Inder de la posesión de bienes inmuebles sin inscribir que posea en forma directa o indirecta, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. En caso de ser poseedor de bienes en cualquiera de las dos modalidades deberá indicar el uso que se les está dando, manifestando cual es el origen de la adquisición, si se trata de bienes que se encuentran en coposesión con otras personas, la extensión y construcciones u otras obras dentro del inmueble.

f) Declaración Jurada simple rendida ante el funcionario del Inder de que la persona física no se encuentra afectada o restringida por las prohibiciones establecidas en el artículo 47 de la Ley 9036.

Artículo 42°- Documentos a presentar por la persona jurídica solicitante para la declaratoria de beneficiario vinculado con la dotación de tierras.

Toda persona jurídica solicitante de un beneficio o servicio del Inder, deberá presentar los siguientes documentos:

a) Certificación de la personería jurídica vigente con un máximo de tres meses de expedida al momento de su presentación.

b) Cuando el representante de la persona jurídica sea extranjero, cédula de residencia de libre condición del representante para ser verificada y fotocopiada por la Institución.

c) Declaración Jurada simple rendida ante el funcionario del Inder, firmada por el representante legal, de la posesión o no de bienes inmuebles sin inscribir que posea en forma directa o indirecta, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, y el uso que se les está dando.

d) Declaración Jurada simple rendida ante el funcionario del Inder por el representante legal, indicando los proyectos productivos que ha ejecutado la organización, los períodos que han sido ejecutados, si ha utilizado crédito y su resultado.

e) Certificación del Instituto Nacional de Seguros (INS) de que tiene póliza de riesgos laborales vigentes y se encuentra al día en las obligaciones en los casos donde se tengan actividades económicas en marcha.

Artículo 43°- Documentos a presentar por la persona física solicitante para la admisibilidad vinculada con otros servicios o beneficios.

Para definir la admisibilidad a otros servicios y beneficios del Instituto donde no se requiera la idoneidad deberán presentarse los documentos contenidos en el artículo 41 incisos a), b) y d) de este Reglamento, y cualquier otro que se determine en regulaciones específicas de esos servicios o beneficios.

Artículo 44°- Recopilación de oficio

El Inder deberá recopilar los siguientes aspectos del solicitante de forma oficiosa:

a) Verificación en el Registro Nacional de la Propiedad (RNP), de la(s) persona(s) solicitante(s) e hijos que dependan económicamente, de si son propietarios o no de bienes muebles e inmuebles inscritos.

b) Consulta al sistema del Registro Civil a nombre de la persona física solicitante y su cónyuge o conviviente de hecho para demostrar su estado civil actual.

c) Estado de cuenta de las obligaciones con el Inder, de las personas solicitantes.

d) Consulta al sistema de la CCSS y Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para determinar si el solicitante es patrono activo y se encuentra al día con sus cuotas de la Seguridad Social.

Estos documentos, en el caso de personas jurídicas, solo deben ser consultados para la persona jurídica y no a los miembros o trabajadores de la misma.

Una vez revisados todos los documentos presentados por el solicitante, el funcionario encargado deberá prevenir por una única vez al solicitante la falta de cualquier información requerida y que no se haya presentado o que esté defectuosa. La subsanación deberá ser realizada en el plazo que prudencialmente defina el Inder que no podrá ser inferior a diez días hábiles, para lo cual, tomará en cuenta la naturaleza del requisito a subsanar. En caso de ser necesario, el solicitante podrá requerir la prórroga del plazo para lo cual deberá justificarla. Si la persona no subsana en tiempo su solicitud, será declarado sin derecho al trámite conforme lo establece el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 45°- Excepciones al trámite de selección de beneficiarios.

En los casos de reconocimiento de la posesión por aplicación del artículo 85 inciso c) de la Ley 9036, de solución de conflictos de posesión en precario conforme con la Ley 2825 o de subsanación o terminación de trámites realizados o iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 9036, no será necesario contar con el trámite de selección de beneficiario contenido en este capítulo. En estos casos se aplicarán los procedimientos administrativos propios según la naturaleza del trámite conforme con lo establecido en este reglamento.

SECCIÓN II

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA PROYECTOS CON

DOTACIÓN DE TIERRAS

Artículo 46°- Condiciones para la persona física

Toda persona física para poder ser considerada como elegible a dotación de tierra deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) Ser costarricense o extranjero con residencia permanente libre de condiciones.

b) Tener arraigo al territorio rural.

c) No poseer tierra, o que, la que tenga sea insuficiente o no apta para el proyecto.

d) No ser gran productor o productora o empresa, según los parámetros propuestos por la Dirección de Desarrollo Rural Territorial y aprobados por la Junta Directiva para la categorización de los productores y empresas, según la naturaleza del proyecto. Si el solicitante no pudiere ser categorizado, por no ser productor al momento de ser estudiado, se considerará que cumple con la condición de no ser gran productor. Se aceptará, para estos efectos, la certificación emitida por la autoridad competente, MAG, MEIC.

e) Comprometerse a mantener el uso aprobado de la tierra conforme con el proyecto; situación que sería verificada y demostrada con declaración jurada simple.

f) Tener capacidad jurídica para obligarse.

Dichas condiciones serán comprobables por medio de estudios realizados por el personal de las oficinas territoriales.

Artículo 47°- Condiciones para la persona jurídica

Toda persona jurídica para poder ser considerada como elegible a dotación de tierras deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) Ser una persona jurídica sin fines de lucro, para lo cual, únicamente se consideran personas jurídicas con fines de lucro a las sociedades mercantiles conforme se establecen en el Código de Comercio y otras leyes mercantiles.

b) Tener su personería jurídica vigente, es decir, el plazo de nombramiento de los representantes legales no puede estar vencido y el plazo de vigencia de la organización no puede haber fenecido al momento de solicitar el beneficio.

c) No ser gran productor o productora o empresa, según los parámetros propuestos por la Dirección de Desarrollo Rural Territorial y aprobados por la Junta Directiva para la categorización de los productores y empresas, según la naturaleza del proyecto. Si el solicitante no pudiere ser categorizado, por no ser  productor al momento de ser estudiado, se considerará que cumple con la condición de no ser gran productor. Se aceptará, para estos efectos, la certificación emitida por la autoridad competente MAG, MEIC.

d) Tener experiencia en gestión de proyectos.

e) No poseer tierra, o que, la que tenga sea insuficiente o no apta para el proyecto propuesto.

f) Comprometerse a mantener el uso aprobado de la tierra conforme con el proyecto.

g) Encontrarse al día con las cuotas obrero-patronales con las instituciones de la seguridad social, así como, encontrarse al día con el pago de las pólizas obligatorias de riesgos del trabajo cuando sea patrono.

Dichas condiciones serán comprobables por medio de estudios realizados por el personal de las oficinas territoriales.

Artículo 48°- Del cónyuge o conviviente en unión de hecho

En el evento que el solicitante de asignación de tierra, bajo el modelo individual, tenga esposo o esposa, o bien, se encuentre conviviendo en unión de hecho, la dotación de tierra se hará para ambos de forma igualitaria, por lo que, ambos se considerarán como solicitantes del beneficio. Para que se considere que existe una unión de hecho entre dos personas, deberán cumplirse las condiciones establecidas por el artículo 242 del Código de Familia, sin que exista necesidad de declaratoria judicial, y que no tengan ningún impedimento para contraer matrimonio conforme con el artículo 14 del Código de Familia.

En el evento de que exista un solicitante que tenga un conviviente que no cumpla con los requisitos del matrimonio o unión de hecho en los términos indicados, el estudio se realizará a ambos, pero la dotación se realizará a favor únicamente de la persona solicitante que tenga libertad de estado, sea hombre o mujer de conformidad con el artículo 7 de la Ley 7142. Si la pareja llegare a formalizarse en matrimonio o desapareciere la causal que impida considerar la convivencia como unión de hecho, se procederá a modificar la dotación de oficio o a petición de parte para incluir a ambos en la dotación por partes iguales.

Si la persona solicitante se encuentra casado o casada y no tiene convivencia con su cónyuge, el Instituto deberá realizar un análisis de la situación particular de cara al interés social mediante la aplicación de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia.

Artículo 49°- Arraigo al territorio rural

Este puede determinarse mediante la existencia del arraigo domiciliar, laboral o social en el territorio rural en el que se va a ejecutar el proyecto, al menos por un año de anterioridad a la presentación de la solicitud. Solo será necesario que, la persona solicitante demuestre que cumple con alguno de los tipos siguientes:

a) Arraigo domiciliar: Significa que el solicitante tiene su domicilio principal en el territorio.

b) Arraigo laboral: Significa que el solicitante desarrolla sus actividades económicas principales en un territorio rural. Por actividades económicas se refiere a toda aquella que produzca ingresos al solicitante y se entiende que su arraigo laboral se ubica en el lugar en la que genera la mayor parte de sus ingresos.

c) Arraigo social: Se presenta cuando un solicitante domiciliado en un territorio rural realiza actividades de cooperación y confianza por afinidad con la comunidad (amigos y otras personas no vinculadas al grupo familiar) y/o pertenencia a organizaciones con fines sociales y/o comunitarios para el desarrollo de su entorno en el territorio rural en el que se desarrollará el proyecto. Se considera que existe arraigo social, también, cuando el solicitante se encuentra cursando estudios formales -académicos o técnicos- en el territorio rural.

Artículo 50°- Propiedad de bienes inmuebles

Se considera que un solicitante tiene propiedad de la tierra cuando aparece registrado como propietario de un terreno en el RNP.

Artículo 51°- Tenencia de tierra

Se considera que la persona tiene tierra para producir en aquellos casos en los que la persona posea algún título que lo faculta a hacer uso o realizar actos posesorios sobre la propiedad sin que esta esté formalmente inscrita a su nombre. Algunos de los casos en los que se considera que tiene tierra para su uso, son los siguientes:

a) Usufructo de la propiedad;

b) Arrendamiento;

c) Comodato;

d) Aparcería;

e) Título traslativo de dominio sin inscribir;

f) Posesión actual;

g) Permiso de uso de la tierra;

h) Concesión;

i) Cualquier otro que permita legalmente al solicitante realizar actos posesorios sobre el terreno o predio.

Artículo 52°- Aptitud o suficiencia de la tierra

Si el solicitante posee tierra en los términos de alguno de los dos artículos anteriores deberá determinarse si la misma es apta o suficiente para realizar la ruta de desarrollo o el proyecto aprobado.

Artículo 53°- No Aptitud de la tierra

Se considera que el terreno no es apto para realizar el proyecto si la persona solicitante demuestra ante la oficina territorial mediante el aporte de estudios técnicos o científicos que determinen la no aptitud de la tierra para el proyecto solicitado, que el mismo cumple con alguno de los siguientes parámetros:

a) El terreno no reúna las características necesarias para la ejecución del proyecto propuesto;

b) Cuando el terreno tiene un uso permitido y adecuado para el proyecto según los parámetros aplicables a la naturaleza del proyecto propuesto, sin embargo, no permite la realización o ejecución del mismo por razones técnicas.

c) Cuando se ubica en zonas de riesgo, reservas naturales, patrimonio natural, arqueológico o arquitectónico del Estado, zonas o áreas de conservación que no permiten el uso privado de las tierras, o cualquier otra razón legal o técnica que no permita la explotación del mismo.

d) Cuando el uso, usufructo o posesión del terreno es precario y no asegura la continuidad y viabilidad del proyecto, incluyendo cuando dicho derecho es temporal y no cubre el plazo de ejecución del proyecto.

Artículo 54°- Insuficiencia de la tierra

Se considera que el terreno no es suficiente para realizar el proyecto para el que se estudia, si la persona solicitante demuestra ante la oficina territorial que la extensión del terreno no es suficiente para ejecutar el proyecto propuesto. Esto se demostrará mediante el aporte de los estudios técnicos y científicos que determinen que la cantidad de tierra no resulta suficiente para desarrollar el proyecto propuesto.

Artículo 55°- Determinación de cumplimiento de condiciones

Una vez analizado el cumplimiento de condiciones de admisibilidad de los solicitantes, se determinará aquellos que cumplen con los mismos. Únicamente los solicitantes que cumplan las condiciones de admisibilidad serán objeto del estudio de idoneidad que se regula en la sección III de este capítulo, cuando este sea necesario.

Cuando se solicite un nuevo beneficio o servicio por parte de una persona previamente declarada como admisible, deberá comprobarse el cumplimiento de las condiciones, solamente si se ha dado una modificación que afecte su admisibilidad o si han transcurrido más de cuatro años de su declaratoria.

Si el solicitante es un beneficiario de dotación de tierra que está aplicando para un beneficio o servicio para ser utilizado en el proyecto para el cual fue dotado y se encuentra dentro del período de limitaciones o se encuentra bajo el período de vigencia del arrendamiento, no deberá realizarse un nuevo estudio de admisibilidad.

SECCIÓN III

ESTUDIO DE IDONEIDAD

Artículo 56°- Aplicación del estudio de idoneidad para proyectos con dotación de tierra

El Fondo de Desarrollo Rural elaborará los instrumentos de ponderación de los parámetros que permitan definir si la persona es idónea o no para ejecutar las rutas de desarrollo o los proyectos propuestos.

Para los proyectos que por sus características se requiera contar con conocimientos o habilidades específicas se podrá establecer parámetros específicos para ser evaluados en el estudio de idoneidad.

El estudio de idoneidad será de aplicación obligatoria, únicamente, a las personas físicas que estén siendo evaluadas para ser beneficiarios de un proyecto, productivo o de servicios, que contenga dotación de tierra.

Cuando un proyecto, en el que ya se han realizado los estudios de idoneidad de los beneficiarios, sufra modificaciones sustanciales o significativas que puedan variar las condiciones de idoneidad de los ejecutantes deberá realizarse un nuevo estudio a los beneficiarios para determinar si se mantiene la idoneidad declarada bajo los parámetros modificados al proyecto. Asimismo, brindará el acompañamiento técnico necesario para completar la presentación de los requisitos solicitados.

Artículo 57°- Subsanación de condiciones o documentos

En caso de que se determine la necesidad de aclarar o adicionar la información presentada, se prevendrá por una única vez y por escrito a la persona interesada, la indicación concreta de la totalidad de omisiones, quien tendrá un plazo de diez días hábiles para subsanarlos contados a partir de su notificación, exceptuando cuando por su naturaleza o bien por la entidad que debe expedirlos, no sea posible realizar la subsanación dentro de dicho plazo. En tal caso, el interesado deberá demostrar efectivamente dicha circunstancia. Tal situación suspende el trámite del estudio hasta por el plazo que se exprese en el comprobante que deberá aportar el interesado.

No se dará curso a ninguna solicitud sin que se haya subsanado lo solicitado.

Vencido el plazo otorgado sin que la persona solicitante haya cumplido con la subsanación, la Oficina Territorial respectiva procederá mediante acto motivado a declarar de oficio al solicitante sin derecho al correspondiente trámite y su posterior notificación.

Artículo 58°- Dotación de terrenos a entes públicos

El estudio de admisibilidad e idoneidad no debe aplicarse en el caso de dotación de inmuebles para instituciones estatales bajo cualquier modalidad como donaciones, arrendamientos, asignaciones, concesiones o cualquier otro.

SECCIÓN IV

DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS

Artículo 59°- Del proceso de Declaración de beneficiarios

Le corresponderá a la Jefatura de la Oficina de Desarrollo Territorial la verificación y la aprobación de la condición de admisibilidad. Mientras que la aprobación de la condición de idoneidad, será establecida a través de los procedimientos que defina para ello la Dirección de Desarrollo Rural Territorial con base en la normativa interna.

Artículo 60 - Declaratoria de Beneficiario para proyectos con componente de tierra

En los proyectos que incluyen dotación de tierra una vez superado, en forma positiva, el análisis de admisibilidad y el estudio de idoneidad, cuando corresponda, se declarará al solicitante en el plazo de dos meses como posible beneficiario del proyecto propuesto.

Artículo 61°- Notificación a los solicitantes

La Oficina Territorial correspondiente deberá notificar el resultado del estudio de beneficiario a cada una de las personas solicitantes en el lugar que estos hayan señalado.

Artículo 62°- Impugnación

Todo aquel solicitante a quien le haya sido rechazada su declaratoria de posible beneficiario, por ser inadmisible o inidóneo, podrá interponer los recursos ordinarios contra dicha resolución en el plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación.

Procederá el recurso de revocatoria ante el órgano que lo dictó y el de apelación ante la Junta Directiva. El órgano que dictó el acto, antes de resolver el recurso de revocatoria deberá solicitar criterio jurídico a la asesoría legal correspondiente. La persona perjudicada podrá interponer uno o ambos recursos, pero ambos deben presentarse en el plazo establecido y se presentará ante la oficina que dictó el acto, sin perjuicio de que si es presentado en otra oficina se proceda a remitir el recurso al órgano que dictó el acto impugnado.

Una vez resuelta la revocatoria, el órgano que dictó el acto, se limitará a elevar el recurso en apelación ante la Junta Directiva, sin pronunciarse sobre su admisibilidad de acuerdo con el artículo 349 Ley General de la administración pública.

Artículo 63°- Vigencia del estudio de idoneidad en los proyectos pospuestos

Los resultados del estudio de idoneidad mantendrán su vigencia por dos años calendario, contados a partir de su firmeza, por tanto, en caso de que el proyecto aprobado sea pospuesto por una causa debidamente justificada por más de ese tiempo, una vez reactivado, se procederá a la verificación de la información obtenida para el estudio de idoneidad ya realizado. Si no existe variación sustancial en la información se emitirá un acto motivado en el que se mantiene el valor del estudio de idoneidad. De no poderse mantener la vigencia de la idoneidad, se procederá a realizar uno nuevo y se emitirá otro acto que deberá ser motivado conforme con el rango de idoneidad obtenido por la persona solicitante o su rechazo si no cumple.

SECCIÓN V

FASE RESOLUTORIA

Artículo 64°- Elevación del expediente completo

Una vez que conste en el expediente haberse declarado la ejecutabilidad del proyecto, el estudio resolutorio de beneficiario de todas las personas solicitantes, la resolución de todas las impugnaciones presentadas si las hubiera, aprobada la modalidad de dotación de tierra, cuando hubiere, y habiéndose concluido con cualquier otro trámite necesario, el Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural emitirán su recomendación positiva o negativa para que el mismo sea elevado por la Dirección de Desarrollo Rural Territorial ante la Junta Directiva, con todos los antecedentes que la fundamentan, para su resolución final. Los plazos serán los establecidos en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 65°- Notificación de la resolución final

La resolución final será notificada por la Oficina Territorial correspondiente a cada una de las personas solicitantes quienes podrán interponer el recurso de revocatoria ante la Junta Directiva y el de apelación para ante el Tribunal Agrario (TA) en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación, según lo establece el artículo 69 de la Ley 9036. La persona solicitante podrá interponer uno de los recursos o ambos, sin embargo, ambos deben ser interpuestos en el plazo estipulado y se interpondrán ante cualquier oficina de la Institución, la cual procederá a remitir el expediente ante la Junta Directiva para el trámite correspondiente. En el caso del recurso de apelación la Junta Directiva se encargará únicamente de elevarlo ante el Tribunal Agrario, junto con el expediente completo, cumpliendo todos los lineamientos de dicho órgano, sin pronunciarse sobre su admisibilidad.

Artículo 66°- Condición resolutoria de resolución final

El acuerdo de Junta Directiva que autoriza la dotación, tendrá como condición resolutoria al derecho otorgado la obligación de la persona de firmar el contrato de dotación dentro de un término de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de que el mismo está listo para firmar.

CAPITULO IV

DEL FONDO DE TIERRAS

SECCIÓN I

DE LOS MODELOS DE DOTACIÓN DE TIERRAS

Artículo 67°- Dotación de tierras para proyectos

A efectos de procurar el avance, ejecución y viabilidad de las rutas de desarrollo y los proyectos de desarrollo que emprendan los pobladores rurales, el Instituto podrá dotar de tierra a quienes cumplan con las condiciones técnicas, productivas, comerciales, sociales, comunales o personales establecidas por el  proyecto aprobado. La dotación de tierras, según los requerimientos del proyecto, se hará por medio de alguno de los dos modelos previstos en la Ley, en los artículos 45, y 50 a saber: a) el arrendamiento como modelo prioritario, b) la asignación como modelo de aplicación justificada.

Dicha dotación, podrá realizarse también a personas físicas o jurídicas, que tengan bienes inmuebles inscritos o no a su nombre, siempre y cuando la persona solicitante demuestre carecer de un inmueble apto o que resulte insuficiente para el proyecto que pretende desarrollar. De conformidad con el artículo 45 de la Ley 9036, toda solicitud de dotación de tierras por parte de los potenciales beneficiarios deberá responder a las condiciones identificadas en los proyectos de la actividad agropecuaria, agroindustrial, industrial, comercio, turismo, ambientales, servicios, de interés social, cultural, deportivo y comunal, del respectivo territorio.

Artículo 68°- Criterios prioritarios para la dotación de tierra

La dotación de tierra deberá darse mediante el modelo de arrendamiento, salvo que, el proyecto por sus condiciones específicas requiera de ser dotado por medio del modelo de asignación en propiedad. El uso del modelo de asignación deberá fundamentarse técnicamente conforme a las necesidades particulares del proyecto, sin perjuicio de las potestades de la Junta Directiva en aplicación del artículo 24 inciso c) de la Ley.

La dotación colectiva de tierra tendrá preferencia sobre la dotación individual y dentro de esta modalidad se dará preferencia a las cooperativas y a las organizaciones sociales de base y de integración.

Artículo 69°. Dotación en casos de conflictos por posesión en precario.

Aquellos casos en que el Inder deba intervenir en un conflicto por posesión en precario, lo hará siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 92 y siguientes de la Ley N° 2825. En este evento, la dotación de tierra se realizará únicamente cuando no se logre un acuerdo de compra venta directa entre los poseedores y la persona propietaria del bien. No obstante, previo a tomar la decisión de una posible adquisición por compra o expropiación, el Instituto deberá asegurarse que esa sea la única opción para brindar solución a ese conflicto social, pues si el Inder cuenta con tierras aptas para ofrecer a las personas en conflicto, procederá conforme con las otras modalidades establecidas en este Reglamento, en cuyo caso, quienes resulten idóneas para el desarrollo de un proyecto de las actividades económicas y sociales contempladas en este Reglamento serán posibles beneficiarios de un proyecto con dotación de tierra.

Artículo 70°- De las poblaciones prioritarias para la dotación de tierra

Conforme lo establecen los artículos 5 inciso e), 41 inciso e) y 61 de la Ley 9036, el Inder promoverá la atención de los siguientes grupos de población rural: adultos mayores, población con discapacidad, mujeres, minorías étnicas, jóvenes, entre ellos egresados de colegios técnicos-profesionales, cooperativas y organizaciones sociales de base y de integración, así como las poblaciones descritas en el artículo 63 de la Ley de Tierras y Colonización. La atención focalizada a los grupos señalados previamente se procurará alcanzar de la siguiente forma:

a) Fomentando proyectos específicos para atender a personas pertenecientes a estos grupos;

b) Orientar metodológicamente la formulación de los Planes de Desarrollo Rural Territorial para que se incluyan acciones y proyectos dirigidos a atender las necesidades de estas poblaciones y propiciar los acuerdos de articulación o cooperación con entidades públicas y privadas especializadas en estos grupos;

c) Establecer instrumentos adecuados para realizar los estudios sociales y técnicos que se adapten a las capacidades de estos grupos.

SECCIÓN II

MODALIDAD DE DOTACIÓN POR ARRENDAMIENTO

Artículo 71°- Vigencia del Arrendamiento

La dotación de tierra mediante la modalidad de arrendamiento será eficaz desde el momento en que se firma el contrato correspondiente y el acta de puesta en posesión. El plazo de arrendamiento corre a partir del momento en que se cumplan ambas condiciones.

Artículo 72°- Contratos de Arrendamiento

El clausulado del contrato de arrendamiento será definido por el Instituto, a través de la unidad funcional en esta materia, llámese Fondo de Tierras; considerando lo establecido en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley 9036,68 de la Ley 2825 y las condiciones propias de cada ruta de desarrollo o proyecto.

El plazo de resolución administrativa será de tres meses.

Artículo 73°- Plazo del Contrato

El plazo de vigencia del contrato será definido conforme el artículo 53 de la Ley 9036 y de conformidad con lo que se establezca en cada ruta de desarrollo o proyecto.

La cantidad de prórrogas a otorgar serán determinadas según el avance del proyecto y la valoración técnica de los resultados de su ejecución. Conforme con esa valoración el Inder podrá tomar la decisión incluso de cambiar de modalidad de dotación de tierras para esa persona arrendataria.

Artículo 74°- Aprovechamiento del arrendamiento

El arrendamiento debe ser aprovechado directamente por la persona beneficiaria, sea esta física o jurídica. Sin embargo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 55, inciso b) de la Ley Nº 9036, la Junta Directiva podrá autorizar la cesión total o parcial de este derecho, cuando la Dirección de Desarrollo Rural Territorial en conjunto con los Fondos de Tierras y Desarrollo así lo recomienden. Para ello, previamente se deberá emitir una resolución que declare al cesionario apto para continuar con el arrendamiento, la cual deberá contener la justificación técnica y legal otorgada por la Oficina Territorial y también la evaluación del equipo técnico regional.

La aprobación de la cesión del contrato de arrendamiento lo será por el término que reste para el vencimiento del plazo establecido en el contrato otorgado al cedente. A la finalización de este plazo deberá evaluarse el cumplimiento contractual conforme con el artículo 73 de este reglamento.

Artículo 75°- Monto del canon y ajustes

El monto del canon a pagar para los arrendamientos será fijado por la Junta Directiva de conformidad con el estudio técnico elaborado por la Dirección de Desarrollo Rural Territorial. El canon estará diferenciado según la naturaleza de los proyectos de desarrollo para los que se otorga el arrendamiento.

De acuerdo con el criterio técnico establecido y la naturaleza del proyecto, la Junta Directiva, podrá otorgar plazos diferenciados de pago o periodos de gracia en los que no se cobrará dicho canon.

Artículo 76°- Prevención

En caso de que exista un incumplimiento de las obligaciones contraídas, deberá la Oficina Territorial prevenir por una sola vez al arrendatario, para que subsane el incumplimiento dentro del plazo que técnicamente y acordado entre las partes se determine según la irregularidad detectada. Transcurrido dicho plazo sin que el arrendatario corrija su incumplimiento se procederá a iniciar el proceso de resolución contractual.

Artículo 77°- De la resolución contractual

En el caso de que se resuelva el contrato por vencimiento del plazo, pérdida de la condición migratoria del extranjero o renuncia expresa del arrendatario, la Oficina Territorial correspondiente procederá a declarar resuelto el contrato por aplicación automática de la ley 9036. En los demás supuestos de ley o del contrato de arrendamiento deberá realizarse el proceso administrativo ordinario contenido en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, así como los artículos 98 y siguientes, en lo aplicable de este Reglamento. Dentro del procedimiento de resolución contractual deberá determinarse si existe obligación del Inder para el pago de mejoras al arrendatario.

SECCIÓN III

MODALIDAD DE DOTACIÓN DE TIERRA POR ASIGNACIÓN

Artículo 78°- Del período de prueba

En todo contrato de asignación de tierra deberá existir un período de prueba con un plazo de duración que será definido según las condiciones y naturaleza de cada proyecto pero que nunca podrá ser menor a los tres años. El período de prueba se ejecutará bajo la figura de un arrendamiento.

Durante el periodo de prueba de la asignación, la Oficina Territorial deberá fiscalizar anualmente el desarrollo del proyecto y emitir al menos con tres meses de antelación al vencimiento del plazo un informe final donde se determinará si el grado de cumplimiento es satisfactorio, en cuyo caso se dará por aprobado el período de prueba.

En caso negativo, con antelación de tres meses al vencimiento del plazo otorgado en el arrendamiento se deberá intimar al asignatario en periodo de prueba para que cumpla según lo estipulado y de no hacerlo dentro del plazo otorgado, se iniciará el respectivo procedimiento de resolución del contrato. La intimación notificada a la persona asignataria implicará la prórroga del plazo de prueba bajo arrendamiento hasta que se resuelva en definitiva si ha existido incumplimiento o no.

Si vencido el plazo del arrendamiento no se ha notificado la resolución inicial del procedimiento administrativo de resolución contractual al asignatario, se entenderá que el período de prueba fue superado y tendrá derecho a que se le otorgue el título de propiedad conforme con el artículo 62 de la Ley Nº 9036.

Artículo 79°- Causales de revocatoria

Deberán incluirse en el contrato de asignación y en el título de propiedad todas las causales de revocatoria establecidas en los artículos 66 y 67 de la Ley 9036. Así como las que se establezcan para la ejecución del proyecto.

Artículo 80°- Entidades Públicas

Cuando se trate de dotación de tierras para Instituciones Públicas, éstas llevarán las limitaciones de ley contenidas en los artículos 66 o 71 de la Ley 9036.

Si se tratara de donaciones conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 9036, la misma podrá otorgarse sin la imposición de las limitaciones, ya que no se trata de un modelo de dotación de tierra.

Artículo 81°- Canon durante el período de prueba

El canon de arrendamiento a pagar por la persona asignataria durante el período de prueba será establecido en la normativa interna bajo un canon diferenciado y menor al del arrendamiento simple, tomando en cuenta que el propósito de este período es generar un espacio de prueba al asignatario.

Artículo 82°- Valor de la tierra

En la dotación por asignación en proyectos productivos o de servicios, el monto a pagar por el valor tierra se determinará por el costo proporcional de la compra del inmueble, actualizado a valor presente al momento de la asignación, utilizando para ello el índice de precios al consumidor definido por el INEC.

A ese valor determinado se le agregará el costo de los honorarios de Notario, el crédito para capital de trabajo así como, el monto de las mejoras útiles y accesiones para el proyecto y que hayan sido canceladas por el Instituto sobre ese predio en específico cuando corresponda.

Si al momento de realizar la dotación de tierra, se determina técnicamente, que las mejoras o accesiones pagadas por el Instituto en ese predio, no son útiles o necesarias para el proyecto que está siendo dotado, no procederá el cobro de las mismas al arrendatario o asignatario.

El monto total resultante será dividido entre veinticinco cuotas anuales según lo establecido en el artículo 59 de la Ley 2825. Estas cuotas serán cuotas fijas, sobre amortización, intereses y seguros cuando correspondan, que dará un monto fijo anual por 25 años.

Las cuotas anuales se comenzarán a pagar una vez vencido el período de gracia de cinco años establecido en esa misma norma, siempre y cuando, el beneficiario haya superado el período de prueba establecido, de lo contrario, los pagos iniciarán una vez se haya dado la aprobación del período de prueba por acuerdo de Junta Directiva o por silencio administrativo. Los cinco años de gracia comenzarán a correr a partir del día siguiente de la firmeza del acuerdo de asignación de la Junta Directiva y durante este período no se devengará intereses ni serán acumulables al principal, tampoco se cobrará amortización al capital. En estos casos, el beneficiario deberá suscribir la póliza de saldos deudores, la cual será cubierta por el beneficiario a partir de la firmeza del acuerdo de asignación, una vez superado el periodo de prueba.

Los pagos por canon de arrendamiento realizados durante el período de prueba no se considerarán amortización al valor de la tierra.

El beneficiario podrá cancelar en un solo tracto al momento de la firma de la escritura de traspaso el valor total de la tierra y en este caso no se impondrá hipoteca sobre el bien. De la misma forma no habrá penalidades por pagos anticipados pudiendo el beneficiario realizar amortizaciones extraordinarias en cualquier momento.

La deuda por tierra devengará intereses corrientes de acuerdo a la recomendación técnica que realice el Fondo de Tierras a la Junta Directiva quien lo aprobará o improbará según se justifique.

SECCIÓN IV

DOTACIÓN PARA PROYECTOS SOCIALES

Artículo 83°- De los proyectos sociales

Los proyectos sociales definidos en el artículo 36 inciso b) de este Reglamento, deberán contar con un proyecto al que se le analizará su factibilidad y viabilidad conforme con la naturaleza del mismo. No será necesario realizar estudios de factibilidad financiera o flujos de ingreso, sin embargo, si será necesario determinar su viabilidad en el tiempo conforme a la naturaleza del proyecto en estudio y las diferentes razones financieras, contables, económicas, científicas o técnicas aplicables al caso.

El plazo de resolución administrativa será de tres meses.

Artículo 84°- De los beneficiarios

Al ser proyectos de interés social, se considera que el beneficiario es la colectividad, por lo que este tipo de proyectos no requiere la realización de un estudio de idoneidad de los posibles beneficiarios.

Si debe determinarse y deberá cumplir los requisitos legales pertinentes de la persona encargada de la ejecución del proyecto.

Artículo 85°- De la forma de otorgarlo

Deberá la dotación para proyectos sociales, conforme con su naturaleza y características propias, definir y fundamentar la modalidad de dotación a otorgar y seguirá todos los procedimientos requeridos para el modelo escogido.

SECCIÓN V

DOTACIÓN DE INMUEBLES PARA VIVIENDA

Artículo 86°- De los centros de población

Conforme con los artículos 63, 64 y 65 de la Ley 9036 y los artículos 57 y 156 de la Ley 2825, el Instituto promoverá con sus propios recursos o en coordinación con otras Instituciones, la formación de centros de población que cuenten con todos los servicios básicos y que promuevan el ordenamiento territorial, cumpliendo con las disposiciones del plan regulador local, si existiera, así como el resto de la normativa en la materia aplicable, estableciendo de forma eficiente la distribución de los lotes de vivienda con respecto a los servicios públicos, de manera tal que se permita a los futuros pobladores el acceso a la satisfacción de sus necesidades.

Para cumplir con este precepto, la dotación de lotes de vivienda deberá realizarse preferiblemente en centros de poblaciones ya existentes o a ser creados por el Instituto. Excepcionalmente se podrán entregar lotes de vivienda fuera de centros de población, lo cual se determinará previo estudio y justificación del caso específico.

El plazo de resolución administrativa será de tres meses.

Artículo 87°- Tipos de predios en los centros de población

En los centros de población se podrán dotar predios para diferentes tipos de uso de la tierra, tales como, vivienda, comercio, servicios, comunales, deportivos y de cualquier otro tipo que promueva el desarrollo rural. Esta sección es de aplicación únicamente a los predios de uso para vivienda y los demás tipos deberán seguir los requisitos y procedimientos de dotación de tierra establecidos en la Sección anterior dependiendo del tipo de proyecto que se trate.

Artículo 88°- Modelo de dotación

Los lotes para vivienda podrán ser otorgados mediante cualquiera de los modelos de dotación permitidos por la Ley en el artículo 45 de la Ley 9036 y en los artículos con 63, 64 y 65 de la Ley 9036 y los artículos 57 y 156 de la Ley 2825 y en forma individual o colectiva según lo determine la necesidad o el proyecto definido en cada caso.

Artículo 89°- Condiciones de los proyectos de dotación de vivienda en centros de población

Las condiciones para estos proyectos serán de la siguiente forma:

a) La dotación podrá estar ligada, o no, a los proyectos de desarrollo del Inder en el territorio rural, para lo cual, deberá cumplir con la aprobación del proyecto por parte del Fondo de Desarrollo Rural.

b) El Inder podrá generar proyectos con fines únicos de vivienda, debidamente coordinado y articulado con otras instituciones u organizaciones encargadas de la dotación y financiamiento de este tipo de proyectos para el desarrollo de asentamientos humanos.

c) El uso de los lotes de vivienda será eminentemente para vivienda y los lotes dentro del centro de población para usos sociales, comerciales o comunales deberán ser tramitados cumpliendo con las disposiciones del plan regulador local, si existiere, y demás normativa correspondiente a ese tipo de proyecto. Bajo recomendación del Fondo de Desarrollo Rural, los lotes para vivienda podrán tener usos secundarios o accesorios, como producción agropecuaria, comercial y servicios, siempre y cuando, no se afecte el objetivo principal.

d) El área en la que se va a desarrollar el centro de población debe tener las condiciones necesarias y requeridas para la instalación de los servicios básicos y de los servicios complementarios necesarios según las particularidades y necesidades de la población.

Artículo 90°- Requisitos para persona física

Los requisitos de admisibilidad para que las personas físicas puedan optar a ser beneficiarios de lotes de vivienda son los contenidos en el artículo 46 de este Reglamento a excepción del inciso c), además de los siguientes:

a) No tener ningún inmueble inscrito a su nombre o de su grupo familiar, o si lo tiene, que éste no sea apto para construir vivienda.

b) El ingreso bruto mensual de los solicitantes (solicitante o la pareja o ambos juntos) no deberá ser superior a cinco salarios mínimos de un trabajador no calificado en el área de la construcción, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Salarios Mínimos que emite semestralmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

c) Cuando se trate de dotación de lotes de vivienda y medie una situación de ocupación previa con infraestructura construida y no exista causal alguna que lo impida, no se aplicará lo dispuesto en el inciso b) de este artículo.

Artículo 91°- Documentos a presentar por el solicitante

Los documentos a presentar por los solicitantes para lotes de vivienda serán:

a) En caso de solicitantes costarricenses debe presentarse la cédula de identidad vigente para verificar la identidad del solicitante y ser fotocopiada por el funcionario que recibe la solicitud.

b) En caso de extranjeros deberá presentar cédula de residencia permanente, vigente y libre de condición, de la persona solicitante y su cónyuge o conviviente de hecho, si la hubiere.

c) En el caso de las personas nacidas antes de 1951 o extranjeros certificación de nacimiento y de estado civil del Registro Civil costarricense. En el caso de los extranjeros deberá presentar una declaración jurada rendida ante el funcionario de la oficina territorial del Inder, en la que declare cuál es su estado civil y los pormenores del mismo.

d) Debe presentar uno de los siguientes documentos para la comprobación del arraigo: recibos de servicios públicos (impresos o digitales), contrato de arrendamiento, certificación municipal, carta del patrono, carta de asociaciones o comités vecinales y/o certificaciones de estudio de una institución educativa reconocida legalmente, declaración jurada simple rendida ante el funcionario o testigos que demuestren el lugar de residencia, de trabajo, de actividad social o de estudio.

e) Para la verificación de ingresos, constancias de la relación de la persona solicitante con la CCSS (pudiendo ser digital o impresa), cotizante asalariado, cotizante voluntario o si percibe ingreso por pensión y que incluya el detalle de salarios o ingresos reportados como mínimo en los últimos seis meses, salvo que, el Instituto cuente con vías de consulta digital que le permita obtener la información, en cuyo caso la revisión se realizará a nivel interno.

f) En caso de imposibilidad de demostrar sus ingresos, la persona solicitante deberá suscribir una declaración jurada simple de los ingresos brutos que percibe y de dónde provienen.

g) Declaración Jurada simple rendida ante el funcionario del Inder en la que haga constar si posee bienes sin inscribir en forma directa o indirecta en el territorio nacional como en el extranjero, así como el uso que se le está dando. En caso de no poseer bienes deberá de declararlo por el mismo medio.

h) Declaración Jurada simple rendida ante el funcionario del Inder de que no se encuentra afectada o restringida bajo el régimen de prohibiciones establecido en el artículo 47 de la Ley 9036.

i) Cualquier otro documento que según la naturaleza del proyecto aporte el solicitante para demostrar su idoneidad de previo a la realización de los estudios.

Una vez presentados en forma correcta los documentos, se contarán diez días hábiles para una resolución por parte del Instituto. En virtud de ello, en caso que los documentos sean presentados de forma incorrecta o incompleta, se deberá requerir al solicitante en el plazo de 90 días calendario que proceda con la subsanación de los mismos, cuya gestión quedará suspendida hasta que el administrado cumpla de lo contrario operará la caducidad según lo que establece la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 92°- Procedimiento de Selección de Beneficiarios

Para la selección de beneficiarios se utilizará el procedimiento establecido en el Título II, Capítulo III, del presente Reglamento. En el caso de los lotes de vivienda, la idoneidad consistirá en determinar si los posibles beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en el presente reglamento.

Artículo 93°- Condiciones de la dotación

Las personas beneficiadas con la dotación de lotes para construcción de vivienda deberán ajustarse estrictamente a los plazos y condiciones establecidos por el Instituto. Para todos los casos de dotación de lotes o construcción de vivienda, no aplicará el período de prueba establecido en el artículo 62 de la Ley Nº 9036 y se impondrán las limitaciones establecidas en el artículo 66 de la misma norma.

El monto a pagar por la tierra se determinará por el valor proporcional de compra de la misma actualizado a valor presente utilizando el índice de precios al consumidor definido por el INEC.

Artículo 94°- Condición resolutoria

Todo beneficiario de lotes de vivienda tanto en los centros de población a que se refiere esta sección como a los asignatarios de lotes de vivienda en áreas recuperadas o disponibles en antiguos centros de población, se regirán por lo siguiente:

a) Cuando se trate de centros de población originados en la coordinación interinstitucional conforme a los artículos 63 y 65 de la Ley 9036, una vez convocados debidamente los beneficiarios por el Instituto y las entidades u organizaciones encargadas de ejecutar el proyecto, tendrán un plazo de tres meses a partir de su notificación para apersonarse y formalizar lo correspondiente para el inicio de las obras de construcción de su vivienda. De no hacerlo, en forma automática y de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley General de la Administración Pública., el acto administrativo de dotación perderá eficacia y para su comunicación se seguirá el proceso sumario establecido en los artículos 320 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública solo para su verificación.

b) Cuando se trate de dotación de predios recuperados en centros de población anteriores a la Ley 9036 o bien si se tratara de asignaciones en terrenos disponibles en esos mismos centros, el beneficiario deberá demostrar en los seis meses siguientes al acto de asignación que ha iniciado las gestiones y trámites para obtener los permisos de construcción o lograr el otorgamiento del bono de la vivienda o bien la obtención de un crédito para edificar su vivienda. De hacerlo, contará con un plazo de año y medio más para terminar la construcción, salvo que por obra de la naturaleza u otro impedimento demostrable y justificable requiera de más plazo. En caso de incumplimiento de cualquiera de ambas condiciones, el acto administrativo igualmente quedará sin efecto conforme así lo regula el numeral 145 de la Ley General de la Administración Pública, debiendo proceder el Instituto de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 320 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

SECCION VI

PROCEDIMIENTO DE REVOCATORIA DEL DERECHO DE DOTACIÓN DE

TIERRA

Artículo 95 - Mejoras y Accesiones

Para los efectos de los contratos de asignación y arrendamiento dotados con la Ley 9036 y la Ley 2825, se entenderá por mejoras necesarias, el conjunto de gastos indispensables de conservación. Por mejoras útiles y accesiones, las obras, construcciones, siembras de cultivos permanentes que son incorporadas o modificadas en el predio, aumentando su valor venal y son requeridas para la ejecución del proyecto o actividad autorizada.

Los cultivos temporales y las cosechas venideras no serán reconocidos, pero el Instituto le conferirá un plazo razonable y acorde al ciclo de producción al beneficiario para que pueda proceder a su retiro.

Tratándose de contratos de asignación en firme o durante el arrendamiento durante el periodo de prueba dotados bajo la Ley 9036, que se extinga por causas imputables al asignatario, las accesiones que existan en el terreno quedarán a favor del Instituto, el cual sólo pagará aquellas que sean útiles y haya sido autorizado su pago ante la extinción del contrato de forma expresa en el proyecto o mediante un acuerdo de la Junta Directiva. Si el contrato se extingue por causas no imputables al asignatario, el Instituto pagará todas las construcciones que existan y hayan sido puestas de buena fe y correspondan con el objeto del contrato. El contenido de esta disposición deberá incluirse dentro de las cláusulas del respectivo contrato.

En los contratos de arrendamiento puro, cuando se extingan por causales imputables o no al arrendatario, el Instituto sólo pagará aquellas construcciones que sean útiles y haya sido autorizado su pago ante la extinción del contrato de forma expresa en el proyecto o mediante un acuerdo de la Junta Directiva, el contenido de esta disposición deberá incluirse dentro de las cláusulas del respectivo contrato.

El pago de mejoras y accesiones a favor de terceras personas se regirá por las normas establecidas al efecto en el Código Civil y la sección de desalojos de este reglamento.

Artículo 96°- De las inspecciones de campo

El Inder deberá efectuar inspecciones periódicas en los inmuebles dotados por la Institución para verificar que su tenencia y uso sean acordes con los fines de las leyes 2825 y 9036, así como, el desempeño o ejecución de la ruta de desarrollo o proyecto aprobado y el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por las personas beneficiarias.

El funcionario que realice las labores de fiscalización de tierras tendrá derecho de ingresar a los inmuebles para realizar las inspecciones de campo correspondientes. Podrá para estos efectos utilizar cualquier equipo que lo pueda coadyuvar con su informe tales como cámaras fotográficas, GPS y de ser necesario se hará acompañar de la Fuerza Pública a la inspección de campo. Todos los contratos de dotación incluirán la autorización de inspección permanente. Si el beneficiario impide de cualquier forma la inspección será una causal de revocatoria del derecho y podrá iniciarse dicho procedimiento.

Artículo 97°- Irregularidades

Si de las inspecciones de campo resultare la existencia de irregularidades en el uso, tenencia y/o aprovechamiento de la tierra o ejecución del proyecto, la Oficina Territorial procederá a prevenir a la persona beneficiaria para que subsane su incumplimiento. El plazo de subsanación no podrá excederse de seis meses dependiendo de la complejidad del cumplimiento, asimismo podrá ser definido para el administrado de acuerdo con las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia con base en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública a solicitud de la persona beneficiaria o de oficio según la naturaleza del incumplimiento detectado, el ciclo de la actividad, la respuesta de entidades públicas, o bien, por existir causas razonables por las que no pueda cumplir en ese plazo. Esta solicitud deberá ser resuelta por el funcionario de forma razonada. En los casos de abandono del predio no será necesario el trámite de prevención. Si la persona no subsanare el incumplimiento en el plazo otorgado se deberá proceder a conformar el expediente correspondiente para el proceso de la extinción del derecho y en el que incorporará toda la prueba recabada.

Si la persona subsana a satisfacción deberá emitirse en el plazo de cinco días hábiles una resolución de cumplimiento que será notificada al administrado e incorporada al expediente.

Artículo 98°- Elevación del expediente

Cuando se concluya que existe causa suficiente para iniciar un procedimiento de revocatoria del beneficio otorgado, el expediente se remitirá a la respectiva asesoría legal regional conjuntamente con la solicitud de inicio del procedimiento para su evaluación.

Artículo 99°- Fiscalización ciudadana

En aplicación del principio de transparencia de la acción pública a que se refiere el inciso i) del artículo 4 de la Ley 9036, la función social de la propiedad y el derecho al desarrollo de los territorios, el cumplimiento del contrato de dotación de tierras en cualquiera de sus modalidades está sujeto a la fiscalización ciudadana, por lo que cualquier persona podrá denunciar, aún de forma anónima ante el Inder, la existencia de faltas, incumplimientos o usos inapropiados de los terrenos dotados por el Instituto. Toda denuncia deberá contener una descripción clara de las circunstancias denunciadas como anómalas y las pruebas con las que cuentan u ofrecen para apoyar la denuncia, de lo contrario la misma será rechazada ad portas. Todo denunciante, si así lo desea, podrá fungir como parte, en caso de tener un interés legítimo o derecho subjetivo o como coadyuvante de la administración de no tener un interés legítimo o derecho subjetivo en el procedimiento que se establezca, para ello deberá expresar su solicitud desde el momento en que formule la denuncia, misma que deberá cumplir con todos los requisitos y formalidades establecidas en los artículos 275 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Toda denuncia se remitirá a la oficina correspondiente para su respectivo trámite.

Artículo 100°- Desestimación de petición

En los casos de procedimientos iniciados por solicitud de parte, una vez en la asesoría legal regional respectiva, de considerarse que no existe causa suficiente para iniciar un procedimiento, por ser extemporánea, impertinente o evidentemente improcedente la petición, acorde con el marco legal aplicable se dictará sin más trámite y mediante resolución motivada por la Junta Directiva, la desestimación de la causa.

Artículo 101°- Inicio del procedimiento

Si de la investigación preliminar se considera que existe causa para el inicio del procedimiento de revocatoria, la asesoría legal regional quedará conformada como órgano director del proceso sin necesidad de ulterior acto de nombramiento y cuando existieren más de un abogado en la instancia regional corresponderá a la jefatura regional determinar cuál será el encargado del proceso tratando siempre de respetar las cargas de trabajo y una repartición equitativa de las mismas.

El órgano director iniciará y tramitará el procedimiento con base en el procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública. A dicho proceso deberá llamarse como terceros interesados a los ocupantes de los predios si existieren, quienes deberán ser intimados sobre las posibles consecuencias procesales para ellos.

Debe llamarse, como terceros interesados, a todos los anotantes del inmueble o instituciones que hayan generado un interés en el predio, tales como, el BANHVI al haberse otorgado algún beneficio de vivienda, el PANI, Municipalidades, Procuraduría General de la República o cualquier otro interesado.

En los procedimientos ordinarios de extinción de derechos, la comparecencia oral prevista por la Ley General de la Administración Pública deberá llevarse a cabo de forma preferente en el predio respectivo, con el propósito de que, el órgano director tenga la inmediatez con la realidad de lo que se está investigando, salvo que, por la naturaleza de la causal se considere que no es necesario estar en el inmueble y en estos casos deberá realizarse en la oficina territorial más cercana al inmueble, todo lo cual deberá ser debidamente fundamentado, en la resolución respectiva.

Si las condiciones físicas o logísticas de las partes, testigos o interesados denotan la existencia de un riesgo de no comparecencia a la audiencia, deberá el órgano director realizarla en el predio independientemente de la causal.

Artículo 102°- Terminación del Procedimiento por parte del Órgano Director

El órgano director podrá dar por terminado el procedimiento, mediante resolución fundamentada, sin necesidad de resolución de la Junta Directiva, en los siguientes casos:

a) Por renuncia al derecho;

b) Por satisfacción del incumplimiento en cualquier etapa del proceso antes de que el expediente sea elevado a Junta Directiva para resolución final;

Artículo 103°- Resolución final

Instruido el proceso se elevará, junto con informe recomendativo del órgano director, ante el Fondo de Tierras para que emita la recomendación final ante la Junta Directiva para que proceda a tomar la decisión final.

La resolución que declare el incumplimiento del contrato de dotación de tierras en cualquiera de sus modalidades, además de revocar el acuerdo de dotación, declarará la resolución del contrato y extinción de los derechos que de él se deriven y se revertirá la titularidad del inmueble a favor del instituto o del co - asignatario según corresponda.

También ordenará el desalojo administrativo del revocado y de cualquier ocupante irregular en los términos de este reglamento y ordenará el inicio del proceso de liquidación establecido en los artículos 107 y 117 del presente reglamento.

Artículo 104°- Recursos

La resolución final será notificada en el lugar o medio que para tal efecto se encuentre señalado en el expediente.

Conforme al artículo 69 de la Ley 9036 dicha resolución tendrá los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el primero será resuelto por la Junta Directiva y el segundo por el Tribunal Agrario, el cual deberá interponerse conforme lo dispuesto por el presente Reglamento.

Artículo 105°- Exhorto

En caso de existir título de propiedad, el Inder confeccionará y enviará al Registro Inmobiliario, el exhorto para la reversión del inmueble libre de limitaciones y cancelación de hipoteca en caso de reversión total al Instituto. En caso de revocatoria de un derecho a la propiedad, deberá acrecentarse proporcionalmente los derechos de los demás copropietarios, lo cual, se realizará en un mismo acto ante el Registro Inmobiliario vía exhorto, manteniéndose las limitaciones y gravámenes hipotecarios vigentes por el período restante del originalmente establecido siendo los copropietarios no revocados los obligados al pago de la totalidad de la deuda de conformidad con la liquidación de saldos que se hará.

Artículo 106°- Reconocimiento de mejoras y accesiones

Para el reconocimiento de mejoras y accesiones, el interesado deberá solicitar ante el órgano director del proceso el reconocimiento de éstas y demostrar que las mismas fueron realizadas con su propio peculio mediante la presentación de un reclamo administrativo por separado, que será tramitado por la vía sumaria, pero que se tramitará en el expediente principal como un legajo.

Firme la resolución que declare la extinción del derecho sobre el inmueble y presentado el reclamo por el interesado, el Inder, realizará el avalúo correspondiente, el cual, debe estar correlacionado con el inventario predial realizado durante el proceso de revocatoria.

El avalúo realizado no determina el reconocimiento y la procedencia del pago de estas mejoras y accesiones.

El reclamo de respectivo será tramitado por el mismo órgano director de la revocatoria, y de no ser posible que sea el mismo órgano por cualquier causa, será instruido por otro asesor legal nombrado al efecto por la Jefatura Regional, con las formalidades propias del debido proceso.

Será el órgano director del proceso o asesor legal del trámite, el que recomendará a la Junta Directiva si las mejoras o accesiones introducidas cumplen con los requisitos para ser reconocidas, así como, a quien corresponde el pago. En caso de no finalizarse en la vía administrativa el reconocimiento, esto se remitirá a la sede judicial.

Artículo 107°- Liquidación de saldos

Ante la solicitud de pago de mejoras y accesiones, deberá hacerse la liquidación económica en la que se considere el dinero pagado por concepto de tierra sin reconocimiento de intereses, las deudas con la institución, las mejoras útiles y necesarias introducidas por el beneficiario definidas bajo el artículo anterior y cualquier daño o perjuicio ocasionado por el beneficiario al bien.

La liquidación del monto a cancelar se obtendrá de la sumatoria de cualquier deuda que tenga el beneficiario con la Institución que no sea por concepto de valor tierra y cualquier daño ocasionado al bien por el beneficiario, monto al que se restará la cantidad obtenida de la sumatoria de los pagos efectivamente realizados por el beneficiario por el valor de la tierra y el monto de las mejoras definidas en el procedimiento que deban ser reconocidas.

El contenido del expediente levantado hasta este momento por concepto de reclamo de pago de mejoras que incluirá, al menos, el inventario predial, el avalúo, la definición sobre la calidad de mejoras y accesiones y la liquidación realizada, será notificada al solicitante para que en el plazo de tres días emita sus conclusiones.

Recibidas las conclusiones o vencido el término para ser presentadas, el órgano director de este proceso sumario emitirá su informe que será elevado ante el Fondo de Tierras quien hará su recomendación ante la Junta Directiva que tomará la resolución final.

Aprobada y firme la liquidación por parte de la Junta Directiva, se procederá de la siguiente forma:

a) Si el monto liquidado es a favor del Instituto, es decir, que la persona beneficiaria deberá pagar al Inder una suma determinada, se procederá a emitir una certificación del saldo, la que será título ejecutivo y respaldará el proceso de cobro que de conformidad con el artículo 17 inciso b) de la Ley 9036, deberá iniciarse. Si no fuere posible la recuperación de la deuda y conforme a los lineamientos establecidos para este efecto por la Contraloría General de la República, se procederá con el trámite de declaratoria de incobrabilidad.

b) En el caso de que existan deudas con terceros previamente autorizadas por el Instituto, la parte proporcional del pago de las mejoras, si las hubiere, se hará a favor del acreedor o acreedores y, de quedar aun así un saldo, el Inder buscará un convenio con el acreedor(es), a fin de liberar el inmueble de la anotación de la garantía. Ante el eventual caso de una ejecución de la deuda, se podrá solicitar al acreedor(es) en caso que sea una entidad de las establecidas en el párrafo final del artículo 67 de la Ley 9036 la observancia a dicha norma.

c) Cualquier saldo existente a favor del beneficiario será cancelado en el plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la firmeza de la resolución final.

Artículo 108°- Fallecimiento del asignatario

Si iniciado un procedimiento de resolución de contrato de dotación de tierras, la administración comprueba que uno o más asignatarios fallecieron, de inmediato, suspenderá el proceso administrativo y prevendrá al asignatario supérstite y/o a los posibles herederos, para que en el plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al recibo de la notificación, presenten un escrito con la certificación de haber iniciado el proceso sucesorio correspondiente, indicando el juzgado u oficina notarial, número de expediente y el nombre del albacea. Asimismo, deberán señalar un nuevo medio para notificaciones, todo bajo la advertencia de que, en caso de no cumplir con lo solicitado, se procederá oficiosamente con el trámite institucional del proceso sucesorio, solicitando al juez competente la designación del albacea, de manera tal que se pueda proceder a notificar el procedimiento de resolución del contrato, dando así oportunidad de que los intereses del haber sucesorio estén representados.