N° 41817-MINAE

(Este decreto ejecutivo fue derogado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43792 del 22 de setiembre de 2022)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 11, 140 inciso 3) y 146 de la Constitución Política; los artículos 11, 25, 26 inciso b), 27, 99, 100, 107, 113 incisos 2) y 3) de la Ley N° 6227 de 02 de mayo de 1978, "Ley General de la Administración Pública", y los artículos 83 y 85 de la Ley N° 7554 del 04 de octubre de 1995 "Ley Orgánica del Ambiente".

Considerando:

I.-Que el artículo 4° de la Ley N° 8220 del 11 de marzo del 2002 "Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámite administrativos", establece: "Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al administrado deberá: a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. b) Estar publicado en el Diario Oficial La Gaceta junto con el procedimiento a seguir, los instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes y estar ubicado en un lugar visible dentro de la institución. Asimismo, en un diario de circulación nacional deberá publicarse un aviso referido a dicha publicación. Sin perjuicio de lo anterior, dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados en medios electrónicos. La oficina de información al ciudadano de las instituciones será la encargada de explicarle al usuario los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de solicitudes, permisos, licencias o autorizaciones.

En caso de no contar con esa oficina, la institución deberá designar un departamento o una persona para este fin".

II.-Que el artículo 86 de la Ley N° 7554 del 04 de octubre de 1995 "Ley Orgánica del Ambiente", dispone: "La Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberá responder a las necesidades de eficiencia y eficacia en el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, de conformidad con las normas específicas, viables y funcionales para la conservación del ambiente orientada hacia el desarrollo sostenible".

III.-Que la resolución N° 2008-004790 del 27 de marzo del 2008 de la Sala Constitucional, señala: "III. La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados". Y, además indica lo siguiente: "...podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas".

IV.-Que mediante Decreto Ejecutivo N° 41213-MINAE del 10 de julio del 2018, se creó la Comisión para la atención y transformación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). El artículo 1° de dicho Decreto dispone como objetivo de dicha Comisión: "(...) la transformación de la Secretaría, con el fin de lograr un eficiente y eficaz desarrollo de la gestión de administrativa. Este proceso tiene como fin llevar a cabo diferentes medidas y acciones dirigidas a dinamizar los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, que afectan directamente la economía nacional. Así mismo, tendrá como objetivo corregir y proponer los procedimientos y trámites internos, de manera tal que se cumplan las obligaciones de simplificación de trámites y se garantice el cumplimiento de los objetivos de SETENA establecidos en la legislación vigente. La Comisión como órgano gestor y directivo dictará las medidas a aplicar para cumplir con el plan de transformación".

V.-Que es necesario orientar procesos que busquen la mejora continua de los instrumentos de SETENA, de manera que se permita potenciar la función primordial de la institución, haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles y las mejoras prácticas ambientales, buscando la eficiencia y eficacia del proceso de evaluación de impacto ambiental y la promoción del desarrollo de país.

VI.-Que el sector construcción y de desarrollo inmobiliario constituye el usuario más importante de la SETENA y sus proyectos representan un 70% de lo tramitado ante dicha institución, por lo que las propuestas y aportes que dicho sector pueda realizar a la mejora de los instrumentos mencionados resultan de vital importancia y relevancia.

VII.-Que, en virtud de lo anterior, resulta relevante que expertos representantes de esos sectores puedan contar con un espacio formal para compartir sus propuestas y experiencias con la Administración. Por tanto,

Decretan:

"SOBRE EL PROCESO DE COLABORACIÓN TÉCNICA

EN LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN,

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y PARA

LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ADMINISTRADA POR LA SECRETARÍA

TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL"

Artículo 1º-Conformación de equipo técnico del sector construcción y de desarrollo inmobiliario. Confórmese un equipo técnico del sector construcción y de desarrollo inmobiliario integrado por representantes de las siguientes organizaciones, a efectos de analizar y proponer instrumentos que permitan la agilización y eficiencia de la evaluación de impacto ambiental de la Secretaría Técnica Ambiental:

a) Cámara Costarricense de la Construcción.

b) Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.

c) Consejo de Desarrollo Inmobiliario.

d) Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial.

Cada organización nombrará un representante mediante carta dirigida al Ministro de Ambiente y Energía. El representante asistirá a las diferentes reuniones de seguimiento convocadas al efecto.

Una vez designados los representantes, el equipo técnico del sector construcción y de desarrollo inmobiliario, redactará aquellas propuestas concretas relacionadas con los objetivos establecidos en el presente decreto, para ser sometidas a conocimiento de la Comisión Público-Privada de la Construcción.

Cada organización nombrará cuantos expertos considere necesarios para cumplir los fines indicados en el presente Decreto, sin embargo, a las sesiones de la Comisión Público-Privada de la Construcción solo podrán ir los representantes designados.