Artículo 2°—El presente Código y sus disposiciones se aplicarán sin perjuicio de otras normas jurídicas y de la competencia respectiva de las autoridades y Tribunales de Justicia.

Artículo 4°—Ningún abogado podrá celebrar convenios que pretendan enervar los alcances de este Código ni excusarlo de sus obligaciones y responsabilidades profesionales. La renuncia de los clientes o perjudicados al derecho de exigir el cumplimiento de estas normas no producirá ningún efecto.

Artículo 5°—La interpretación con carácter vinculante de estas normas será de competencia de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Los abogados que, previa consulta, ajusten sus acciones a los dictámenes en la materia, estarán exentos de cualquier responsabilidad disciplinaria.

Artículo 6°—Las normas de este Código sólo podrán ser modificadas por acuerdo de Junta Directiva del Colegio de Abogados, en votación no menor de las tres cuartas partes de sus miembros.

Artículo 7°—La misión del abogado es ser defensor de la justicia y contribuir a su realización por medio del derecho. La ley injusta no obliga en conciencia al abogado, aunque debe respetarla críticamente.

Artículo 8°—El abogado, en el cumplimiento de su misión, actuará con toda libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico, especialmente las contenidas en este Código.

Artículo 9°—El abogado debe actualizar y profundizar sus conocimientos jurídicos constantemente. Antes de aceptar un asunto, debe analizarlo cuidadosamente, y rechazar aquel que requiera una preparación especial que no posea.

Artículo 10.—Es deber del abogado dedicarse con diligencia a los asuntos de su cliente y poner en su defensa todos sus esfuerzos y conocimientos, con estricto apego a las normas jurídicas y morales. El abogado debe ser puntual con los tribunales, funcionarios, colegas, clientes y demás interesados.

Artículo 11.—El abogado debe actuar con corrección en el ejercicio profesional y en su vida privada. Su conducta se ajustará a las normas morales que rigen a la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión. Su comportamiento debe ser siempre probo y leal, veraz y de buena fe.

Articulo 12.—Es derecho y deber del abogado combatir por todos los medios lícitos la conducta censurable de los jueces y colegas y denunciar las a las autoridades competentes. Ante estas acciones, debe evitar las actitudes pasivas que podrían hacerle sospechoso de complicidad, así como, abstenerse de toda vejación y actuación escandalosa.

Artículo 13.—El abogado no debe prestar sus servicios o su nombre para facilitar el ejercicio profesional de quienes no están legalmente autorizados para hacerlo.

Artículo 14.—El abogado debe actuar con libertad de criterio en su vida profesional y rechazar todo asunto, negocio u ocupación que afecte su independencia. Debe evitar acumular cargas o tareas que le consuman demasiado tiempo y esfuerzo y le afecten negativamente su actuación profesional.

Artículo 15.—El abogado debe evitar que el interés pecuniario sea la causa determinante de sus actos, como abogado rehusará los mandatos sin afinidad con la profesión, no deberá adquirir interés pecuniario directa o indirectamente en los asuntos que patrocina. Es reprochable moralmente que adquiera bienes procedentes de remates enjuicies en que actúa o que acepte en pago de sus honorarios bienes pertenecientes a las causas en que participó, salvo que exista acuerdo previo y se trate de una correcta sustitución de honorarios. El contrato de cuota litis se regirá por la ley y las disposiciones especiales de este Código.

Artículo 16.—En sus actuaciones ante los Tribunales y autoridades, el abogado debe proceder con respeto y decencia, absteniéndose de expresiones violentas o agraviantes. La severidad y energía que se pueda requerir no autoriza vejaciones ni violencias.

Artículo 17.—En su vida profesional el abogado debe actuar responsablemente. No puede excusarse de los errores que cometa, pretendiendo descargarlos en otros, ni de actos ilícitos atribuyéndolos a instrucciones de sus clientes. Debe adelantarse a reconocer su responsabilidad en caso de dolo o culpa, allanándose a indemnizar los daños y perjuicios causados al cliente.

Artículo 18.—El abogado desempeña una importante función social y le corresponde la tarea de procurar el progreso del Derecho y sus instituciones, conforme con los valores de justicia, libertad, seguridad jurídica y paz social.

Artículo 19.—El abogado, en mayor medida que el resto de los habitantes, está obligado a respetar y hacer respetar la Constitución, las leyes y las autoridades legítimas. Ello no obsta, sin embargo, a que promueva las modificaciones que le dicte su conciencia mediante los procedimientos constitucionalmente establecidos.

Artículo 20.—El abogado debe defender las libertades civiles y políticas que aseguren al respecto de la dignidad humana y el bienestar general, y coordinar toda acción que atente contra estos principios, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Igualmente es contrario a la Moral Profesional la actuación del abogado que, en el ejercicio de un cargo público, propicia o contribuye a la violación del orden jurídico.

Artículo 21.—Es contrario a la Moral Profesional del abogado, por contravenir el artículo 1° inciso 1° de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, toda actuación que facilite indebidamente la obtención de beneficios académicos a estudiantes de Derecho, ya sea enseñando materias jurídicas para las que no está capacitado, enseñando un número de materias tan diversas que hagan dudar de su seriedad docente, facilitando trámites indebidos para obtener créditos académicos de cualquier naturaleza, incluir datos falsos en certificaciones o declaraciones juradas que otorgan beneficios académicos, consentir de cualquier forma que se quebrante el ordenamiento jurídico educativo aplicable a la enseñanza del Derecho y en cualquier forma que propicie el facilismo académico de modo que genere la concesión de derechos académicos a personas que no están ni ética ni técnicamente preparadas.

Articulo 23.—El abogado debe prestar asesoramiento a toda persona urgida o necesitada, de acuerdo, a las disposiciones legales y costumbres existentes.

Artículo 24.—El abogado debe respetar las disposiciones normativas que establecen incompatibilidades y prohibiciones en el ejercicio profesional. Debe abstenerse de desempeñar por sí o por interpuesta persona, cargos u ocupaciones incompatibles con la normativa citada.

Artículo 25.—El abogado que actúe en política o desempeñe cargos públicos, debe actuar con especial cautela para evitar que cualquier actividad o expresión suya se interprete como tendiente a utilizar su influencia en provecho propio o de terceros, en el ámbito del ejercicio profesional.

Artículo 26.—El abogado debe cumplir con las cargas públicas que establecen las leyes y especialmente las referentes a la profesión.

Artículo 27.—El abogado debe centralizar su actividad en un lugar digno, determinado y conocido. Podrá asociarse con colegas y otros profesionales para el estudio de los asuntos que se les sometan. No es conveniente para el decoro de la profesión la atención de los asuntos profesionales en lugares públicos o inadecuados.

Artículo 28.—El abogado debe procurarse su clientela por medios dignos. Deben evitarse las gestiones excesivas o sospechosas, o el ofrecimiento espontáneo de servicios no requeridos. No debe recurrir a terceras personas, remuneradas o no, para obtener asuntos, ni procurarse trabajo profesional mediante descuentos y otras ventajas que conceda al cliente o a terceras personas.

Artículo 29.—El abogado debe limitar su publicidad y papelería a indicar su nombre, dirección, títulos académicos, número de teléfono y horario de atención al público. Dicha publicidad debe ser moderada y serial, evitando el autoelogio y todo medio llamativo.

Artículo 30.—Una vez aceptada la dirección profesional de un asunto, el abogado debe defender el interés de su cliente, desde su propia conciencia moral y profesional.

Artículo 31.—La relación entre el abogado y el cliente se debe fundar en una recíproca confianza. Aquel debe obtener pleno conocimiento de la causa de su cliente antes de aceptarla y emitir opinión sobre ella. No debe asegurarle nunca el éxito ni magnificar sus dificultades, sino exclusivamente exponerle el amparo legal de la causa y sus probabilidades razonables.

Artículo 32.—Una vez aceptado el caso, el abogado informará al cliente siempre que sea necesario el estado de la causa. No podrá transigir, desistir o confesar sin la conformidad del cliente, aunque tenga las facultades legales para ello.

Si no accediera a esto, el abogado deberá renunciar al caso sin motivar su renuncia y en forma que no perjudique a su cliente.

Artículo 34.—El abogado es libre de aceptar o rechazar asuntos en que se solicite su intervención, sin necesidad de expresar los motivos de su determinación, salvo en caso de nombramiento de oficio, en que debe justificar su decisión. No debe aceptar asuntos en que haya de sostener tesis contrarias a sus convicciones.

Artículo 35.—Aunque la causa sea justa, el abogado no debe emplear medios ilícitos para hacerla triunfar ni abusar de los medios legales para dilatar los pleitos.

Artículo 36.—El abogado empleará al servicio del cliente todo su saber, celo y dedicación personal. Podrá ser asistido por personas de su confianza y consular con otros profesionales, en este caso previa anuencia del cliente, pero la responsabilidad en la dirección del proceso es suya.

En caso de discrepancia entre quienes intervengan conjuntamente, la decisión corresponde al cliente. Tal decisión debe ser aceptada, salvo que resulte intolerable o impracticable para alguno de ellos, quien podrá solicitar al cliente que lo releve de su intervención, o, en su caso, retirarse de la atención del asunto.

Si es llamado a declarar como testigo, debe concurrir y oponer su derecho de no contestar aquellas preguntas cuyas respuestas sean susceptibles de violar el secreto profesional.

Excepcionalmente el abogado puede revelar el secreto profesional para evitar la eventual condena de un inocente.

Artículo 40.—Es contrario a la moral profesional representar intereses contrapuestos en la misma o en ulteriores instancias. Esto se aplica también a todos los miembros de una firma o asociación o bufetes de abogados, y rige aunque no se haya iniciado el juicio, sino desde que se acepta un asunto.

Artículo 41.—El abogado debe requerir el consentimiento del cliente para hacerse reemplazar por otro abogado en un asunto.

Debe procurar que el alejamiento no sea intempestivo ni perjudicial para el cliente y reservándose las causas de su determinación.

Debe evitar ejercer el derecho de retención sobre bienes, dinero o documentos de sus clientes para el cobro de sus honorarios.

El abogado debe convenir con el cliente la suma a cobrar por concepto de honorarios y la forma de pago, antes de aceptar su asunto, sin perjuicio de situaciones excepcionales que aumenten o disminuyan el cálculo inicial.

j. El lugar de la prestación de los servicios.

Recurrirá a los tribunales para impedir la injusticia, burla, excesiva demora o fraude, en el cobro de sus honorarios.

Artículo 47.—La participación de honorarios entre profesionales, es contraria a la dignidad de la profesión si no existe una colaboración jurídica efectivamente prestada.

Artículo 48.—La retribución por servicios profesionales puede consistir en un sueldo fijo periódico, siempre que su importe constituya un adecuado reconocimiento de los servicios prestados.

Artículo 49.—El abogado no debe afrontar los gastos del proceso, salvo en virtud del contrato de cuota litis, pero podrá anticiparlos con sujeción al reembolso.

El abogado no podrá percibir más de una tercera parte del resultado líquido del juicio, salvo que asuma los gastos inherentes a la defensa y las costas favorables del adversario, en caso de un resultado adverso. Si el asunto se perdiera, el abogado no podrá cobrar suma alguna. Si el asunto se solucionara antes de las instancias regulares, el cliente tendrá derecho a una reducción proporcional de la participación del abogado. La actividad profesional comprende todas las instancias y recursos ordinarios y extraordinarios, hasta Ja efectiva conclusión del litigio.

Artículo 51.—El abogado debe guardar el debido respeto a los jueces y otras autoridades en atención a la función que cumplen. En caso de existir un fundamento serio de queja contra un o autoridad, el abogado debe formular su denuncia ante la autoridad competente, agotando previamente las instancias ante las mismas personas.

Artículo 52.—El abogado debe contribuir a la celeridad de los procesos en que intervenga. Debe abstenerse de utilizar recursos o medios que, aunque leales, constituyan un perjuicio al normal desarrollo del proceso, así como gestiones puramente dilatorias.

Artículo 53.—El abogado debe hacer uso moderado de las acusaciones contra jueces y autoridades públicas, y no debe aceptar una causa con la intención de provocar la separación del Juez o funcionario competente.

Artículo 55.—Es prohibido al abogado mantener conversaciones con autoridades públicas sobre asuntos que éstos tengan pendientes de resolución, salvo en el despacho de los mismos, y en presencia de abogado contrario. De no existir contención alguna, la prohibición es absoluta. Sin embargo, podrá hacerlo en el despacho de ellas para solicitar el trámite procesal adecuado a la causa.

Artículo 56.—Es prohibido que el Abogado, directa o indirectamente, tenga atenciones y familiaridades con jueces y autoridades ante quienes tengan asuntos pendientes.

Artículo 57.—Es prohibido al abogado ofrecer o cancelar sumas de dinero a los funcionarios públicos que excedan las tasas por servicios que fijan las disposiciones normativas respectivas.

Artículo 58.—Es contrario a la moral profesional pedir a los Jueces y autoridades opiniones o explicaciones respecto a resoluciones por dictarse o dictadas.

Artículo 59.—El abogado debe devolver dentro del término fijado los documentos y expedientes facilitados por las autoridades, y en las mismas condiciones en que aquellos se encontraban.

Artículo 60.—Cuando un abogado haya cesado en la judicatura o en algún cargo público, no debe aceptar asuntos que hubiese conocido en su carácter de funcionario público. Durante el plazo de un año no puede ejercer su profesión en asuntos que deben ser resueltos en la misma oficina donde ejerció puestos de autoridad.

Artículo 61.—El abogado no debe divulgar ni facilitar la divulgación de noticias o comentarios vinculados a asuntos pendiente que intervenga en Tribunales de cualquier naturaleza. Debe evitar cualquier ponderación de si mismo y crítica de la contraparte o los tribunales, y le está prohibido referirse en cualquier forma a asuntos judiciales pendientes. Debe abstenerse de publicar escritos judiciales o las discusiones mantenidas en relación con los mismos asuntos, ni pieza alguna del expediente. Concluido el proceso, puede publicar en forma ponderada y respetuosa sus escritos y las sentencias y dictámenes del expediente, pero no los escritos del adversario sin autorización. Los comentarios deberán ser respetuosos y ecuánimes, especialmente hacia los jueces.

Artículo 62.—Entre los abogados debe haber fraternidad, lealtad y respeto recíproco, sin que influya en modo alguno a animadversión de las partes.

Artículo 63.—Los abogados deben colaborar entre sí en la solución de impedimentos momentáneos que no le sean imputables, atendiendo inclusive razonables pedidos de aplazamiento.

Artículo 64.—Antes de la renuncia expresa de un abogado a la atención de un asunto, el profesional no debe sustituirlo, salvo ante la imposibilidad de su localización. Tampoco debe sustituirlo si previamente no se le han satisfecho al colega los honorarios pendientes, o se ha pedido la liquidación de los mismos, garantizando su pago.

Artículo 65.—Antes de actuar contra un colega, por cualquier causa, el abogado debe intentar una conciliación amigable, y, a falta de solución, procurar la mediación del Colegio.

Debe retribuir su colaboración, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 67.—El abogado no debe compartir la pasión, del cliente hacia su adversario, evitando actuaciones excesivas, gastos inútiles y toda medida innecesaria para la defensa de los intereses de su cliente.

Artículo 68.—El abogado no debe tener trato directo con la contraparte. Sólo mediante la intervención de su abogado procurara concertar acuerdos o transacciones con ésta. Si la contraparte careciera de asistencia profesional, el abogado se lo advertirá para que procure obtenerla.

Artículo 69.—El abogado puede entrevistar a las partes y testigos del asunto en que intervenga, pero no debe inducirlos a apartarse de la verdad. No debe delegar en empleados o terceros el trato con ellos, que debe ser realizado en forma personal.

Artículo 71.—El abogado debe cumplir puntual y espontáneamente con el pago de las cuotas y cargas que establezca el Colegio, asistir y votar en las asambleas. Además, debe brindar a los órganos del Colegio un informe oportuno sobre su persona o actividad profesional cuando se le solicite.

Artículo 71.—El abogado debe cumplir puntual y espontáneamente con el pago de las cuotas y cargas que establezca el Colegio, asistir y votar en las asambleas. Además, debe brindar a los órganos del Colegio un informe oportuno sobre su persona o actividad profesional cuando se le solicite.

Artículo 72.– Los recursos provenientes de las cargas que impone la ley a los ciudadanos sólo podrán ser utilizadas por el Colegio en actividades académicas y en las que expresamente señalen las leyes y reglamentos. Los ingresos que provengan de las cuotas que paguen los abogados serán distribuidos libremente, según lo disponga la Asamblea del Colegio.

Le corresponderá a la Presidencia, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados nombrar al personal de la Dirección de Asuntos Disciplinarios.

c. Suspensión del ejercicio de la profesión hasta por cinco años

Artículo 75.—La suspensión en el ejercicio de la profesión apareja la suspensión en el cargo que exija para su ejercicio la profesión de abogado. El Colegio comunicará la sanción a quien corresponda.

Artículo 76.—Las sanciones disciplinarias que imponga el Colegio harán constar en el expediente personal de cada abogado, y se comunicarán conforme lo dispongan las leyes y reglamentos.

Artículo 77.—Las faltas que puedan ser sancionadas disciplinariamente se clasifican en muy graves, graves y leves.

c. La embriaguez o toxicomanía habitual y pública.

e. Los actos y omisiones descritos en el artículo anterior, cuando no tuvieren el carácter suficiente para ser considerados como muy graves.

b. Los actos y omisiones descritos en los incisos a, b y c del artículo anterior cuando no tuvieren el carácter suficiente para ser consideradas como graves.

c. Por faltas leves, apercibimiento por escrito o amonestación privada.

Artículo 82.—El Colegio supondrá la sanción dentro de los extremos mínimo y máximo fijado, considerado las circunstancias del caso y los antecedentes del profesional acusado.

Artículo 83.—Si los hechos denunciados constituyen un delito, según la calificación del Colegio, la acción disciplinaria prescribe en los plazos respectivos señalados en el Código Penal. La prescripción se interrumpe con la presentación de la queja ante el Colegio.

Artículo 84.—Se deroga el Código de Moral Profesional aprobado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados el 1 de setiembre de 1943 y publicado en La Gaceta del 23 de setiembre de 1943.

San José, 8 de enero del 2001.—Lic. Jacqueline Piedra Vargas, Directora Ejecutiva