ARTÍCULO
3º.- Son funciones del SENARA:
a) Elaborar y ejecutar una política justa de
aprovechamiento y distribución del agua para fines agropecuarios, en forma
armónica con las posibilidades óptimas de uso del suelo y los demás recursos naturales
en los distritos de riego.
b) Desarrollar y administrar los distritos de
riego, avenamiento y control de las inundaciones en los mismos.
c) Contribuir al incremento y diversificación
de la producción agropecuaria en el país, procurando el óptimo aprovechamiento
y distribución del agua para riego en los distritos de riego.
ch) Investigar, proteger y fomentar el uso de
los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos.
d) Promover la utilización de los recursos
hídricos del país, sin perjuicio de las atribuciones legales del Instituto
Costarricense de Electricidad, del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados y del Servicio Nacional de Electricidad.
e) Realizar, coordinar, promover y mantener
actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas, agrológicas y
otras que considere necesarias en las cuencas hidrográficas del país, así como
las socioeconómicas y ambientales en las áreas y regiones en que sea factible
establecer distritos de riego y avenamiento.
f) Adquirir conforme con lo establecido en la
Ley 9286, de 11 de noviembre de 2014, bienes y derechos necesarios para
establecer, integrar o modificar las áreas de distribución de riego,
asentamiento y protección contra inundaciones. de manera que a una justa
distribución de la tierra corresponda una justa distribución del agua.
(Así reformado el
inciso anterior por el artículo 16 de la Ley Nº 10230 del 3 de mayo del 2022,
que aprobó el Contrato de préstamo N°
2220 que financiará el Proyecto de abastecimiento de agua para cuenca media del
Río Tempisque y comunidades costeras (PAACUME) suscrito con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE))
g) Velar porque se formule una política
racional y democrática en el otorgamiento de concesiones relativas a la
utilización de las aguas para riego.
h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones
legales en las materias de su incumbencia. Las decisiones que por ese motivo
tome el Servicio, referentes a la perforación de pozos, y a la explotación,
mantenimiento y protección de las aguas -que realicen las instituciones
públicas y los particulares- serán definitivas y de acatamiento obligatorio. No
obstante, tales decisiones podrán apelarse dentro del décimo día por razones de
ilegalidad, para ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. El
Tribunal resolverá en un plazo no mayor de noventa días.
i) Suministrar asesoramiento técnico y servicios a instituciones públicas y a
particulares. Cuando el asesoramiento y la prestación de servicios a las citadas
instituciones no estén concebidos en los programas y proyectos del Servicio, lo
mismo que cuando se brinden a particulares, este cobrará las tarifas que fije
su Junta Directiva.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 24°
de la ley N° 8823 del 5 de mayo de 2010)
j) Coordinar estrechamente con el Instituto de
Desarrollo Agrario, a efecto de que todas aquellas tierras en donde existan
demasías, en las cuales se encuentren recursos hídricos subterráneos o
superficiales, o que sean tierras destinadas a la construcción de obras que se
enmarquen dentro de los objetivos de esta ley, sean inmediatamente recuperadas
a solicitud del SENARA. Para ello se seguirán los fundamentos y procedimientos
de los artículos 78 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Agraria, Nº 6734 del
29 de marzo de 1982. Este procedimiento tendrá prioridad en lo que a obtención
de tierras se refiere, y solo secundariamente se acudirá a los mecanismos de la
expropiación o a la simple compraventa de tierras.
k) Orientar, promover, coordinar y ejecutar
programas nacionales de investigación y capacitación para el desarrollo de
todas las actividades relacionadas con el riego, drenaje y control de
inundaciones, en coordinación con las dependencias afines de la enseñanza
superior. En particular, el Servicio coordinará con la Comisión Nacional de
Emergencia y con los demás organismos correspondientes, la elaboración y
ejecución de programas de prevención y control de inundaciones, manteniendo al
día, además, los sistemas de información necesarios.