ARTÍCULO 4.-        Los derechos de propiedad a que se refiere la presente ley deberán estar libres de todo tipo de anotaciones y gravámenes judiciales, hipotecarios o administrativos. No se admitirán sobre los inmuebles más garantías hipotecarias que las generadas por la aplicación de la presente ley. Estos derechos serán inembargables por otros acreedores ajenos durante un plazo de diez años, contado a partir de la presentación ante el registro inmobiliario y sin perjuicio de la inembargabilidad generada por la vigencia del régimen de patrimonio familiar, el cual deberá ser conservado por sus beneficiarios durante al menos el mismo plazo antes indicado.

Se autoriza a las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que otorguen créditos hipotecarios necesarios para el financiamiento de las operaciones y las obras a que se refiere la presente ley, con garantía exclusiva del derecho cuyo propietario o propietarios reciban el financiamiento hipotecario, derechos que serán susceptibles de remate judicial de forma individualizada. La imposición de la hipoteca no requiere del consentimiento o de la autorización de los otros copropietarios ajenos a la operación de crédito; sin embargo, deberá ser informada mediando prueba fehaciente de ello a los otros copropietarios.

En los procesos ejecutivos hipotecarios que se entablen, los otros copropietarios ajenos a la deuda en ejecución serán notificados como terceros interesados.