Artículo 262.- Cuando el funcionario que conociere de un proceso jurisdiccional o administrativo, constatare que las actuaciones que en éste se han efectuado, están extendidas en papel sellado de menor valor del que corresponde, requerirá al interesado para que dentro del término que le señale, proceda al reintegro de la diferencia.

            Si el interesado no hiciere el oportuno reintegro, el funcionario suspenderá los efectos jurídicos del acto o actos afectados que los estuvieren produciendo, o que sirvieren de presupuesto para la validez de actos sucesivos, y dicha suspensión se mantendrá hasta tanto no se efectúe el reintegro correspondiente.

            Si la falta de reintegro no tuviere la virtud de suspender los efectos de los actos procesales, por haberse producido aquellos plenamente; o si el acto no produjo ningún efecto procesal, no se decretará la suspensión y el proceso continuará su curso, pero el omiso no será oído mientras no cumpla la prevención de reintegrar.

            Si la suspensión decretada por omisión de una de las partes, perjudicare a otros interesados en el proceso, éstos podrán hacerla cesar efectuando el reintegro, y en lo sucesivo no se oirá al omiso mientras no demuestre en autos haber reembolsado debidamente a aquellos, o haber depositado la suma correspondiente en la cuenta bancaria del juzgado.

(Así reformado por Ley Nº 3665 de 10 de enero de 1966).