Ley de Tierras y
Colonización
(Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo
80° de la ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, Transforma
el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural
(INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, se indicó que se
mantiene vigente la presente norma, en lo que no
contraviene esta ley. En caso de duda entre ambas prevalecerán los principios
de la Ley N.º 2825.
Expresamente, se mantendrá la vigencia en todos sus extremos, el capítulo Vl de la
Ley Nº 2825,
Regulación de Conflictos entre Propietarios y Poseedores en Precario, y su
normativa conexa)
(*) El siguiente corresponde al texto
publicado en el Alcance Nº 90 a La Gaceta Nº 278 de 8 de diciembre de 1962, ordenado en virtud de lo
dispuesto por el Transitorio II de la Ley 3042 de 4 de octubre de 1962.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Finalidades,
Régimen de Posesión de la Propiedad Rural Inmueble
Artículo
1º.- La presente ley tiene por objeto:
1.-
Determinar que la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento
gradual de su productividad y para una justa distribución de su producto,
elevando la condición social del campesino y haciéndolo partícipe consciente
del desarrollo económico-social de la Nación;
2.-
Contribuir al florecimiento de las virtudes republicanas, privadas y públicas,
vinculando al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra;
3.-
Contribuir a una más justa distribución de la riqueza;
4.-
Contribuir a la conservación y uso adecuados de las reservas de recursos
naturales renovables de la Nación;
5.-
Evitar la concentración de tierras nacionales en manos de quienes las utilicen
para especulación o explotación en perjuicio de los intereses de la Nación. Las
tierras en manos de esos intereses deben volver al Estado en la forma que
determinan la Constitución y la ley;
6.-
Determinar que la tierra no debe utilizarse para la explotación del trabajador
agrícola. El Estado, por todos los medios a su alcance, estimulará la formación
de cooperativas agrícolas para combinar la dignidad de la pequeña propiedad con
la eficiencia de la gran empresa; y
7.-
Reconocer, de conformidad con lo anteriormente expuesto, la existencia y
legitimidad de la propiedad privada.