N°
45499-MDHIS-MIDEPLAN-MEIC- MIVAH-MTSS-MJP-MEP-MCJ
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, LA MINISTRA DE DESARROLLO
HUMANO E INCLUSIÓN
SOCIAL; EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN
NACIONAL Y POLÍTICA
ECONÓMICA; LAS MINISTRAS DE ECONONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMERCIO; DE
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS; Y
LOS MINISTROS DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, DE JUSTICIA Y PAZ,
DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y
DE CULTURA Y JUVENTUD.
En uso de
las facultades conferidas en los artículos 11, 140 incisos 3), 8), 18) y 20), y
146 de la Constitución Política, 21, 22, 25.1, 27.1, 28 inciso 2 del acápite b
de la Ley General de la Administración Pública, No 6227 de 2 de mayo de 1978;
artículo 2 inciso e) de la Ley de Planificación Nacional, Ley No 5525 de 2 de
mayo de 1974; el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos, Ley N°. 8131 del 18 de setiembre de 2001 y
los artículos 7, 8 y 9 del Decreto Ejecutivo No 43580-MP-PLAN Reglamento
Orgánico del Poder Ejecutivo, del 1 de junio de 2022.
CONSIDERANDO:
I. Que de conformidad con
el artículo 50 de la Constitución Política, el Estado se encuentra en la
obligación de procurar el mayor bienestar a sus habitantes, por lo que es un
apelativo indispensable aunar los distintos esfuerzos interinstitucionales en
aras de alcanzar ese cometido.
II. Que el artículo 67 de
la Constitución Política dispone que, el Estado velará por la preparación
técnica y cultural de los trabajadores, por lo que resulta crucial apalancarse
de la formación profesional para procurar el progreso económico y social de las
personas
III. Que el artículo 78 de
la Constitución Política indica que, la educación preescolar, general básica y
diversificada son obligatorias y en el sistema público, gratuitas y costeadas
por la Nación, de manera que es indispensable procurar el curso en la educación
formal como movilizador social por excelencia
IV. Que el artículo 83 de
la Constitución Política señala que, el Estado patrocinará y organizará la
educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar
oportunidad cultural a aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual,
social y económica, de modo que resulta viable que las personas además de
trabajar puedan estudiar para mejorar sus condiciones de vida.
V. Que el inciso 8) del
artículo 140 de la Constitución Política, establece que el Poder Ejecutivo
tiene el deber de velar por el buen funcionamiento de los servicios y las
dependencias administrativas.
VI. Que la reducción de la
Pobreza Extrema y la Pobreza Básica es uno de los pilares del Plan Nacional de
Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026 "Rogelio Fernández
Güell" el cual demanda llevar a cabo esfuerzos integrados tanto a nivel
sectorial como intersectorial que generen impactos en la sociedad.
VII. Que diversos
estudios técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),del
Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social (MIDHIS) y de instituciones
académicas nacionales han identificado la necesidad de articular y fortalecer
las políticas públicas para atender la pobreza de manera integral, diferenciada
y territorialmente contextualizada.
VIII.
Que de acuerdo con los artículos 7 y 10 del Reglamento Orgánico del Poder
Ejecutivo N° 43580-MP-PLAN la rectoría del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión
Social, está llamada a liderar los esfuerzos nacionales tendientes a promover
la reducción de la pobreza y la movilidad social ascendente de las poblaciones.
IX. Que según el artículo 2 de la Ley
N°4760, Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS tiene como
finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual
deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a
dicho fin. Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos
que sean puestos a su servicio por los empresarios trabajadores del país,
instituciones del sector público nacionales o extranjeras, organizaciones
privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos
interesados en participar en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.
X. Que
según el artículo 3 de la Ley N°4760, Ley de Creación del Instituto Mixto de
Ayuda Social, el IMAS debe dirigir y articular los esfuerzos que realizan las
instituciones públicas que participen en el esfuerzo nacional de luchar contra
la pobreza.
XI. Que con
el fin de combatir la pobreza, según el artículo 5 de la Ley N°4760, Ley de
Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS debe establecer un plan
coordinador que articule con la Universidad de Costa Rica, el Instituto
Nacional de Aprendizaje, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de
Educación Pública y el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, para resolver
los problemas de la pobreza que derivan de la carencia de oportunidades de educación
o instrucción técnica o profesional.
XII. Que el
artículo 8 de la Ley N°4760, Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda
Social, todo beneficiario del IMAS debe participar en al menos un plan de
estímulo conforme lo previsto en el ordinal 11 del mismo cuerpo normativo,
dentro de los programas de estímulo en que deben participar los beneficiarios
del IMAS, se encuentra la capacitación técnica, la formación en oficios y la
educación primaria y secundaria.
XIII. Que, por
el carácter multidimensional e intergeneracional de la pobreza, las actividades
a favor de la reducción de la pobreza básica y la pobreza extrema no pueden ser
realizadas por una sola entidad, por lo que se hace indispensable la
coordinación y articulación interinstitucional de planes, programas y proyectos
por parte de una rectoría política, encargada de promover y coordinar las
acciones para lograr el cumplimiento de los objetivos sectoriales contemplados
en el Plan Estratégico Nacional (PEN) y el Plan Nacional de Desarrollo e
Inversiones Públicas (PNDIP).
XIV. Que el
Estado costarricense en el diseño y ejecución de estrategias de atención a la
pobreza debe propiciar la integración e interconexión de instituciones
destinadas a mejorar el bienestar social con acciones que promuevan la
vinculación de las poblaciones al empleo y la producción, buscando la
estabilidad social y el crecimiento de la economía.
XV. Que el
diseño y ejecución de estrategias de atención a la pobreza debe propiciar la
articulación entre programas selectivos (dirigidos a grupos específicos) y
programas universales (dirigidos a toda la población) buscando crear un sistema
de protección social integral en el cual los programas se complementen y
contribuyan a la sostenibilidad de los procesos de movilidad social ascendente
de las poblaciones.
XVI. Que
con la Ley N° 9137 que crea el Sistema Nacional de Información y Registro Único
de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) permite una mayor eficiencia de la
inversión social y fortalecer la coordinación de las instituciones del Estado
especialmente de aquellas orientadas a la atención integral de poblaciones en
pobreza; así como facilitar los procesos de validación y control de la
información.
XVIII. Que
los artículos 7 y 8 del Decreto Ejecutivo 43916-PLAN, Reglamento a la
LeyNo10096 del 24 de noviembre de 2021, Ley de Desarrollo Regional de Costa
Rica, del 06 de octubre del 2022, establece la creación de los Comités
Intersectoriales Regionales (CIR), como instancias técnicas de coordinación
institucional, mismos que se conformarán con los representantes de mayor
jerarquía de las instituciones con sedes en las respectivas regiones.
XVIII. Que
la rectoría del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social y El IMAS como
entes responsables de liderar la política social requieren la efectiva
vinculación y participación de las instituciones con el fin de generar un flujo
de realimentación continuo que hagan efectiva la operaciónalización de la
estrategia para la atención dela pobreza.
XIX. Que
mediante disposición 4.8 del DFOE-BIS-IAD-0008-2024 de la Contraloría General
de la República, se le ordenó al IMAS operativizar "plan de ayuda"
y" programa de estímulo" contenidos en el artículo 8 de la Ley N°
4760 Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, del 04 de mayo de
1971.
XX. Que
mediante acuerdo N° 250-12-2024, el Consejo Directivo del IMAS aprobó el Modelo
de Intervención Institucional 3.0 IMAS Impulsa, el cual tiene como base la
corresponsabilidad de las personas beneficiarias para la mejora de sus
condiciones socio económicas, donde el hogar, en cuanto agente de cambio,
cuenta con el Estado y sus instituciones como acompañantes de un proceso que el
hogar lidera; aprovechando los apoyos que las instituciones públicas le brindan
para generar actividades productivas o formativas que le brinden ingresos
propios y así, prescindir de ellas.
XXI. Que el
artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ley
N° 1860 del 21 de abril de 1955 dispone que dicho Ministerio tiene a su cargo
la dirección y estudio de todos los asuntos relativos al trabajo y bienestar
social, definiéndose así, como rector en materia de empleo en Costa Rica.
XXII. Que
el inciso a) del artículo 2 de la Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 de
2de mayo de 1974, le encarga al Sistema Nacional de Planificación, regido por
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la
función de "hacer un trabajo continuo de estudios, inventarios,
análisis técnicos y publicaciones sobre el comportamiento y perspectivas de la
economía, la distribución del ingreso, la evolución social del país y otros
campos de la planificación, tales como desarrollo regional y urbano, recursos
humanos, mejoramiento de la administración pública y recursos naturales",
por lo que los estudios en materia de prospectiva, demanda ocupacional y otros
instrumentos de planificación país proporcionados por MIDEPLAN o realizados con
el apoyo de este, son una herramienta para la orientación de los servicios de
empleo según el mercado laboral, así como el contexto económico y social.
XXIII. Que mediante el
artículo 1 del Decreto Ejecutivo N°41776-MTSS-MEP- MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP
denominado "Creación del Sistema Nacional de Empleo", se crea el Sistema
Nacional de Empleo, en adelante SNE, "con el objetivo de definir el
ordenamiento, lógica y gobernanza que deben tener los servicios de empleo, de
forma que estos se articulen e integren entre sí en una lógica sistémica que
responda tanto a las dinámicas del mercado laboral-articulando oferta y
demanda-, como a las necesidades de las personas en búsqueda de empleo o ya
empleadas para conservar su trabajo o mejorar sus condiciones laborales,
priorizando aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad",
y a su vez, en el artículo 4, del Decreto mencionado, se establece un modelo de
gestión para la articulación de los servicios de empleo y la atención de
personas y empresarias usuarias.
XXIV. Que, conforme a lo
dispuesto en el ordinal 5 del Decreto N.° 41776-MTSS-MEP-
MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP, se establece que el órgano superior del Sistema
Nacional de Empleo (SNE) y de la política pública para la articulación de los
servicios relacionados con esta materia será el Consejo de Empleo, presidido por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y contará con una integración
tripartita, conformada por representantes del sector gobierno, empleador y
trabajador. A su vez, este Consejo contará con una Secretaría Técnica, la cual
mantendrá un rol de articulación estratégica entre las principales
instituciones ejecutoras y rectoras de los servicios de empleo y/o garantes de
principios de inclusión social e igualdad de género, conformado por
representantes de carácter técnico de esas instituciones.
XXV. Que el supra citado
decreto N°41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM- MCSP, también establece mediante
su artículo 23 "De la integración de los servicios de empleo", que: "Todas
las instituciones públicas que brinden servicios de empleo deberán asegurar los
mecanismos de integración al Sistema Nacional de Empleo, así como apegarse a
los lineamientos establecidos por el Consejo de Empleo y la Secretaría Técnica
(.)".
XXVI. Que en el marco del
SNE, se aprobó por unanimidad en sesión ordinaria N°6, la Estrategia Nacional
de Empleabilidad y Talento Humano de Costa Rica, considerando que la misma
plantea un conjunto de acciones relevantes para mejorar la empleabilidad de las
personas en búsqueda activa de empleo en el país, así como un conjunto de
mecanismos que ayudarán a reducir la brecha entre la oferta y la demanda
laboral, a hacer una mejor utilización de los recursos públicos de las diversas
instituciones vinculadas al SNE y con ello ayudar a mejorar las condiciones de
competitividad y productividad de las empresas, y mejorar la calidad de vida de
la población. Esta estrategia fue declarada de interés público mediante el
Decreto N° 44113-MTSS-PLAN. XXVII. Que el artículo 2 de la Ley Orgánica
del Instituto Nacional de Aprendizaje, en adelante INA, establece que: "El
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tendrá como finalidad principal
promover, desarrollar y potenciar la capacitación y formación profesional en
Costa Rica; las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la
capacidad de las personas para encontrar, conservar y mejorar las condiciones
para un trabajo de calidad o el emprendimiento y el desarrollo empresarial.
Esto en todos los sectores de la economía, en aras de impulsar y contribuir con
el desarrollo económico, la inclusión social y el mejoramiento de las
condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense".
XXVIII. Que el artículo 3 del
Decreto Ejecutivo N° 15135-TSS del 05 de enero de 1984, "Reglamento a la
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje", define capacitación y
formación profesional como un proceso permanente destinado a permitir a los
individuos desarrollar aptitudes y adquirir o mejorar conocimientos y destrezas
que los habiliten para participar en el mundo del trabajo de manera
inteligente, comprendiendo el medio en que se desenvuelven e integrándose en
él. De manera que, los servicios de capacitación y formación brindados por el
INA desarrollan y refuerzan las capacidades de las personas para insertarse o
permanecer en el mercado laboral, siendo dirigidos tanto a personas
desempleadas como aquellas que ya cuenten con un trabajo.
XXIX. Que resulta fundamental
la eficiente articulación de las instituciones públicas involucradas en la
generación de empleo, formación y capacitación, entre sí y con el sector privado,
mediante la definición de programas y proyectos concretos.
XXX. Que el
presente decreto no crea requisitos, por lo que de conformidad con los párrafos
segundo y tercero del artículo 12 bis del Reglamento a la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto
Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012, no se requiere el llenado
del formulario costo beneficio.
XXXI. Que
de conformidad con el inciso b) del artículo 1° de la Ley Orgánica del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el artículo 30 de la Ley de
Fortalecimiento delas Pequeñas y Medianas Empresas, le corresponde al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), fungir como ente rector de
las políticas públicas de Estado en materia de fomento a la iniciativa privada,
desarrollo empresarial y fomento de la cultura empresarial, para las micro,
pequeñas y medianas empresas,
XXXII. Que
el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ha desarrollado la estrategia
"IMAS IMPULSA", orientada al fortalecimiento de emprendimientos
productivos mediante acompañamiento técnico, capital semilla y vinculación
institucional, que impulse una ruta de movilidad social relacionada con las
capacidades para el empleo o el emprendimiento para que el hogar genere su
independencia de los subsidios.
XXXIII.
Que, el MEIC como ente rector en materia de fortalecimiento y apoyo a las
micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2 de la Ley N° 8262 del 02 mayo de 2002, a través de la Dirección
General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), tiene la
responsabilidad de fomentar y promover el desarrollo integral de las PYMES y
los emprendimientos, para la generación de empleo, la formación de
mercados altamente competitivos, la democratización económica, el desarrollo
regional, los encadenamientos productivos entre sectores económicos, el
aprovechamiento de pequeños capitales y la capacidad empresarial.
XXXIV. Que, el fortalecimiento
de los emprendimientos y las PYMES es de vital importancia para el aumento de
la productividad, competitividad, así como para la generación de riqueza,
empleo digno y crecimiento económico del país.
XXXV. Que por Ley No.4788 se
crea el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) como la Cartera que le
corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, facilitar
la participación de todos los sectores sociales en los procesos de desarrollo
cultural, artístico y recreativo, revitalizar las tradiciones y manifestaciones
culturales y promover la creación y apreciación artística en sus diversas
manifestaciones. Lo que implica también la importancia de ampliar el concepto
de cultura para visibilizarla y potenciarla como motor para el crecimiento
económico y para el desarrollo integral del país.
XXXVI. Que según el Ministerio
de Cultura y Juventud (MCJ), por medio de la Unidad de Cultura y Economía
(UCE), promueve la generación de condiciones que permitan crear y potenciar los
emprendimientos e industrias culturales y creativas costarricenses, mediante la
coordinación y articulación de esfuerzos a nivel institucional,
interinstitucional, con el sector privado y la sociedad civil, orientados hacia
el crecimiento del sector y el desarrollo sostenible local y nacional.
DECRETAN:
OFICIALIZACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA NACIONAL PARA
LA ATENCIÓN DE LA
POBREZA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DENOMINADA
COSTA RICA IMPULSA Y
DEROGATORIA DEL DECRETO EJECUTIVO No
43222-MTSS-MIDEPLAN-MEIC-MEP-
MIVAH-MCJMJP-MDHIS-MSP-MAG,
DEL 03 DE SETIEMBRE DEL
2021.
Artículo
1. Oficialización de la política pública. Se oficializa y declara de interés
público la política pública COSTA RICA IMPULSA anexa a este decreto, cuyo
propósito principal es articular esfuerzos interinstitucionales de coordinación
y direccionamiento, que contribuyan a la movilidad social de poblaciones en
situación de pobreza.
(Nota de Sinalevi: La presente Política fue proporcionada
por el Instituto Mixto de Ayuda Social, y se transcribe a continuación:)
Registro ISBN
Créditos:
Dirección
Estratégica
Yorleni León Marchena,
Presidenta Ejecutiva, IMAS/ ministra rectora SBTIS
Marvin Chaves Thomas,
Planificación Institucional, IMAS / secretario Sectorial BTIS
Luis Felipe Barrantes Arias,
Dirección de Desarrollo Social, IMAS
Elaboración Técnica
Marvin Chaves Thomas,
Jefe Planificación IMAS
Isabel Brenes
Paniagua, Unidad de Planificación Institucional, IMAS
Diandra Chevez Castro,
Unidad de Planificación Institucional, IMAS
Silvia Pizarro Araya,
Unidad de Planificación Institucional, IMAS
Elaboración
de portada
Verónica Andrea
Calderón Jiménez
© Instituto Mixto de Ayuda Social, San José, Costa Rica
Apto
Postal: 6213-1000. Tel: (506)02202 4000
Página
web: www.imas.go.cr
Se permite su reproducción total o parcial, citando
adecuadamente su fuente.
Recurso digital
Ilustración 1. Costa Rica:
Porcentaje de hogares en pobreza y pobreza extrema, 1990-2024. 33
Ilustración 2. Costa Rica:
Incidencia de la pobreza total y crecimiento económico, 2010-2024. 35
Ilustración 3. Costa
Rica: Desigualdad por ingresos según el coeficiente de Gini, 2010-2024. 38
Ilustración 4. Costa Rica:
Pobreza por IPM según zona urbana y rural (% hogares), 2010-2024. 40
Ilustración 5. Costa
Rica: Comparación de incidencia de pobreza de hogares Línea de Pobreza (LP),
IPM y ambos métodos, 2010- 2024. 41
Ilustración 6. Costa Rica:
Tasa neta de participación laboral entre personas de 15 años o más según sexo,
1990-2024. 44
Ilustración 7. Costa
Rica: Porcentaje de niñez y adolescencia en situación de pobreza según rango de
edad. 2024 45
Ilustración 8. Costa
Rica: Número promedio de personas por hogar según condición de pobreza. Costa
Rica 2010-2024. 47
Ilustración 9. Número
promedio de personas ocupadas por hogar según condición de pobreza. Costa Rica
2010-2024. 48
Ilustración 10.
Porcentaje de hogares con jefatura femenina según condición de pobreza. Costa
Rica 2010-2024 50
Ilustración 11.
Porcentaje de personas ocupadas según principales ocupaciones y clasificación
de pobreza por método combinado. Costa Rica 2024. 51
Ilustración 12.
Porcentaje de jefaturas femenina con desempleo abierto según clasificación de
pobreza por método combinado. Costa Rica 2023-2024. 53
Ilustración 13.
Porcentaje de hogares con jefatura de 24 años o más sin educación secundaria
completa según clasificación de pobreza por método combinado. Costa Rica
2023-2024. 55
Ilustración 14.
Porcentaje de hogares con acceso a Internet según condición de pobreza. Costa
Rica 2024 57
Ilustración 15.
Representación diagramática del árbol de problemas. 61
Tabla 1. Costa Rica:
Indicadores macroeconómicos y sociales seleccionados, 2010-2024. 43
Contenido
Índice de Figuras. 3
Índice de Tablas. 4
Siglas y acrónimos. 7
Glosario. 8
Presentación. 11
CAPITULO 1: EL TEMA DE LA
POBREZA EN LA AGENDA POLÍTICA. 16
1.1. Marco conceptual de la pobreza. 16
1.2. Trayectoria histórica: del
Estado social a la modernización de la política social 17
1.3. Arquitectura actual:
rectoría, información y rutas de atención. 19
1.4. ¿Cómo ha evolucionado la
atención a la problemática social? (1995–2025) 20
1.5. Pobreza en el país en los
últimos años (síntesis 2019–2025) 21
1.6. Lecciones aprendidas de
medio siglo de política social 21
1.7. Prospectiva 2026–2030:
escenarios y palancas. 23
1.8. Brechas prioritarias:
multidimensionales y territoriales. 25
Capitulo 2: Marco
Normativo. 28
2.1. Ámbito Internacional 28
2.2. Ámbito Nacional 29
Capitulo 3: Estado de la
Situación de la Pobreza. 33
3.1. Datos de la pobreza y la exclusión. 33
3.2. Perfiles de la población en pobreza. 58
3.3. Árbol de problemas. 59
Capítulo 4: Población
Objetivo. 63
4.1. Definición de la Población Objetivo. 63
Capitulo 5: Principios y
enfoques de la política. 66
5.1. Principios: 66
5.2. Enfoques. 68
Capitulo 6: Marco
estratégico. 72
6.1. Definición del Marco Estratégico. 72
6.2. Ejes, y objetivos de la Política: 73
6.3. Eje 1: Articulación y coordinación Interinstitucional. 75
6.4. Eje 2: Impulso a la movilidad
social. 77
6.5. Eje 3: Protección Social de poblaciones con factores agravantes. 80
3.4. Eje 4: Transformación socioeconómica Territorial. 83
Capítulo 7: Modelo de
Gestión y Gobernanza. 87
7.1. Principios rectores de la gobernanza. 87
7.2. Estructura de gobernanza. 88
7.3. Responsabilidades institucionales. 88
7.4. Mecanismos de coordinación y articulación. 89
7.5. Gobernanza orientada a resultados. 89
Capítulo 8: Seguimiento y
Evaluación. 91
8.1. Estructura del sistema de seguimiento. 91
8.2. Evaluación. 92
Capítulo 9: Gestión de
Riesgos. 94
Referencias
bibliográficas. 100
|
BCCR
|
Banco Central
de Costa Rica
|
|
BID
|
Banco Interamericano de Desarrollo
|
|
CCSS
|
Caja Costarricense de Seguro Social
|
|
CEPAL
|
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe
|
|
CGR
|
Contraloría General de la República
|
|
COVID-19
|
Enfermedad del coronavirus 2019
|
|
ENAHO
|
Encuesta Nacional de Hogares
|
|
FODESAF
|
Fondo de Desarrollo Social
y Asignaciones Familiares
|
|
GpRD
|
Gestión para
Resultados de Desarrollo
|
|
IMAS
|
Instituto Mixto
de Ayuda Social
|
|
INDER
|
Instituto de Desarrollo Rural
|
|
INEC
|
Instituto Nacional de Estadística y Censos
|
|
IPM
|
Índice de Pobreza Multidimensional
|
|
JPS
|
Junta de Protección Social
|
|
LP
|
Línea de Pobreza
|
|
MAG
|
Ministerio de Agricultura y Ganadería
|
|
MCJ
|
Ministerio de Cultura y Juventud
|
|
MDHIS
|
Ministerio de Desarrollo Humano
e Inclusión Social
|
|
MEIC
|
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
|
|
MEP
|
Ministerio de Educación Pública
|
|
MIDEPLAN
|
Ministerio de Planificación y Política Económica
|
|
MIVAH
|
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
|
|
MJP
|
Ministerio de Justicia y
Paz
|
|
MSP
|
Ministerio de Seguridad Pública
|
|
MS
|
Ministerio de
Salud
|
|
MTSS
|
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
|
|
ODS
|
Objetivos de
Desarrollo Sostenible
|
|
PANI
|
Patronato Nacional de la Infancia
|
|
PIB
|
Producto Interno
Bruto
|
|
PNDIP
|
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública
|
|
PNSPI
|
Política Nacional para la Superación de la Pobreza
e Inclusión Social
|
|
SINE
|
Sistema Nacional de Evaluación
|
|
SINIRUBE
|
Sistema Nacional de Información y Registro Único
de Beneficiarios del Estado
|
|
UCR
|
Universidad
de Costa Rica
|
|
|
|
Coeficiente de Gini: Medida estadística que
cuantifica la desigualdad económica en una sociedad, centrándose en la
distribución de ingresos o riqueza.
Desarrollo Humano: Es el proceso por el
que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus habitantes a través de
un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y
complementarias y de la creación de un entorno en el que se respeten los
derechos humanos de todos ellos.
Enfoque prospectivo: Es una metodología
que busca anticipar y analizar futuros posibles para desarrollar estrategias
que preparen a una organización para el cambio y la incertidumbre.
Exclusión social: Es un proceso en el
que se niega a grupos de personas el acceso a recursos, derechos y
participación en la vida económica, social, cultural o política.
Gestión para Resultados en el Desarrollo
(GpRD): Modelo
de gestión pública que tiene como fundamento central la generación de valor
público, para lo cual a partir de la definición de la cadena de resultados
(producto, efecto e impacto) y los respectivos indicadores, permite medir el
cambio que los servicios ofertados producen para la satisfacción de las
necesidades de la población objetivo.
Índice Pobreza multidimensional: Es un método
multidimensional que identifica los hogares pobres desde una perspectiva
integral visto desde la Educación, Vivienda y uso de internet, Salud y Trabajo
y Protección Social.
Inversión Pública: Se entiende como el
conjunto de proyectos estratégicos que el Estado planea ejecutar para lograr las
metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), buscando mejorar el
bienestar ciudadano y la capacidad de prestación de servicios públicos.
Gobernanza: Proceso de gobierno para la formulación
e implementación de metas colectivas que incorpora activamente y con poder
simétrico a los actores gubernamentales y de la sociedad civil.
Hogar: Es la persona sola (hogar unipersonal)
o grupo de personas, con o sin vínculos familiares, que son residentes
habituales de la vivienda, que comparten y participan entre sí de la formación
y/o utilización de un mismo presupuesto, que llevan una vida en común, que
elaboran y consumen en común sus alimentos.
Índice Pobreza Multidimensional: Es un método
multidimensional que identifica los hogares pobres desde una perspectiva
integral visto desde la educación, vivienda y uso de internet, salud, trabajo y
protección social.
Inversión pública: Se entiende como el
conjunto de proyectos estratégicos que el Estado planea ejecutar para lograr
las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), buscando
mejorar el bienestar ciudadano y la capacidad de prestación de servicios
públicos.
Inversión social: Es la
asignación de recursos (financieros, humanos o materiales) con el objetivo de
generar un impacto positivo en la sociedad, como la mejora del acceso a empleo,
salud y educación, y el impulso del desarrollo comunitario.
Participación Ciudadana: Conjunto de medios
tendientes a favorecer la incorporación de las y los habitantes y las
organizaciones privadas en los procesos públicos de toma de decisiones y
rendición de cuentas.
Plan: Conjunto integrado de programas que responden
al cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo.
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión
Pública: Es
el marco orientador de la acción del gobierno para promover el desarrollo del
país, es elaborado por cada Administración Gubernamental y tiene una vigencia
máxima de 4 años. El proceso de elaboración es dirigido por mandato de Ley por
el MIDEPLAN, en coordinación con las instancias del Sistema Nacional de
Planificación.
Plan Nacional Contra la Pobreza: Establecido mediante la Ley 4760 “Ley de Creación del IMAS,
Artículo 2: “El I.M.A.S. tiene como finalidad resolver el problema de la
pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y
controlar un plan nacional destinado a dicho fin...”
Pobreza: Se consideran en esta categoría los hogares
cuyo ingreso per cápita es igual o inferior a la línea de pobreza (LP).
Pobreza Extrema: Corresponde a los
hogares con ingresos per cápita iguales o inferiores al costo de la canasta
básica alimentaria (CBA).
Política pública: Es un proceso
integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos,
adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los
particulares, encomendado a solucionar o prevenir una situación definida como
problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del
cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”.
Rendición de cuentas: Es un proceso continuo que deben implementar
las personas funcionarias públicas y las instituciones para informar a las
autoridades competentes y a la ciudadanía sobre su gestión, de manera
transparente.
Valor público: La capacidad del Estado para
dar respuesta a problemas relevantes de la población en el marco del desarrollo
sostenible, ofreciendo bienes y servicios eficientes, de calidad e inclusivos,
promoviendo oportunidades, dentro de un contexto democrático.
Vulnerabilidad: Condición intrínseca
de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de condiciones y procesos
físicos, sociales, económicos y ambientales.
Se determina por grado de exposición y fragilidad de los elementos
susceptibles de ser afectados-la población, sus haberes, las actividades de
bienes y servicios, el ambiente-y la limitación de su capacidad para
recuperarse.
La pobreza constituye una de las expresiones
más profundas de la desigualdad y la exclusión social. No cabe duda de que el
mayor reto y aspiración de una sociedad verdaderamente comprometida con el
bienestar de su población, es la superación de la pobreza, especialmente en
aquellos grupos que históricamente han sido marginados o desfavorecidos. La
posibilidad de que estas personas logren integrarse activamente a los procesos
de desarrollo económico y social y accedan de manera sostenida a la movilidad
social, es una condición esencial para la construcción de una sociedad más
equitativa, democrática y cohesionada.
Sin embargo, es fundamental comprender que la
superación de la pobreza no puede reducirse a una cuestión de voluntad
individual. Si bien el esfuerzo personal es un componente importante, existen
múltiples factores estructurales —económicos, sociales, educativos,
territoriales, culturales y de género— que inciden en la posibilidad real de
que una persona o un hogar pueda salir de la pobreza.
Por tanto, el papel del Estado es determinante.
Le corresponde no solo garantizar derechos fundamentales como la educación, la
salud, el empleo digno y la seguridad social, sino también generar condiciones
habilitantes que permitan a las personas desarrollar sus capacidades y
aprovechar oportunidades de manera efectiva. Esto exige una institucionalidad
pública robusta, articulada y con una visión integral del desarrollo humano.
Diseñar políticas públicas responsables,
sostenibles e inclusivas, requiere reconocer la diversidad de las trayectorias
de vida y las múltiples dimensiones de la pobreza. Asimismo, demanda el
establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional, de
participación ciudadana y de evaluación de impacto, que aseguren que dichas
políticas respondan realmente a las necesidades de las poblaciones más pobres.
En Costa Rica los datos nos muestran un
estancamiento en los porcentajes de pobreza que oscilan entre un 21.3% y el
21.8% a lo largo del periodo comprendido entre el 2010 y el 2023, y si bien los
resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2024 nos dicen que la
incidencia de la pobreza en los hogares, bajó por primera vez desde el 2010 por
debajo del 20%, llegando a un 17.95 %, este dato se constituye en un reto para
que el Estado continue desarrollando acciones sistemáticas y estructuradas que
evidencien una disminución sostenida de la pobreza.
Por lo anterior tenemos la convicción de que la
erradicación de la pobreza extrema es una tarea socialmente ineludible y
técnicamente posible, imprimiendo bajo un enfoque de derechos humanos, un sello
de inclusión y equidad en toda fase de la recuperación de la senda del
crecimiento económico que estamos impulsando decididamente desde el Estado y
contando con el compromiso de los diversos sectores y actores de la sociedad.
Por ello la construcción de una Política
Nacional de Superación de la Pobreza es un paso más hacia ese compromiso, con
el cual se busca la orientación política del mayor nivel y reforzar la
integración de las instituciones del Estado en un objetivo común, lo cual debe
quedar plasmado en su plan de acción.
La elaboración de este instrumento como
política pública y su consecuente plan de acción supone atender lo dispuesto en
la ley 4760, Ley de Creación del IMAS, la cual le da al IMAS la potestad de
dirección técnica para coordinar con todos los actores públicos y privados el
plan de superación de la pobreza en el país.
De tal forma el presente documento está
enriquecido con los más recientes esfuerzos aglutinados en torno a la
estrategia IMAS IMPULSA (aprobada mediante acuerdo de Consejo Directivo
250-12-2024), la cual busca propiciar la integración e interconexión de
acciones destinadas a mejorar el bienestar social con acciones que promuevan la
vinculación de las poblaciones al empleo y la producción, buscando la
estabilidad social y el crecimiento de la economía, con un enfoque territorial y
por otro lado la protección social de aquellas poblaciones que por sus
condiciones son garantes de los servicios que el aparato institucional del
Estado brinda.
La conexión de estos dos ámbitos de acción nos
permitirá avanzar hacia rutas de atención integral de la población en
situaciones de pobreza y vulnerabilidad y reivindicar sus derechos mediante los
servicios y programas sociales, como piso básico de derechos desde el cual se
convierten en protagonistas de su superación y de su autonomía económica.
Por lo cual al ser entendida la superación de
la pobreza como una responsabilidad de todos y bajo un compromiso compartido,
llamaremos de aquí en adelante a la siguiente Política Nacional de Superación
de la Pobreza e Inclusión Social 2025-2035 con el nombre de “Costa Rica
Impulsa”.
Yorleni León Marchena
Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión
Social
y Presidenta Ejecutiva
del IMAS
Introducción
La Política Nacional de Superación de la Pobreza
y la Inclusión Social (PNSPIS) 2025-2035 “Costa Rica Impulsa” se inscribe
dentro de los esfuerzos del Estado costarricense por avanzar de manera decidida
hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con
especial énfasis en el Objetivo 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas y
en todo el mundo.
Este compromiso es coherente con lo establecido
en la Ley N.º 4760 del 30 de abril de 1971, Ley de Creación del Instituto Mixto
de Ayuda Social (IMAS), cuyo artículo 2 indica que el fin de la institución es
resolver el problema de la pobreza extrema en el país. Para ello, deberá
planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a tal fin,
utilizando todos los recursos humanos y económicos puestos a su disposición por
empresarios, trabajadores, instituciones del sector público (nacionales o
extranjeras), organizaciones privadas de toda naturaleza, instituciones
religiosas y demás grupos interesados en participar en el Plan Nacional de
Lucha contra la Pobreza.
Además, mediante el Acuerdo de Consejo de
Gobierno N.º 001-P y el Decreto Ejecutivo N.º 43580-MP-PLAN, se constituye el
Sector Bienestar, Trabajo y Desarrollo Humano, cuya rectoría recae en la
persona jerarca del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, quien a
su vez ejerce la Presidencia Ejecutiva del IMAS. En ese marco, le corresponde
definir estrategias de articulación interinstitucional e intersectorial, con el
fin de impulsar procesos que promuevan la movilidad social de las poblaciones
en situación de pobreza, mediante atención integral y coordinada, con un
enfoque centrado en el fortalecimiento de la educación, la generación de
empleo, el fomento a la producción y, de forma transversal, en la protección
social de las poblaciones más vulnerables.
En este contexto, la presente Política
denominada “Costa Rica Impulsa” se plantea como un instrumento de articulación
del Sector Social para el periodo 2025-2035 y se estructura en diez capítulos:
1. El primer capítulo
presenta un recuento histórico del tratamiento de la pobreza en la agenda
nacional, destacando los principales hitos que han marcado su evolución en el
desarrollo del país.
2. El segundo capítulo
detalla la normativa nacional e internacional relevante, que constituye el
marco de referencia jurídico y político sobre el cual se fundamenta esta
Política.
3. El tercer capítulo
ofrece datos sobre la evolución reciente de la pobreza y la exclusión social en
Costa Rica, a partir de información actualizada del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), hasta el año 2024. Asimismo, se ofrece bajo la
técnica del árbol de problema del análisis diagnóstico del complejo
problemático de la pobreza, lo cual es insumo necesario para la definición de
estrategias de acción.
4. En el cuarto
capítulo, se define la población objetivo a la cual va dirigida esta política,
identificando dos grupos poblacionales en pobreza en los cuales incidir con
estrategias diferenciadas de acción. Asimismo, se plantea el uso del SINIRUBE
como la herramienta para la identificación, registro, clasificación y monitoreo
de la población y las acciones desarrolladas.
5. El quinto capítulo
desarrolla los principios y enfoques rectores de esta Política, los cuales
orientan la formulación e implementación de las acciones estratégicas.
6. El sexto capítulo
establece el marco estratégico, compuesto por cuatro ejes fundamentales:
•
Articulación y
coordinación interinstitucional
•
Impulso a la movilidad social.
•
Protección social de
poblaciones con factores agravantes
•
Transformación
socioeconómica territorial
7. El séptimo capítulo
analiza la gobernanza de la política, incluyendo tanto los niveles de
conducción estratégica, desde el Consejo Sectorial del Sector Social y la
rectoría ministerial, como los niveles técnicos-operativos encabezados por la
Secretaría Sectorial, las unidades de planificación institucional y la gestión
regional articulada por los CIR-Social bajo la coordinación de las regionales
del IMAS.
8. El octavo capítulo
presenta los mecanismos de seguimiento y evaluación de la Política.
9. El noveno capítulo
identifica los riesgos asociados a la implementación de la PNSPIS.
La pobreza es un fenómeno multidimensional y
dinámico. Más allá de la insuficiencia de ingresos, expresa privaciones que
limitan a las personas para participar plena y dignamente en la vida económica,
social, cultural y política. El enfoque de capacidades (Sen,2001) resulta
esclarecedor: la pobreza no es solo falta de renta, sino privación de
capacidades para lograr funcionamientos valiosos; además, ciertas condiciones
(edad, discapacidad, enfermedad) demandan más recursos para alcanzar los mismos
logros, por lo que la “pobreza real” puede ser mayor de lo que sugiere la renta
observada (Alkire & Foster, 2007).
Este marco dialoga con la noción de exclusión
social, entendida como la imposibilidad de participar efectivamente en
distintos ámbitos por falta o negación de recursos, derechos, bienes y
servicios; la exclusión tiene dimensiones económicas, político-institucionales
y socioculturales, y afecta tanto la calidad de vida como la cohesión social
(Trejos, 2011).
La superación de la pobreza exige, por tanto, inclusión social: enganche a
oportunidades de empleo y encadenamientos, acceso a servicios y prestaciones de
calidad, participación ciudadana y apoyos que cierren brechas de renta y
consumo, especialmente ante choques económicos (Alkire & Foster, 2007).
Operativamente, Costa Rica dispone del Registro
de Información Socioeconómica (RIS), instrumento que releva variables
ponderadas para determinar pobreza, riesgo y vulnerabilidad, administrado en el
marco de SINIRUBE y exigible por directrices nacionales para la atención
social.
La Ilustración 1 sintetiza que la pobreza es
multidimensional: surge de la combinación de privaciones (insatisfacción de
necesidades básicas ligadas al consumo, al ingreso y a las capacidades),
impotencia (débil voz, escasa organización y barreras para exigir derechos) y
vulnerabilidad (inseguridad y exposición a riesgos que demandan protección
social y ambiental). Cada rama muestra canales de política: ingreso social,
fortalecimiento de capacidades, creación de oportunidades económicas,
organización y exigibilidad de derechos, y redes de protección, los cuales
deben operar de forma articulada. En conjunto, el diagrama refuerza que superar
la pobreza requiere proteger y promover simultáneamente, con enfoque
territorial y estándares de calidad, más allá de transferencias aisladas
(adaptado de Trejos, 2011).
Ilustración 1. Representación diagramática del concepto de pobreza
Fuente: Adaptado de Trejos (2011), IICE-UCR.
La sociedad costarricense fue reconocida en la
época colonial como la provincia más pobre y atrasada de Centroamérica, no
obstante, en su desarrollo histórico el país ha venido gozando de
reconocimiento internacional, como una nación que ha logrado altos niveles de
desarrollo humano por encima del rendimiento de sus patrones de crecimiento
económico.
Una serie de hitos marcan este resultado que
hunde sus raíces en la declaración de la educación gratuita y obligatoria con
las reformas educativas de 1869 y las garantías sociales a mediados del siglo
XX.
La arquitectura costarricense de protección
social se inicia con la Legislación Social de 1943 (Código de Trabajo,
creación/fortalecimiento de la CCSS y la UCR) y se afianza tras 1948 (abolición
del ejército). A ello siguieron instituciones clave: CCSS, UCR, INS, IMAS
(1971) y FODESAF (1974), así como el Primer Plan de Lucha contra la Pobreza
(1974) con atención integral y financiamiento específico.
La Ley General de la Administración Pública (1978)
refuerza la rectoría política para diseñar, ejecutar y evaluar programas con
articulación interinstitucional.
En los ochenta, con la crisis, el país pasó de
programas para toda la población a ayudas focalizadas y más asistencia. Al
mismo tiempo, por los ajustes económicos, disminuyó el empleo formal y aumentó
la pobreza.
Durante las décadas de 1990 y 2000 se consolidó
una política social focalizada y orientada a resultados, en paralelo con la
apertura económica; no obstante, la incidencia de la pobreza permaneció entre
20–30% y se profundizaron las desigualdades territoriales y por grupos
poblacionales.
A partir de 2010, se acentúan la integralidad,
el enfoque territorial y la movilidad social, con instrumentos de coordinación
e información; no obstante, persisten retos de calidad y de respuesta ante
choques como la COVID-19.
La Ilustración 2 sintetiza la maduración de la
política social costarricense entre 1994 y 2026. Se transita desde la
coordinación política de los noventa hacia una focalización por hogares y
territorios y, posteriormente, a rutas integrales gestionadas por resultados.
Entre 1998 y 2006 (Triángulo de la Solidaridad y Vida Nueva) se consolidan la
focalización y la corresponsabilidad; en 2006–2010, la sectorialización y el
programa Avancemos incorporan un pilar de protección de ingresos y permanencia
educativa. Durante 2010–2014, los Consejos Presidenciales ordenan la gobernanza
y fortalecen la articulación interinstitucional. En 2014–2018, Puente al
Desarrollo introduce gestión de casos, enfoque territorial y la combinación
protección + promoción; entre 2018 y 2022 se amplía la cobertura y se
estandarizan prácticas. Desde el 2022 el IMAS enfatiza la política social
basada en la interoperabilidad de datos de las instituciones con el SINIRUBE,
la vinculación productiva por corredores, los cuidados y las metas
verificables., esto queda plasmado en el modelo de Intervención denominado IMAS
Impulsa.
Ilustración 2.
Iniciativas sociales desarrolladas desde 1994 al 2026
Fuente:
Elaboración propia, 2025.
En conjunto, la trayectoria muestra un
desplazamiento desde la coordinación inicial hacia la consolidación de rutas
integrales basadas en datos interoperables y orientación a resultados. Los
desafíos pendientes se concentran en reducir brechas periféricas, aumentar el
empleo formal, ampliar la oferta de cuidados y fortalecer la preparación frente
a choques, de modo que los avances se traduzcan en convergencia territorial y
movilidad social sostenida.
La rectoría de la política social, prevista
desde 1978, es la condición para asegurar coherencia, prioridades claras y
disciplina de ejecución frente al objetivo común de reducir la pobreza. Implica
definir reglas, estándares y responsabilidades entre niveles nacionales y
territoriales, ordenar la oferta institucional y garantizar que los paquetes de
intervención lleguen a tiempo y con la intensidad requerida por cada territorio
y población.
En la operación cotidiana, el Registro de
Información Socioeconómica y la plataforma SINIRUBE constituyen el eje de
identificación, focalización y trazabilidad. A través de datos interoperables
es posible consolidar información de hogares, validar elegibilidad, priorizar
según magnitud y severidad de las privaciones, y seguir el ciclo completo de
atención. Esta capacidad de integración alimenta tableros de seguimiento y
permite corregir desvíos de manera oportuna.
Las rutas de atención se estructuran en dos
grandes trayectos que se complementan. El trayecto de protección asegura pisos
mínimos mediante transferencias, servicios y cuidados con estándares de calidad
y criterios de oportunidad. El trayecto de promoción activa movilidad social
mediante empleabilidad, empresariedad y formación pertinente, enlazando a las
personas con encadenamientos productivos y servicios de apoyo. La asignación
entre trayectos y la combinación de instrumentos responden a diagnósticos de
caso y a la vocación y oportunidades de cada territorio.
La gestión social articula ambos trayectos, e
incluye evaluación inicial y derivación, plan de atención con metas de
tránsito, coordinación interinstitucional, seguimiento periódico y cierre con
verificación de resultados. Asimismo, requiere estándares operativos, perfiles profesionales
definidos, protocolos de referencia y contra referencia, y una gobernanza de
datos que garantice calidad, seguridad y uso ético de la información.
Para sostener resultados, la arquitectura se
apoya en mecanismos de gestión por resultados y rendición de cuentas. Destacan
los contratos interinstitucionales con metas verificables, presupuestos
predecibles y un tablero anual que integra pobreza por ingreso e IPM, empleo
formal, cobertura de cuidados, conectividad y vivienda. Este arreglo facilita la
priorización territorial, la secuenciación de instrumentos y la mejora
continua, asegurando que cada intervención aporte de forma comprobable a la
reducción sostenida de la pobreza.
Durante tres décadas, la respuesta
estatal transitó de programas aislados a rutas integrales:
- 1995–2005:
Se fortalecen la focalización y las articulaciones preliminares; se
registran avances en la identificación de beneficiarios, aunque subsiste
la fragmentación programática.
- 2006–2014:
Se consolida la gestión por resultados, se desarrollan pilotos integrales
y se fortalece la infraestructura de información, con el propósito de
optimizar la trazabilidad de los hogares.
- 2015–2022:
Se fortalece la integralidad con enfoque territorial (por ejemplo, a
través de Puente al Desarrollo), estableciendo rutas de protección y
promoción y posibilitando la incorporación gradual de los cuidados.
- 2023–2025:
Se consolida la interoperabilidad entre SINIRUBE y los subsistemas de
empleo, vivienda y salud, se institucionaliza la gestión de casos con
estándares de calidad y se potencia la articulación con la formación
pertinente y los encadenamientos productivos regionales.
Los avances más significativos se
alcanzan mediante la convergencia de una rectoría efectiva, datos
interoperables, estándares de calidad y la vinculación productiva a nivel
territorial.
Entre 2019 y 2025, la dinámica de la
pobreza en Costa Rica muestra tres momentos:
- Choque
pandémico (2020): Contracción del
empleo y disminución de ingresos laborales, con asimetrías de impacto por
territorio, sector económico y características de los hogares.
- Rebote
(2021–2022): recuperación parcial del empleo y
de los ingresos, con heterogeneidad regional y por grupos poblacionales
(hogares con jefatura femenina, niñez, juventud).
- Normalización
(2023–2025): estabilización cercana a niveles
prepandemia, persistiendo brechas estructurales en acceso a cuidados,
conectividad y vivienda adecuada.
Este comportamiento refuerza la
necesidad de políticas activas de empleo, cuidados e intervenciones
territoriales diferenciadas, así como una vigilancia de equidad ante la
inflación y el costo de vida.
Implicación analítica: la medición por
ingreso y el IPM deben leerse de forma complementaria (la primera captura
shocks de corto plazo; la segunda, privaciones persistentes), integrando la
evolución del Gini y del mercado laboral (ocupación, subempleo, informalidad)
para interpretar adecuadamente los cambios.
La evidencia acumulada permite sintetizar ocho
lecciones con validez operativa para la política social costarricense.
- Institucionalidad
robusta y estable: La solidez de
CCSS, FODESAF e IMAS asegura continuidad de la cobertura, capacidad de
respuesta ante choques y sostenibilidad de los servicios. Importa cuidar
el financiamiento, los estándares técnicos y la profesionalización.
- Rectoría
y coordinación intersectorial: Se hace
esencial una dirección clara, con prioridades definidas y
responsabilidades explícitas que permitan evitar vacíos de coordinación y
basadas en metas comunes, ventanillas integradas y circuitos de derivación
entre instituciones.
- Información
como política pública: La evolución del
SINIRUBE muestra que la interoperabilidad de datos es un pilar
estratégico. Identifica mejor a las personas, focaliza con precisión, da
trazabilidad a los casos y habilitas correcciones a tiempo, lo cual
requiere gobernanza de datos, seguridad y uso ético.
- Enfoque
territorial diferenciado: La
heterogeneidad entre territorial demanda intensidad y combinación de
instrumentos ajustadas al territorio, con secuenciación y anclaje en
corredores productivos. Las tipologías territoriales ayudan a ordenar
prioridades y paquetes de intervención.
- Del
ingreso a las capacidades: Reducir
carencias de ingreso no basta. Se debe expandir capacidades en educación,
salud, vivienda, empleo y cuidados. La medición por ingreso y el IPM son
complementarias para orientar el diseño de paquetes integrados.
- Protección
más promoción: Los pisos de protección social,
incluidos los cuidados, deben articularse con rutas de movilidad en empleo
y empresariedad. Esta combinación evita el asistencialismo y favorece
resultados sostenibles con metas de tránsito verificables.
- Redes
contracíclicas y flexibles: Ante
crisis económicas o climáticas, se requieren mecanismos activables
rápidamente, como transferencias temporales, apoyos al ingreso laboral,
mantenimiento de servicios esenciales y flexibilización administrativa,
con reglas de activación basadas en indicadores.
viii.
Gestión por resultados y verificación
de datos: Metas claras, estándares de servicio, seguimiento
con tableros públicos y evaluación de impacto permiten mejorar la calidad y la
costo-efectividad. Herramientas como SINIRUBE, Convenios Interinstitucionales,
Plataformas tecnológicas y presupuestos multianuales facilitan la rendición de
cuentas.
Los mayores avances se observan cuando
convergen rectorías efectivas, datos interoperables, estándares de calidad y
vinculación productiva a escala territorial, con paquetes de intervención bien
secuenciados y metas verificables.
En el período 2026–2030, la acción
pública se debe orientar a acelerar la reducción de la pobreza y cerrar brechas
territoriales mediante una gestión por resultados que convierta los objetivos
en metas verificables. Ello supone planificar con datos interoperables (capaces
de seguir a los hogares y a los servicios en tiempo real), priorizar
territorios según magnitud y severidad de las privaciones, secuenciar
instrumentos (protección y promoción) y ajustar su intensidad conforme a
evidencia. La gobernanza se apoya en contratos-programa con responsables
claros, tableros públicos de seguimiento (pobreza/IPM, empleo formal, cuidados,
conectividad, vivienda) y ciclos de mejora continua que permitan corregir
desvíos, anticipar riesgos y resguardar la resiliencia ante choques. Con esta
lógica, cada intervención deja constancia de su contribución a los resultados,
y el sistema aprende y escala lo que funciona donde más se necesita.
Motores de cambio:
Para orientar la acción en 2026 a 2030
se identifican cinco motores que condicionan la velocidad y la sostenibilidad
de la reducción de la pobreza. Cada motor define prioridades de política y
criterios de asignación por ARDS, ULDS y cantón.
- Demografía
y cuidados: Primera infancia, envejecimiento y
dependencia. Se requiere ampliar y profesionalizar la oferta de cuidados
para niñas y niños de cero a tres años, fortalecer apoyos a personas
mayores y con discapacidad, y coordinar con salud y protección social.
Indicadores sugeridos: cobertura efectiva de cuidados cero a tres, razón
de dependencia de personas mayores atendidas, tiempo de espera para
servicios de apoyo (CEPAL, 2024).
- Mercado
laboral: Productividad, formalización,
cierre de brechas de habilidades y trabajo en plataformas. Las prioridades
son elevar productividad de MIPYMES, incentivar la formalización, acelerar
microcredenciales y formación dual, y mejorar la intermediación laboral.
Indicadores sugeridos: empleo formal por mil habitantes, productividad
laboral sectorial, tasa de personas que no estudian ni trabajan,
certificaciones de competencias otorgadas, colocaciones con contrato (OIT,
2023; OCDE, 2023).
- Transición
productiva: Digital, verde y azul, con turismo
de mayor valor y agro 4.0. Se promueve digitalización de procesos
empresariales, certificaciones ambientales, uso sostenible de recursos
marino–costeros, experiencias turísticas de mayor gasto y agricultura de
precisión (MINAE, 2019; OCDE, 2023). Indicadores sugeridos: porcentaje de
empresas con ventas en línea, certificaciones ambientales activas, gasto
turístico promedio, rendimiento por hectárea y reducción de pérdidas
postcosecha.
- Infraestructura
territorial: Movilidad, conectividad, agua y
gestión del riesgo climático. Se priorizan inversiones habilitantes
que reduzcan costos logísticos, garanticen conectividad digital y acceso
seguro al agua, y aumenten la resiliencia frente a amenazas
climáticas. Indicadores sugeridos: tiempo de viaje a nodos logísticos,
hogares con internet de calidad, continuidad del servicio de agua,
proyectos con análisis de riesgo incorporado (SUTEL, 2024; CNE, 2024).
- Finanzas
públicas: Espacio fiscal y eficiencia del
gasto social. Se requieren presupuestos multianuales, contratos
programa con metas y evaluación de impacto para maximizar costo
efectividad y proteger programas críticos ante choques. Para ello se
deberán considerar indicadores como el de ejecución oportuna del gasto
social, costo por resultado alcanzado, proporción del presupuesto
orientado a territorios con mayores brechas (BCCR, 2025).
Escenarios de referencia (2026–2030):
- Base:
Crecimiento moderado con reducción lenta de pobreza e IPM; mejoras
graduales en empleo formal y conectividad.
- Acelerado:
Impulso coordinado en empleabilidad/empresariedad, cuidados y
encadenamientos productivos; caída más rápida de pobreza y desigualdad,
con avances visibles en territorios periféricos.
- Adverso:
Choques de precios y/o clima; riesgo de reversión en pobreza y empleo si
no operan redes contracíclicas y protección del ingreso.
Palancas estratégicas:
- Escalar
rutas integrales con metas de tránsito: empleo
formal sostenido, certificación de competencias y emprendimientos viables como resultados verificables.
- Cuidados
como infraestructura social: ampliar
cobertura y calidad para liberar oferta laboral femenina y mejorar
desarrollo infantil.
- Formación
pertinente conectada al territorio:
microcredenciales, formación dual y reconversión alineadas con corredores
productivos y demanda local.
- Interoperabilidad
total y analítica: detección
temprana de riesgo y asignación costo-efectiva con datos
interoperables.
- Gestión
territorial por resultados:
Planificación y coordinación interinstitucional e intersectorial en las
regionales, bajo la figura de gobernanza de las Agencias Regionales de
Desarrollo (AREDES) y en lo social con los Comités Intersectoriales
Sociales.
Implicaciones de gestión:
Se requiere una gobernanza con rectoría
clara y responsabilidades definidas por instituciones participes en la política,
sostenida por financiamiento predecible y reglas de ejecución oportunas. La
toma de decisiones apoyada en un tablero anual con metas verificables a través
de ENAHO/ECE/IPM del INEC, que permita detectar desvíos, corregir a tiempo y
priorizar territorios según magnitud y severidad de las brechas.
A escala territorial, persisten
diferencias sustantivas entre las regiones periféricas y el Valle Central en
pobreza por ingreso e IPM, densidad de empleo formal y acceso a servicios
esenciales como conectividad digital, transporte, agua y vivienda. Esta
heterogeneidad obliga a diseñar paquetes de intervención con intensidad
diferencial y secuenciación por territorio y cantón. La asignación de recursos
debe guiarse por la magnitud y la severidad de las brechas, por los costos de
provisión en territorios dispersos y por el potencial de encadenamientos
productivos. Se recomienda construir una matriz de priorización territorial con
metas anuales y responsables definidos, de modo que cada inversión contribuya a
la convergencia territorial y a la reducción sostenida de la pobreza.
Desde la perspectiva poblacional,
concentran mayor exposición al riesgo los hogares con jefatura femenina, la
niñez de cero a tres años sin cuidados y estimulación, la juventud que no
estudia ni trabaja, y las personas con discapacidad, migrantes y personas
mayores en condición de dependencia. Para estos grupos se requieren
combinaciones específicas de protección y promoción que incluyan expansión de
la oferta de cuidados con estándares de calidad, inserción laboral vinculada a
formación y certificación de competencias, apoyos para accesibilidad universal,
regularización migratoria y acompañamiento de casos con trazabilidad. Las metas
de tránsito deben ser verificables e incorporar puntos de control sobre
permanencia en empleo formal, asistencia a cuido y progresos en educación y
habilidades.
En la dimensión temática, se observan
déficits en trabajo e ingresos por alta informalidad, persistencia del
subempleo y baja productividad. A ello se suman rezagos en secundaria y brecha
digital, hacinamiento y exposición a riesgos físicos en vivienda y hábitat,
conectividad insuficiente como habilitador de educación y empleo, cobertura y
calidad limitadas de cuidados, y desafíos en salud y nutrición para asegurar
oportunidad y continuidad del cuidado. En respuesta, se propone una secuencia
operativa que combine alivio inmediato del ingreso y protección de consumos
básicos, habilitantes estructurales como conectividad y vivienda segura, y
promoción económica a través de formación pertinente y encadenamientos por
corredores productivos.
Costa Rica cuenta con una
institucionalidad social robusta y con sistemas de información que permiten
focalización precisa y seguimiento efectivo. Para el período 2026 a 2035
corresponde acelerar la reducción de la pobreza mediante la integración de
protección, promoción y cuidados, con anclaje en corredores productivos y
gestión territorial basada en datos interoperables y metas verificables. La
agenda pública deberá afianzar la rectoría, elevar los estándares de calidad y
fortalecer la resiliencia frente a choques. Se debe operar con convenios
interinstitucionales, presupuestos multianuales y un tablero anual que integre
pobreza por ingreso e IPM, empleo formal, cobertura de cuidados, conectividad y
vivienda, a fin de corregir desvíos a tiempo y concentrar esfuerzos donde el
retorno social sea mayor.
A nivel internacional Costa Rica, como Estado
miembro de las Naciones Unidas, se ha comprometido con la Agenda 2030 y el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apropiándose y nutriendo
el enfoque de desarrollo humano que coloca a las personas en el centro y
procura la mayor ampliación de oportunidades para potenciar a las personas a lo
largo de sus ciclos de vida, considerando un modelo de desarrollo sostenible,
lo que conlleva dos facetas en el proceso de desarrollo humano: i) la formación
de capacidades humanas tales como un mejor estado de salud, conocimientos y
destrezas y ii) el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas para el
ocio, la producción o actividades sociales, culturales o políticas. En breve,
se trata de un proceso sostenido y permanente de generación de oportunidades
para adquirir y fortalecer capacidades, así como de derribar barreras para el
uso sistemático de las capacidades adquiridas.
De tal forma la Política Nacional para la
Superación de la Pobreza y la Inclusión Social se inspira y orienta por el
enfoque de derechos humanos que constituye:
(…) un marco conceptual para el proceso de
desarrollo humano que se basa normativamente en estándares internacionales de
derechos humanos y está operacionalmente dirigido a promover y proteger los
derechos humanos. Su objetivo es analizar las desigualdades que se encuentran
en el corazón de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas
discriminatorias y las distribuciones injustas de poder que impiden el progreso
del desarrollo y que a menudo resultan en grupos de personas que se quedan
atrás.
(Naciones Unidas [NN.UU.], 2021, párr. 2)
Entre los principales instrumentos legales de
carácter internacional, que actúan como referencia de la política social de
Costa Rica se citan los siguientes:
•
Declaración
Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948.
• Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Ley N° 4229, del 11 de diciembre de 1968.
•
Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) del 22 de noviembre de
1969. Ley N° 6528 del 28 de octubre de 1980.
•
Convención
sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer del 18 diciembre 1979. Ley N° 6968 del 02 de octubre de 1984.
•
Convención
sobre los Derechos del Niño. Ley N° 7184 del 18
de julio de 1990.
•
Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes. Ley N° 7316 del 03 de noviembre de 1992.
•
Convención de Derechos Humanos del Niño del 20 de noviembre de
1989. Ley N° 7739 del 06 de febrero de 1998.
•
Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Decreto Ejecutivo N° 34780
del 29 de setiembre de 2008.
•
Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Ley N° 9249 del 20 de mayo de 2014.
•
Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores. Ley N°
9394 del 8 de setiembre de 2016.
• Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo. Adherido por Costa Rica el 12 de septiembre de 2017.
• Compromisos
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2022
y 2025.
•
Compromisos con la Agenda 2030, metas
nacionales, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para los efectos de esta política en los temas 04
“Educación”, 05 “Igualdad de Género”, 08 “Trabajo Decente y Crecimiento
Económico, 10 “Reducción Desigualdades”.
El mandato de nivel superior es el que emana de
la Constitución Política de la República de Costa Rica (1949) que establece:
El Estado procurará el mayor bienestar a todos
los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más
adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado [...] garantizará, defenderá́ y preservará ese
derecho. (Artículo 50)
La superación de la pobreza e inclusión social
tiene una firme guía basada en un marco normativo que tiene raíces en la
Constitución Política y se expresa en diversos cuerpos normativos y recursos de
política pública que se señalan a continuación:
•
Constitución
Política de la República de Costa Rica. Promulgada el 08 de noviembre de 1949.
•
Ley
de creación del Instituto Mixto de Ayuda Social N° 4760 del 30 de abril de
1971.
•
Ley del Sistema Nacional Planificación N° 5525 de 02 de mayo
1974, y sus reformas.
•
Ley
orgánica FODESAF Ley N° 5662 del 23 de diciembre de 1974.
•
Ley N°. 6172 del 29 de noviembre de 1977. Ley
Indígena.
•
Ley de Promoción de la Igualdad Social de la
Mujer N°. 7142 del 26 de marzo de
1990.
•
Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley N°. 7739 del 6 de noviembre
de 1996.
•
Ley de Creación del Sistema Nacional de
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). Ley N°. 9137 del 05 de setiembre de
2013.
•
Ley N°.
10192 del 14 de junio de 2022. Creación del Sistema Nacional de Cuidados y
Apoyos (SINCA).
•
Decreto N° 36024- MP_PLAN del 15 de febrero del
2011. Creación del Consejo Presidencial Social.
• Decreto
N°. 38.954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN
del 14 de mayo de 2015. Implementación y articulación de la Estrategia Puente
al Desarrollo.
•
Decreto N°.
39727-MDHIS-MP del 26 de julio de 2016. Política Integral para la atención de
población en situación de calle y situación de abandono.
• Decreto N° 39973-RE del del 12 de
octubre de 2016. Ratificación de la República de Costa Rica a la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores.
• Decreto
Ejecutivo N° 40650-MP-MDHIS del 1° de junio de 2017. Reglamento a la Ley N°
9137 Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).
•
Decreto N°.
43.222-MTSS-MIDEPLAN-MEIC-MEP-MIVAH-MCJMJP-MDHIS-MSP-MAG del 03 de diciembre
del 2021. Declara de interés público la Estrategia Puente al Desarrollo.
• Decreto
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo No 43580-MP-PLAN del 10 de junio de
2022.
• Decreto
N°. 43.916-PLAN del 24 de noviembre de 2021. Reglamento a la Ley N°. 10.096 del
26 de enero del 2022, Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica.
•
Decreto N°. 42878-MP-MDHIS del 08 de noviembre
de 2023. Política Nacional de Cuidados 2021-2031: Hacia la implementación
progresiva de un Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a las personas
adultas y adultas mayores dependientes.
•
Directriz N° 081-MTSS-MDHIS del 24 de abril de
2020. “Reforma Directriz N° 060-2019.
•
Directriz N°. 060 MTSS-MDHIS del 15 de octubre
de 2019 “Priorización de atención de la pobreza mediante la utilización del
sistema nacional de información y registro único de beneficiarios del Estado
dirigida a la Administración Central y descentralizada del sector social”.
•
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública
(PNDIP) “Rogelio Fernández Güell” 2023.
•
Plan Estratégico Institucional 2023-2028.
Aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo N° 231-09-2023 del 21 de setiembre
del 2023.
•
Modelo Intercultural para la prestación de
servicios y beneficios institucionales en los territorios indígenas. Aprobado
por Acuerdo de Consejo Directivo N° 313-12-2023 del 12 de diciembre del 2023.
•
Acuerdo
de Consejo Directivo del IMAS N° 250-12-2024, del 17 de diciembre del 2024.
-2026. Modelo de Intervención Interinstitucional II 3.1.
•
Capitulo
3: Estado de la Situación de la Pobreza
La pobreza en Costa Rica se presenta como un
fenómeno multidimensional que no solo implica insuficiencia de ingresos, sino
también la carencia en acceso a servicios básicos, educación, salud, empleo
digno y condiciones de vida adecuadas. En los últimos años, los datos muestran
que la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional coexisten, afectando
especialmente a ciertos grupos vulnerables y territorios específicos.
Ilustración 1. Costa Rica: Porcentaje de hogares en pobreza y pobreza extrema,
1990-2024
Fuente: Elaboración propia con datos publicados
de Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], Serie de Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) - 2024.
De la ilustración 2 se desprende un análisis de
tendencias por período:
Entre 1990 y 2007, Costa Rica logró una
reducción sostenida en los niveles de pobreza. La pobreza total disminuyó del
27,1% al 16,7%, mientras que la pobreza extrema cayó del 9,1% al 3,3%. Este
período destaca como el de mejor desempeño histórico en la reducción de la
pobreza, impulsado por el crecimiento económico y cierta estabilidad
macroeconómica.
A partir de 2008 y hasta 2019, la situación
cambió hacia un estancamiento. La pobreza total osciló entre el 18% y el 22%,
sin lograr romper la barrera del 20%. La pobreza extrema también mostró una
tendencia persistente, fluctuando entre el 5% y el 6,5%. Este comportamiento
estuvo vinculado a la crisis financiera global, el bajo crecimiento del empleo
formal y el aumento en el costo de vida.
El impacto de la pandemia en 2020 marcó un
retroceso significativo. La pobreza total se elevó hasta el 26,2%, el nivel más
alto desde 1992. Asimismo, la pobreza extrema aumentó hasta un 7%,
retrocediendo casi una década en términos de bienestar. Aunque se aplicaron
transferencias de emergencia, la contracción económica golpeó con fuerza a los
hogares más vulnerables.
En el período 2022–2024 se observa una
recuperación moderada. En 2024, la pobreza total se redujo a un 17,95%, el
nivel más bajo desde 2008. Por su parte, la pobreza extrema disminuyó a un
4,76%, lo que sugiere un efecto positivo de los programas de reactivación
económica y apoyo social implementados en respuesta a la crisis.
El análisis de la evolución de la pobreza en
Costa Rica entre 2010 y 2024 muestra una relación estrecha entre el
comportamiento del crecimiento económico y los niveles de pobreza, tanto por
hogar como por persona. Esta conexión se refleja claramente en la ilustración
3, que presenta la incidencia de la pobreza total y la tasa de crecimiento del
PIB real en el mismo período.
Durante los primeros años analizados,
específicamente entre 2010 y 2012, Costa Rica experimentó tasas de crecimiento
económico robustas (superiores al 4 %), lo cual coincidió con una ligera
reducción en la pobreza. Por ejemplo, en 2010, con un crecimiento del PIB del
5,36 %, la pobreza por hogar fue de 21,2 % y la pobreza por persona alcanzó el
24,2 %. Esta tendencia a la baja se mantuvo en 2012, cuando la pobreza por
hogar bajó a 20,57 % y la pobreza por persona a 23,48 %, mientras el PIB creció
4,88 %.
Sin embargo, a partir de 2013 se observa una
desaceleración del crecimiento económico, con tasas por debajo del 3 % en
varios años, lo cual contribuyó a una estabilización de los niveles de pobreza
sin mejoras significativas. Este estancamiento se mantuvo hasta 2019, con tasas
de pobreza que rondaban entre 20 % y 22 % en hogares, y entre 22 % y 24 % en
personas, a pesar de un crecimiento económico moderado.
La Ilustración 3 muestra con claridad cómo, en
el año 2020, la pandemia del COVID-19 produjo una contracción del PIB de -4,27
%, provocando un fuerte aumento en la pobreza: 26,15 % por hogar y 29,96 % por
persona, el nivel más alto registrado en el período. Este fenómeno pone en evidencia
la sensibilidad de la pobreza ante los choques económicos severos, donde el
deterioro de los ingresos, el desempleo y la informalidad afectan de forma
inmediata a los hogares más vulnerables.
La recuperación económica en 2021 fue notable,
con un crecimiento del PIB del 7,93 %, lo que permitió una reducción de la
pobreza a 23 % en hogares y 26,22 % en personas. Sin embargo, esta mejora fue
parcial, ya que los niveles aún no retornaban a los observados antes de la
pandemia.
Durante los años siguientes (2022-2024), el
crecimiento económico se mantuvo estable entre 4 % y 5 %, acompañado por una
continua disminución de la pobreza. En 2024, la pobreza alcanzó su nivel más
bajo del período analizado: 17,95 % por hogar y 20,32 % por persona, con un PIB
creciendo al 4,32 %. Esta reducción sostenida sugiere que un crecimiento
económico constante, cuando se combina con políticas sociales activas y
mecanismos de inclusión, puede generar impactos positivos reales y duraderos en
los niveles de pobreza.
En síntesis, la ilustración 3 evidencia cómo la
evolución de la pobreza en Costa Rica está estrechamente vinculada al dinamismo
de la economía. Mientras el crecimiento sostenido contribuye a reducirla, las
caídas abruptas como la de 2020 pueden revertir en poco tiempo los avances
logrados, lo que subraya la importancia de mantener una economía resiliente y
acompañarla de políticas públicas eficaces en materia social y laboral.
Ilustración 2. Costa Rica: Incidencia de la pobreza total y crecimiento
económico, 2010-2024
Fuente: Elaboración propia con datos de BCCR y
con la ENAHO-INEC.
El coeficiente de Gini,
como indicador sintético de desigualdad en la distribución del ingreso, ha mostrado
un comportamiento fluctuante en Costa Rica durante el período 2010–2024, con
niveles persistentemente altos en el contexto latinoamericano. Este índice, que
varía entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (desigualdad total), ha oscilado en un
rango estrecho entre 0,503 y 0,519, reflejando una estructura distributiva
caracterizada por desigualdades arraigadas y difíciles de modificar
estructuralmente (ver ilustración 4).
Durante los primeros
años del período analizado, la desigualdad se mantuvo elevada. En 2013, el Gini
alcanzó su punto máximo de 0,519, consolidando a Costa Rica como uno de los
países con mayor desigualdad relativa de ingresos en Centroamérica, a pesar de
contar con altos niveles de desarrollo institucional. Esta cifra revela las
limitaciones de las políticas redistributivas implementadas durante la década,
así como su escasa capacidad para modificar las brechas estructurales.
Entre 2016 y 2019, se
evidenció una leve tendencia a la baja en el indicador, relacionada
parcialmente con el aumento del gasto social focalizado y algunas mejoras en el
acceso a servicios públicos esenciales. Sin embargo, la caída fue marginal y no
alteró de manera sustancial la estructura general de la desigualdad. Esta fase
fue interrumpida abruptamente por la crisis sanitaria y económica provocada por
la pandemia del COVID-19.
En efecto, en 2020 el
Gini volvió a incrementarse, alcanzando 0,513, reflejando los impactos
asimétricos de la crisis: pérdidas masivas de empleo, en particular en sectores
informales, caída de ingresos en los hogares con menor capital humano y
limitaciones en el acceso a redes de protección social. La desigualdad se
profundizó en un contexto de emergencia donde muchas de las brechas
preexistentes se amplificaron.
No obstante, a partir
de 2021 se ha registrado una reducción progresiva del coeficiente de Gini,
impulsada por los programas de transferencia directa implementados durante y
después de la pandemia, así como por la paulatina reactivación del empleo
formal. Esta tendencia descendente se consolida en los años recientes, hasta
alcanzar un valor de 0,492 en 2024, el más bajo del período analizado.
El análisis por zona
geográfica, según datos de la ilustración 4, revela una dinámica diferenciada.
Las zonas urbanas han mantenido históricamente niveles de desigualdad
inferiores al promedio nacional, con una disminución clara en los últimos años:
desde 0,510 en 2021 a 0,482 en 2024. Por su parte, las zonas rurales han
registrado valores más inestables, y durante varios años estos superaron el
promedio nacional. En 2015, por ejemplo, el Gini rural alcanzó 0,524, el punto
más alto del período en ese segmento. Aun así, para 2024 el índice en zonas
rurales se redujo a 0,483, acercándose al nivel urbano.
En este sentido, si
bien las brechas entre áreas urbanas y rurales tienden a reducirse en años
recientes, persisten desigualdades territoriales relevantes asociadas a menor
cobertura de servicios, informalidad laboral más alta y menor acceso a
infraestructura productiva en las zonas rurales.
Esta mejora reciente
podría interpretarse como una señal positiva en términos de recuperación social
y eficacia de las políticas de contención, aunque con limitaciones importantes.
Un Gini de 0,492 continúa ubicando a Costa Rica entre los países con mayores
niveles de desigualdad de ingresos en América Latina, por lo que el desafío
estructural persiste y requiere intervenciones más integrales.
En síntesis, el
comportamiento del coeficiente de Gini en Costa Rica entre 2010 y 2024 muestra:
•
Una persistencia de
niveles altos de desigualdad durante toda la serie.
•
Un repunte marcado en
2013, con 0,519.
•
Una interrupción de la
ligera mejora por la pandemia en 2020.
•
Una recuperación
moderada desde 2021, culminando en 2024 con el valor más bajo del período:
0,492.
•
Disparidades
territoriales importantes entre zonas urbanas y rurales.
•
La necesidad de
políticas públicas más integrales y sostenibles para lograr una redistribución
efectiva del ingreso.
Ilustración 3. Costa Rica: Desigualdad por ingresos según el coeficiente
de Gini, 2010-2024
Fuente: Elaboración propia con datos de INEC
(2024). ENAHO 2024.
Al pasar de mediciones centradas únicamente en
el ingreso a una comprensión más integral de la pobreza como un fenómeno
multidimensional y multicausal, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
ofrece una visión más completa sobre las condiciones de vida de los hogares. A
diferencia de la pobreza por ingreso —que ha mostrado variaciones más
pronunciadas ante ciclos económicos y choques externos—, el IPM presenta una
dinámica más estable a lo largo del tiempo. En 2021, por ejemplo, se situó en
un 16,4% (véase ilustración 5), reflejando en buena medida la efectividad de
las medidas de protección social adoptadas durante la pandemia de COVID-19 para
contener el deterioro en las condiciones de vida de los hogares.
Durante el período 2010–2024, la incidencia del
IPM en Costa Rica muestra una tendencia decreciente sostenida, evidenciando
avances estructurales en la reducción de la pobreza multidimensional. Sin
embargo, las disparidades territoriales persisten: las zonas rurales continúan
registrando una incidencia considerablemente más alta que las urbanas, aunque
la brecha entre ambas ha disminuido de forma importante, lo que sugiere
progresos hacia una mayor equidad territorial.
En 2010, el IPM total se ubicaba en 25,87%, con
una incidencia del 18,50% en zonas urbanas y un alarmante 46,66% en zonas
rurales, lo que generaba una brecha urbano-rural de -28,17 puntos porcentuales.
Esta diferencia indicaba que la pobreza multidimensional en áreas rurales era
más del doble que en las urbanas, reflejando las profundas desigualdades
estructurales entre territorios.
Durante la primera mitad de la década, el IPM
disminuyó de manera constante. Para 2013, el valor total bajó a 20,8%, con un
14,4% en áreas urbanas y 39% en rurales, manteniéndose la brecha en torno a los
24 puntos porcentuales. Aunque esta reducción fue significativa, aún persistían
marcadas diferencias.
Entre 2014 y 2019, el índice continuó su
descenso, alcanzando 16,6% en 2019. En ese año, la incidencia urbana fue de
12,95%, mientras que la rural cayó a 26,23%, reduciendo la brecha a 13,28
puntos porcentuales. Esto evidenció una convergencia progresiva entre regiones,
impulsada por políticas de inversión social, infraestructura básica y mejoras
en servicios públicos en zonas rurales.
La pandemia provocó una estabilización temporal
del IPM en 2020 y 2021, con valores cercanos al 16% a nivel nacional, 12% en
zonas urbanas y aproximadamente 26% en zonas rurales. La brecha se mantuvo en
torno a los 14 puntos porcentuales, lo que evidenció la mayor vulnerabilidad de
los hogares rurales frente a las crisis sanitarias y económicas.
A partir de 2022, el IPM retomó su tendencia a
la baja. En 2024, se registró un valor nacional de 10,1%, con un 7,3% en zonas
urbanas y 17,4% en rurales, reduciendo la brecha a 10,1 puntos porcentuales, el
nivel más bajo de todo el período analizado. Este descenso refleja la
efectividad de las políticas públicas de recuperación económica y protección
social, especialmente aquellas orientadas a mejorar las condiciones
estructurales de los hogares más vulnerables.
En síntesis, el análisis del IPM en Costa Rica
entre 2010 y 2024 muestra avances notables en la reducción de la pobreza
multidimensional, tanto en su incidencia general como en la convergencia entre
territorios. No obstante, la persistencia de desigualdades territoriales
subraya la necesidad de mantener e intensificar políticas focalizadas,
sostenibles y con enfoque territorial, que garanticen una mejora duradera del
bienestar para toda la población (véase ilustración 5).
Ilustración 4. Costa Rica: Pobreza por IPM según zona urbana y rural (%
hogares), 2010-2024
Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2024). ENAHO 2010-2024.
Al comparar los distintos enfoques de medición
de la pobreza en Costa Rica entre 2010 y 2024, la ilustración 6 permite
visualizar tres dimensiones complementarias: la pobreza por la línea de ingreso
(LP), la pobreza multidimensional (IPM) y la incidencia conjunta de ambas. Esta
última representa el porcentaje de hogares que enfrentan pobreza según al menos
uno de los dos enfoques, revelando así una imagen más amplia del fenómeno.
Durante el período analizado, la pobreza por
ingreso mostró fluctuaciones más marcadas, especialmente ante choques
económicos. En 2010, la incidencia fue de 21,2%, cifra que se mantuvo
relativamente estable hasta 2013. A partir de 2014, hubo un leve aumento,
alcanzando un 22,4%, seguido por una reducción gradual hasta 2019. Sin embargo,
la crisis sanitaria y económica del COVID-19 provocó un repunte significativo,
alcanzando un 26,2% en 2020. Posteriormente, las cifras disminuyeron
progresivamente, llegando a un 17,95% en 2024, el nivel más bajo del período.
Por su parte, la pobreza multidimensional,
medida por el IPM, mostró una trayectoria más estable y con una tendencia
claramente descendente. En 2010, el IPM era de 25,87%, superando incluso la
pobreza por ingreso. Esta cifra fue reduciéndose de manera sostenida hasta
situarse en 16,6% en 2019. A diferencia de la pobreza por ingreso, el IPM no
experimentó un aumento abrupto durante la pandemia, manteniéndose relativamente
estable en torno al 16% en 2020 y 2021, lo que evidencia la eficacia de ciertas
políticas sociales para contener los impactos estructurales. Hacia 2024, el IPM
alcanza un valor de 10,1%, mostrando una mejora consistente en múltiples
dimensiones del bienestar.
La combinación de ambos indicadores —es decir,
la proporción de hogares en condición de pobreza por al menos uno de los dos
métodos— permite captar de manera más integral el alcance del fenómeno. En
2010, esta incidencia conjunta se situaba en 47,1%, y aunque ha seguido una
tendencia a la baja, continuaba siendo significativamente más alta que
cualquiera de los indicadores por separado. En 2020, la incidencia conjunta
alcanzó 42,3%, pero luego descendió de forma progresiva hasta situarse en
28,05% en 2024, el nivel más bajo del período.
Esta comparación evidencia que un enfoque
exclusivamente basado en el ingreso subestima la magnitud real de la pobreza. A
lo largo del período, entre 6 y 10 puntos porcentuales adicionales de hogares
se encontraban en situación de pobreza multidimensional sin ser clasificados
como pobres por ingresos, y viceversa. Por ello, el IPM aporta una perspectiva
más completa, revelando carencias estructurales que los ingresos por sí solos
no captan.
Ilustración 5. Costa Rica: Comparación de incidencia de pobreza de
hogares Línea de Pobreza (LP), IPM y ambos métodos, 2010- 2024
Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2024). ENAHO 2010-2024.
En síntesis, el análisis de la ilustración 6
muestra avances importantes en la reducción de la pobreza en Costa Rica, tanto
desde una perspectiva monetaria como multidimensional. Sin embargo, también
destaca la persistencia de un grupo amplio de hogares que continúan afectados
por alguna forma de pobreza. Esto subraya la necesidad de mantener políticas
públicas integrales, que combinen protección económica con mejoras sostenidas
en servicios básicos, infraestructura social y acceso equitativo a
oportunidades en todo el territorio.
Importante recalcar que entre 2010 y 2024, los
indicadores macroeconómicos y sociales de Costa Rica reflejan una trayectoria
de crecimiento económico sostenido, acompañada de mejoras graduales en algunos
aspectos del bienestar social, aunque persisten retos estructurales importantes.
El Producto Interno Bruto (PIB) encadenado muestra un aumento constante,
pasando de ₡26,270 mil millones en 2010 a ₡42,755 mil millones en
2024 (ver Tabla 1). Esta tendencia también se observa en el PIB per cápita, que
creció de ₡5,796 millones a ₡8,278 millones en el mismo período. No
obstante, el año 2020 marcó una contracción significativa como consecuencia de
la pandemia de COVID-19, con una caída del PIB per cápita del -4,85%, seguida
por un repunte del 7,38% en 2021. A partir de entonces, el crecimiento retomó
un ritmo más moderado, cercano al 4% anual.
El ingreso nacional disponible bruto, tanto
total como per cápita, refleja una evolución similar. El ingreso disponible per
cápita aumentó de ₡5,534 millones en 2010 a ₡7,527 millones en
2024, mostrando también una caída en 2020 (-4,55%) y una recuperación destacada
en los años siguientes. A pesar de estos avances económicos, la tasa de
desempleo abierto presenta una dinámica más preocupante. Si bien en los
primeros años del período se mantuvo en torno al 9-10%, desde 2018 aumentó
considerablemente, alcanzando un pico del 19,98% en 2020. Esta cifra evidenció
el fuerte impacto de la pandemia en el mercado laboral. Sin embargo, a partir
de 2021 la tasa de desempleo disminuyó progresivamente hasta alcanzar un 6,88%
en 2024, el nivel más bajo del período analizado.
Por su parte, el coeficiente de Gini, indicador
clave de desigualdad ha mostrado leves fluctuaciones, pero con una tendencia
general a la baja, como ya se había señalado anteriormente. Este coeficiente
alcanzó su valor máximo en 2013 (0,519) y cerró en 2024 con 0,492, el nivel más
bajo del período, lo cual sugiere una reducción moderada en la desigualdad de
ingresos. A pesar de estas mejoras, el nivel de desigualdad sigue siendo
elevado, lo que indica que el crecimiento económico no ha sido plenamente
redistributivo. En conjunto, estos resultados reflejan una economía que ha
logrado recuperarse y crecer tras las crisis, pero que aún enfrenta desafíos
estructurales importantes en términos de equidad, empleo de calidad y cohesión
social.
Tabla 1. Costa Rica: Indicadores macroeconómicos y sociales
seleccionados, 2010-2024
Fuente: Elaboración propia con datos de BCCR
(2024), e INEC (2024). Encuesta Continua de
Empleo (ECE) [IV trimestre de cada año].
El análisis de la ilustración 7 sobre la tasa
neta de participación laboral en Costa Rica entre 1990 y 2024 revela
importantes transformaciones en la dinámica laboral del país, especialmente en
lo que respecta a la evolución de la participación femenina y la persistencia
de la brecha de género.
Durante el período analizado, la tasa general
de participación laboral de personas de 15 años o más osciló entre el 55% y
61%, alcanzando su punto más alto en 2007 (61,44%) y su punto más bajo en 2020
(53,07%), como consecuencia directa de la crisis provocada por la pandemia del
COVID-19. A partir de 2021, se observa una leve recuperación, situándose en
54,45% en 2024, aunque aún por debajo de los niveles prepandemia.
La participación laboral masculina, aunque
históricamente más alta, muestra una tendencia decreciente sostenida. En 1990,
el 82,53% de los hombres participaban en el mercado laboral, pero para 2024
esta cifra se redujo a 67,37%, evidenciando una caída de más de 15 puntos
porcentuales. Esta reducción puede explicarse por múltiples factores,
incluyendo el envejecimiento poblacional, cambios estructurales en el mercado
laboral y mayores niveles de educación que pueden haber pospuesto el ingreso
laboral.
Por otro lado, la participación femenina ha
mostrado una evolución positiva a lo largo del período. En 1990, solo el 32,55%
de las mujeres mayores de 15 años participaban en el mercado laboral. Para
2024, esa cifra aumentó a 43,01%, representando un avance de más de 10 puntos
porcentuales. Aunque esta mejora es significativa, la tasa se ha estancado en
los últimos años, especialmente después del retroceso que implicó la pandemia
en 2020, cuando bajó a 39,99%. La recuperación ha sido gradual pero
insuficiente para cerrar la histórica brecha de género.
La brecha de participación laboral entre
hombres y mujeres ha disminuido notablemente, pasando de casi -50 puntos
porcentuales en 1990 a -24,36 puntos en 2024. Esta reducción refleja un proceso
de convergencia en la participación económica de ambos sexos, aunque todavía
queda una distancia considerable por cerrar. El ritmo más acelerado de
crecimiento en la participación femenina durante las décadas de los 90 y 2000
permitió reducir esta disparidad, pero el avance se ha desacelerado en la
última década.
Ilustración 6. Costa Rica: Tasa neta de participación laboral entre
personas de 15 años o más según sexo, 1990-2024
Fuente: Elaboración propia
con datos de Estado de la Nación. Compendio Estadístico. Estadísticas Nacionales - Empleo.
En conclusión, aunque Costa Rica ha logrado
avances importantes en la reducción de la brecha de género en la participación
laboral y ha incorporado progresivamente a más mujeres al mercado de trabajo,
la persistencia de una diferencia significativa y el estancamiento reciente
indican que persisten barreras estructurales que limitan la igualdad de
oportunidades. Para continuar cerrando esta brecha, se requieren políticas
activas que promuevan la corresponsabilidad en los cuidados, incentiven la
formalización laboral femenina y mejoren las condiciones de acceso y
permanencia de las mujeres en el empleo.
La evolución de la pobreza en Costa Rica, desde
una perspectiva de ciclo de vida, evidencia que la niñez y la adolescencia
continúan siendo los grupos más afectados por las múltiples formas de pobreza y
exclusión social. A pesar de ciertas mejoras macroeconómicas tras la pandemia,
los datos del 2024 muestran que más del 50% de las personas menores de 18 años
en el país vive en situación de pobreza, ya sea por ingresos (Línea de Pobreza
- LP), por carencias (Índice de Pobreza Multidimensional - IPM), o por ambos
enfoques de forma simultánea.
El análisis de la ilustración 8 revela con
claridad la magnitud y características de esta problemática. El grupo de niños
y niñas de 0 a 6 años es el más afectado por la pobreza combinada: un 20,15% de
ellos se encuentra en situación de pobreza tanto por LP como por IPM.
Adicionalmente, un 22,7% es pobre solo por ingresos y un 9,4% exclusivamente
por IPM. Esto implica que aproximadamente el 52,3% de los menores de seis años
vive en algún tipo de pobreza, lo cual representa una amenaza grave para su
desarrollo integral. Las privaciones en esta etapa crítica pueden traducirse en
rezagos permanentes en nutrición, salud, estimulación temprana y acceso a
servicios esenciales.
Ilustración 7. Costa Rica: Porcentaje de niñez y adolescencia en
situación de pobreza según rango de edad. 2024
Fuente: Elaboración propia
con datos de INEC
(2024). ENAHO 2024.
En el grupo de 7 a 12 años, se observa una
reducción en la pobreza combinada (16,2%), pero un aumento en la pobreza
exclusivamente monetaria, que alcanza el 26,8%. La pobreza por IPM sin ser
pobre por ingresos es del 8,1%. Esto refleja que, si bien algunos hogares
logran cubrir ciertos servicios básicos, los ingresos siguen siendo
insuficientes, afectando la calidad de vida de los niños, en particular en
aspectos educativos, transporte escolar y alimentación.
Para los adolescentes entre 13 y 17 años, las
cifras indican una ligera mejora: el 50,9% no se encuentra en condición de
pobreza, el valor más alto entre los tres grupos. Sin embargo, un 23,5% sigue
siendo pobre por ingresos, un 8,9% por IPM, y un 16,6% enfrenta ambas formas de
pobreza. Esto demuestra que, aunque este grupo experimenta menos carencias
combinadas, casi la mitad aún vive en condiciones de vulnerabilidad, lo que
puede impactar negativamente en su continuidad educativa, inserción laboral
futura o acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
En términos agregados, los datos muestran que
el 17,6% de los menores de edad en el país es pobre tanto por LP como por IPM,
el 24,4% es pobre únicamente por ingresos, y el 8,8% lo es solo por IPM. En consecuencia,
solo el 49,2% de la niñez y adolescencia costarricense no es pobre según
ninguna de las dos metodologías, lo que confirma una tendencia estructural
preocupante.
Estos hallazgos reafirman que la pobreza
infantil y adolescente en Costa Rica no ha sido superada al mismo ritmo que en
otros segmentos poblacionales. La primera infancia sigue siendo la etapa de
mayor riesgo, con niveles críticos de pobreza combinada, mientras que los niños
en edad escolar y los adolescentes enfrentan limitaciones que pueden
comprometer sus trayectorias educativas y sus oportunidades futuras.
Ante este panorama, se hace urgente fortalecer
políticas públicas integrales que prioricen la niñez y adolescencia desde una
perspectiva de derechos. Es necesario articular estrategias de protección
social, acceso universal a servicios básicos, educación de calidad y programas
de nutrición y desarrollo infantil temprano, especialmente en los primeros años
de vida. Asimismo, se requiere atención diferenciada por grupo etario para romper
los ciclos intergeneracionales de pobreza y exclusión que afectan a una parte
significativa de la población joven del país.
El tamaño promedio de los hogares en Costa Rica
ha experimentado una reducción sostenida durante los últimos quince años,
pasando de 3,51 personas por hogar en 2010 a 2,91 en 2024, según se observa en
la ilustración 9. Esta tendencia ha sido particularmente marcada en los hogares
no pobres, donde la disminución del número de integrantes refleja
transformaciones estructurales en los patrones demográficos, tales como la
reducción en las tasas de fecundidad, el envejecimiento poblacional y el
aumento de hogares unipersonales.
Ilustración 8. Costa Rica: Número promedio de personas por hogar según
condición de pobreza. Costa Rica 2010-2024
Fuente: Elaboración propia
con datos de INEC
(2024). ENAHO 2024.
En contraste, los hogares en condición de
pobreza, y especialmente aquellos en pobreza extrema, continúan presentando un
tamaño promedio significativamente mayor. Esto implica una mayor carga
demográfica, ya que más personas dependen de los mismos ingresos, lo cual
intensifica las limitaciones económicas, sociales y de acceso a oportunidades.
A su vez, la presencia de un mayor número de niños, niñas y personas
dependientes en estos hogares conlleva necesidades más amplias en términos de
cuidado, educación, salud, alimentación y vivienda, factores que pueden
contribuir a reproducir la pobreza intergeneracional.
Esta diferencia estructural entre hogares según
su condición socioeconómica refuerza las desigualdades existentes y plantea
desafíos clave para el diseño de políticas públicas. No basta con considerar
únicamente el ingreso del hogar; es necesario incorporar la composición familiar
como un criterio fundamental en los programas de asistencia, subsidios y
transferencias, de modo que las familias más numerosas y vulnerables puedan
recibir una atención diferenciada que responda de forma más precisa a sus
necesidades reales.
En resumen, si bien el país ha experimentado
una tendencia general hacia hogares más pequeños, la persistencia de hogares
numerosos en condiciones de pobreza extrema revela tensiones estructurales que
deben ser atendidas con políticas sociales integrales y focalizadas, que
garanticen condiciones de vida dignas y sostenibles para todos los sectores de
la población.
En cuanto a la evolución del número de personas
ocupadas por hogar según condición de pobreza, entre 2010 y 2024, Costa Rica ha
experimentado una reducción sostenida en el número promedio de personas
ocupadas por hogar, pasando de 1,47 personas ocupadas en 2010 a 1,22 en 2024,
según lo refleja la ilustración 10. Esta tendencia descendente se observa en
todos los grupos socioeconómicos, pero con diferencias estructurales
importantes entre hogares no pobres y hogares en situación de pobreza.
Ilustración 9. Número promedio de personas ocupadas por hogar según
condición de pobreza. Costa Rica 2010-2024
Fuente: Elaboración propia
con datos de INEC
(2024). ENAHO 2024.
En 2024, los hogares no pobres reportan un
promedio de 1,35 personas ocupadas por hogar, mientras que los hogares en
pobreza total promedian 0,63 personas ocupadas y los hogares en pobreza
extrema, apenas 0,51. Esta brecha laboral se ha mantenido relativamente estable
desde 2010, lo cual subraya una realidad persistente: la inserción laboral
efectiva sigue siendo un factor crucial para salir de la pobreza. Contar con
más miembros del hogar en edad y condición de trabajar que efectivamente
participen en el mercado laboral incrementa la capacidad de generación de
ingresos, lo cual se traduce en mejores condiciones de vida.
La ilustración 10 también muestra que, aunque
los hogares no pobres han tenido una ligera disminución en su número de
ocupados por hogar (de 1,61 en 2010 a 1,35 en 2024), los hogares pobres han
mostrado una caída más acentuada, especialmente durante y después del impacto
de la pandemia de COVID-19. En 2020, por ejemplo, se observa una fuerte
reducción generalizada, con recuperación parcial en años posteriores, pero sin
alcanzar los niveles previos en los hogares en situación de pobreza.
Este patrón revela un problema estructural: los
hogares más pobres no solo tienen menos ingresos, sino también menos miembros
activos en el mercado laboral, lo cual agrava su situación económica y limita
sus posibilidades de movilidad social. Además, esta menor inserción laboral
suele estar relacionada con barreras como el bajo nivel educativo, la
informalidad, la falta de acceso a servicios de cuidado para niños o adultos
dependientes, o la discriminación estructural por género o territorio.
En conjunto, estos datos destacan la necesidad
urgente de políticas públicas centradas en la generación de empleo inclusivo y
accesible, especialmente para los hogares en situación de pobreza extrema.
Asimismo, es fundamental promover condiciones que favorezcan la inserción
laboral de mujeres, jóvenes y personas en contextos vulnerables, para cerrar
las brechas en el acceso a ingresos y reducir de manera sostenible los niveles
de pobreza.
Un aspecto importante es considerar que el
porcentaje de hogares con jefatura femenina ha aumentado de forma sostenida en
Costa Rica durante el período 2010–2024, pasando de un 35,2% en 2010 a un 43%
en 2024. Este incremento refleja transformaciones en la estructura familiar
costarricense, en la que cada vez más mujeres asumen el rol de proveedoras
principales del hogar. Esta tendencia puede estar vinculada a la mayor
participación femenina en el mercado laboral, cambios culturales, y al aumento
de hogares monoparentales o unipersonales.
Sin embargo, esta transformación no ocurre de
manera uniforme en todos los sectores sociales. Según se aprecia en la
ilustración 11, los hogares en condición de pobreza presentan una proporción
significativamente mayor de jefatura femenina. En 2024, el 50,4% de los hogares
pobres están encabezados por mujeres, en comparación con el 41,4% entre los
hogares no pobres. Esta brecha de casi 9 puntos porcentuales ha sido consistente
y se ha ampliado en ciertos momentos del período analizado, evidenciando una
feminización persistente de la pobreza.
Ilustración
10. Porcentaje de hogares con jefatura femenina según
condición de pobreza. Costa Rica 2010-2024
Fuente: Elaboración propia
con datos de INEC
(2024). ENAHO 2024.
La situación es aún más preocupante cuando se
observa el caso de los hogares en pobreza extrema, donde la jefatura femenina
alcanza el 56,8% en 2024, el valor más alto registrado en el período. Esto
significa que más de la mitad de los hogares en situación de pobreza extrema
están liderados por mujeres, muchas veces solas frente a responsabilidades
económicas y de cuidado. Esta realidad subraya el papel de la jefatura femenina
como un indicador estructural de vulnerabilidad social.
El análisis pone en evidencia que la asociación
entre jefatura femenina y pobreza no es coyuntural, sino el reflejo de
desigualdades históricas en el acceso a empleo digno, educación, activos
productivos y redes de apoyo social. Las mujeres jefas de hogar enfrentan
mayores obstáculos para lograr una inserción laboral estable y remunerada, y
suelen cargar con la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado.
Esta situación refuerza la necesidad de que las
políticas públicas incorporen un enfoque de género transversal, orientado no
solo a mejorar los ingresos de los hogares encabezados por mujeres, sino
también a redistribuir las responsabilidades de cuidado, garantizar el acceso a
servicios públicos y fortalecer la protección social. Programas dirigidos a
mujeres en pobreza deben considerar sus condiciones estructurales y contextos
familiares, para evitar que la jefatura femenina continúe siendo sinónimo de
mayor vulnerabilidad.
En resumen, la ilustración 11 muestra que
mientras aumenta la participación de mujeres como jefas de hogar en el país, la
desigualdad de género persiste en la distribución de la pobreza. Superar esta
brecha implica una combinación de estrategias económicas, sociales y culturales
que reconozcan y transformen los factores que reproducen la desigualdad y la
exclusión de las mujeres, particularmente de aquellas que lideran hogares en
situación de pobreza o pobreza extrema.
Como se ha señalado previamente, entre 2010 y
2024 la pobreza en Costa Rica ha seguido una trayectoria compleja. Hasta 2019,
se observó una reducción sostenida en los niveles de pobreza, interrumpida
bruscamente en 2020 por el impacto de la pandemia de COVID-19. Si bien en los
años posteriores se han registrado signos de recuperación económica, esta ha
sido desigual y no ha beneficiado a todos los sectores por igual. Persisten
importantes brechas en el acceso a oportunidades y al bienestar,
particularmente entre los grupos más vulnerables. La pobreza multidimensional,
en particular, ha mostrado una notable resistencia frente al aumento del
ingreso promedio, lo que evidencia que el crecimiento económico, por sí solo,
no es suficiente para mejorar integralmente las condiciones de vida. En este
escenario, el análisis por tipo de ocupación permite identificar con mayor
claridad las desigualdades estructurales, como lo refleja la ilustración 12.
Ilustración 11. Porcentaje de personas ocupadas según principales
ocupaciones y clasificación de pobreza por método combinado. Costa Rica 2024
Fuente: Elaboración
propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024,
extraídos del sistema REDATAM del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC).
El análisis de ocupación revela fuertes
desigualdades entre distintos segmentos del mercado laboral. Los profesionales
científicos e intelectuales están altamente concentrados en hogares no pobres (15,6%)
y presentan una incidencia de pobreza prácticamente marginal. En 2024, casi no
se observan casos de pobreza monetaria ni multidimensional entre ellos. Esta
tendencia está alineada con años anteriores y responde a su mayor nivel
educativo, estabilidad en el empleo y acceso a seguridad social. En el contexto
postpandemia, este grupo ha continuado beneficiándose de la reactivación
económica, consolidando su bajo nivel de vulnerabilidad.
En el extremo opuesto se encuentran las
ocupaciones elementales, que concentran los niveles más altos de pobreza. Cerca
del 49% de las personas en situación de pobreza tanto por ingresos como por IPM
se ubican en este grupo. Esto implica que casi la mitad de los trabajadores que
enfrentan múltiples privaciones básicas y bajos ingresos pertenecen a esta
categoría ocupacional. El 48,9% de quienes son pobres simultáneamente por IPM y
línea de pobreza trabajan en estas ocupaciones, evidenciando una fuerte
asociación entre tipo de trabajo, informalidad, baja calificación y exclusión
social. Este grupo representa el rostro más persistente de la pobreza
estructural en el país.
Los trabajadores de servicios y vendedores de
comercios y mercados, que representan aproximadamente el 20% del total de
personas ocupadas, también muestran una situación crítica. Están ampliamente
representados en todas las categorías de pobreza: pobreza por ingresos,
multidimensional y combinada. Hasta un 19,9% de ellos se encuentra en condición
de pobreza por ambas métricas. Esta situación refleja la fragilidad de este
sector del mercado laboral, caracterizado muchas veces por informalidad, baja
protección social y alta rotación. A pesar de representar un segmento numeroso
y activo de la fuerza laboral, enfrentan condiciones laborales precarias y
limitaciones estructurales para salir de la pobreza.
En términos de tendencia, los datos muestran
que el tipo de ocupación guarda una relación directa y consistente con la
condición de pobreza en 2024. Las ocupaciones más calificadas y formales se
asocian con mayor seguridad económica y menor incidencia de carencias sociales,
mientras que las ocupaciones de baja calificación, con mayor presencia de
informalidad y bajos ingresos, agrupan a la mayoría de las personas pobres del
país. Esto no solo confirma que el mercado laboral sigue reproduciendo
desigualdades estructurales, sino que también señala que la pobreza en Costa
Rica está profundamente vinculada con las oportunidades (o su ausencia) dentro
del mundo del trabajo.
En conclusión, queda confirmado que el tipo de ocupación
constituye un factor determinante en la condición de pobreza en Costa Rica.
Mientras los profesionales científicos e intelectuales se mantienen, en su
mayoría, fuera de situaciones de pobreza, otros grupos ocupacionales —como los
trabajadores de servicios, operarios y quienes desempeñan ocupaciones
elementales— se concentran en los sectores más vulnerables del sistema
socioeconómico. Esta realidad exige que las políticas públicas mantengan como
prioridad el fortalecimiento del empleo digno, el acceso equitativo a derechos
fundamentales y la inclusión efectiva de los sectores históricamente excluidos,
con el fin de avanzar de manera sostenida y realista hacia la reducción de la
pobreza y la desigualdad estructural en el país.
El análisis del desempleo abierto entre mujeres
jefas de hogar durante los años 2023 y 2024 evidencia una clara vulnerabilidad
estructural que afecta con mayor intensidad a quienes se encuentran en
situación de pobreza, particularmente cuando esta es multidimensional. Estos
datos, complementados por la ilustración 13, refuerzan la relación entre
ocupación, pobreza y exclusión laboral en los hogares encabezados por mujeres.
Ilustración 12. Porcentaje de jefaturas femenina con desempleo abierto
según clasificación de pobreza por método combinado. Costa Rica 2023-2024
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024, extraídos del sistema REDATAM del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En 2023, la tasa general de desempleo abierto
en jefaturas femeninas fue de 2,62%. No obstante, al segmentar según condición
de pobreza, las disparidades son notorias. Las mujeres jefas de hogar que eran
pobres únicamente por la Línea de Pobreza (LP) registraban una tasa de 6,44%,
mientras que aquellas pobres por el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
pero no por ingreso alcanzaban el 1,93%. Las jefas que enfrentaban pobreza
tanto por LP como por IPM presentaban una tasa de desempleo del 4,45%, cifra
que contrasta fuertemente con el 1,44% observado entre quienes no estaban en
situación de pobreza.
En 2024, estas brechas se profundizan. El
desempleo abierto entre jefaturas femeninas se elevó a 2,82%. Las mujeres
pobres únicamente por LP mostraron una tasa de 7,61%, mientras que aquellas
pobres por IPM llegaron al 4,12%. Las jefas de hogar que enfrentaban pobreza en
ambas dimensiones alcanzaron un preocupante 6,94% de desempleo abierto, más del
cuádruple en comparación con las jefas no pobres (1,41%).
Estos resultados reflejan un fenómeno
persistente de exclusión laboral de las mujeres en condiciones de pobreza,
especialmente de aquellas que enfrentan múltiples carencias sociales. La mayor
concentración de pobreza en ocupaciones precarias, como lo destaca la
ilustración 13, demuestra que las mujeres jefas de hogar con menor calificación
enfrentan mayores obstáculos para acceder al empleo formal y estable. Esto
sugiere que la segmentación del mercado laboral no solo perpetúa desigualdades
económicas, sino que también tiene un fuerte componente de género.
En consecuencia, las jefaturas femeninas pobres
están sobrerrepresentadas en los tramos más altos de desempleo y, al mismo
tiempo, subrepresentadas en las ocupaciones con menores tasas de pobreza. Esta
doble desventaja—por género y por situación socioeconómica—subraya la necesidad
de fortalecer las políticas públicas de inclusión laboral con enfoque de
género, ampliar las oportunidades de empleo digno y mejorar el acceso a
servicios de cuidado y capacitación. Solo así será posible reducir las brechas
estructurales que condicionan la vida de miles de mujeres jefas de hogar en
Costa Rica.
En el contexto de la lucha contra la pobreza y
la desigualdad, el nivel educativo de las personas adultas, especialmente de
quienes encabezan los hogares, es un factor determinante para el bienestar
familiar y social. La educación influye no solo en las oportunidades laborales
y el ingreso, sino también en el acceso a derechos fundamentales y a una mejor
calidad de vida. En este sentido, la ilustración 14 muestra la evolución del
porcentaje de jefaturas de hogar de 24 años o más que no han completado la
educación secundaria, desglosado por situación de pobreza, durante los años
2023 y 2024. Este análisis permite identificar tendencias y desafíos en la
reducción del rezago educativo en diferentes segmentos sociales.
Ilustración 13.
Porcentaje de hogares con jefatura de 24 años o más sin educación secundaria
completa según clasificación de pobreza por método combinado. Costa Rica
2023-2024
Fuente: Elaboración
propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2023 y
2024, extraídos del sistema REDATAM del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC).
Según la ilustración, en el grupo de personas
no pobres, la proporción con secundaria incompleta tuvo un leve aumento,
pasando del 52,10% en 2023 al 52,75% en 2024, un incremento de 0,65 puntos
porcentuales. Esto indica que, aunque estas personas no están en situación de
pobreza, más de la mitad sigue con un nivel educativo limitado, lo que refleja
un desafío estructural en el sistema educativo que no depende exclusivamente de
la situación económica.
En el caso de quienes son pobres por el Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) pero no por ingresos, la ilustración
evidencia una ligera mejora. El porcentaje con secundaria incompleta disminuyó
de 92,08% a 91,29%, mostrando una reducción de 0,79 puntos porcentuales. Este
dato sugiere que, aunque las carencias en servicios básicos, salud y vivienda
persisten, hay avances modestos en el acceso o permanencia escolar.
De manera más marcada, el grupo que es pobre
tanto por IPM como por la línea de pobreza (LP) presenta una disminución más
significativa en el rezago educativo, pasando de 93,68% en 2023 a 91,87% en
2024, es decir, una caída de 1,81 puntos porcentuales. Este resultado indica
que las personas en pobreza extrema están logrando avances en educación, aunque
el porcentaje sigue siendo muy elevado.
Por otro lado, el segmento que es pobre solo
por la línea de pobreza (LP) pero no por IPM muestra un ligero retroceso, con
un aumento en secundaria incompleta del 81,28% al 82,05%, equivalente a 0,78
puntos porcentuales. Esto podría señalar un impacto negativo en la educación
derivado de limitaciones económicas, incluso cuando otras carencias
multidimensionales no están presentes.
Finalmente, la ilustración refleja que, en
conjunto, el porcentaje total de jefaturas con secundaria incompleta disminuyó
de 61,59% a 60,60%, lo que representa una mejora general de casi un punto
porcentual. Esta tendencia, aunque modesta, es alentadora y puede estar
vinculada a políticas educativas o a cambios demográficos en la composición de
la población.
En conclusión, la ilustración 14 revela que, si
bien persisten altos niveles de rezago educativo, especialmente entre los
grupos más pobres, existen señales de mejora. Sin embargo, el fuerte vínculo
entre pobreza y baja escolaridad resalta la urgencia de diseñar e implementar políticas
integrales que combinen educación, inclusión social y mejora en las condiciones
de vida para romper el ciclo de la pobreza y promover el desarrollo sostenible.
El acceso a Internet es hoy un factor clave de
inclusión social, desarrollo económico y ejercicio de derechos. En este
contexto, la ilustración 15 ofrece una visión clara sobre el uso de esta
tecnología en el año 2024, desglosado por condición de pobreza. Los datos
revelan una tendencia general positiva, aunque con diferencias significativas entre
grupos sociales, lo que pone en evidencia la persistencia de una brecha digital
estructural.
Ilustración
14. Porcentaje de hogares con acceso a Internet según
condición de pobreza. Costa Rica 2024
Fuente: Elaboración
propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024,
extraídos del sistema REDATAM del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC).
A nivel general, la ilustración muestra que un
85,45% de la población total reporta una tendencia positiva hacia el uso de
Internet. Este valor sugiere que el país ha logrado una penetración digital
bastante alta, lo cual es un avance importante. Sin embargo, cuando se analizan
los distintos grupos según su situación de pobreza, comienzan a notarse claras
disparidades.
En el grupo de personas pobres por la línea de
pobreza (LP) pero no por el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el
porcentaje con acceso o uso positivo de Internet cae a 76,07%. Aunque no
presentan carencias graves en salud, educación u otros servicios básicos, su
bajo nivel de ingresos representa una barrera para mantenerse conectados,
especialmente por los costos de dispositivos y servicios de conectividad.
Por su parte, las personas pobres por IPM pero
no por LP presentan un porcentaje aún menor: 71,58%. Aquí la carencia se centra
en dimensiones clave como la educación, el saneamiento o la vivienda, lo que
afecta directamente la posibilidad de acceder a tecnología o usarla de manera
efectiva, incluso cuando los ingresos podrían ubicarse por encima de la línea
oficial de pobreza.
El grupo más afectado, según la ilustración 15,
es el de personas pobres tanto por LP como por IPM, donde solo el 67,48%
muestra una tendencia positiva hacia el uso de Internet. Esto confirma que la
exclusión digital es más profunda en los hogares con mayores carencias
acumuladas, limitando seriamente su capacidad para acceder a educación en
línea, empleo digital, servicios estatales o canales de información.
En contraste, el grupo de personas no pobres alcanza
un 89,18% de acceso o uso de Internet, el valor más alto entre todos los
segmentos. Esto reafirma que el acceso a la conectividad sigue siendo
fuertemente determinado por el nivel socioeconómico, y que las mejores
condiciones de vida están estrechamente asociadas con una mayor inclusión
digital.
En resumen, la ilustración 15 evidencia que,
aunque el acceso a Internet ha crecido en todos los grupos, las desigualdades
digitales persisten y se alinean con las desigualdades sociales. Estas brechas
limitan las oportunidades de los sectores más pobres y profundizan su
exclusión. Por tanto, se hace urgente el desarrollo de políticas públicas que
promuevan la equidad digital, garantizando infraestructura, asequibilidad,
capacitación y acceso universal como parte de una estrategia integral de
desarrollo y justicia social.
Los perfiles de hogares y personas pobres
generan información acerca del peso relativo sobre la economía familiar, de los
ingresos derivados del trabajo y de los subsidios económicos estatales, y
permiten inferir en el impacto
que tiene la política social sobre la pobreza. Ello es de utilidad para el diseño de intervenciones de política
social por cuanto permite enfrentar con mejor criterio el problema, tomando en
cuenta aquellas áreas geográficas y segmentos sociales que requieren con mayor
urgencia de apoyo para revertir su situación.
En Costa Rica, diversas mediciones y
estimaciones con base en las Encuestas de Hogares permiten construir estos perfiles que llevan a destacar
como rasgos sobresalientes de los
hogares pobres los siguientes:
·
Un número de miembros
superior al del promedio de hogares; tienen una mayor relación
de dependencia demográfica explicada por la presencia de niñas,
niños y personas adultas mayores);
·
Los miembros (y el jefe(a))
poseen menor educación; por debajo del tercer nivel de la educación general
básica;
·
Una alta proporción de los hogares
pobres extremos tiene
jefatura femenina y ello acontece principalmente en los hogares
extremadamente pobres urbanos;
·
Tienen menor número promedio
de ocupados;
·
Sufren una mayor tasa de desempleo
abierto;
·
Hay en ellos una mayor relación
de dependencia económica;
·
Es baja la incorporación de los pobres en el segmento formal del mercado
de trabajo; se incorporan principalmente al sector
informal urbano y al agropecuario (INEC).
3.3.
Árbol de problemas
En aras de un acercamiento más detallado y de
cara a priorizar los problemas por abordar en esta política y con ello la
definición del marco estratégico, se consideró importante acompañar el
diagnóstico con la herramienta metodológica del denominado árbol de problemas
para capturar mejor la esencia de esos problemas prioritarios, vinculándolos a
las consecuencias observadas de su interacción (efectos) y a partir de las
causas (problemas raíz), establecer las estrategias de acción.
Las causas profundas tienen que ver con las
debilidades del crecimiento económico, un tejido institucional con problemas
para sostener su efectiva articulación como política de Estado, el desacople de
la fuerza de trabajo con las fuentes de mayor dinamismo económico, la
concentración de oportunidades en el Valle Central como factor ralentizador de
los ritmos de progreso económico y social, lo que nos lleva a la construcción
del siguiente problema central.
Problema Central:
“Persistencia de la
pobreza y la desigualdad en Costa Rica debido a la limitada inclusión económica,
el desacople laboral, la concentración de oportunidades y la débil articulación
institucional.”
Causas (Raíces):
1. Dificultad de las poblaciones vulnerables para
vincularse al crecimiento económico.
•
Barreras de acceso a empleo formal.
•
Brechas en educación y formación técnica.
•
Falta de redes de apoyo para el emprendimiento y la
producción local.
2. Desacople entre la fuerza de trabajo y las fuentes de
mayor dinamismo económico.
•
Escasa alineación entre la oferta educativa y la
demanda del mercado laboral.
•
Desigualdad territorial en acceso a empleos de
calidad.
•
Falta de programas efectivos de reconversión laboral.
3. Concentración de oportunidades
•
Centralización de
servicios y empleo en zonas urbanas.
•
Débil inversión pública en territorios rezagados.
•
Limitado acceso al crédito, tecnología e
infraestructura para pequeñas unidades económicas.
4. Tejido institucional con problemas de articulación
•
Rectorías cambiantes entre periodos de gobierno
•
Falta de coordinación entre programas sociales.
•
Debilidad en la gobernanza territorial.
•
Fragmentación de esfuerzos entre niveles de gobierno.
Efectos (Ramas):
• Reproducción intergeneracional de la
pobreza.
• Desigualdad persistente entre regiones
y grupos sociales.
• Baja movilidad social.
• Debilitamiento de la cohesión social y
aumento de la exclusión.
• Subutilización del potencial
productivo de la población.
Ilustración 15. Representación diagramática del árbol de problemas
Fuente: Elaboración propia
de la Unidad de Planificación del IMAS con apoyo de IA.
En materia de principios rectores, se tendrá
como punto de partida de esta política, los principios establecidos en la Ley
4760 de 1971 (Ley de creación del IMAS) Artículo 6, que los define de la
siguiente manera:
ARTICULO 6º.- El IMAS realizará sus actividades
y programas con sujeción a los
siguientes principios fundamentales:
·
Promover, elaborar y ejecutar
programas dirigidos a obtener la habilitación o rehabilitación de grupos
humanos marginados del desarrollo y bienestar de la sociedad;
·
Exigir en todos sus programas
la capacitación y educación de las personas, el esfuerzo propio y el trabajo de
los mismos sectores beneficiados;
·
Ejecutar los programas a nombre
del desarrollo del individuo y del país y la dignidad del trabajo y la persona;
·
Promover la capacitación de
los jóvenes y la protección del niño y del anciano;
·
Promover la participación en
la lucha contra la pobreza, de los sectores públicos y privados en sus diversas
manifestaciones, de las instituciones públicas, de las organizaciones populares
y de otras organizaciones tales como cooperativas, asociaciones de desarrollo
comunal u otras de naturaleza similar; y
·
Procurar que los programas de
lucha contra la pobreza extrema sean sufragados especialmente con aportes y
contribuciones de bienes y servicios de los diferentes grupos sociales,
sectores y comunidades, empresas o personas más directamente interesadas en
cooperar en las actividades del IMAS.
En concordancia con lo anterior, se establecen
los siguientes principios orientadores para la presente política
Acción social articulada
Comprende la acción conjunta e integral de las
instituciones, a partir de sus servicios, en la que se contempla la multidimensionalidad
para la atención y valoración de los hogares en pobreza y vulnerabilidad, y,
asimismo, propiciando la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los
programas sociales selectivos, y la garantía de acceso de estos a servicios de
carácter universal.
Comprensión integral del fenómeno.
En virtud de la complejidad y carácter
multidimensional de la pobreza, su abordaje debe ser integral, pero al mismo
tiempo diferenciada, caracterizada por la Inter institucionalidad,
intersectorialidad e interdisciplinariedad, con el uso óptimo de los recursos.
Corresponsabilidades de las partes.
Este principio parte del supuesto de que la
pobreza es responsabilidad de todas las partes, y su atención requiere de
esfuerzos continuos, integrales y diferenciados. Presupone también la atención
de la pobreza y vulnerabilidad como una responsabilidad compartida entre la
política económica y la política social del Estado. De igual manera, este
principio marca como indispensable que el Sector Social articule acciones con otros
sectores públicos y con el sector privado, concretando este esfuerzo en los
hogares y territorios priorizados, y así, recuperando también el rol
protagónico que deben asumir los hogares en su propia procura del bienestar.
Ser humano como centro de atención
Concibe a toda persona en el hogar en el centro
de la atención para el reconocimiento de sus derechos. Visualiza a las personas
como agentes principales de su propio desarrollo y la participación como un
medio más que un objetivo. Las alianzas estratégicas que se establecen entre el
Estado y sus capacidades y otros agentes no estatales, representan los mejores
medios para garantizar los derechos de las personas.
Sostenibilidad de los procesos.
Se refiere al desarrollo de acciones
consistentes y sistemáticas dirigidas a los hogares en situación de pobreza y
vulnerabilidad, mediante procesos dinámicos y con permanencia en el tiempo,
sustentados por planes para la movilidad social ascendente.
Acción del Estado sustentada en el Valor
Público
Todo el accionar de las instituciones del
Estado y en particular las acciones consignadas en la presente política deben
estar orientados a dar respuesta a problemas y necesidades relevantes de la
población en el marco del desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y servicios
eficientes, de calidad e inclusivos.
Gestión pública basada en evidencia.
El Principio de Evidencia representa una
garantía de racionalidad, transparencia y efectividad en la gestión pública.
Implica un cambio cultural en las instituciones, donde las decisiones dejan de
ser intuitivas o políticas, para convertirse en procesos sustentados en
conocimiento validado, medible y orientado al bienestar colectivo.
Enfoque de derechos y responsabilidades en el
desarrollo:
Sitúa a las personas en el centro de la
planificación, reconociéndolas como sujetos de derechos y no simplemente como
receptores de servicios o ayudas del Estado. Este enfoque exige priorizar con
acciones a aquellas poblaciones históricamente excluidas o en situación de
mayor pobreza o vulnerabilidad (niñez, personas adultas mayores, personas con
discapacidad, pueblos indígenas, mujeres jefas de hogar, entre otros),
garantizando el principio de igualdad y no discriminación en las estrategias de
inversión social.
Junto con los derechos se encuentran también
las responsabilidades que tienen las personas para cumplir con aquellas
condiciones necesarias para su propio desarrollo, como por ejemplo el derecho a
recibir educación gratuita y de calidad pero la responsabilidad de asistir a
clases y asumir sus deberes de estudio.
Enfoque interseccional:
Permite comprender cómo múltiples dimensiones
de identidad (como género, edad, etnia, orientación sexual, discapacidad,
situación migratoria, entre otras) interactúan entre sí y configuran
experiencias diferenciadas de pobreza y exclusión. Este enfoque ayuda a
identificar grupos con vulnerabilidades múltiples y a diseñar respuestas más
precisas y sensibles a estas intersecciones, evitando el tratamiento homogéneo
de la población.
El enfoque de ciclo de vida
Con este enfoque se
reconoce que las necesidades, riesgos y oportunidades de las personas
cambian a lo largo de las distintas etapas de su existencia. Por ello, la
protección social debe adaptarse y acompañar a las personas según las
diferentes etapas, desde el nacimiento hasta la vejez, asegurando en atención
con sus necesidades, su bienestar en cada fase. En materia de infancia, este
enfoque de ciclo de vida se compromete a su vez con el principio convencional
del interés superior del niño y la niña consagrado por la Convención de los
Derechos de la Niñez.
Enfoque territorial
El enfoque territorial es base para la intervención desde
lo local, incidiendo en las características propias de cada territorio, como lo
son: la concentración de pobreza, situaciones de riesgo y vulnerabilidad
social, la presencia de oportunidades, las fuentes de ingresos, el contexto
social y económico, la cultura y las redes de soporte social e institucional,
para efectos de consolidar condiciones sociales y económicas acordes con las
necesidades de la población. Para ello es crucial posicionar y caracterizar los
territorios (distritos, comunidades, barrios) con mayores incidencias y
concentraciones de población objetivo.
Enfoque de precisión en la política social.
Con este enfoque se busca a través del uso de
herramientas y sistemas de información, facilitar y agilizar los procesos de
búsqueda y priorización de la población meta de los programas sociales
selectivos, así como actuar de manera reactiva a la pronta satisfacción de las
demandas sociales de la población, tanto en el ámbito de la protección social
como de la promoción social. Para ello se cuenta con el Sistema Nacional de
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) como instrumento clave de la política social de
precisión.
Enfoque Prospectivo
El enfoque prospectivo es fundamental para el
desarrollo de una estrategia de inversión social que esté preparada para el
futuro. Permite visualizar escenarios futuros y anticipar tendencias,
reduciendo la incertidumbre y facilitando la toma de decisiones. A través de
este enfoque, se busca identificar las variables y tendencias clave que podrían
afectar el bienestar social, económico y ambiental de cada región.
·
Identificación de Tendencias Emergentes: A
partir de datos históricos y actuales, se identifican tendencias sociales,
económicas y demográficas que puedan tener un impacto en la región. Esto
permite visualizar cómo cambiarán las necesidades de la población a mediano y largo
plazo.
·
Escenarios Futuros: A través de la construcción
de escenarios futuros, se pueden planificar diferentes alternativas
estratégicas según los posibles resultados que surjan de las tendencias
identificadas
·
Gestion del Riesgo y Oportunidades: El análisis
prospectivo también ayuda a identificar los riesgos y oportunidades futuras
para las intervenciones sociales, lo que permite ajustar las estrategias para
ser más resilientes y adaptativas a los cambios.
Enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo
(GpRD)
El Modelo de Gestión para Resultados en el
Desarrollo (GpRD) es crucial para asegurar que las estrategias de inversión
social tengan un impacto tangible y medible. Este modelo se adapta a las
necesidades de cada territorio, permitiendo una gestión eficiente de los
recursos y un seguimiento continuo de los resultados.
·
Vinculación de Insumos, Actividades y
Resultados: Se debe asegurar que los insumos (recursos) y las actividades
(intervenciones), aseguren la generación de resultados que tengan efectos
directos sobre las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, lo que
finalmente deberá conducir a un impacto sostenible.
·
Monitoreo y Evaluación de Resultados: Las
estrategias deben contar con sistemas de evaluación que midan el impacto real de
las intervenciones. Los indicadores clave deben ser monitoreados a lo largo del
tiempo para asegurar que los resultados sean alineados con los resultados,
metas e indicadores propuestos.
De acuerdo con el análisis del complejo
problemático de la pobreza presentado en el árbol de problemas, estos han sido
agrupados para fines analíticos en las siguientes categorías:
1. Institucionalidad
y coordinación.
2. Dinámica
sociolaboral e ingresos de las poblaciones en pobreza.
3. Educación
y empleabilidad de las personas en pobreza.
4. Protección
social.
5.
Territorialidad y entorno
comunitario.
Por su parte, entre las principales causas
analizadas de la pobreza se encuentran:
·
Dificultad de poblaciones para
vincularse al crecimiento económico.
·
Tejido institucional con
problemas para sostener su efectiva articulación como política de Estado.
·
Desacople de la fuerza de
trabajo con las fuentes de mayor dinamismo económico.
·
Concentración de oportunidades
en el Valle Central
Lo anterior ha conllevado a que se establezca
como problema central el siguiente:
“Persistencia de la pobreza y la desigualdad en
Costa Rica debido a la limitada inclusión económica, el desacople laboral, la
concentración de oportunidades y la débil articulación institucional”
Desde el punto de vista de las intervenciones
estratégicas, para dar atención a las cinco categorías en las cuales se han
dividido los problemas analizados y en atención a las causas identificadas, se
han definido los siguientes cuatro ejes estratégicos:
1.
Eje 1: Articulación
Interinstitucional.
2.
Eje 3: Impulso a la movilidad
social.
3.
Eje 2: Protección Social de
poblaciones con factores agravantes
4.
Eje 4: Transformación
socioeconómica territorial.
Objetivo General
Garantizar la protección social de poblaciones con factores
agravantes y la movilidad social de las poblaciones que cuentan con condiciones para la
superación de la pobreza, mediante la atención integral
y la articulación interinstitucional, con un enfoque centrado en el
fortalecimiento de la educación, la generación de empleo, la capacitación y el
fomento a la producción.
|
Ejes
|
Objetivo Estratégico
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|
Eje 1: Articulación y coordinación
Interinstitucional.
|
Desarrollar
un sistema integrado de gestión pública interinstitucional en materia social,
mediante mecanismos de coordinación interseccionales e intersectoriales a
nivel nacional, regional y local, que posibiliten la implementación de
estrategias articuladas, preferentes e integrales para la atención de las
poblaciones en pobreza y vulnerabilidad del país.
|
|
Eje 2: Impulso a la movilidad social.
|
Impulsar y fortalecer procesos de movilidad social de poblaciones que
cuentan con condiciones para la superación de la pobreza o vulnerabilidad,
mediante un sistema integral de protección social que asegure el acceso
sostenido a derechos, promueva la resiliencia frente a riesgos y crisis, y
articule acciones para la inclusión económica a través del empleo y el
desarrollo productivo, garantizando así la estabilidad y el bienestar de
estos hogares en el largo plazo.
|
|
Eje 3: Protección Social
de poblaciones con factores agravantes
|
Garantizar el acceso equitativo,
oportuno y de calidad a la protección social de las poblaciones con factores
agravantes que acentúan la condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante un
sistema articulado, integral y sostenible que promueva el bienestar, la
reducción de la pobreza y las desigualdades
|
|
Eje 4: Transformación
socioeconómica territorial.
|
Impulsar una inversión
social territorial prospectiva, integral, equitativa y sostenible que
contribuya a reducir la pobreza y la exclusión social, mediante el cierre de
brechas en el acceso a servicios básicos, el fortalecimiento de las
capacidades locales y la dinamización de las economías territoriales,
priorizando las zonas con mayores condiciones de rezago y vulnerabilidad.
|
Justificación:
En los talleres de análisis de pobreza
realizados, la mayoría de las instituciones aseguran que una de las importantes
causas de esta situación lo constituye la desarticulación de las instituciones
en general y del sector social en lo particular y de sus ofertas programáticas.
En este contexto el Estado de la Nación en su informe del 2006 advertía lo
siguiente “La coordinación entre instituciones es básicamente nula y genera
las dificultades para el ejercicio de rectoría, en la efectividad de las
transferencias y servicios, además de que genera duplicación de programas con
poblaciones metas similares”, hecho que es señalado nuevamente en el
Informe del año 2023 en el cual se indica: “Desde la perspectiva del
desarrollo humano, la pobreza, la exclusión social y la desigualdad [...] son
situaciones que privan a las personas de las posibilidades de ‘‘ser y actuar’’,
es decir, afectan el aprovechamiento de las oportunidades y capacidades,
dificultan el crecimiento económico y debilitan la democracia.” (Estado de
la Nación 2022 ,Pag p. 77),
Por su parte la Contraloría General de la
República en el estudio que realiza a la Estrategia Puente al Desarrollo en el
2021 cita lo siguiente: “…Lo anterior, ha implicado que las instituciones
sigan brindando sus servicios de manera individualizada, por lo que la
Estrategia, presenta dificultades para llevar a cabo la propuesta de
articulación y atender desde una perspectiva integral la problemática de la
pobreza”. Finalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) al respecto indica: “…Una mejor focalización y la reducción
de la fragmentación facilitarían el refuerzo de la protección social en áreas
claves, lo que reduciría la desigualdad”.
De acuerdo con lo anterior se hace evidente la
necesidad de incluir en la presente política un eje de articulación
interinstitucional, como un instrumento político estratégico que permite
articular las acciones que se emanan desde la Presidencia de la República y la
rectoría del sector, aplicables no solo para el conjunto de instituciones que
integran el sector social, sino también como parte de las intermediaciones,
intervenciones o servicios que se logran trazar con otras instancias
sectoriales que contribuyen al desarrollo socioeconómico de las poblaciones en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
Objetivo Estratégico
Desarrollar un sistema integrado de
gestión pública interinstitucional en materia social, mediante mecanismos de
coordinación interseccionales e intersectoriales a nivel nacional, regional y
local, que posibiliten la implementación de estrategias articuladas,
preferentes e integrales para la atención de las poblaciones en pobreza y
vulnerabilidad del país.
Objetivos Específicos
1.1.
Fortalecer la estructura de gobernanza y
participación interinstitucional, así como el sistema normativo e instrumental
necesario, para una efectiva articulación de procesos y servicios sociales
orientados a la generación de valor público.
1.2.
Garantizar la oportuna toma de decisiones de las
intervenciones en el sector social, mediante la interoperabilidad y la gestión
social de las poblaciones a atender a través del uso del SINIRUBE.
Acciones estratégicas según objetivos del eje.
6.4.
Eje 2: Impulso a la movilidad social.
Justificación:
La promoción social constituye un pilar
esencial de las políticas públicas orientadas al desarrollo humano sostenible y
equitativo. En el caso de poblaciones con condiciones de movilidad social, es
decir, aquellos grupos que logran superar la pobreza o mejorar sus condiciones
socioeconómicas mediante su integración en los procesos productivos y de
desarrollo, la promoción social cumple una función estratégica que trasciende
la simple asistencia: se convierte en un mecanismo de consolidación de logros,
prevención de retrocesos y garantía de inclusión sostenible.
Estas poblaciones, que han logrado ciertos
avances gracias a oportunidades educativas, acceso a empleo digno, crédito, o
programas de desarrollo productivo, enfrentan vulnerabilidades latentes que
pueden poner en riesgo su proceso de movilidad. Factores como la informalidad
laboral, la inseguridad económica, la carencia de redes de apoyo y la
exposición a choques externos (crisis económicas, emergencias sanitarias,
desastres naturales) hacen imprescindible un eje de protección social que,
asegure la sostenibilidad de los logros alcanzados, evitando que los hogares
vuelvan a caer en situaciones de pobreza o exclusión.
Un eje de promoción social para estas
poblaciones también se justifica porque contribuye a romper los ciclos
intergeneracionales de pobreza, al ofrecer un entorno estable y seguro que
permita a las nuevas generaciones consolidar y ampliar las oportunidades de sus
familias. Además, responde al principio de equidad y cohesión social, al
reconocer que el desarrollo de un país no solo depende de la superación de la
pobreza extrema, sino también de la capacidad de mantener y expandir las
condiciones de bienestar en todos los estratos sociales.
Objetivo Estratégico:
Impulsar y fortalecer procesos de movilidad
social de poblaciones que cuentan con condiciones para la superación de la
pobreza o vulnerabilidad, mediante un sistema integral de protección social que
asegure el acceso sostenido a derechos, promueva la resiliencia frente a
riesgos y crisis, y articule acciones para la inclusión económica a través del
empleo y el desarrollo productivo, garantizando así la estabilidad y el
bienestar de estos hogares en el largo plazo.
Objetivos Específicos
2.1. Desarrollar
estrategias para el acceso y permanencia de niños, niñas, personas adolescentes
y jóvenes en situación de pobreza en sistemas de cuido y educación, mediante
transferencias monetarias condicionadas y mecanismos de coordinación
institucional.
2.2. Desarrollar
estrategias de promoción para el trabajo, de poblaciones en situación de
pobreza con potencial de crecimiento, para mejorar la empleabilidad y los
ingresos.
2.3. Desarrollar
estrategias para fomentar el emprendimiento y la producción local en pequeños
productores y unidades económicas familiares.
Acciones estratégicas según objetivos del eje.
|
Objetivos
|
Acciones Estratégicas
|
|
2.1. Desarrollar
estrategias para el acceso y permanencia de niños, niñas, personas adolescentes
y jóvenes en situación de pobreza en sistemas de cuido y educación, mediante
transferencias monetarias condicionadas y mecanismos de coordinación
institucional.
|
Focalización y priorización de poblaciones
a apoyar para su incorporación y permanencia en sistemas de cuido y
desarrollo infantil.
|
|
Promover la permanencia, reincorporación y
reducción de la exclusión educativa de personas en situación de pobreza y
vulnerabilidad que garanticen su continuidad y culminación del ciclo
educativo.
|
|
Mejorada la coordinación interinstitucional
para asegurar condiciones materiales y de bienestar que favorezcan la
continuidad educativa.
|
|
2.2. Desarrollar estrategias de promoción para el trabajo, de
poblaciones en situación de pobreza con potencial de crecimiento, para
mejorar la empleabilidad y los ingresos.
|
Implementar programas de formación y
capacitación para el empleo de población en pobreza en áreas con alta demanda
laboral.
|
|
Facilitar el acceso a financiamiento (fondos
no reembolsables, reembolsables y avales) y acompañamiento técnico a
población capacitada y que desarrolla oficios.
|
|
Vinculación con el mercado laboral de
personas capacitadas y formadas en oficios.
|
|
2.3. Desarrollar
estrategias para fomentar el emprendimiento y la producción local en pequeños
productores y unidades económicas familiares.
|
Fortalecer las capacidades empresariales y
de gestión de pequeños productores y unidades económicas familiares en
pobreza mediante procesos de formación técnica, empresarial y financiera.
|
|
Impulsar el acceso a financiamiento,
microcréditos y recursos productivos para emprendimientos locales con
potencial de crecimiento
|
|
Promover la asociatividad, las redes de
cooperación y los encadenamientos productivos territoriales para mejorar la
competitividad y sostenibilidad de las unidades productivas.
|
|
Facilitar el acceso a mercados locales,
nacionales y digitales mediante estrategias de comercialización, ferias,
certificaciones y fortalecimiento de canales de venta.
|
Justificación:
Costa Rica, pese a sus logros históricos en
desarrollo humano, enfrenta desafíos persistentes en la reducción de la pobreza
y la exclusión social. Estos desafíos son particularmente críticos en grupos
poblacionales que, debido a condiciones estructurales, territoriales o de ciclo
de vida, sufren factores agravantes que profundizan su pobreza y
vulnerabilidad. Entre estos grupos destacan las personas con discapacidad, los
hogares con personas dependientes, las personas adultas mayores en abandono,
los pueblos indígenas, la niñez en riesgo social, las mujeres jefas de hogar en
pobreza, las personas migrantes en condición irregular y quienes residen en
territorios excluidos o con bajo desarrollo relativo.
El Eje de Protección Social se justifica como
una herramienta estratégica para promover el bienestar integral de la
población, reducir las brechas de desigualdad y garantizar el ejercicio pleno
de los derechos humanos, en particular de aquellas personas y hogares con
factores agravantes que agudizan su situación de pobreza, vulnerabilidad o
exclusión. Este eje debe asegurar el acceso equitativo y oportuno a servicios,
programas y prestaciones, priorizando en la atención de las necesidades
específicas de la niñez, las personas adultas mayores, las personas con
discapacidad y en dependencia, pueblos indígenas y otras poblaciones en
situación de desventaja estructural.
Asimismo, el fortalecimiento de un Eje de
Protección Social permitirá avanzar hacia una mayor articulación
interinstitucional e intersectorial, optimizando los recursos públicos y
evitando la fragmentación de las intervenciones. Esto es fundamental para
garantizar la eficacia y sostenibilidad de los programas sociales, así como
para mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de las acciones, a través de
sistemas de información integrados y esquemas de corresponsabilidad social y
territorial.
Finalmente, el Eje de Protección Social es
coherente con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por Costa
Rica, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 y
los principios de los derechos económicos, sociales y culturales, reafirmando
el papel del Estado como garante de los derechos fundamentales y promotor de un
desarrollo inclusivo y sostenible.
Objetivo Estratégico
Garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a
la protección social de las poblaciones con factores agravantes que acentúan la
condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante un sistema articulado, integral
y sostenible que promueva el bienestar, la reducción de la pobreza y las
desigualdades.
Objetivos Específicos
3.1.
Articular programas de protección social del
Estado con enfoque de ciclo de vida que garanticen el acceso a servicios
básicos como salud, vivienda y alimentación a poblaciones en pobreza y con
factores agravantes mediante un enfoque territorial e interinstitucional.
3.2.
Promover procesos de corresponsabilidad social
del hogar en la atención poblaciones con factores agravantes.
3.3.
Promover la permanencia de servicios en
poblaciones con factores agravantes y que son atendidas con programas
selectivos de corto plazo.
Acciones estratégicas según objetivos del eje.
|
Objetivos
|
Acciones Estratégicas
|
|
3.1. Articular programas de
protección social del Estado con enfoque de ciclo de vida que garanticen el
acceso a servicios básicos como salud, vivienda y alimentación a poblaciones
en pobreza y con factores agravantes mediante un enfoque territorial e
interinstitucional.
|
Focalización y
priorización de poblaciones y territorios excluidos.
|
|
Rutas
interinstitucionales de protección social de los hogares con personas con
factores agravantes según ciclos de vida.
|
|
3.2. Promover
procesos de corresponsabilidad social del hogar en la atención de poblaciones
con factores agravantes.
|
Desarrollar procesos de
sensibilización y formación comunitaria sobre corresponsabilidad social,
cuidados y derechos de poblaciones con factores agravantes.
|
|
Fortalecer las
capacidades y conocimientos de los hogares sobre responsabilidades y derechos
para las tareas de los cuidados de poblaciones con factores agravantes.
|
|
Promover la articulación
de gobiernos locales apoyando la gestión comunitaria para la atención de
poblaciones en el marco del sistema nacional de los cuidados.
|
|
3.3.
Promover la permanencia de servicios en poblaciones con
factores agravantes y que son atendidas con programas selectivos de corto
plazo.
|
Diseñar e implementar
rutas de transición de programas selectivos de corto plazo hacia servicios de
mayor continuidad e integrales.
|
|
Análisis presupuestario
sectorial para la definición de capacidades de atención y priorización de
poblaciones.
|
Justificación:
La superación de la pobreza y la exclusión
social en un país con marcadas desigualdades territoriales como Costa Rica
requiere de un enfoque que reconozca y responda a las particularidades de los
distintos territorios. La pobreza no se manifiesta de manera homogénea; por el
contrario, las condiciones de vulnerabilidad, exclusión y rezago social se
concentran en zonas rurales, costeras, fronterizas y en algunos barrios urbanos
en situación de alta marginalidad, donde persisten brechas históricas de acceso
a servicios, infraestructura, oportunidades productivas y empleo digno.
La inclusión de un Eje de Inversión Social
Territorial en la Política Nacional es fundamental porque permite:
·
Promover la equidad
territorial, reconociendo que no todos los territorios parten de las mismas
condiciones para el desarrollo, y que es indispensable direccionar recursos y
esfuerzos diferenciados según las realidades locales.
·
Orientar la acción del Estado
hacia una inversión pública más efectiva y eficiente, articulada con los
actores locales y centrada en las prioridades y potencialidades de cada región.
Esto implica fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y de las
organizaciones comunitarias para ser actores activos en la gestión de los
recursos y de los proyectos de desarrollo.
·
Impulsar el desarrollo
inclusivo y sostenible mediante proyectos de infraestructura social básica,
acceso a servicios esenciales, conectividad, vivienda, agua, saneamiento y
fomento productivo, que permitan dinamizar las economías locales y generar
empleo.
·
Reducir las brechas
estructurales que alimentan los círculos de pobreza y exclusión, mediante un
abordaje integrado que combine la inversión en capital físico, humano, social y
natural, de manera coordinada entre las instituciones del sector público, el
sector privado y la sociedad civil.
·
Consolidar un enfoque de
desarrollo territorial, que supere las intervenciones fragmentadas y dispersas,
y que propicie sinergias entre los programas de protección social, los planes
de desarrollo económico local y las estrategias de ordenamiento territorial.
En definitiva, un Eje de Inversión Social
Territorial permite materializar el principio de justicia social en el espacio
geodemográfico, combatiendo las desigualdades regionales y contribuyendo a la
cohesión social y al fortalecimiento del tejido social en los territorios más
rezagados. Este enfoque es coherente con los compromisos internacionales del
país, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con la
visión de un Estado social de derecho que garantice oportunidades para todas
las personas, independientemente de su lugar de residencia.
Objetivo Estratégico
Impulsar una inversión social territorial prospectiva,
integral, equitativa y sostenible que contribuya a reducir la pobreza y la
exclusión social, mediante el cierre de brechas en el acceso a servicios
básicos, el fortalecimiento de las capacidades locales y la dinamización de las
economías territoriales, priorizando las zonas con mayores condiciones de
rezago y vulnerabilidad.
Objetivos Específicos
4.1.
Fortalecer espacios de
coordinación de los actores territoriales para la gestión participativa,
inclusiva y corresponsable del desarrollo local y la inversión social.
4.2.
Desarrollar procesos de planificación prospectiva
regional que permitan orientar la inversión social atendiendo las
particularidades territoriales
4.3.
Impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible
mediante proyectos que permitan dinamizar las economías territoriales y la
generación de empleo.
Acciones estratégicas según objetivos del eje.
|
Objetivos
|
Acciones Estratégicas
|
|
4.1. Fortalecer espacios de coordinación de
los actores territoriales para la gestión participativa, inclusiva y
corresponsable del desarrollo local y la inversión social.
|
Consolidar a la luz de la
Ley de Desarrollo Regional, espacios territoriales de coordinación
interinstitucional y comunitaria para la planificación del desarrollo social
regional y local.
|
|
Fomentar la participación
y corresponsabilidad de los Gobiernos Locales y organizaciones territoriales
en la gestión de inversión social y desarrollo territorial.
|
|
4.2. Desarrollar procesos de planificación
prospectiva regional que permitan orientar la inversión social atendiendo las
particularidades territoriales
|
Elaborar y actualizar
planes de inversión social territorial por ARDS y ULDS con horizonte 2030,
alineados con el modelo de intervención del IMAS y la planificación nacional.
|
|
Implementar sistemas de
información territorial para análisis de brechas, priorización de inversión
social y seguimiento de resultados (tableros, mapas, reportes).
|
|
Diseñar y aplicar
metodologías de priorización territorial de proyectos (matrices de brechas,
índices, criterios de rezago y potencial productivo).
|
|
4.3. Impulsar el desarrollo
inclusivo y sostenible mediante proyectos que permitan dinamizar las
economías territoriales y la generación de empleo.
|
Implementar proyectos de
dinamización económica territorial en corredores priorizados (encadenamientos
productivos, turismo rural, economía verde y azul, entre otros).
|
|
Impulsar proyectos de
infraestructura y servicios de apoyo al desarrollo productivo territorial
(vial, puentes, centros de acopio, mercados locales, conectividad,
logística).
|
La gobernanza de la Política Nacional para la
Superación de la Pobreza contempla la articulación de múltiples actores del
Estado costarricense en torno a una estrategia común orientada por principios
de transparencia, rendición de cuentas, coordinación intersectorial y
territorialidad. Este enfoque responde al carácter estructural,
multidimensional e intergeneracional de la pobreza, y se alinea con los
compromisos adquiridos por el país en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en especial el ODS 1: Fin de la pobreza, ante el cual se
consolidan las intervenciones gubernamentales.
En este marco, es fundamental reconocer el rol
de MIDEPLAN como órgano rector del Sistema Nacional de Planificación. MIDEPLAN
no solo define lineamientos estratégicos para el desarrollo nacional, sino que
además vela por la coherencia entre los planes, programas y políticas públicas
en todos los niveles territoriales, procurando articular la inversión social y
el seguimiento de resultados bajo la lógica del Sistema Nacional de
Planificación, el Sistema Nacional de Evaluación (SINE), el PNDIP (Plan
Nacional de Desarrollo e Inversión Pública) y el Plan Estratégico Nacional
(PEN).
Bajo la visión de Costa Rica Impulsa, la
gobernanza se orienta bajo los siguientes principios:
·
Subsidiariedad y coordinación
interinstitucional: la rectoría del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión
Social (SBTIS) articula con las demás instituciones para asegurar sinergias,
impulsar la movilidad social y evitar duplicidades.
·
Descentralización
Regional/Territorial: El nivel regional/territorial tendrá como estructura de
planificación y gobernanza las Agencias Regionales de Desarrollo (AREDES) y los
Comités Intersectoriales Regionales Sociales (CIRS) establecidos por el
Reglamento a la Ley N° 10096 de Desarrollo Regional, bajo la coordinación del
IMAS, como las estructuras de seguimiento a las intervenciones locales, así
como trabajar el tema de presupuestos por resultados y recalcar la importancia
de desarrollar marcos de compromisos (vía convenios, arreglos institucionales o
algún otro mecanismo) con las instituciones ejecutoras que aseguren la
implementación y financiación de las acciones previstas.
·
Participación social: se promueve
la inclusión de actores sociales y territoriales en espacios de consulta,
realimentación y seguimiento.
La gobernanza de la política se estructura en
tres niveles interrelacionados:
|
Nivel
|
Instancia principal
|
Función
|
|
Estratégico
|
Consejo Sectorial del
SBTIS
|
Define lineamientos
estratégicos, aprueba plan de acción y da seguimiento político a los avances.
|
|
Técnico
|
Comité Técnico de
Articulación de la Política, a cargo de la Secretaría Sectorial y la Dirección
de Desarrollo Social del IMAS.
|
Instancia
interinstitucional liderada por el MIDHIS en la Secretaría Sectorial, que
articula intervenciones, supervisa acciones y dirige realimentación a los
AREDES y CIRS.
|
|
Territorial
|
Agencias Regionales de
Desarrollo (AREDES) y los Comités Intersectoriales Regionales Sociales (CIRS)
|
Ejecutan la estrategia
territorializada, dan seguimiento a las intervenciones locales y elevan
insumos al nivel técnico.
|
Se promoverá que estas instancias integren
tanto representantes institucionales como organizaciones sociales con
conocimiento de la realidad territorial.
Cada institución del sector social y de otros
sectores que ejecutan programas sociales participantes tendrán una función
determinada en la implementación de la política, asignada mediante convenios
interinstitucionales e instrumentos de planificación (planes de acción,
operativos, presupuestos, etc.).
El IMAS tendrá un rol de liderazgo técnico y
operativo, en tanto órgano ejecutor y articulador central de la Política “Costa
Rica Impulsa”.
·
Uso de herramientas comunes:
se promueve la interoperabilidad institucional a través de SINIRUBE y sus
plataformas de registro único de beneficiarios, para la búsqueda activa de
población objetivo.
·
Acciones regionales
articuladas: cada región desarrollará un conjunto de acciones clave para la
superación de la pobreza, alineado al Plan Nacional.
·
Sesiones del consejo
sectorial, sesiones con representantes técnicos y reuniones de CIRS: se
realizarán mesas periódicas de análisis y planificación interinstitucional con
representación técnica, política y social.
La gobernanza estará orientada a la creación de
valor público, mediante un modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo
(GpRD), que articule planificación, presupuesto, gestión y evaluación en torno
a objetivos estratégicos de reducción de pobreza (CEPAL, 2011; OCDE, 2020).
El seguimiento y evaluación (S&E) de la
política es fundamental para garantizar la mejora continua, la rendición de cuentas
y la toma de decisiones basada en evidencia. Para ello se establece un sistema
integrado que articula el seguimiento de resultados a corto y mediano plazo,
así como de impactos a largo plazo, vinculado al ciclo de política pública y a
los compromisos con los ODS.
El objetivo es establecer los mecanismos de
seguimiento y evaluación, de manera que se dé trazabilidad a las estrategias
propuestas desde el sector social para la atención de la población objetivo,
con un horizonte temporal 2025-2035.
La Secretaría Sectorial de Bienestar, Trabajo e
Inclusión Social es la instancia encargada de elaborar los instrumentos,
requerir los ejercicios de seguimiento, con la periodicidad y bajo los
lineamientos técnicos y metodológicos pertinentes, ya sea para para el
seguimiento como para la evaluación. Asimismo, solicitará los reportes anuales
de las medidas correctivas, en caso de metas con rezago.
Las instituciones del sector y de otros
sectores que ejecutan programas sociales dirigidos a la población objetivo de
esta política, incluirán en sus planes estratégicos y planes anuales operativos
los proyectos y actividades concretas necesarias para el cumplimiento de las
metas comprometidas.
El Plan de Acción de la Política Costa Rica
Impulsa, que tendrá como base la cadena de resultados desarrollada para
cada objetivo, destacará las instituciones responsables, metas, indicadores,
líneas base, los recursos, temporalidad y medios de verificación.
Enfoque metodológico
La política adopta el enfoque de la Gestión
para Resultados en el Desarrollo, conforme lo propuesto por la CEPAL y el BID,
donde el seguimiento y evaluación son componentes esenciales del ciclo de
gestión (BID, 2015)
El sistema de seguimiento operará como sigue:
·
Reportes semestrales de
seguimiento desde el SINIRUBE.
·
Reportes semestrales de
seguimiento desde las instituciones ejecutoras
·
Un informe de seguimiento
semestral elaborado por la Secretaría Sectorial, con el balance de cumplimiento
de metas durante el periodo.
·
Informe anual sistematizado
por la Secretaría Sectorial, para Comité Técnico, los CIRS y el Consejo
Sectorial, este último como órgano encargado de señalar las medidas
correctivas, según corresponda.
Se contemplan tres ejercicios evaluativos:
·
El
primero con una Chequeo de Calidad de la
Planificación: verificación de la planificación, información,
gobernanza y recursos de la política, para asegurar que ella cuenta con
estándares de calidad. Se revisará el modelo lógico de la política, su
consistencia interna y pertinencia respecto al contexto, en un plazo de 6 meses
posteriores a su oficialización. Será ejecutado por la Secretaría Sectorial,
con insumos y portes de los diferentes actores de Costa Rica Impulsa.
·
Evaluación
de proceso: El cual se realizará a mitad de periodo de
ejecución de la Política, esto sería en el 2030, con el objetivo de corregir,
ajustar y fortalecer su ejecución. Asimismo, para realizar un análisis más
exhaustivo de verificación del grado de avance y la identificación de cuellos
de botella.
·
Evaluación final:
Al término de la política. Nuevamente refiere a la comparación entre resultados
observados y esperados, recurriendo a evaluación externa. La consecución de los
recursos financieros para esta evaluación estará a cargo de la Rectoría
Sectorial.
Las evaluaciones, a cargo de la Rectoría y
Secretaría Sectorial, se articularán con el Sistema Nacional de Evaluación del
MIDEPLAN y serán coordinadas por el MIDHIS.
Un aspecto central del sistema de S&E será
la participación ciudadana. Se promoverá la participación social a través de
mecanismos de consulta, validación comunitaria de resultados, y acceso público
a los informes de seguimiento y evaluación, mediante los CIR social. De esta
forma, se garantizará no solo la transparencia en la gestión pública, sino
también el empoderamiento de la ciudadanía en la transformación de su propia
realidad. La ciudadanía también podrá participar en la definición y mejora de
indicadores sensibles al territorio y a las condiciones propias de las
comunidades.
