Artículo 2º.- Los Bancos del Estado enumerados en el artículo

anterior serán Instituciones Autónomas de derecho público, con personería

jurídica propia y la autonomía administrativa y funcional establecida por

la Constitución Política. Dicha autonomía confiere a cada Banco completa

independencia en materia de gobierno y administración; las decisiones

sobre las funciones puestas bajo su competencia sólo podrán emanar de su

respectiva Junta Directiva; y ninguna podrá serle impuesta por el Poder

Ejecutivo ni desconocida por éste; su funcionamiento se ceñirá

exclusivamente al mandato de la Constitución, de las leyes y al de sus

reglamentos internos. De acuerdo con lo anterior, cada Banco tendrá

responsabilidad propia en la ejecución de sus funciones, lo cual impone a

los miembros de la Junta Directiva, la obligación de actuar conforme a su

criterio en la dirección y administración del Banco, dentro de las

disposiciones de la Constitución, de la leyes y reglamentos pertinentes y

de los principios de la técnica, así como la obligación de responder por

su gestión, en forma total e ineludible, de acuerdo con los artículos 27

y 28 de esta ley.

Artículo 3º.- Compete a los Bancos las siguientes funciones

esenciales:

1) Colaborar en la ejecución de la política monetaria, crediticia y

bancaria de la República;

2) Procurar la liquidez, solvencia y buen funcionamiento del Sistema

Bancario Nacional; y

3) Cuando se tratare de Bancos del Estado, custodiar y administrar los

depósitos bancarios de la colectividad.

Artículo 4º.- Los Bancos del Estado contarán con la garantía y la

más completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e

instituciones.

Artículo 5º.- Los Bancos tendrán su domicilio legal en la ciudad

donde opere su oficina principal. Podrán establecer Sucursales y

designar corresponsales en cualquier lugar del territorio de la

República. También podrán actuar, en operaciones propias de Bancos

comerciales, como agentes o corresponsales de Bancos extranjeros de

primer orden y designar a éstos como agentes o corresponsales en el

exterior.

Artículo 6º.- La duración legal de los Bancos del Estado será de

noventa y nueve años, contados desde la fecha en que esta ley entre en

vigencia.

Artículo 7º.- Solamente los Bancos establecidos conforme a lo

dispuesto en esta ley podrán usar en su razón social, en su nombre

comercial o en la descripción de sus negocios, las palabras "Bancos", o

"Establecimiento Bancario" o derivados de estos términos que califiquen

sus actividades como de carácter bancario. Toda persona natural o

jurídica que contraviniere esta disposición será requerida por el Auditor

General de Bancos, en carta certificada, para que suspenda inmediatamente

sus actividades ilegales, y pagará una multa de cien colones por cada día

que continúe infringiendo la ley, después de tres días de la fecha en que

haya sido notificada por el Auditor. Igual pena e iguales requisitos se

aplicarán a cualquier personal natural o jurídica que ejecute o anuncie

la ejecución de operaciones que, en virtud de las leyes respectivas,

estén reservadas de modo exclusivo a la instituciones bancarias

establecidas de conformidad con dichas leyes, sin perjuicio de las demás

sanciones legales que les corresponda.

CAPITULO II

Capital, Reservas y Utilidades

Artículo 8º.- Los Bancos del Estado tendrán los siguientes

Capitales, aportados íntegramente por éste:

1) El Banco Nacional de Costa Rica, en su Departamento Comercial,

treinta millones de colones (¢ 30,000.000.00); en su Departamento

Hipotecario, treinta millones de colones (¢ 30,000.000.00); y en su

Departamento de Fomento de Cooperativas, cinco millones de colones (¢

5,000.000.00).

2) El Banco de Costa Rica, treinta millones de colones (¢ 30,000.000.00).

3) El Banco Anglo Costarricense, doce millones de colones (¢

12,000.000.00); y

4) El Banco Crédito Agrícola de Cartago, seis millones de colones (¢

6,000.000.00).

Cuando cualesquiera de los Bancos mencionados en los incisos 2), 3)

y 4) anteriores establecieren más de un departamento, deberán separar sus

capitales indicando el que corresponda a cada uno, previa aprobación del

Banco Central. De la misma manera deberán proceder los Bancos privados.

Tratándose de sucursales no cabrá hacer dicha separación.

Artículo 9º.- Con la parte de las utilidades netas que esta ley

destina al efecto, cada Banco formará su Reserva Legal.

Artículo 10.- Las utilidades netas de cada Banco se determinarán

después de apartar las sumas que hubiere autorizado el Auditor General de

Bancos para la formación de reservas para amortizaciones de edificios y

mobiliario, depreciaciones o castigos de colocaciones e inversiones,

provisiones para prestaciones legales y fluctuaciones de cambio, y

cualesquiera otros fines similares. Dichas reservas serán debidamente

individualizadas en los libros y balances del Banco, y podrán ser

aumentadas con las sumas adicionales que dispusiere su Junta Directiva,

las cuales se tomarán, en ese caso, de las utilidades netas del período.

Artículo 11.- El ejercicio financiero de los Bancos será el año

natural, pero al cierre del último día hábil de cada semestre se hará una

liquidación completa de sus ganancias y pérdidas, que deberá de ponerse

en conocimiento del Auditor General de Bancos. Las pérdidas netas que

durante un período semestral pudiera tener cualquier Banco del Sistema,

deberán cargarse a sus reservas, con aprobación del Auditor General de

Bancos.

Artículo 13.- El Banco Nacional de Costa Rica, al calcular sus

utilidades, consolidará las ganancias y pérdidas de sus Departamentos

Comercial e Hipotecario, y distribuirá las utilidades netas que así se

obtengan en forma proporcional al Capital de dichos Departamentos, de la

manera prescrita en el artículo que antecede. En igual forma deberán

proceder los Bancos que llegaren a establecer Departamentos Hipotecarios

de conformidad con la presente ley.

Las ganancias y pérdidas del Departamento de Fomento de Cooperativas

del Banco Nacional de Costa Rica se liquidará por separado de las otras

del Banco, y las utilidades netas que obtenga se destinarán, íntegramente

a incrementar la Reserva Legal del referido Departamento. Si la

liquidación produjere pérdida, ésta será cargada a las reservas propias

del Departamento.

Artículo 14.- Las utilidades que obtuvieren los Bancos del Estado y

los Bancos privados autorizados por el Banco Central para operar con

divisas extranjeras, por razón de las diferencias entre los tipos de

compra y de venta de tales divisas, se distribuirán mensualmente entre el

Banco que hubiere realizado las respectivas transacciones y el Banco

Central, en las proporciones que determine éste último; el monto de

dichas utilidades traspasadas al Banco Central no será tomado en cuenta

en la liquidación de ganancias y pérdidas del Banco respectivo.

Artículo 15.- Los Bancos del Estado estarán exentos de cualquier

contribución o impuesto, presente o futuro, en todo el territorio de la

República.

Artículo 17.- Los Bancos estarán obligados a presentar al Auditor

General de Bancos todos los balances, estados y cuadros estadísticos que

ese funcionario les solicite, en la forma y plazo que él mismo determine.

Por sí mismo o por medio de los funcionarios de su dependencia, tendrá

libre acceso a todos los libros, documentos y archivos de los Bancos,

cuyos directores, gerentes, funcionarios y empleados estarán obligados a

prestarle toda la ayuda que puedan darle para el mejor desempeño de sus

funciones de vigilancia y fiscalización.

Artículo 18.- Los balances, cuentas y estados de los Bancos que se

remitan al Auditor General de Bancos, deberán ser firmados por el

Contador y el Gerente, y refrendados por el Auditor del respectivo Banco,

quienes serán solidariamente responsables de la exactitud y corrección de

tales documentos.

Artículo 19.- El Auditor General de Bancos preparará y publicará en

el Diario Oficial, dentro de los primeros quince días hábiles de cada

mes, un balance general de situación de todos los Bancos del país, con

excepción del Banco Central que lo hará por sí mismo, el cual comprenderá

el estado de activo y pasivo de todos ellos al último día hábil del mes

anterior.

TITULO II

DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LOS BANCOS DEL ESTADO

CAPITULO I

Juntas Directivas

Artículo 20.- Los Bancos del Estado funcionarán bajo la dirección

inmediata de una Junta Directiva, integrada por cinco miembros que serán

nombrados por el Consejo de Gobierno.

El Banco Nacional de Costa Rica, por tener tres Departamentos

independientes y por sus operaciones especiales de crédito hipotecario,

agrícola-rural, cooperativo e industrial, tendrá dos directores más.

Artículo 22.- No podrán designarse como miembros de la Junta Directiva:

1) Las personas que desean deudores morosos de cualquier institución

bancaria, o que hubieren sido declarados en estado de quiebra o

insolvencia.

2) Los que están ligados entre sí por parentesco de consanguinidad o

afinidad hasta tercer grado inclusive; o que pertenezcan a la misma

sociedad en nombre colectivo o de responsabilidad limitada; o que formen

parte del mismo directorio de una sociedad por acciones. Cuando con

posterioridad a sus nombramientos, se presentare esta incapacidad,

caducará la designación del miembro de menor edad.

Artículo 23.- El cargo de miembro de la Junta Directiva es incompatible

con:

1) Los miembros y empleados de los Supremos Poderes, con excepción de

los que desempeñaren un cargo temporal no remunerado.

2) Los gerentes, personeros y empleados del propio Banco; y

3) Los directores, gerentes, personeros o empleados de cualquier otro

Banco.

Artículo 24.- Los miembros de las Juntas Directivas de los Bancos

del Estado serán nombrados por un período de cuatro años, pudiendo ser

reelectos, pero sus nombramientos se harán de manera que se vayan

renovando en sus puestos uno cada año y dos en el cuarto año, salvo los

miembros de la Junta del Banco Nacional de Costa Rica que se renovarán en

sus puestos así: dos en cada uno de los tres primeros años y uno en el

cuarto.

Los nombramientos de los miembros de las Juntas que deban sustituir

a los que hayan terminado su período legal, o las reelecciones de los

mismos, deberán hacerse dentro de los sesenta días anteriores al

vencimiento de tal período.

Artículo 25.- Los miembros de la Junta serán inamovibles durante el

período para que fueran designados. Sin embargo, cesará de ser miembro

de la Junta Directiva. del Banco:

1) El que dejare de ofrecer los requisitos establecidos en el artículo

21 o incurriere en alguna de las prohibiciones del artículo 23;

2) El que se ausentare del país por más de tres meses sin autorización

de la Junta.

La Junta no podrá conceder licencias por más de un año.

3) El que por causas no justificadas dejare de concurrir a seis

sesiones ordinarias consecutivas;

4) El que infringiere alguna de las disposiciones contenidas en las

leyes, decretos o reglamentos aplicables al Banco o consintiere su

infracción;

5) El que incurriere en responsabilidad por actos u operaciones

fraudulentos o ilegales.

En caso de auto de prisión y enjuiciamiento en contra de un miembro

de la Junta, quedará ipso facto suspendido de sus funciones hasta que no

hubiere sentencias firme; y

6) El que renunciare a su cargo o se incapacitare legalmente.

En cualquiera de estos casos la Junta Directiva levantará la

información correspondiente y dará aviso al Consejo de Gobierno para que

éste determine si procede declarar la separación o la vacante, designando

sustituto. En tal caso el nombramiento se hará dentro del término de

quince días y para el resto del período legal.

Artículo 26.- La separación de cualquiera de los miembros de la

Junta no le libra de las responsabilidades legales en que pudiere haber

incurrido por incumplimiento de alguna de las disposiciones de esta ley.

Artículo 27.- Cada Junta Directiva ejercerá sus funciones con

absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad, dentro de las

normas establecidas por las leyes, reglamentos aplicables y principios de

la técnica. Los miembros de las Juntas Directivas tendrán la más

completa libertad para proceder en el ejercicio de sus funciones conforme

a su conciencia y a su propio criterio, por cuya razón serán

personalmente responsables de su gestión en la dirección general de cada

Banco, y pesará sobre ellos cualquier responsabilidad que conforme a las

leyes pueda atribuírseles. Los que no hubieren hecho constar su voto

disidente, responderán personalmente con sus bienes de las pérdidas que

se irroguen al Banco por la autorización de operaciones prohibidas por la

ley.

Artículo 28.- Todo acto, resolución u omisión de una Junta Directiva

que contravenga las disposiciones legales y reglamentarias o que

signifique empleo de los fondos del Banco en actividades distintas de las

inherentes a sus funciones, hará incurrir a todos los presentes en la

sesión respectiva en responsabilidad personal y solidaria para con el

Banco, el Estado y terceros afectados, por los daños y perjuicios que con

ello se produjeren. De tal responsabilidad quedarán exentos únicamente

los asistentes que hubieren hecho constar su voto disidente o su

objeción, en el acta de la sesión correspondiente. Todo ello sin

perjuicio de las otras sanciones legales que pudiera corresponderles.

Artículo 29.- Los miembros de las Juntas no podrán participar en

actividades político-electorales, salvo con la emisión de su voto y en

las que sean obligatorias por ley. Esta prohibición es aplicable a los

Gerentes, Jefes y Subjefes de Departamento y de Sección.

Artículo 30.- Cada Junta se reunirá en sesión ordinaria una vez por

semana, en el lugar, día y hora que ella misma determine; en sesión

extraordinaria cada vez que sea convocada por su Presidente, por el

Gerente del Banco o por tres de sus miembros.

Tres miembros harán quórum para sesionar válidamente, con excepción

del Banco Nacional de Costa Rica en el que se requerirán cinco; los

acuerdos se tomarán por mayoría de los votos presentes salvo los casos en

que la ley exija una mayoría especial determinada. Cuando se produjere

empate, el Presidente tendrá doble voto y resolverá.

Artículo 31.- El Gerente y Subgerentes asistirán a las sesiones de

las Junta, en la cual tendrá voz, pero no voto. Podrán, sin embargo,

cuando lo consideren necesario, hacer constar en las actas respectivas

sus opiniones sobre los asuntos que se debatan. Podrán asistir también

los Jefes de Departamento del Banco y aquellas personas invitadas

especialmente.

No obstante lo antes dicho, a juicio del Presidente, la Junta podrá

sesionar estando presentes únicamente sus miembros.

Artículo 32.- Cuando alguno de los asistentes a las sesiones de la

Junta tuviere interés personal en el trámite de una operación o lo

tuvieren sus socios o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad

o afinidad, deberá retirarse de la respectiva sesión, mientras se discute

y se resuelve el asunto en que está interesado.

Artículo 33.- La asistencia puntual de los miembros de las Juntas

Directivas a las sesiones les dará derecho al cobro de honorarios, en

forma de dietas fijas, que irán determinadas claramente en los

presupuestos anuales del Banco, y que serán las únicas remuneraciones que

podrán percibir por sus servicios en el desempeño de sus funciones. Los

Gerentes, Subgerentes y demás empleados del Banco que asistieren a las

sesiones no tendrán derecho al cobro de dietas.

Artículo 34.- En la dirección inmediata del Banco sometido a su

gobierno, cada Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones

esenciales:

1) Dirigir la política financiera y económica del Banco.

2) Cumplir y hacer cumplir las facultades y los deberes asignados al

Banco, así como las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su

funcionamiento.

3) Acordar, reformar, e interpretar para su aplicación, los reglamentos

del Banco; regular los servicios de organización y administración del

establecimiento y dirigir su funcionamiento.

4) Acordar el presupuesto anual del Banco y los presupuestos

extraordinarios que fueren necesarios, los cuales requerirán la

aprobación de la Contraloría General de la República; crear las plazas y

servicios indispensables para el debido funcionamiento de la institución

y fijar las respectivas remuneraciones.

5) Nombrar, y remover cuando fuere del caso, al Gerente, Subgerente,

Auditor y Subauditores del Banco, y asignarles sus funciones y deberes,

dentro de las prescripciones de esta ley.

6) Aprobar los balances y cuentas de ganancias y pérdidas y el destino

de las utilidades, de acuerdo con la ley, así como aprobar cualquier

publicación que haga el Banco.

7) Nombrar comisiones para el desempeño de labores especiales, designar

los empleados que estarán facultados para autorizar determinadas

operaciones, y regular los límites y condiciones a que deberán sujetarse

en esas funciones.

8) Designar los funcionarios y empleados del Banco que firmarán

comprobantes, recibos, cheques, letras, correspondencia, contratos y

demás, así como fijar los límites y condiciones dentro de los cuales

actuarán.

9) Regular las operaciones de crédito y establecer las condiciones

generales y límites de las diferentes operaciones del Banco, dentro de

las disposiciones legales aplicables.

10) Acordar y revocar, con aprobación del Banco Central, el

establecimiento de sucursales; designar corresponsales dentro y fuera

del país y aceptar la corresponsalía de los Bancos que la ley le permite

al establecimiento.

11) Colaborar con las demás Juntas Directivas de las instituciones

integrantes del Sistema Bancario Nacional, en la ejecución de la política

económica y financiera del país y en el desarrollo del Sistema; y

12) Ejercer las demás funciones, facultades y deberes que le

correspondan, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y con

los principios de la técnica.

Artículo 35.- Cada año la Junta Directiva elegirá de su seno, por

mayoría de votos, un Presidente y un Vicepresidente, pudiendo ser

reelectos.

Artículo 36.- El Presidente de la Junta tendrá las siguientes

atribuciones:

1) Velar por el cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco e

informarse de la marcha general de la Institución.

2) Someter a la consideración de la Junta los asuntos cuyo conocimiento

le corresponde, dirigir los debates, tomar las votaciones y resolver los

casos de empate.

3) Autorizar con su firma, conjuntamente con el Gerente, los valores

mobiliarios que emita el Banco, así como los demás documentos que

determinen las leyes, reglamentos de la Institución y acuerdos de la

Junta; y

4) Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, de

conformidad con la ley, los reglamentos del Banco y demás disposiciones

pertinentes.

Artículo 37.- En caso de ausencia o impedimento transitorio del

Presidente será reemplazado por el Vicepresidente, quien en tal caso

tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en alguna

sesión estuvieren ambos ausentes, la Junta nombrará a uno de sus miembros

como Presidente ad-hoc.

CAPITULO II

Gerencias

Artículo 38.- Cada Junta Directiva nombrará, con el voto favorable

de no menos de cuatro de sus miembros, un Gerente y uno o dos

Subgerentes, que tendrán a su cargo la administración del Banco de

acuerdo con la ley, los reglamentos vigentes y las instrucciones que les

imparta la Junta. En el caso del Banco Nacional de Costa Rica se

requerirá el voto de no menos de cinco de sus miembros.

Artículo 39.- Los Gerentes y Subgerentes quedarán sujetos a las

mismas disposiciones que para los miembros de la Junta establecen los

artículos 21 a 26 de la presente ley, en cuanto fueren racionalmente

aplicables, dadas la naturaleza de sus cargos y el origen de sus

nombramientos. Los citados funcionarios serán nombrados por un período

de cuatro años, y podrán ser reelectos; serán inamovibles, salvo el caso

de que, a juicio de la Junta y previa información, se hubiere comprobado

que no cumplen debidamente con su cometido. La remoción de los Gerentes

y Subgerentes sólo podrá acordarse con el mismo número de votos

requeridos para su nombramiento.

Artículo 40.- El Gerente será el Jefe superior de todas las

dependencias del Banco y de su personal, excepto de la Auditoría, y el

responsable, ante la Junta, del eficiente y correcto funcionamiento

administrativo de la Institución. Los Subgerentes serán los subjefes

superiores y actuarán bajo la autoridad jerárquica de aquél.

Artículo 41.- El Gerente, y en su defecto los Subgerentes, tendrán

las siguientes atribuciones:

1) Ejercer las funciones inherentes a su condición de administrador

general y Jefe superior del Banco, vigilando la organización y

funcionamiento de todas sus dependencias, la observancia de las leyes y

reglamentos y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta.

2) Suministrar a la Junta la información regular, exacta y completa que

sea necesaria para asegurar el buen gobierno y dirección superior del

Banco.

3) Proponer a la Junta las normas generales de la política crediticia y

bancaria de la Institución, y cuidar de su debido cumplimiento.

4) Presentar a la Junta, para su aprobación, el proyecto de presupuesto

anual del Banco y los de presupuestos extraordinarios que fueren

necesarios, y vigilar su correcta aplicación.

5) Proponer a la Junta la creación de plazas y servicios indispensables

para el debido funcionamiento del Banco.

6) Nombrar y remover a los empleados del Banco de conformidad con el

Escalafón de Empleados del Banco y con los reglamentos aplicables al

personal de la Institución, que en ningún caso podrá quedar en

inferioridad de condiciones a las prescritas en las leyes de trabajo y de

servicio civil de la República, y que será independiente de toda otra

institución u organización. Para el nombramiento y remoción de los

empleados de la Auditoría necesitará la aceptación previa del Auditor.

7) Atender a las relaciones con los personeros del Estado y sus

dependencias, del Banco Central y de las Instituciones Autónomas,

procurando la coordinación de la política económica y financiera del

Banco con la política general del Banco Central, de acuerdo con las

instrucciones que le imparta la Junta.

8) Autorizar con su firma, conjuntamente con el Presidente de la Junta,

los valores mobiliarios que emita el Banco, así como los demás documentos

que determinen las leyes, reglamentos de la Institución y acuerdos de la

Junta.

9) Resolver, en último término, los asuntos que no estuvieren

reservados a la decisión de la Junta. Y conjuntamente con los

Subgerentes y el Auditor del Banco, decidir, en casos de suma urgencia,

cualquier asunto de competencia de la Junta o suspender las resoluciones

acordadas por ésta, convocándola inmediatamente para sesión

extraordinaria, a fin de darle cuenta de su actuación y exponerle las

razones habidas para apartarse del procedimiento normal.

10) Delegar sus atribuciones en los Subgerentes o en otros funcionarios

del Banco, salvo cuando su intervención personal fuere legalmente

obligatoria; y

11) Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, de

conformidad con la ley, los reglamentos del Banco y demás disposiciones

pertinentes.

Artículo 42.- El Gerente y Subgerentes tendrán, indistintamente, la

representación judicial y extrajudicial del Banco, con las facultades que

para los apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del Código

Civil.

CAPITULO III

Organización interna

Artículo 43.- Para el más eficiente cumplimiento de sus funciones,

cada Banco organizará sus servicios por medio del establecimiento de

Departamentos y Secciones. Cada Departamento llevará su propia

contabilidad y presentará sus balances por separado. Ningún Banco

dividido en departamentos podrá realizar operaciones como una sola

institución bancaria, sino que ejecutará sus transacciones al través de

sus Departamentos y de acuerdo con la naturaleza de las mismas. A las

Secciones les corresponderá un determinado y definido sector de funciones

conforme al volumen y extensión de los negocios y operaciones de cada

Banco. La palabra "Departamento" sólo podrá ser empleada para designar

las divisiones fundamentales de los Bancos en los casos específicamente

determinados por las leyes; en todos los demás deberá emplearse el

término "Sección" para individualizarlas y denominarlas.

Artículo 44.- Cada uno de los Departamentos de los Bancos operará

bajo la responsabilidad y dirección inmediata de un Jefe, el cual estará

sujeto a la autoridad jerárquica de la Gerencia, y ejercerá sus funciones

en estrecha colaboración con un Subjefe, quien lo reemplazará en sus

ausencias.

Artículo 45.- Los Bancos del Sistema Bancario Nacional tendrán una

Sección de Auditoría, que ejercerá la vigilancia y fiscalización

constantes de todas sus demás Secciones y dependencias, incluyendo

sucursales.

Artículo 46.- La Sección de Auditoría funcionará bajo la

responsabilidad y dirección inmediatas del Auditor, o en su defecto del

Subauditor o de los Subauditores, si hubiere varios, nombrados por la

Junta Directiva, con el voto favorable de no menos de cuatro de sus

miembros, excepto en el Banco Nacional de Costa Rica, en que se

requerirán cinco votos. Dichos funcionarios serán inamovibles, salvo el

caso de que, a juicio de la Junta y previa información se demuestre que

no cumplen debidamente con su cometido, o que llegare a declararse contra

ellos alguna responsabilidad legal. Para ser Auditor y Subauditor se

requerirán las mismas condiciones exigidas para el Gerente del Banco. La

remoción del Auditor y del Subauditor sólo podrá acordarse con el mismo

número de votos necesarios para su nombramiento.

Artículo 47.- El Auditor dependerá directamente de la Junta en el

ejercicio de sus funciones, y contra sus resoluciones cabrá el recurso de

apelación. La resolución de la Junta será definitiva.

CAPITAL IV

Sucursales

Artículo 48.- Los Bancos del Estado podrán establecer Sucursales o

Agencias en cualquier lugar del territorio nacional y suprimir las que ya

hubieran establecido de acuerdo con el Banco Central. En las cabeceras

de provincia, cualquier filial que los Bancos crearen o hayan

establecido, tendrá forzosamente el carácter de Sucursal.

Artículo 49.- Las Sucursales de cada Banco funcionarán bajo la

jefatura administrativa, de un Gerente, conforme a las prescripciones de

los reglamentos especiales que para su operación dictará la Junta

Directiva. Las Sucursales de cabeceras de provincia, contarán

necesariamente con una Junta Directiva local según lo establecido en el

artículo 52 de la presente ley.

Artículo 50.- Las funciones de la Junta Directiva Local y del

Gerente de cada Sucursal serán análogas a las desempeñadas por la Junta

Directiva y el Gerente del Banco, en cuanto fueren racionalmente

aplicables al gobierno propio de la Sucursal, y sin perjuicio de la

sujeción jerárquica que deberá existir entre unos y otros organismos y

funcionarios. El reglamento establecerá las relaciones que existirán

entre ellos.

Artículo 51.- Los miembros de las Juntas Directivas Locales y el

Gerente de las Sucursales serán designados por la Junta Directiva General

de cada Banco y quedarán sujetos a las prescripciones del artículo 39 de

la presente ley, en cuanto fueren racionalmente aplicables. Los Gerentes

de Sucursales en el desempeño de sus funciones dependerán del Gerente del

Banco; serán empleados de escalafón sujetos a los reglamentos del Banco

en todos los aspectos de su gestión.

Artículo 52.- Cada Junta Directiva Local se compondrá de tres

miembros vecinos de la zona geográfica en que opere la Sucursal, que

serán seleccionados entre personas representativas de las fuerzas

económicas de dicha zona. Serán nombrados por períodos de tres años,

escalonándose su designación en forma que cada año se renueve o reelija

uno de ellos. La rotación se iniciará por medio de sorteo.

Artículo 53.- Cada Junta Directiva Local elegirá de su seno un

Presidente y un Vicepresidente, que tendrán las atribuciones inherentes a

sus respectivos cargos; el Gerente será el Secretario de la Junta.

Sesionarán una vez por semana con quórum de dos miembros y sus

resoluciones se tomarán por mayoría de votos, teniendo quien presida

doble voto en casos de empate. Las dietas que percibirán como única

remuneración por sus servicios a la Institución serán fijadas por la

Junta Directiva del Banco. El Gerente de la Sucursal tendrá derecho de

veto suspensivo en relación con los acuerdos de la Junta Directiva Local,

que en tal caso pasarán a conocimiento de la Junta Directiva General del

Banco para su resolución definitiva.

TITULO III

OPERACIONES DE LOS BANCOS COMERCIALES

CAPITULO I

Activo y Pasivo

Artículo 54.- Unicamente las instituciones mencionadas en el

artículo 1º de esta ley podrán ejercer actividades de carácter bancario

en Costa Rica y realizar aquellas operaciones que las leyes bancarias del

país reserven exclusivamente a los Bancos. Con excepción del Banco

Central, que ejerce funciones específicas de acuerdo con su Ley Orgánica,

dichas instituciones serán consideradas como Bancos comerciales o

hipotecarios según la naturaleza de las funciones que desempeñen de

acuerdo con esta ley.

Artículo 55.- Los Bancos comerciales sólo podrán computar en su

Activo y Saldos Deudores los siguientes valores, bienes, recursos y

cuentas de resultados, que serán contabilizados en sus libros y

detallados en sus balances de acuerdo con la naturaleza e índole

particular de cada uno de ellos, a juicio del Auditor General de Bancos:

1) Los fondos disponibles que tuvieren en moneda nacional y extranjera.

2) Las operaciones de crédito que efectúen con arreglo a las

disposiciones de esta ley.

3) Las inversiones en valores mobiliarios que mantengan conforme a las

prescripciones de la presente ley.

4) Las inversiones en bienes raíces que sean necesarias para el

servicio propio de cada Banco, y las que eventualmente hayan tenido que

hacer en cobro de obligaciones a su favor; y las que realicen en muebles,

materiales, instalaciones y útiles necesarios para su funcionamiento, así

como el costo de bibliotecas y otras inversiones semejantes; y

5) Los saldos de las cuentas originadas por el movimiento normal de

gastos, pérdidas y resultados, y los demás que provengan de las

operaciones previstas por esta ley.

Artículo 56.- Los Bancos comerciales deberán tener todo su Pasivo y

Saldos Acreedores responsables, en el ciento por ciento, exclusivamente

por los Activos y Saldos Deudores determinados en el artículo anterior, y

compuesto por las siguientes obligaciones, que serán contabilizadas en

sus libros y detalladas en sus balances de conformidad con la naturaleza

e índole especial de cada una de ellas, a juicio del Auditor General de

Bancos:

1) Las diferentes clases de depósitos constituídos en ellos, cuando se

tratare de Bancos del Estado, diferenciados por su naturaleza y por los

plazos y condiciones en que sean reembolsables.

2) Las obligaciones que resultaren de sus operaciones de crédito con el

Banco Central y con cualquier otra persona o entidad, de acuerdo con las

disposiciones de esta ley.

3) Los saldos de las cuentas originadas por el movimiento normal de

utilidades y resultados, y los demás que emanen de las operaciones

previstas por la presente ley; y

4) El monto de su Capital y de las Reservas que tuvieren, de

conformidad con esta ley.

Artículo 57.- Todos los demás valores que permanezcan en poder de

los Bancos comerciales, tales como seguridades en garantía, valores en

custodia o en comisión de cobro, bienes administrados en calidad de

comisiones de confianza, y cualesquiera otros similares, serán

contabilizados para efecto de registro y control como cuentas del orden,

debidamente individualizadas en los libros y balances de los Bancos.

También se computarán en esa forma o como obligaciones contingentes,

según sea el caso, cualesquiera otros valores, operaciones y activos o

pasivos que los Bancos consideren convenientes registrar, con aprobación

expresa del Auditor General de Bancos.

CAPITULO II

Depósitos y Operaciones Pasivas

Artículo 58.- Los Bancos comerciales financiarán sus operaciones con

los siguientes recursos financieros:

1) Con su Capital y las Reservas que conforme a las disposiciones de

esta ley puedan mantener.

2) Con la recepción de depósitos en moneda nacional o extranjera,

tratándose de Bancos del Estado.

3) Con la obtención de fondos del Banco Central, mediante la

realización de las operaciones de crédito que con él pueden efectuar; y

4) Con la contratación de empréstitos en el país o en el extranjero,

previa autorización del Banco Central.

Artículo 60.- Los Bancos del Estado podrán recibir depósitos de

cualquier clase, en moneda nacional o extranjera, de cualquier persona

natural o jurídica, los cuales quedarán sujetos a las disposiciones de

esta ley y a los requerimientos de encaje mínimo legal y demás

condiciones impuestas en la Ley Orgánica del Banco Central. Tales

depósitos se regirán en lo demás por los preceptos de los reglamentos de

los propios Bancos y por las disposiciones de las leyes comunes en lo que

les fueren aplicables. Los depósitos de las secciones de capitalización

de los Bancos del Estado se regirán, además, por las prescripciones

especiales, que en cuanto a ellos establece la presente ley.

Artículo 62.- Los Bancos del Estado deberán guiarse al resolver las

solicitudes de préstamos por un criterio de absoluta generalidad e

imparcialidad, adoptando sistemas que procuren garantizar igualdad de

trato en igualdad de condiciones.

Artículo 63.- La Junta Directiva de cada Banco comercial establecerá

las disposiciones reglamentarias y normas de operación que considere más

convenientes para la concesión de créditos por parte de un Banco. Tendrá

autoridad para restringir, en casos individuales calificados, los plazos

máximos autorizados, así como los límites individuales fijados; y también

para aumentar los márgenes de garantía; todo ello cuando a su juicio así

conviniere a los intereses del Banco puestos bajo su gobierno y

dirección.

Artículo 64.- Los Bancos Comerciales del Estado deben conceder sus

créditos solamente por los motos y con los vencimientos indispensables

para realizar las operaciones a cuya financiación se destinen. Los

fondos respectivos podrán ser entregados al deudor en forma que resulte

adecuada para la finalidad del crédito.

Los planes de inversión de los créditos se consignarán en

declaraciones especiales de los solicitantes, que se incorporarán

abreviadamente en los documentos correspondientes y podrán ser objeto de

control por parte de los Bancos. Cuando éstos comprobaren que los fondos

han sido destinados a fines distintos de los especificados, sin que

hubiere mediado previo acuerdo del Banco acreedor, podrán tener por

vencido el plazo y su saldo pendiente será inmediatamente exigible, sin

perjuicio de las demás responsabilidades en que el deudor pudiere haber

incurrido.

Artículo 65.- Antes de conceder un crédito, los Bancos procurarán

cerciorarse de que las personas responsables de sus reembolsos están en

capacidad financiera de cumplir su obligación dentro del plazo

respectivo.

Con tal objeto, cuando lo juzguen necesario, podrán exigir de los

solicitantes una declaración de bienes, ingresos y egresos certificada

por un Contador Público Autorizado, cuando se estimare conveniente. Los

declarantes serán responsables de la veracidad de los datos aportados; si

con posterioridad a la constitución del crédito el Banco comprobare la

falsedad de las declaraciones, podrá dar por vencido el plazo y exigir

inmediatamente el pago del saldo pendiente, sin perjuicio de las demás

responsabilidades en que los declarantes hayan podido incurrir.

Artículo 66.- Los créditos que concedan los Bancos comerciales

deberán ser asegurados con garantías que a juicio suyo sean

satisfactorias. En el caso de prenda común de valores mobiliarios o de

crédito, éstos se considerarán como datos en garantía a favor del Banco

por el sólo hecho de su entrega.

El Gobierno de la República por medio del Ministro de Economía y

Hacienda queda autorizado para otorgar la fianza solidaria del Estado, a

favor de los Bancos Comerciales Nacionales y del Banco Central de Costa

Rica, en las operaciones que éstos realizaren con el Consejo Nacional de

Producción dentro del exclusivo fin de llevar adelante su política de

regulación de precios en artículos de primera necesidad.

Si por pérdidas en la realización de los productos e insuficiencia

de los recursos destinados a la regulación de precios, el Consejo

Nacional de Producción no pudiera hacer frente al pago de los préstamos

concedidos por el Sistema Bancario Nacional con la garantía y para los

fines indicados en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo, por medio del

Ministerio de Economía y Hacienda, aportará las sumas necesarias para

cubrir los saldos en descubierto, todo de acuerdo con el informe que en

los primeros días del mes de mayo deberán rendir los bancos estatales al

Ministerio citado. Este informe, que habrá de contener una exposición

detallada de los motivos por los cuales se produjo la imposibilidad de

pago, deberá ser puesto en conocimiento de la Asamblea Legislativa, al

presentar al Ministerio indicado la solicitud de autorización de pago.

El proyecto de presupuesto correspondiente deberá ser sometido a

consideración de la Asamblea Legislativa para su aprobación o improbación

a más tardar en el curso de los ocho meses siguientes al recibo del

informe del Sistema Bancario Nacional y con indicación de los recursos

que se usarán para el objeto.

En todo caso las sumas que se aprobaren para los fines indicados no

podrán ser superiores a un 2% del Presupuesto General Ordinario de la

República.

Artículo 67.- Toda garantía de prenda sujeta a inscripción,

principal o adicional, a favor de un Banco comercial, se tendrá por

constituída para todos los efectos legales, inclusive el perjuicio de

terceros, independientemente de su inscripción en el Registro de

Prendas-aún cuando el documento en que se otorgue fuese privado, el cual

se tendrá como auténtico-, desde el momento en que se reciba en el

correspondiente Registro de Prendas comunicación telegráfica del Banco de

que el gravamen ha sido constituído, con los datos necesarios para

identificarlo. El Banco, sin embargo, estará obligado a ratificar por

carta certificada, dentro de tercero día, al Jefe del respectivo

Registro, la constitución de la prenda, y acompañará una copia del

correspondiente documento autorizado con la firma del funcionario

competente, a fin de que por medio de ella se haga en el Registro la

respectiva inscripción. El timbre de los contratos de prenda a favor del

Banco será cancelado por el notario, en el caso de instrumentos públicos,

o por el Banco, si se trata de documentos privados. El privilegio de

prenda se mantendrá a favor del Banco, sin prescripción, por un plazo de

cuatro años después del vencimiento.

Artículo 68.- Todas las garantías, principales o adicionales,

constituídas en favor de un Banco en alguna de las formas especificadas

en esta ley, le darán al Banco el privilegio de pago preferente de sus

créditos con el valor de las garantías y los frutos o rendimientos que se

obtengan de ellas, hasta la cancelación total del crédito, con sus

intereses ordinarios y moratorios y los gastos correspondientes, todo sin

perjuicio de créditos de mejor derecho.

Este privilegio se extiende al valor de los seguros que hubiere, y a

cualquier indemnización que tuvieren que abonar terceros por daños y

perjuicios que sufra la cosa dada en garantía.

Artículo 69.- Antes de otorgar cualquier crédito, los Bancos harán

valorar los bienes ofrecidos en garantía, o calcular el valor de la

cosecha a cuya atención se destinará el préstamo.

Artículo 70.- Todos los créditos que concedan los Bancos comerciales

deberán ser pagados por los prestatarios en la fecha de vencimiento, sin

perjuicio de que puedan ser pagados, total o parcialmente, con

anterioridad a dicha fecha, en cuyo caso, tomando en cuenta la índole de

la operación, deberán hacer la devolución de los intereses cobrados por

anticipado y no devengados en la fecha del pago. Su cancelación o

amortización deberá adaptarse a la naturaleza de la inversión y a la

capacidad de pago de los deudores.

El pago del principal e intereses de cualquier crédito concedido por

los Bancos comerciales podrá ser pactado por cuotas periódicas, pagaderas

en plazos no mayores de un año.

En los créditos a plazo mayor de tres años, deberán estipularse

abonos periódicos adecuados para su normal amortización, salvo en los

casos en que la inversión no comience a producir sino hasta después de un

cierto lapso, durante el cual el pago de las amortizaciones podrá ser

propuesto. Toda deuda constituída a favor de un Banco comercial, y

pagadera por partes o en cuotas periódicas, o cuyos intereses se paguen

en períodos distintos al plazo final del crédito, llevará implícita la

condición de que el total de la deuda se considerará vencido y

judicialmente exigible, con sólo la falta de pago de un período de

intereses o de una de las cuotas o partes del principal que se hubieren

convenido, sin perjuicio de que el deudor reconozca intereses moratorios

sobre el monto del abono atrasado a capital.

No podrá efectuarse ningún pago, ya sea parcial o total, sin que

hayan sido cancelados previamente los intereses devengados hasta la fecha

de dicho pago.

Artículo 71.- En los casos en que un Banco comercial tuviere que

hacer efectivas las garantías constituídas a su favor por operaciones de

crédito, procederá de conformidad con las siguientes disposiciones:

1) Si se tratare de inmuebles hipotecarios o cuyos frutos hubieren sido

dados en prenda agrícola al Banco, éste podrá pedir el embargo del

inmueble o de los frutos en su caso y ejercer el cargo de depositario por

medio de la persona que él mismo indique, bajo su propia

responsabilidad.

En virtud de ese depósito, el Banco recibirá la posesión del

inmueble y podrá percibir sus rentas, entradas o productos, los cuales

aplicará de preferencia a cubrir los gastos ocasionados, y el resto lo

destinará al pago de su crédito. El embargo se levantará tan pronto como

el Banco quede cubierto, con las rentas, entradas o ventas de productos

del inmueble, del crédito y de los gastos hechos, o cuando el deudor se

allane a cubrirlos. Si la garantía que tuviere el Banco se limitare a

los frutos, éstos podrán ser vendidos por el depositario al precio

corriente de plaza previa autorización judicial; y su producto, se

destinará a los mismos fines indicados.

Tanto el Banco como el deudor podrán solicitar de una vez el remate

de los bienes gravados, observándose en tal caso los procedimientos

judiciales ordinarios.

2) Si se tratare de animales dados en prenda, el Banco podrá solicitar

el embargo o depósito de los mismos, y proceder a la venta de ellos

mediante remate que podrá efectuar el depositario que será nombrado a

indicación de aquél. Para ese efecto, el deudor deberá, al constituir

la garantía, convenir en que la venta se haga en la forma indicada, y

por el precio mínimo que se fije en el respectivo documento. El

producto de la venta se aplicará, en primer término, a cubrir los gastos

causados y el sobrante se destinará al pago de los intereses no

satisfechos y a la cancelación de la deuda. Todas esas operaciones

deberán ser aprobadas por la autoridad judicial que conozca del negocio;

y

3) En caso de que se tratare de prenda de valores mobiliarios o de

crédito, se estipulará que el Banco puede hacer la venta por medio de un

Corredor Jurado de su elección, cuyos honorarios se cargarán a la

cuenta. Las partes podrán convenir en un precio mínimo para el caso de

venta. El Banco también podrá seguir los procedimientos corrientes de la

ley común, si así lo prefiere.

Artículo 72.- Los bienes que le fueren transferidos a un Banco en

pago de obligaciones a su favor, o que le fueren adjudicados en remates

judiciales, deberán ser vendidos dentro del plazo de dos años contados

desde el día de la adquisición. Dicho plazo podrá ser ampliado por el

Auditor General de Bancos a solicitud del Banco respectivo.

Las ventas de bienes que hicieren los Bancos estarán sujetas a las

limitaciones que establece el artículo 1068 del Código Civil.

Artículo 73.- Queda estrictamente prohibido a los Bancos

comerciales:

1) Realizar operaciones de crédito que en cualquier forma contravengan

los preceptos legales y reglamentarios, salvo las que sin estar

prohibidas, fueren compatibles con la naturaleza técnica de los Bancos

Comerciales y necesarias para el debido cumplimiento de sus deberes y

funciones. Los miembros de las Juntas Directivas, Gerentes,

funcionarios y empleados de los Bancos que autoricen o consientan alguna

operación prohibida, incurrirán en las responsabilidades prescritas en

el artículo 28 de esta ley.

2) Conceder créditos para fines de especulación; y

3) Participar directa e indirectamente en empresas agrícolas,

industriales, comerciales o de cualquier otra índole, y comprar

productos, mercaderías y bienes raíces que no sean indispensables para

su normal funcionamiento. Se exceptúan de esta disposición la

participación que los Bancos pudieran llegar a tener en el capital de

instituciones financieras de orden público o semipúblico que llegaren a

crearse y los Bancos que establecieren Almacenes Generales de Depósito

de acuerdo con la ley en la materia, o que a la promulgación de la

presente ley tuvieren ya participación en ellos, y únicamente con

respecto a los negocios y operaciones que resulten del funcionamiento de

tales Almacenes; así como las operaciones autorizadas por el Título IV

de esta ley.

CAPITULO IV

Operaciones con Divisas Extranjeras

Artículo 74.- Los Bancos comerciales podrán efectuar todas las

operaciones con divisas extranjeras que de acuerdo con las prácticas

bancarias y los principios técnicos de la materia ejecutan usualmente las

instituciones de su índole, siempre que de acuerdo con la Ley Orgánica

del Banco Central hubieren sido autorizados para actuar como agentes y

por cuenta de dicho Banco Central en las operaciones y negocios

correspondientes:

Artículo 75.- Todas las operaciones con divisas extranjeras que

realicen los Bancos comerciales, así como el mantenimiento de activos y

pasivos en el exterior en monedas extranjeras, estarán sujetos a las

disposiciones de la Ley Orgánica del Banco Central y a las resoluciones y

recomendaciones que al efecto acordare la Junta Directiva de dicho Banco

Central.

CAPITULO V

Secciones de Ahorros

Artículo 76.- Solamente los Bancos comerciales del Estado podrán

tener Secciones de Ahorros. Los reglamentos internos de los Bancos

contendrán las normas que regularán dichas secciones, las cuales estarán

sujetas a las disposiciones de las leyes bancarias y de la ley común en

lo que fuere racionalmente aplicable.

El total de los depósitos de ahorro constituídos a favor de una

misma persona o entidad no podrá exceder del monto que determine de

manera general el Banco Central, de acuerdo con la naturaleza especial y

las actividades propias de esas personas y entidades.

En todo lo concerniente al funcionamiento de las secciones de

ahorros, los Bancos deberán tomar muy en cuenta los deberes de servicio

social que están obligados a cumplir en beneficio de la economía nacional

y del bienestar de la comunidad, con abstención de propósitos exclusivos

de lucro.

Artículo 77.- Las secciones de ahorro podrán recibir depósitos de

cualquier persona, inclusive menores. Las escuelas y otras entidades

similares podrán también abrir y mantener cuentas de ahorros colectivas,

para recoger los depósitos individuales de sus alumnos, sin

responsabilidad alguna para los Bancos en cuanto se refiere a esos

aportes individuales. En la declaración que se haga para la apertura de

la cuenta se determinará quienes serán las personas autorizadas para su

manejo y cualquier cambio que deberá ser notificado debidamente al Banco

por escrito.

Artículo 78.- Dos o más personas podrán abrir y mantener una cuenta

de ahorros, debiendo en este caso determinarse claramente si cada una de

ellas, separada e indistintamente, tendrá derecho a disponer de los

fondos depositados, o si se necesita la concurrencia o autorización de

todas o de determinado número de ellas para hacerlo.

Artículo 79.- Se podrán efectuar depósitos de ahorro en favor de un

beneficiario distinto de la persona que deposita los fondos, y someter su

retiro por parte del beneficiario a determinados plazos o condiciones,

todo con la aprobación expresa del Banco. Cuando el depósito no esté

sometido a plazo ni condición algunos, solamente el beneficiario podrá

retirar los fondos. En caso contrario, sólo podrá hacerse la entrega al

beneficiario cuando haya llegado el tiempo fijado o se haya realizado la

condición impuesta.

Artículo 80.- Los Bancos comerciales del Estado podrán invertir los

recursos financieros provenientes de los depósitos que tengan sus

secciones de ahorros, una vez apartado el encaje mínimo legal, en las

siguientes operaciones de crédito:

1) En la financiación de las operaciones de crédito autorizadas por

esta ley, que por razón de su naturaleza y por la lenta recuperación de

sus inversiones, requieren varios años de plazo para su amortización; y

2) En la financiación de préstamos personales.

La inversión de los depósitos de ahorros en dichas operaciones, no

excluye la facultad de cada Banco para destinar a la financiación de las

mismas otros fondos y recursos disponibles.

Artículo 81.- Los plazos de vencimiento de los préstamos personales

serán de medio a tres años, de acuerdo con la naturaleza de la inversión

a que se destinen los créditos y la capacidad de pago del deudor.

La resolución, aprobación o rechazo de las solicitudes de crédito

podrá hacerse por los funcionarios del Banco que designe la Junta

Directiva, dentro de los límites y condiciones que ella misma determine.

CAPITULO VI

Secciones de Capitalización

Artículo 82.- Solamente los Bancos comerciales del Estado, podrán

tener una Sección de Capitalización, encargada de fomentar y estimular la

previsión y el ahorro, mediante la emisión de títulos de capitalización y

la recepción de primas de ahorro, cuyo producto se invertirá

preferentemente en operaciones de crédito reproductivas, que por su

naturaleza requieran plazos largos de amortización.

Artículo 83.- Los contratos de capitalización consisten en un

convenio por el cual el ahorrante se obliga a entregar primas de ahorro,

únicas o periódicas, y la Institución se compromete, en cambio, a

devolverle un capital determinado, cuando se cumpla el plazo fijado en el

contrato, que no excederá de veinticinco años. Los ingresos que a los

ahorrantes les produjeren dichos contratos estarán exentos de todo

impuesto presente o futuro.

Las Secciones de Capitalización podrán incluir en sus contratos una

provisión para devolver anticipadamente el capital por medio de sorteos

periódicos, y deberán regular conforme a la ley común de rescisión y pago

del mismo en caso de fallecimiento o incapacidad del ahorrante.

Las primas de ahorro serán deducibles para determinar el monto

imponible para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 84.- Las Secciones de Capitalización, antes de dar

principio a sus operaciones, deberán formular un reglamento, en el cual

regularán las condiciones generales de sus contratos de capitalización.

Este reglamento estará sujeto a la aprobación del Banco Central.

Para cada tipo de contrato, o modificación de éstos, se deberá

someter previamente a la aprobación del Banco Central la base matemática

del cálculo usada para obtener la prima neta, la prima comercial y

opciones de liquidación o rescate. Una vez aprobado el tipo de contrato o

la modificación, no podrá hacerse ninguna otra, sino de común acuerdo

entre el Banco interesado y el Banco Central.

Artículo 85.- El capital de las Secciones de Capitalización se

comprometan a formar en favor de los ahorrantes y en virtud de los

contratos respectivos, deberá ser pagado cuando llegue el vencimiento del

plazo, y si se usare el sistema de sorteos, cuando el título respectivo

resultare favorecido.

Artículo 86.- En los contratos de capitalización la prima neta es el

equivalente matemático, único o periódico, de los beneficios garantizados

por ellos, de acuerdo con el plazo, tipo de interés, base de los sorteos

y forma de pago de los contratos.

La prima comercial es la cuota que paga el ahorrante y está

constituída por:

1) La prima neta; y

2) Un recargo, que en ningún caso excederá del 20% de la prima neta,

destinado a cubrir gastos de adquisición, de administración y demás,

necesarios para la gestión de la Sección.

Artículo 87.- Los Bancos comerciales invertirán los fondos

disponibles de sus Secciones de Capitalización, en la financiación de las

operaciones de crédito autorizadas por esta ley, que por razón de su

naturaleza y por la lenta recuperación de sus inversiones, requieran

varios años de plazo para su amortización, debiendo mantener la provisión

necesaria para cubrir los vencimientos inmediatos de acuerdo con los

cálculos actuariales.

La inversión de esos fondos en tales operaciones de crédito, no

excluye la facultad de cada Institución para destinar a la financiación

de las mismas otros fondos y recursos disponibles. Las operaciones que

conforme a este artículo realicen los Bancos con fondos provenientes de

la Sección de Capitalización, estarán excluídas de toda limitación

cuantitativa (topes).

CAPITULO VII

Sección de Juntas Rurales de Crédito Agrícola

Artículo 88.- El Departamento Comercial del Banco Nacional de Costa

Rica tendrá una Sección de Juntas Rurales de Crédito Agrícola, encargada

de promover el crédito agrícola y el mejoramiento económico y social del

pequeño agricultor. Sus operaciones se regirán por las disposiciones

generales de este Capítulo, de acuerdo con la política monetaria,

crediticia y bancaria de la República.

Artículo 89.- La Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica

podrá establecer Juntas Rurales de Crédito Agrícola en cualquier lugar

del territorio de la República y revocar su establecimiento, cuando lo

estimare conveniente.

Artículo 90.- La Dirección inmediata de cada Junta Rural que el

Banco estableciere estará a cargo de una Junta integrada por cinco

miembros propietarios, de nombramiento de la Junta Directiva del Banco,

que deberán ser personas de notoria honorabilidad, y buena conducta,

mayores de veinticinco años, vecinos de la zona geográfica en que opere

la Junta y de preferencia agricultores o personas de amplios

conocimientos en problemas relativos a la producción local. No podrán

ser miembros de una misma Junta quienes tuvieren entre sí parentesco de

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive. Durarán un

año en sus funciones y podrán ser reelectos. Elegirán de su seno un

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos Vocales que tendrán

las funciones propias de sus respectivos cargos.

Las Sucursales del Banco podrán ser investidas con carácter de Juntas

Rurales de Crédito Agrícola para operar como tales en sus respectivas

zonas geográficas, de acuerdo con las regulaciones especiales para su

funcionamiento dicte la Junta Directiva del Banco.

Artículo 91.- Los miembros de las Juntas Rurales que no hubieren

hecho constar en el acta respectiva su voto disidente u objeción a

cualquier resolución de la Junta que violare los preceptos legales y

reglamentarios, responderán personal y solidariamente con sus bienes de

los perjuicios que con la infracción se produjeren al Estado, al Banco y

a terceros. Es entendido que esta responsabilidad no se extiende a las

pérdidas corrientes que se produjeren en las operaciones de crédito

hechas por la Junta de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes.

Artículo 92.- Las Juntas Rurales sesionarán ordinariamente dos veces

por mes, en el local oficial, en los días y horas que ellas mismas

determinen, con aprobación de la Oficina Central; y extraordinariamente

cada vez que sean convocadas por el Delegado del Banco. Tres miembros de

cada Junta, formarán quórum; sus resoluciones se tomarán por mayoría de

votos, teniendo el Delegado del Banco derecho a veto suspensivo sobre

cualquier acuerdo de la Junta, que pasará entonces a conocimiento y

resolución definitiva de la Oficina Central.

Artículo 93.- Los miembros de las Juntas Rurales y cualesquiera de

sus parientes, podrán obtener crédito en dichas entidades en la misma

forma y condiciones que las demás personas; pero sus solicitudes, luego

de ser aprobadas por la respectiva Junta, deben ser ratificadas por la

Oficina Central, de acuerdo con lo que establezca el reglamento.

Cuando en una de las sesiones de la Junta se entre a discutir una

solicitud de crédito en la que esté interesado alguno de sus miembros,

deberá éste retirarse del recinto de sesiones durante el tiempo que fuere

necesario para discutirla y resolverla. En igual forma se procederá

cuando la solicitud provengan de alguno de sus parientes por afinidad o

consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, o de una sociedad o

entidad en que él o estos parientes fueren socios, directores, personeros

o empleados.

Artículo 94.- Los miembros de las Juntas, por su asistencia a las

sesiones, tienen derecho al cobro de honorarios, en forma de dietas fijas

que serán determinadas por la Junta Directiva del Banco e incluídas en

los presupuestos generales de la Institución, y que constituirán las

únicas remuneraciones que pueden percibir por sus servicios en el

desempeño de sus funciones, con excepción de lo establecido en el

artículo siguiente.

Artículo 95.- Las Juntas Rurales deberán servir como organismos

asesores del Banco para asuntos especiales cuyo estudio les sea encargado

por la Junta Directiva, o para la tramitación de solicitudes de crédito

que por su cuantía o naturaleza no sean de su competencia; por estos

servicios, si fuere del caso, la Junta Directiva podrá reconocerles

honorarios especiales, que ella misma fijará.

Artículo 96.- Para el ejercicio de las funciones técnicas propias de

las Juntas Rurales, tales como avalúos, inspecciones y asesoramiento de

los miembros y clientes de dichas entidades, el Banco nombrará empleados

permanentes, de conformidad con las normas que determine el reglamento

respectivo. Se denominarán Delegados, deberán ser Ingenieros Agrónomos

salvo el caso de inopia y tendrán a su cargo la administración,

vigilancia y control de estos organismos.

Artículo 97.- Las Juntas Rurales financiarán sus operaciones de

crédito con los recursos que ponga a disposición de cada una de ellas la

Junta Directiva del Banco. Esta fijará y variará cuando lo considere

conveniente:

1) Los límites máximos de crédito que podrán otorgar las Juntas en su

totalidad;

2) Los límites máximos de crédito que la Junta podrá otorgar a cada

persona natural o jurídica, dentro de cada categoría de préstamo y en

total en todas ellas, atendiendo a las circunstancias especiales de la

zona agrícola sobre la cual tenga jurisdicción;

3) Las tasas de interés, comisiones y otras cargas que cobrará la Junta

en sus operaciones de crédito según la índole especial de cada una;

4) Los plazos máximos a que puedan concederse las diversas clases de

préstamos;

5) Los márgenes mínimos de seguridad que deben existir entre el importe

de los créditos concedidos y el valor real de sus correspondientes

garantías, de acuerdo con la naturaleza de cada clase de préstamos; y

6) Las demás regulaciones que considere convenientes para asegurar la

liquidez y solvencia de las operaciones autorizadas por las Juntas

Rurales.

La Directiva de una Junta Rural podrá conceder prórroga para la

cancelación de sus préstamos, si con ello favorece la venta de las

cosechas en la mejor época para sus beneficiarios, o para el cumplimiento

del servicio de amortización, si el caso así lo amerita.

Artículo 98.- Los préstamos que podrán conceder las Juntas Rurales

de Crédito Agrícola de acuerdo con esta ley, serán los siguientes:

1) De Avío Agrícola y Ganadero.

2) Refaccionario Ganadero.

3) Refaccionarios Mobiliarios.

4) Refaccionarios Inmobiliarios.

5) De Fomento Rural; y

6) Cualesquiera otros que se adapten al fomento rural y a la expansión

de la agricultura e industrias conexas autorizadas por la Junta Directiva

General.

Artículo 99.- Los créditos concedidos por las Juntas Rurales,

deberán ser asegurados con garantías fiduciarias, prendarias o

hipotecarias, que a juicio de la Junta sean satisfactorias para mantener

en todo tiempo la liquidez y solvencia de los mismos. En todo lo

referente a dichas garantías, se aplicarán las disposiciones contenidas

en los artículos 66 y siguientes de la presente ley. En la tramitación

de las respectivas solicitudes de préstamo, serán aplicables los

preceptos de los artículos 64 y 65, además de las disposiciones

reglamentarias que para el mejor servicio acuerde la Junta Directiva del

Banco.

Artículo 100.- Las Juntas Rurales no podrán conceder préstamos

garantizados con hipoteca sobre derechos parciales en fincas indivisas,

ni sobre la nuda propiedad. Todas las garantías hipotecarias que se les

otorguen deberán ser de primer grado sobre fincas rústicas o urbanas; sin

embargo, podrá aceptarse la hipoteca de grado inferior siempre que los

anteriores gravámenes sean a favor de las Juntas Rurales o de cualquier

departamento del Banco Nacional de Costa Rica.

Artículo 101.- Para constituir hipoteca a favor de una Junta Rural

de Crédito Agrícola, es suficiente con hacer constar el contrato al pie

de una certificación que, sobre propiedad del inmueble y sus gravámenes,

expida el Registro Público, siempre que el deudor haga autenticar su

firma por un notario o por la autoridad política superior. del cantón o

distrito. La cesión de créditos hipotecarios que hagan las Juntas o que

a su favor se otorguen, podrá hacerse por simple endoso al pie del título

de crédito, siempre que el endosante haga autenticar su firma en la forma

antes dicha.

Artículo 102.- La cancelación de las hipotecas otorgadas o cedidas a

favor de una Junta, podrá hacerse por medio de una razón de pago puesta

al pie del título de crédito y firmada por el Presidente y Tesorero de la

Junta, o por uno de los Gerentes de la Institución, según el caso, y

cuyas firmas, para efectos de inscripción en el Registro Público de la

Propiedad, deberán ser autenticadas por un abogado o por la autoridad

política superior del cantón.

Artículo 103.- Toda operación a favor de las Juntas Rurales de

Crédito Agrícola estará exenta de los impuestos de timbre y papel

sellado; también lo estarán las certificaciones que expida el Registro

Público cuando sean solicitadas por los Presidentes de las Juntas, así

como la inscripción de la constitución, endoso y cancelación de las

hipotecas y contratos de prenda otorgados a su favor, inscripción que,

además estará libre del pago de derechos de registro. Las

certificaciones servirán exclusivamente para los fines que esta ley

determina y en ellas se hará constar esa circunstancia y el nombre de la

Junta a cuya solicitud se extiende.

Artículo 104.- En ningún casos los documentos de crédito a favor de

las Juntas podrán ser cedidos o endosados sin el consentimiento de la

Gerencia del Banco Nacional de Costa Rica.

CAPITULO VIII

Sección de Crédito Industrial

Artículo 105.- Cada Banco podrá tener una Sección Industrial,

encargada de fomentar la creación de nuevas ramas industriales y la

ampliación de las ya existentes en el país, mediante la realización de

las operaciones autorizadas en este Capítulo.

Esta Sección financiará sus operaciones de crédito con los recursos

del Banco que la Junta Directiva ponga a su disposición.

Artículo 106.- La Sección Industrial podrá realizar todas las

operaciones de crédito que tengan como propósito la ayuda y estímulo a la

producción industrial de Costa Rica, y que autorice expresamente la Junta

Directiva de cada Banco.

Artículo 107.- Serán aplicables a la Sección Industrial las

disposiciones de los artículos 99 y 100 de la presente ley, pero la

Sección podrá tener un criterio flexible en cuanto a las garantías reales

que se ofrezcan.

Artículo 108.- La Sección Industrial no podrá dar crédito para

industrias cuyo financiamiento, a juicio exclusivo suyo, no sea

provechoso para la economía nacional o no presente posibilidades

financieras satisfactorias; tampoco lo dará cuando los promotores de la

industria no posean la debida capacidad industrial y técnica para su

eficaz operación.

CAPITULO IX

Otras operaciones

Artículo 109.- Los Bancos comerciales, podrán aceptar y avalar

letras de cambio y otros documentos de crédito girados contra ellos

mismos o contra otras personas, y expedir cartas de crédito, siempre que

unos y otros tengan un plazo de vencimiento que no exceda de un año.

Cuando estas operaciones no se realicen mediante la entrega efectiva de

las sumas aceptadas o garantizadas por el Banco, quedarán sujetas a los

preceptos legales y reglamentarios aplicables a la concesión de créditos.

Artículo 110.- También podrán los Bancos comerciales asumir

obligaciones por cuenta de terceros, en las condiciones y plazos y con

las garantías que determinen sus Juntas Directivas.

Artículo 111.- Los Bancos comerciales, podrán establecer libremente

Almacenes Generales de Depósito, los cuales se regirán de acuerdo con las

disposiciones de la ley de la materia, así como ejecutar operaciones

similares de almacenamiento de productos y mercaderías en bodegas

propias.

Artículo 112.- Los Bancos comerciales podrán efectuar las siguientes

comunicaciones de confianza:

1) Recibir en custodía fondos, valores, documentos y objetos, y

alquilar cajas de seguridad para la guarda de valores como éstos.

2) Actuar como agentes financieros y comprar o vender, por orden y

cuenta de sus clientes toda clase de valores o bienes.

3) Hacer cobros y pagos por cuenta ajena y efectuar otras operaciones

por encargo de sus clientes, siempre que sean compatibles con su

naturaleza de Bancos comerciales.

4) Actuar como depositarios judiciales o extrajudiciales o como

interventores en negocios o asuntos bancarios.

5) Actuar como liquidadores de toda clase de personas, siempre que no

se hallaren en estado de quiebra o insolvencia; y

6) Actuar como mandatarios y, especialmente, como administradores de

bienes sucesoriales o que pertenezcan a menores, incapaces o ausentes.

Artículo 113.- Ningún Banco comercial del Estado podrá efectuar

operaciones de crédito, directa e indirectamente, con:

a) Los miembros de su propia Junta Directiva, y sus ascendientes,

descendientes, cónyuges y demás parientes por consanguinidad o afinidad

hasta el segundo grado inclusive; y

b) Las sociedades mercantiles y cooperativas, de la cuales los miembros

de la Junta Directiva o funcionarios administrativos del propio Banco

sean representantes legales, o bien que posean acciones, cuotas u otras

participaciones de capital, iguales o superiores al 50% del que

estuviere acordado.

Esta prohibición no se extenderá a los préstamos realizados antes

del nombramiento respectivo de la persona que se trate.

Los estatutos de los Bancos comerciales particulares contendrán las

disposiciones normativas relacionadas con la concesión de créditos, en

forma directa e indirecta, a las personas citadas en los incisos a) y b).

En todo caso, para conceder dichos préstamos se requerirá el respectivo

acuerdo de la Junta Directiva y la aprobación expresa, por escrito, del

Auditor General de Bancos.

TITULO IV

OPERACIONES DE FOMENTO DE COOPERATIVAS

CAPITULO UNICO

Artículo 114.- El Banco Nacional de Costa Rica tendrá un

Departamento de Fomento de Cooperativas, encargado de apoyar e impulsar

el movimiento cooperativo del país.

Artículo 115.- El Departamento tendrá las funciones y podrá realizar

las operaciones siguientes:

1) Fomentar la organización y desarrollo de toda clase de sociedades

cooperativas, y participar como socio o accionista de las mismas,

efectuando temporalmente los aportes de capital que considere

conveniente, a cuyo efecto podrá adquirir acciones de dichas sociedades,

aun en exceso del 5% del capital suscrito y con derecho a los

porcentajes legales correspondientes sobre el total de las mismas,

debiendo venderlas nuevamente a las cooperativas, por su valor nominal,

cuando éstas lo soliciten.

2) Procurar la creación e incremento de organizaciones adecuadas para

la explotación cooperativa de inmuebles rústicos del Estado.

Municipalidades y otras entidades oficiales, coordinando su acción con

el Ministro de Agricultura e Industrias, o al del organismo que se

creare, para la resolución de programas de parcelación y colonización,

mediante la organización de centros o colonias regidas por el sistema

cooperativista.

3) Conceder créditos a las sociedades cooperativas legalmente

constituídas, para el adecuado desarrollo de sus actividades. Estos

créditos serán los mismos que el Banco puede conceder de acuerdo con lo

previsto en el Capítulo III del Título III de esta ley y quedarán

sometidos a las condiciones, restricciones y ventajas que dicho Capítulo

establece para las demás operaciones del Banco.

La Junta Directiva estará facultada para fijar condiciones y

proporciones especialmente favorables a la determinación de los límites

máximos de crédito, por clases y por cooperativas; de las tasas de

interés y comisión; de los plazos; de los márgenes de garantía y demás

requisitos que se establezcan para la realización de las operaciones de

crédito del Departamento. Esta facultad la podrá ejercer sin perjuicio

de lo que establece la Ley Orgánica del Banco Central al respecto.

4) Proporcionar ayuda técnica a las sociedades cooperativas.

5) Fomentar la enseñanza y divulgación del cooperativismo en todas sus

formas y manifestaciones.

6) Proponer las disposiciones legales o administrativas que convenga

adoptar para el desarrollo de las sociedades cooperativas y, cuando lo

estime oportuno, las modificaciones que crea convenientes a la

legislación respectiva; y

7) Las demás operaciones compatibles con la naturaleza del Departamento

y que no estén expresamente prohibidas por las leyes.

Artículo 117.- Durante el tiempo que el Departamento sea accionista

de una cooperativa, el nombramiento, y la remoción cuando fuere del caso,

del Gerente de ella, corresponderá a la Junta Directiva del Banco,

después de oír el pronunciamiento de la asamblea de la cooperativa. La

remoción sólo podrá efectuarse por acuerdo debidamente justificado.

Artículo 118.- El Departamento deberá, durante todo el tiempo que

preste ayuda económica o técnica a una sociedad cooperativa:

1) Exigir la presentación de balances, cuentas y estados en la forma

que el mismo determine.

2) Revisar en cualquier tiempo los libros y documentos, y verificar la

existencia de dinero, valores, productos y mercaderías; y

3) Fiscalizar los actos administrativos y la inversión de los créditos

concedidos.

TITULO V

OPERACIONES DE LOS BANCOS HIPOTECARIOS

CAPITULO I

Objetivos y recursos

Artículo 119.- Las operaciones que se efectúen de acuerdo con las

condiciones, privilegios y restricciones establecidas en este Título,

sólo podrán efectuarse por el Departamento Hipotecario del Banco Nacional

de Costa Rica, por los departamentos de esa naturaleza que llegaren a

constituirse en los demás Bancos del Estado y por las Secciones de

Capitalización a que se refiere el Capítulo VI del Título III de esta

ley.

Artículo 120.- Los Departamentos Hipotecarios funcionarán con

absoluta independencia de los departamentos comerciales del respectivo

Banco, salvo las limitaciones de carácter administrativo establecidas por

la ley. El reglamento de cada Banco establecerá normas adecuadas que

regulen las relaciones entre ambos Departamentos como Bancos distintos e

independientes, aunque bajo una sola administración, en forma tal que su

funcionamiento sea eficaz para el debido cumplimiento de sus obligaciones

legales.

Artículo 121.- Los departamentos hipotecarios financiarán sus

operaciones con los siguientes recursos financieros:

1) Con sus Capitales y Reservas Legales.

2) Con la emisión y colocación de los Bonos Hipotecarios que de acuerdo

con esta ley podrán emitir para ese objeto; y

3) Con la contratación de empréstitos en el país o en el extranjero,

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del

Banco Central.

CAPITULO II

Operaciones e Inversiones

Artículo 122.- Los departamentos hipotecarios podrán hacer las

siguientes operaciones de crédito, con cualquier persona natural o

jurídica, con sujeción estricta a las condiciones establecidas en la

presente ley y en la Ley Orgánica del Banco Central:

1) Conceder créditos hipotecarios para financiar operaciones

relacionadas con la adquisición de fincas agrícolas o ganaderas, la

ejecución de obras reproductivas en las mismas, la construcción de

viviendas, instalaciones o plantas, la cancelación de obligaciones

financieras provenientes de las anteriores operaciones y cualesquiera

otros negocios útiles y reproductivos, de lenta recuperación, que mejoren

el estado, operación y utilización de tales fincas.

2) Conceder créditos hipotecarios para financiar operaciones

relacionadas con la adquisición de fincas urbanas, construcción y

reparación de edificios, cancelación de obligaciones financieras

provenientes de las anteriores operaciones y cualesquiera otros negocios

útiles y reproductivos, de lenta recuperación, que mejoren el estado,

operación y utilización de tales fincas.

3) Otorgar créditos hipotecarios para la financiación de otras

operaciones en que esté absolutamente definido el carácter reproductivo

de la inversión a que se destinan los créditos, siempre que no estén

prohibidos por las leyes bancarias y que fueren compatibles con la

naturaleza técnica de los Bancos hipotecarios; y

4) Comprar, vender y conservar como inversión, valores mobiliarios de

primera clase, de absoluta, seguridad y liquidez y de transacción normal

y corriente en el mercado, inclusive sus propios bonos hipotecarios.

Artículo 123.- Los departamentos hipotecarios podrán conceder los

créditos enumerados en el artículo anterior tomando en cuenta la

naturaleza de la operación financiada, sus posibilidades de recuperación

y la capacidad de pago del respectivo deudor, en cualquiera de las formas

siguientes:

1) Como hipotecas a mediano plazo, con vencimientos menores de diez años.

2) Como hipotecas a largo plazo, con vencimiento no menores de diez ni

mayores de veinticinco años.

Todos los créditos serán necesariamente garantizados con primera

hipoteca, constituída con todas las formalidades legales, pudiendo

aceptarse gravámenes de grado inferior únicamente cuando los anteriores

sean obligaciones a favor del mismo Banco.

Artículo 124.- Con relación a las operaciones de crédito de los

departamentos hipotecarios, el Banco Central fijará y variará cuando lo

considere necesario:

1) Las tasas máximas de interés, comisión y otras cargas que pueden

cobrar a sus deudores;

2) Los límites máximos de crédito que pueden otorgar a cada persona

natural o jurídica, en cada una de las diversas clases de operaciones

enumeradas en el artículo 122 de esta ley, y en conjunto en todas ellas;

límite este último que en ningún caso podrá ser superior al 5% del

Capital y Reserva Legal de los Departamentos.

3) Los márgenes mínimos de seguridad que deben existir entre el importe

de los créditos concedidos por los departamentos y el valor real de las

fincas hipotecarias; y

4) Los plazos máximos que los departamentos podrán conceder para el

reembolso de sus operaciones de crédito.

Artículo 125.- Serán aplicables a las operaciones de crédito de los

departamentos hipotecarios las disposiciones de los artículos 62 a 73,

inclusive, excepto el artículo 67, todos de la presente ley. Su

aplicación se hará tomando en consideración la naturaleza especial de los

departamentos como Bancos Hipotecarios, así como la circunstancia de que,

en todo caso, las garantías otorgadas a su favor serán siempre

hipotecarias; y sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este

Título, que en caso de contradición prevalecerán sobre aquéllas.

Artículo 126.- El pago del principal, intereses, comisiones y otras

cargas de los créditos concedidos por los departamentos hipotecarios, se

pactará por cuotas fijas periódicas, pagaderas en períodos no inferiores

a un mes ni mayores de un año, que comprenderán dichos pagos en forma

proporcional, conforme a las tablas matemáticas que para esos efectos

calcularán los departamentos. A juicio de la Junta Directiva de cada

Banco, las cuotas se cobrarán por anticipado o bien por períodos

vencidos. El deudor tendrá derecho a pagar anticipadamente el todo o

parte de su deuda, pero los departamentos no estarán obligados a

devolverle intereses, comisiones ni otras cargas que hubieren sido

pagadas por anticipado.

Artículo 127.- Los departamentos hipotecarios no podrán conceder

créditos garantizados con hipotecas sobre derechos parciales en fincas

indivisas, ni sobre la nuda propiedad.

CAPITULO III

Bonos Hipotecarios

Artículo 128.- Los departamentos hipotecarios podrán emitir y vender

Bonos Hipotecarios que serán títulos al portador y que constituirán un

pasivo de dichos departamentos; serán emitidos a los tipos de interés,

amortización y plazo que determine el Banco Central, el cual fijará

también las demás condiciones que considere convenientes para su emisión,

circulación y reembolso. Todo dentro de las disposiciones generales

previstas en esta ley y de conformidad con lo dispuesto en la Ley

Orgánica del Banco Central.

Artículo 129.- Los bonos hipotecarios serán firmados en facsímil por

el Presidente y el Gerente del Banco que los emita. Expresarán

claramente el valor nominal del título, el plazo, el tipo de interés, las

condiciones de pago del capital y de los intereses, la fecha de su

emisión y las demás estipulaciones pertinentes. Llevarán anexos cupones

numerados y debidamente individualizados para el pago de los respectivos

intereses.

Los bonos se emitirán en series diferenciadas, y deberán ser

numerados. Los que pertenezcan a una misma serie estarán sujetos a las

mismas condiciones y tendrán las características y seguridades que

determinen los reglamentos aplicables.

Los bonos no podrán ser puestos en circulación sin haberlos anotado

previamente en registros especiales que para tal efecto llevará el

Auditor General de Bancos, quien antes de inscribirlos, deberá

cerciorarse de que hayan sido llenadas todas las exigencias legales y

reglamentarias. Aprobada su inscripción, el Auditor pondrá en cada

título la constancia respectiva.

Artículo 130.- Los departamentos hipotecarios estarán obligados a

recibir sus propios bonos, por su valor nominal, en pago de

amortizaciones extraordinarias de capital que efectúen los deudores de

sus créditos hipotecarios, siempre que la amortización o vencimiento de

los bonos no exceda del plazo del crédito. A opción ellos podrán

recibirlos en pago de cualesquiera obligaciones a su favor.

Artículo 131.- El capital representado por los bonos hipotecarios

será reembolsado a la par en la fecha de su vencimiento, o antes por

medio de sorteos trimestrales hechos de acuerdo con los tipos de

amortización y plazo a que se hubieren emitido. También podrán ser

amortizados anticipadamente, mediante sorteos extraordinarios o compras

directas en mercado abierto, a juicio de la Junta Directiva del Banco.

Los números y series de los bonos vencidos y amortizados serán dados

a conocer mediante anuncios en el diario oficial. Dichos bonos, así como

los cupones de intereses cancelados, serán destruídos con las

formalidades que establezca el reglamento bajo vigilancia y fiscalización

del Auditor General de Bancos.

Los intereses se devengarán desde la fecha de emisión de los bonos

hasta la de su vencimiento, sorteo o amortización y se pagarán por

trimestres vencidos y por medio de los cupones anexos a los títulos.

Artículo 132.- Los bonos vencidos, sorteados o amortizados, dejarán

de devengar intereses desde la fecha señalada para su pago.

Artículo 133.- Los bonos hipotecarios y sus cupones de intereses

estarán exentos de todo impuesto, presente o futuro, en el territorio de

la República.

Artículo 134.- Los bonos hipotecarios estarán directamente

garantizados por:

1) El conjunto de préstamos a cuya financiación se destinan y las

garantías hipotecarias otorgadas al Departamento como seguridad de tales

préstamos.

2) El total del activo del Banco correspondiente.

CAPITULO IV

Otras operaciones

Artículo 135.- Serán íntegramente aplicables a los departamentos

hipotecarios las disposiciones del artículo 113 de la presente ley.

Artículo 136.- Los departamentos hipotecarios podrán recibir

aquellos depósitos que fueren necesarios para el manejo y administración

de sus operaciones normales como Bancos hipotecarios.

TITULO VI

BANCOS PRIVADOS

CAPITULO I

Constitución y duración

Artículo 137.- Los Bancos privados deberán necesariamente

constituirse como sociedades anónimas, con arreglo a las normas legales

que rigen a tales sociedades, en cuanto no estuvieren especialmente

modificadas por la presente ley. No podrán formarse con menos de diez

accionistas, y sus acciones deberán ser siempre nominativas.

Artículo 138.- Ningún Banco privado podrá operar sin la autorización

expresa del Banco Central, la cual no podrá ser otorgada sin el dictamen

favorable de la Auditoría General de Bancos que demuestre que su

funcionamiento se ajusta a las prescripciones legales.

Artículo 139.- La duración legal de los Bancos privados será de

treinta años, contados desde su instalación, lapso que podrá prorrogarse

por períodos sucesivos iguales, previa aprobación del Banco Central, dada

de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.

CAPITULO II

Administración y vigilancia

Artículo 140.- Cada Banco privado operará bajo la dirección de una

Junta Directiva, integrada por no menos de cinco miembros propietarios,

elegidos anualmente por la asamblea general de accionistas. Los miembros

de esa Junta no podrán ser al propio tiempo gerentes, personeros o

empleados del mismo Banco, ni directores, gerentes, personeros o

empleados de cualquier otra institución bancaria.

Artículo 142.- Cada Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias

una vez por semana, y extraordinarias cada vez que sea convocada por su

Presidente o por el Gerente del Banco, con el quórum que establezcan los

Estatutos; los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros

presentes, salvo que la ley o los estatutos del Banco requieran una

mayoría determinada; en casos de empate el Presidente en funciones tendrá

doble voto y decidirá. Serán aplicables a cada Junta Directiva las

disposiciones de los artículos 28, 32, 34, 36 y 37 de la presente ley.

Artículo 143.- Los estatutos de cada Banco establecerán las

condiciones personales requeridas para ser miembro de la Junta Directiva;

las incompatibilidades e incapacidades para serlo; las causales de

cesación en el cargo; las obligaciones, facultades y deberes de sus

miembros; las inhibiciones que les correspondan; y todos los demás

requisitos, condiciones y procedimientos que se aplicarán en el

nombramiento, actuación y reposición de los miembros de la Junta

Directiva.

Artículo 144.- La Junta Directiva de cada Banco privado nombrará,

con el voto favorable de no menos de cuatro de sus miembros, un Gerente y

uno o más Subgerentes que tendrán a su cargo la administración del Banco

de acuerdo con la ley, los reglamentos, sus estatutos y las instrucciones

que les imparta la Junta. Será extensivo a los Gerentes lo dispuesto

para los Directores en el artículo anterior en lo que fuere racionalmente

aplicable.

Las disposiciones de los artículos 40 y 42 de esta Ley Orgánica

regirán para los Gerentes de los Bancos privados.

Artículo 145.- En todo lo referente a la organización interna de los

Bancos privados, se aplicarán las disposiciones de los Capítulos III y IV

del Título II de esta Ley Orgánica, en lo que fuere racionalmente

aplicable y tomando la consideración el carácter de entidades

particulares que tienen estos Bancos.

Igualmente regirán para los Bancos privados las estipulaciones

referentes a vigilancia y fiscalización de los Bancos, prescritas en el

Capítulo III del Título I de esta.

CAPITULO III

Operaciones y recursos

Artículo 146.- Podrán los Bancos privados ejecutar las operaciones

autorizadas por la ley para los Bancos comerciales del Estado, salvo las

que estén expresamente reservadas a éstos.

Artículo 147.- El Capital de un Banco privado no podrá ser menor de

cinco millones de colones; ningún Banco podrá iniciar sus operaciones

mientras no tenga totalmente suscrito y pagado en efectivo su Capital,

que como comprobación deberá ser depositado inicialmente en el Banco

Central, en cuenta corriente, para ser retirado conforme efectúe sus

colocaciones e inversiones o haga los pagos correspondientes a los gastos

de organización e instalación. Estos gastos no podrán exceder, en ningún

caso, del 20% de su capital inicial y deberán quedar amortizados

totalmente dentro de un período máximo de cinco años; provisionalmente

los Bancos podrán hacer figurar en sus libros y balances, como un activo,

la parte que se hallare pendiente de amortización durante el lapso

referido.

Artículo 148.- Los Bancos privados podrán aumentar su capital en

cualquier tiempo mediante una modificación de su escritura social,

pagando totalmente dichos aumentos. También podrán reducir su capital sin

descender del mínimo legal establecido en el artículo anterior; todo

previa autorización del Banco Central, basada en dictamen favorable del

Auditor General de Bancos y siempre que en el caso de una reducción no se

perjudiquen los intereses de los acreedores de Banco.

Artículo 149.- El ejercicio financiero de los Bancos privados será

el año natural, pero al cierre del último día hábil de cada semestre

harán una liquidación completa de sus ganancias y pérdidas que deberá

ponerse en conocimiento del Auditor General de Bancos.

Artículo 150.- Las utilidades netas semestrales de los Bancos

privados serán distribuídas en la siguiente forma:

1) El 10% para la formación e incremento de la Reserva Legal.

2) El 10% para la constitución del Fondo de Garantías y Jubilaciones de

los Empleados del Banco.

3) El remanente para el pago de dividendos a los accionistas del Banco

y para los fines que determine la Junta Directiva con aprobación de la

Asamblea General de Accionistas.

Artículo 151.- Se aplicarán a los Bancos privados, en relación con

sus liquidaciones de ganancias y pérdidas, los preceptos de los artículos

10 y 14 de la presente ley.

Artículo 152.- De la Reserva Legal no puede destinarse parte alguna

al pago de dividendos, los cuales tampoco podrán ser pagados en forma de

acciones; se cubrirán semestralmente y queda prohibido el pago intermedio

de ellos con cargo a las Reservas o ganancias ya producidas.

Artículo 153.- Las pérdidas que sufriere un Banco durante un período

semestral deberán ser cubiertas con las ganancias generales del mismo

período. Cuando éstas no fueren suficientes para cubrirlas, el saldo

restante se cargará a las Reservas hasta donde alcanzare y, agotadas

éstas, al Capital, con aprobación de Auditor General de Bancos.

Artículo 154.- Si las pérdidas de un Banco hubieren disminuído su

capital, todas sus ganancias netas se destinarán de preferencia, en el

futuro, a reponer tal disminución.

Artículo 155.- Los directores o gerentes que hubieren ordenado el

pago de dividendos con infracción de las disposiciones anteriores, serán

responsables, con su patrimonio personal, de la devolución al Banco del

importe de los dividendos pagados ilegalmente, sin perjuicio de las demás

sanciones legales que correspondan.

CAPITULO IV

Liquidación y cierre

Artículo 156.- El Auditor General de Bancos dará inmediatamente

cuenta, al Juez Civil que corresponda, cada vez que ocurran los

siguientes hechos:

1) Cuando un Banco privado, requerido en debida forma, se negare a

someterse a una inspección, ya sea parcial o general, de sus libros y

operaciones.

2) Cuando los Directores, Gerentes o Jefes de tal Banco, rehusaren

prestar declaración sobre el estado y operaciones del establecimiento.

3) Cuando un Banco, debidamente amonestado, persistiere en infringir

las disposiciones de la presente ley, de sus estatutos, de su reglamento,

de las regulaciones establecidas por el Banco Central, o administrare sus

negocios en forma que ponga en peligro su seguridad y solvencia.

4) Cuando un Banco persistiere en no someterse a las órdenes y

disposiciones legalmente impartidas por el Auditor General de Bancos.

5) Cuando un Banco suspendiere sus pagos, siendo en tal caso,

obligación del Gerente dar aviso inmediato al Auditor General de Bancos;

y

6) Cuando un Banco hubiere sufrido pérdidas que reduzcan su capital a

una suma inferior a la mitad.

El Juez, previa investigación de los hechos, podrá ordenar el cierre

temporal del Banco, ponerlo bajo la dirección y custodia del Auditor

General de Bancos en forma provisional, a fin de decidir con vista de los

hechos, si se autoriza al Banco para continuar sus operaciones, o si por

el contrario se declara su estado de quiebra.

Artículo 157.- Si algún acreedor de un Banco o el propio

establecimiento se presentare a los Tribunales pidiendo la declaración de

quiebra, el Juez dará aviso inmediato al Auditor General de Bancos.

Artículo 158.- En los casos especificados en los dos artículos

anteriores, el Auditor examinará la solvencia de la institución bancaria

respectiva.

Si comprobare la solvencia de la institución o, en su caso, que han

cesado las infracciones o la negativa a someterse a las disposiciones

legales o a las instrucciones del Auditor, lo informará así al Juez, para

que éste resuelva lo pertinente.

Si el Auditor encontrare el Banco en un estado que justifique su

declaración de quiebra, lo hará saber al Juez, a fin de que éste, si

resolviere declararla, lo ponga en posesión de él, con carácter de

depositario y de curador provisional, mientras se organiza la Junta

Liquidadora a que se refiere el artículo 160 de esta ley.

El Auditor deberá dar al Juez los informes a que se refieren los

artículos anteriores a la mayor brevedad posible.

Artículo 159.- Tan pronto se haya hecho la declaración de quiebra de

un Banco, el Auditor hará inmediatamente un inventario de todos sus

haberes, tomará posesión de su correspondencia y libros de contabilidad,

pondrá a continuación de los últimos asientos que aparecieren en sus

libros una razón firmada por él, haciendo constar que se encontraban en

ese estado al declararse la quiebra, y procederá a formular una lista

provisional de acreedores con indicación de las preferencias y

privilegios que en su caso les correspondieren.

CAPITULO III

Vigilancia, Balances y Publicaciones

Artículo 16.- Además de la fiscalización a que estarán sometidos los

Bancos del Estado, de conformidad con las disposiciones especiales de la

Constitución, dichos Bancos y los privados quedarán sujetos a la

vigilancia y fiscalización permanentes del Auditor General de Bancos, en

la forma y condiciones prescritas por la presente ley y por la Ley

Orgánica del Banco Central y de acuerdo con las disposiciones pertinentes

de los respectivos reglamentos.

Artículo 160.- La liquidación de los negocios del Banco fallido se

hará por una Junta compuesta por el Auditor, quien la presidirá, un

representante de los acreedores y un representante de los accionistas.

Esta Junta tendrá las atribuciones y deberes que la ley señala a los

curadores definitivos, con las modificaciones que a continuación se

expresan.

Artículo 161.- Inmediatamente después de que se haya hecho la

declaratoria de quiebra, el Auditor convocará a los acreedores del Banco

fallido para que en reunión que deberá efectuarse a la mayor brevedad

posible, nombren un representante propietario y uno suplente en la Junta

Liquidadora. Asimismo convocará a los accionistas, por separado, para

que de igual modo elijan el representante propietario y el suplente que

les corresponde.

Una y otra convocatoria deben hacerse por avisos que se publicarán

tres veces consecutivas en el "Boletín Judicial" y en dos diarios

matutinos de San José. Entre la primera publicación y las referidas

reuniones debe mediar por lo menos un término de ocho días hábiles,

dentro del cual podrán quedar incluídos los de la publicación y

celebración de las reuniones.

Podrán tomar parte en las respectivas votaciones quienes aparezcan

en los libros del Banco fallido como acreedores o como accionistas, así

como quienes con documento auténtico demuestren serlo.

La votación de los acreedores se hará de acuerdo con las reglas del

artículo 946 del Código Civil. La de los accionistas por mayoría, a

razón de un voto por cada acción.

El Juez a-quo aprobará la elección hecha por los interesados; y si

por cualquier motivo no se efectuaren las reuniones para verificarla o en

ellas no hubiere acuerdo, hará directamente los nombramientos

respectivos, procurando dar representación a las entidades remisas.

Artículo 162.- La Junta Liquidadora deberá reunirse con la

frecuencia necesaria para el cumplimiento de su cargo. Sus resoluciones

serán tomadas por mayoría de votos y ejecutadas por el Auditor en su

carácter de Presidente de la Junta; dentro de los diez días siguientes a

la notificación de ellas, serán apelables en un solo efecto para ante la

Sala Primera Civil. La Junta tendrá un libro de actas en el que deben

consignarse todos los asuntos tratados en las sesiones y los acuerdos que

se tomen; las actas deberán ser firmadas por todos los miembros

presentes.

Artículo 163.- Son deberes de la Junta Liquidadora:

1) Avisar inmediatamente a todos los Bancos, sociedades o personas,

radicadas en el país o en el extranjero, que sean deudores o posean

fondos o bienes del Banco en liquidación, para que no efectúen pagos sino

con intervención del Auditor, para que devuelvan los bienes

pertenecientes al Banco que tuvieren en su poder y para que no asuman

nuevas obligaciones por cuenta de éste.

2) Solicitar a las autoridades que corresponda, que se practiquen en el

Registro Mercantil las anotaciones a que haya lugar y notificar sus

resoluciones por correo certificado a las personas afectadas.

3) Dar aviso por correo a cada una de las personas que resulten ser

propietarias de cualquier bien entregado al Banco, para que lo retiren

dentro del plazo de sesenta días a contar desde la fecha de la

notificación.

4) Notificar por correo a cada una de las personas que tengan créditos

contra el Banco para que los legalicen, dentro del plazo de cuatro meses

a contar desde la fecha de la notificación y hacer protocolizar una lista

de los créditos que no hubieren sido reclamados dentro del plazo

indicado.

5) Aprobar o rechazar provisionalmente los créditos debidamente

legalizados de acuerdo con el examen que la Junta hiciere de los

comprobantes respectivos, designando con claridad, entre los créditos

aprobados, aquellos que tengan preferencia sobre los comunes.

6) Reclamar judicial o extrajudicialmente los créditos vencidos a favor

del Banco.

7) Revisar y rectificar las listas del activo y pasivo presentadas por

la Gerencia del Banco o formar dichas listas, si no hubieren sido

presentadas.

8) Procurar que los bienes ocupados o inventariados estén debidamente

asegurados y se conserven en buen estado, así como disponer la venta de

aquellos que no puedan conservase sin perjuicio de la liquidación o tomar

las medidas conducentes para evitar el perjuicio.

9) Hacer valorar los bienes del Banco por peritos de reconocida

honorabilidad y de su propio nombramiento.

10) Nombrar los empleados que considere necesarios para la liquidación y

fijar los honorarios, sueldos y demás gastos.

11) Disponer la venta de los bienes muebles del Banco por medio de un

Corredor Jurado.

12) Proceder a la venta judicial de los bienes inmuebles de la empresa.

13) Llevar ordenadamente la contabilidad de las operaciones de la

liquidación.

14) Depositar diariamente en el Banco Central las sumas que haya

recibido.

15) Pagar los gastos de administración por medio de cheques que firmará

el Auditor.

16) Formular una cuenta distributiva cada vez que haya fondos

suficientes para repartir un dos por ciento, por lo menos, entre los

acreedores cuyos créditos hubieren sido aprobados.

17) Convocar a reuniones de acreedores para conocer de la liquidación de

créditos y para el examen, discusión y aprobación del estado de

liquidación, por medio de un aviso que será publicado en el "Boletín

Judicial" y en dos periódicos matutinos de San José, por lo menos tres

veces consecutivas, debiendo mediar entre la primera publicación del

aviso en el "Boletín Judicial" y el día de la reunión, no menos de

quince días hábiles; y

18) Ejecutar todos los actos que estime convenientes con el fin de

llevar a cabo la liquidación en la mejor forma posible.

Los actos que impliquen disposición de bienes de la quiebra, no

previstos en esta ley, los resolverán los acreedores en una Junta

convocada al efecto.

Artículo 164.- En los casos mencionados en el inciso 3) del artículo

anterior, y una vez vencido el plazo ahí indicado, la Junta, por medio

del Auditor, podrá abrir las cajas de seguridad cuyo contenido no hubiere

sido reclamado, en presencia de un delegado especial y de un notario.

Los objetos depositados en las cajas deberán ser inventariados y los

paquetes respectivos sellados y marcados a nombre de sus propietarios.

Los paquetes serán entregados, junto con la lista en que se haya

inventariado y descrito su contenido, al Banco Central, para que éste los

guarde en custodia a nombre de sus propietarios.

Artículo 165.- En los casos a que se refiere el inciso 17) del

artículo 163 de esta ley, el Auditor tendrá la facultad de determinar las

formalidades que se observarán en las reuniones de acreedores.

Artículo 166.- Todos los gastos que resulten de la liquidación de un

Banco, así como las dietas para los representantes de los acreedores y de

los accionistas en la Junta Liquidadora, los sueldos y honorarios para

los empleados y demás personas ocupadas en la liquidación, incluso una

retribución equitativa para el Auditor General de Bancos, serán a cargo

del Banco en liquidación y aprobados por el Juez.

Artículo 167.- Todas las obligaciones de un Banco en liquidación

dejarán de ganar intereses desde la fecha de la declaración de quiebra,

sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.

Artículo 168.- La aplicación del producto de la liquidación al pago

de las obligaciones del Banco, se hará en la siguiente forma:

Tan pronto como la Junta Liquidadora haya verificado la lista del

activo y pasivo, destinará una parte correspondiente del activo al pago

de las obligaciones del Banco que tuvieren preferencia sobre las demás.

Una vez pagadas estas obligaciones, destinará los fondos líquidos

que hubiere o que resultaren de la realización del activo, en forma

proporcional, al pago de las deudas comunes debidamente aprobadas.

Sin embargo, la Junta Liquidadora tendrá la facultad de pagar, de

una vez, las obligaciones que no excedan de mil colones por persona

natural o jurídica.

Si aún quedaren valores del activo en poder de la Junta Liquidadora,

después de efectuados todos los pagos y depositada en el Banco Central

una provisión suficiente para los créditos sobre los cuales hubiere

litigio pendiente, y después de pagados todos los gastos a que se refiere

el artículo 166 de esta ley, deberán destinarse dichos valores al pago de

intereses sobre todas las deudas aprobadas del Banco desde la fecha de la

declaratoria de quiebra hasta la fecha del pago de las obligaciones

respectivas. La tasa de interés se regirá por los fondos que hubiere

disponibles para este efecto, pero no podrá ser superior a la que rigió

para las obligaciones respectivas en el momento de declararse la quiebra.

Artículo 169.- Después de efectuados todos los pagos a que se

refiere el artículo 168 de esta ley, y depositada en el Banco Central,

además, una provisión para los créditos que no hubieren sido reclamados,

siempre que hubiere fondos suficientes para este efecto, la Junta

Liquidadora convocará a los accionistas del Banco a una asamblea general,

mediante la publicación de tres avisos con anticipación de quince días en

el "Boletín Judicial".

La asamblea de accionistas, podrá pedir a la Junta Liquidadora que

continúe la liquidación, o nombrar otra comisión que se haga cargo de

ella bajo la supervigilancia del Auditor General de Bancos.

Artículo 170.- En caso de que la Junta Liquidadora continúe la

liquidación deberá distribuir entre los accionistas, después de pagados

todos los gastos, el sobrante del dinero y otros bienes que quedaren en

su poder en proporción al capital aportado por cada uno de ellos.

Artículo 171.- Cuando se haya distribuído todo el activo del Banco

en Liquidación, efectuado el depósito de las provisiones mencionadas en

los artículos 168 y 169 de esta ley, pagados todos los gastos, y después

de haber transcurrido un año por lo menos desde la última fecha fijada

para la reclamación de créditos, la Junta Liquidadora publicará un aviso

en el "Boletín Judicial" declarando disuelto el Banco.

Artículo 172.- Cualesquiera fondos provenientes de la liquidación de

un Banco, que quedaren en poder de la Junta Liquidadora y que no hubieren

sido reclamados dentro del plazo de diez años después de declarada la

disolución, pertenecerán al Estado.

Artículo 173.- Si un Banco privado desea poner fin a sus

operaciones, o si transcurrido el plazo de su existencia legal no se

hubiere constituído de nuevo, sus negocios podrán ser liquidados por una

Junta Liquidadora nombrada por los accionistas en asamblea general.

La liquidación deberá llevarse a cabo bajo vigilancia del Auditor

General de Bancos, quien podrá exigir a esta Junta todas las garantías

que estime convenientes y quedará facultado para pedir, en cualquier

momento, la presentación de los libros y demás documentos del Banco e

informes sobre los actos y procedimientos de la Junta, con el fin de

cerciorarse de la forma en que se lleva a cabo la liquidación y de que

los intereses de los acreedores están ampliamente garantizados.

TITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Disposiciones Generales

Artículo 174.- Con la entrada en vigencia de esta ley quedarán

derogadas todas las leyes, decretos y acuerdos que se opusieren a su

ejecución; y modificadas en lo conducentes, todas las disposiciones

análogas que no coincidieren exactamente con los preceptos de la presente

ley; las modificaciones dichas se entenderán en el sentido de crear la

debida concordancia entre las mencionadas disposiciones y esta ley.

En especial, quedan expresamente derogadas las siguientes

disposiciones legales:

Los Títulos I, II, IV y V de la ley Nº 15 de 5 de noviembre de 1936

y las reformas que con posterioridad le fueron hechas en las leyes Nº 13

de 2 de octubre de 1943 y Nº 1050 de 25 de agosto de 1947 y en los

Decretos-Leyes Nº 227 de 28 de setiembre de 1948, Nº 283 de 27 de

noviembre de 1948, Nº 298 de 7 de diciembre de 1948, Nº 435 de 15 de

marzo de 1949 y ley Nº 1476 de 17 de julio de 1952.

La Ley de Bancos Nº 16 de 25 de abril de 1900.

El Artículo Nº 2º del Decreto-Ley Nº 185 de 28 de setiembre de 1948.

Los Títulos I, III, IV y V de la ley Nº 16 de 5 de noviembre de 1936

( salvo las derogatorias hechas en su artículo 197), y las reformas que

con posterioridad le fueron introducidas por las leyes Nº 862 de 5 de

mayo de 1947, Nº 828 de 13 de diciembre de 1946 en su artículo 1º y por

los Decretos-Leyes Nº 132 de 5 de agosto de 1948, Nº 141 de 23 de agosto

de 1948, Nº 153 de 6 de setiembre de 1948, Nº 334 de 5 de enero de 1949,

Nº 373 de 4 de febrero de 1949, Nº 728 de 28 de setiembre de 1949, Nº 755

de 11 de octubre de 1949, este último en relación únicamente con lo que

dispone para los Bancos y ley Nº 1487 de 8 de agosto de 1952, en su

artículo 1º.

El Decreto-Ley Nº 218 de 13 de octubre de 1948, en lo conducente.

El Decreto-Ley Nº 313 de 29 de diciembre de 1948, en su artículo 2.

La ley Nº 71 de 21 de julio de 1940.

Conservarán pleno efecto los derechos originados en el Decreto-Ley

Nº 791 de 26 de octubre de 1949 y en la ley Nº 1127 de 11 de enero de

1950, que también se derogan.

El Decreto-Ley Nº 647 de 10 de agosto de 1949. La ley Nº 861 de 6 de

mayo de 1947.

Se exceptúan de las derogativas la Ley de la Contraloría Nº 1252 de

23 de diciembre de 1950, la ley Nº 1279 de 2 de mayo de 1951 y la ley Nº

1562 de 19 de mayo de 1953. Se exceptúan asimismo las disposiciones de

leyes especiales que conciernan a las aplicaciones económicas del Sistema

Bancario Nacional.

Artículo 175.- Esta ley entrará en vigencia el mismo día de su

publicación.

Banco Nacional de Costa Rica 

Departamento Comercial ... ... ... ... ... ... ... ¢ 380,800.00 Departamento Hipotecario ... ... ... ... ... ... . 495,000.00 ¢875,800.00 ------------- Banco de Costa Rica ... ... ... ... ... ... ... ... . ......... 230,800.00 

Banco Anglo Costarricense ... ... ... ... ... ... ... ......... 103,800.00 

Banco Crédito Agrícola de Cartago ... ... ... ... ... ......... 34,600.00 

Estas sumas se tomarán de la parte de las utilidades a que se refiere el inciso 1) del artículo 12 de esta ley. 

Ficha articulo

Artículo Transitorio 3º.- A efecto de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 12, se establece un término de dos años, a partir de la vigencia de la presente ley, a fin de que el Sistema Bancario Nacional, previos los estudios actuariales, establezca las reglamentaciones adecuadas para llevar a la práctica el nuevo sistema de garantías y jubilaciones. Entre tanto continuarán rigiendo plenamente los sistemas y reglamentaciones vigentes en cada institución. Cuando se pongan en vigencia las nuevas reglamentaciones, se tendrá cuidado de que en ningún caso las ventajas consignadas sean inferiores a las mejores que rijan en la actualidad entre las varias instituciones del Sistema Bancario Nacional.
Ficha articulo

Artículo Transitorio 4°.-

Artículo Transitorio 5º.-

Las operaciones de crédito y de cualquier otra índole que tuviere pendientes el Departamento Hipotecario del Banco Nacional de Costa Rica al entrar en vigencia la presente ley, continuarán en vigor de acuerdo con las condiciones vigentes, hasta su total extinción, aun cuando no se ajustaren en todos los extremos a las disposiciones de esta ley. Se exceptúan las operaciones de financiación de las Juntas Rurales de Crédito Agrícola, que deberán ser traspasadas al Departamento Comercial de dicho Banco para entrar a formar parte de las operaciones a que se refiere el Capítulo VII del Título III de esta Ley Orgánica; el importe de dichas operaciones será abonado por el Departamento Comercial a la cuenta que con él tiene el Hipotecario; el saldo que quedare en esta cuenta deberá ser amortizado por el Hipotecario a la mayor brevedad, de acuerdo con sus posibilidades financieras.
Ficha articulo

Artículo Transitorio 6º.-

El Instituto Nacional de Seguros queda autorizado para continuar con los contratos de ahorro y capitalización que tenga en vigencia al comenzar a regir esta ley, hasta la total extinción de los mismos.
Ficha articulo

Artículo  Transitorio 7º.-

Para completar el Capital del Departamento, el Estado aportará mensualmente la cantidad de ¢ 37,000.00, hasta que dicho Capital alcance la suma fijada en el artículo 8º de esta ley. 

Para todos los efectos legales; deberá tener por sustituído, sin más requisito, el nombre Sección de Fomento de Cooperativas, Agrícolas e Industriales del Banco Nacional de Costa Rica, usado en toda clase de leyes, operaciones, actos o contratos, por el de Departamento de Fomento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica.  

Casa Presidencial.- San José a los veintiséis días del mes de setiembre de mil novecientos cincuenta y tres.
Ficha articulo





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