ARTÍCULO 3.- Fuentes del ordenamiento jurídico electoral

La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico electoral se sujetará al orden siguiente:

a) La Constitución Política.

b) Los tratados internacionales vigentes en Costa Rica.

c) Las leyes electorales.

d) Los reglamentos, las directrices y las circulares emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

e) Los estatutos de los partidos políticos debidamente inscritos.

f)  Las demás disposiciones subordinadas a los reglamentos y los estatutos partidarios.

Las normas no escritas, como la jurisprudencia electoral, los principios del derecho electoral y la costumbre, tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.

Las interpretaciones y opiniones consultivas del TSE son vinculantes erga omnes, excepto para el propio Tribunal, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política.

Cuando el Tribunal varíe su jurisprudencia, opiniones consultivas o interpretaciones, deberá hacerlo mediante resolución debidamente razonada.

ARTÍCULO 5.- Sede de los organismos electorales

Los organismos electorales tendrán la siguiente sede:

a) El TSE, la capital de la República, sin perjuicio de que, por acuerdo, sesione en cualquier lugar del país.

b) Las juntas cantonales, la cabecera de su jurisdicción.

c) Las juntas receptoras, las que fije la Dirección General del Registro Civil al distribuir a los electores, conforme al artículo 155 de este Código.

ARTÍCULO 6.- Ausencia de los integrantes

La ausencia definitiva de los integrantes de los organismos electorales se llenará lo más pronto posible con un nuevo nombramiento, realizado en la forma que proceda jurídicamente.

ARTÍCULO 7.- Impedimentos para ser integrante

No podrán ser integrantes de los organismos electorales las siguientes personas:

a) Los funcionarios y los empleados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 146 de este Código, salvo los funcionarios del Registro Civil, los funcionarios del TSE y los magistrados del TSE.

b) En un mismo órgano electoral, en un mismo momento, el cónyuge, los hermanos, los padres e hijos, además de la unión de hecho.

c) En el TSE, el cónyuge, los hermanos, los ascendientes o descendientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, de los candidatos cuya declaratoria de elección debe efectuar dicho Tribunal. No obstante, si estando ya integrado el Tribunal surge alguna candidatura que produzca la incompatibilidad apuntada, desde ese mismo momento el miembro en funciones afectado deberá excusarse de intervenir en el proceso electoral, sin perjuicio del derecho a su sueldo. Cuando se trate de los magistrados titulares del Tribunal, el impedimento cesará a partir de la declaratoria de elección.

ARTÍCULO 8.- Prohibiciones para ejercer el cargo

En los organismos electorales no podrá servir su cargo la persona que se presente armada, en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas que le impidan ejercer sus obligaciones. Inmediatamente después de desaparecido el impedimento entrará en funciones, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables.

ARTÍCULO 9.- Quórum y mayoría para las actuaciones

Para que los organismos electorales de carácter colegiado actúen válidamente es necesaria, con las excepciones que expresamente se hacen en este Código, la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta. En caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad, salvo lo dispuesto con respecto al TSE.

ARTÍCULO 10.- Comunicación de los actos electorales

La comunicación de los actos de los organismos electorales se regirá por las siguientes disposiciones:

a) Los actos de carácter general y los otros que disponga la ley se publicarán en el diario oficial La Gaceta o por medios electrónicos y, de estimarse pertinente, en cualquier otro diario de circulación nacional.

b) Los acuerdos y las resoluciones se comunicarán por medio de edicto, estrados, apartados, fax, correo electrónico o cualquier otra forma que garantice la seguridad del acto de comunicación, conforme a la reglamentación que el Tribunal dicte al efecto.

c) Las resoluciones y los acuerdos en materia electoral se comunicarán en el lugar o por el medio señalado a la persona interesada. Para tales efectos, toda persona interesada en su primera gestión o cuando sea prevenida al efecto por el organismo electoral, deberá indicar con precisión el lugar dentro del perímetro judicial respectivo o medio para atender notificaciones. En caso contrario, quedará notificada con solo el transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho, o bien, si el lugar señalado permanece cerrado, es impreciso, incierto o inexistente.

d) La resolución que dé traslado a cualquier tipo de acción en materia electoral, sin que tenga la gestión previa, deberá notificarse a quien se traslada personalmente en su domicilio, su lugar de trabajo o por medio de correo certificado dirigido a cualquiera de estos lugares. Si no hay dirección disponible, podrá notificársele mediante edicto publicado en el diario oficial La Gaceta. Lo anterior no implica que se paralicen las demás actuaciones.

e) Las juntas cantonales notificarán sus acuerdos mediante exposición de copia en la puerta de su local de trabajo.

En cuanto a formalidades, requisitos y nulidades de la notificación no contemplados en este artículo o en su reglamento, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley N.º 8687, Notificaciones judiciales, de 4 de diciembre de 2008.

CAPÍTULO II

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 11.- Juramentación

Los magistrados presentarán juramento constitucional ante la Corte Suprema de Justicia. Quienes ejerzan la Secretaría y la Prosecretaría, los delegados, los jefes de sección o de departamento del Tribunal, así como el director, los oficiales mayores, el secretario, los jefes de sección y los jefes de oficinas regionales del Registro Civil y del Registro Electoral, lo harán ante el TSE.

ARTÍCULO 12.- Atribuciones del Tribunal Supremo de Elecciones

Al TSE le corresponde, además de las atribuciones que le confieren la Constitución, este Código y demás leyes, lo siguiente:

a) Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio; para ese fin podrá dictar los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones, de conformidad con la ley.

b) Efectuar el escrutinio de los sufragios emitidos y la declaratoria definitiva del resultado de las elecciones que estén bajo su responsabilidad.

c) Interpretar, en forma exclusiva y obligatoria, y sin perjuicio de las atribuciones de la Sala Constitucional en materia de conflictos de competencia, las disposiciones constitucionales y las demás del ordenamiento jurídico electoral, de oficio o a instancia del comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos. La resolución final que se dicte en esta materia será publicada en el diario oficial La Gaceta y se comunicará a todos los partidos políticos.

d) Emitir opinión consultiva a solicitud del comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos o de los jerarcas de los entes públicos que tengan un interés legítimo en la materia electoral. Cualquier particular también podrá solicitar una opinión consultiva, pero en este caso quedará a criterio del Tribunal evacuarla, si lo considera necesario para la correcta orientación del proceso electoral y actividades afines. Cuando el Tribunal lo estime pertinente, dispondrá la publicación de la resolución respectiva.

e) Garantizar, mediante el recurso de amparo electoral, el ejercicio de los derechos electorales previstos en la Constitución Política y los tratados internacionales vigentes en Costa Rica, la ley, los reglamentos y los estatutos de los partidos políticos para el caso concreto, con motivo de la actividad electoral. El amparo electoral se tramitará según lo dispuesto en este Código y, en su defecto, según el procedimiento establecido en la Ley de la jurisdicción constitucional.

f)  Vigilar los procesos internos de los partidos políticos para la designación de los integrantes de sus órganos, delegados a las asambleas y de los candidatos a puestos de elección popular, con el fin de que se sujeten al ordenamiento jurídico electoral y al principio democrático.

g) Declarar integradas las juntas electorales y remover de su cargo a cualquier persona integrante, por causa justa.

h) Efectuar, publicar y notificar la declaratoria de elección a los candidatos electos y conferirles las credenciales respectivas.

i)  Reglamentar y hacer cumplir las normas relativas a la contribución estatal y privada a favor de los partidos políticos, pudiendo ordenar, en cualquier tiempo, las auditorías que estime pertinentes; para ello, contará con la colaboración obligada de la auditoría o de la tesorería de cada partido político y sus contadores.

j)  Velar por el debido cumplimiento de la normativa referente a la propaganda electoral y las encuestas electorales, conforme a lo dispuesto en este Código y la demás normativa aplicable para estos fines.

k) Formular y publicar la División territorial electoral.

l)  Formular programas de capacitación dirigidos a la ciudadanía, en relación con la importancia que la participación política ciudadana y el financiamiento a los partidos políticos reviste para la democracia.

m)           Promover las reformas electorales que estime necesarias y colaborar en la tramitación legislativa de los proyectos relacionados con esa materia.

n) Evacuar la consulta a que se refiere el artículo 97 de la Constitución Política.

ñ) Actuar como jerarca administrativo del Registro Civil y demás organismos electorales y, en ese carácter, dictar sus reglamentos autónomos de organización y servicio, así como los de cualquier organismo bajo su dependencia.

o) Conocer en alzada los recursos que procedan contra las resoluciones que dicten los organismos electorales.

p) Organizar los referendos y los plebiscitos previstos en los artículos 105 y 168 de la Constitución Política y hacer la declaratoria respectiva.

q) Garantizar, de manera efectiva, el acceso de todos los partidos políticos participantes en un proceso electoral, en los debates político-electorales que organice, una vez hecha la convocatoria a elecciones por parte de este Tribunal.

r) Reglamentar lo dispuesto en esta Ley sobre las normas relativas a la contribución estatal y privada a favor de los partidos políticos.

ARTÍCULO 13.- Integración

El TSE estará integrado ordinariamente por tres magistrados propietarios y seis suplentes cuyo nombramiento lo hará la Corte Suprema de Justicia con el voto de por lo menos dos tercios del total de sus integrantes; prestarán el juramento constitucional ante la Corte Suprema de Justicia; su nombramiento será por períodos de seis años y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que por la misma mayoría se acuerde lo contrario.

En caso de que se requiera llenar una vacante antes del vencimiento de dicho plazo, el nombramiento se hará por el resto del período, de manera que cada dos años sean renovados un propietario y dos suplentes, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos.

El cargo de miembro del TSE es incompatible con cualquier otra función remunerada por el Estado o demás entes públicos, excepto la docencia en instituciones de educación superior.

Desde un año antes y hasta seis meses después de la celebración de las elecciones generales para la Presidencia y Vicepresidencias o diputados y diputadas de la República, el Tribunal deberá integrarse con sus integrantes propietarios y dos de los suplentes escogidos por la Corte Suprema de Justicia, para formar, en esa época, un Tribunal de cinco integrantes. La misma disposición regirá seis meses antes y hasta tres meses después de las elecciones municipales.

Las personas que ostenten el cargo de una magistratura del TSE estarán sujetas a las condiciones de trabajo, en lo que sean aplicables, y al tiempo mínimo de labor diaria que indique la Ley orgánica del Poder Judicial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; asimismo, percibirán las remuneraciones que se fijen para estos.

ARTÍCULO 14.- Quórum

El quórum de TSE lo formará la mayoría absoluta de miembros de este Tribunal, salvo en los casos siguientes en que se requiera la asistencia de todos los magistrados que lo integran:

a) Las declaratorias definitivas de elección popular.

b) La declaratoria del resultado de las consultas populares previstas en la Constitución Política.

c) Las resoluciones de fondo en los casos determinados por los incisos 3), 4) y 5) del artículo 102 de la Constitución Política, así como en las resoluciones definitivas de carácter jurisdiccional.

d) El nombramiento de los directores generales de los Registros Civil y Electoral.

e) Cualquier otro que expresamente determine la ley.

ARTÍCULO 15.- Magistrados suplentes

Las ausencias temporales de los magistrados propietarios se llenarán con magistrados suplentes, según el procedimiento establecido en la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones. Las ausencias absolutas se llenarán en igual forma, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia designe un nuevo propietario.

Es obligación del magistrado suplente asistir con puntualidad al Tribunal, cuando deba integrarlo. La inobservancia de esta disposición faculta al Tribunal para separarlo y llamar a otro suplente en su lugar.

Los magistrados suplentes llamados a integrar el Tribunal no podrán excusarse de la designación, sino por causa justificada.

ARTÍCULO 16.- Separación de los magistrados por impedimento

El magistrado con motivo legal de excusa o impedimento respecto de determinado asunto se separará de su conocimiento hasta que cese el motivo, y en su lugar actuará un suplente. Para tal propósito se aplicarán, en lo conducente, las normas de la Ley orgánica del Poder Judicial y las causales reguladas en el Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 17.- Mayoría para decisiones

Los acuerdos y las resoluciones del Tribunal se tomarán por simple mayoría de votos presentes. Si no resulta mayoría de votos, se hará una nueva votación en la cual participarán dos magistrados suplentes en calidad de supernumerarios y no supliendo a los titulares o a quienes suplan a estos.

En todo caso, a efecto de que exista esa mayoría, cuando la resolución tenga varios extremos que dependan unos de otros, el haber votado negativamente en los primeros, sobre los cuales haya habido votación, no será motivo que autorice al integrante que así haya votado para dejar de concurrir con su opinión y voto a la resolución de los demás; cuando su voto sea único deberá adherirse a cualquiera de los otros votos, a fin de formar la mayoría, sin que esta adhesión pueda acarrearle responsabilidad alguna.

ARTÍCULO 18.- Sesiones ordinarias y extraordinarias

El Tribunal sesionará ordinariamente los días que este señale y se reunirá además, en forma extraordinaria, cada vez que sea convocado por su presidente, para asuntos urgentes o cuando lo soliciten la mayoría de los magistrados en ejercicio.

ARTÍCULO 19.- Sesiones privadas, excepciones

Las sesiones del Tribunal serán privadas, excepto cuando:

a) Se verifiquen escrutinios a los cuales tienen derecho a asistir los partidos políticos previamente acreditados.

b) Así lo soliciten los representantes de los partidos políticos, los fiscales acreditados por los partidos políticos o las personas interesadas y así lo acuerde el Tribunal.

c) Se realicen audiencias orales en el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

d) Así lo disponga el propio Tribunal.

Las votaciones siempre serán en privado.

ARTÍCULO 20.- Presidencia y Vicepresidencia

El Tribunal nombrará de su seno, y en forma conjunta, un presidente y un vicepresidente, por un período de tres años, y podrán ser reelegidos; deberán ostentar la condición de magistrado propietario. Quien ejerza la Presidencia del Tribunal tendrá las siguientes atribuciones:

a) Presidir las sesiones, anticipar o prorrogar las horas de despacho en caso de que así lo requiera algún asunto urgente.

b) Fijar el orden en que deban verse los asuntos sujetos al conocimiento del Tribunal.

c) Dirigir los debates y poner a votación los asuntos, cuando el Tribunal los considere discutidos.

d) Ejercer la representación legal del Tribunal.

e) Autorizar con su firma los informes que deban rendirse a los Poderes del Estado.

f)  Las demás atribuciones que este Código u otras disposiciones legales le asignen.

ARTÍCULO 21.- Ausencias temporales del presidente

En caso de ausencia temporal del presidente, lo sustituirá el vicepresidente. En caso de ausencia de ambos, la Presidencia recaerá en el restante magistrado propietario y, en ausencia de este, en el sustituto de mayor edad.

SECCIÓN II

ACTAS Y RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL

ARTÍCULO 22.- Registro y aprobación de actas

El Tribunal llevará un registro de actas de sus sesiones; en estas se asentarán únicamente los acuerdos que se adopten, salvo que alguno o alguna de sus integrantes solicite que se consigne algún hecho o circunstancia en particular. Las actas estarán a disposición del público, una vez que hayan sido aprobadas en firme.

El acta de cada sesión será aprobada en la sesión ordinaria inmediata siguiente. Antes de su aprobación, los magistrados podrán solicitarle al presidente su lectura integral; este requisito no es obligatorio para su aprobación.

ARTÍCULO 23.- Firmeza de las resoluciones o actuaciones del Tribunal

Las resoluciones del Tribunal quedarán firmes al aprobarse el acta respectiva, salvo que se haya dispuesto otra cosa. Los magistrados asistentes a una sesión estarán obligados a firmar el acta respectiva; si por cualquier motivo no asisten a la sesión en que se aprueba y firma el acta, deberán hacerlo posteriormente.

Cualquier magistrado que intervenga en la aprobación del acta puede pedir revisión de lo acordado en la sesión inmediata anterior o solicitar modificaciones en la redacción de esta, antes de que sea aprobada. Si no fueran acogidas, dejará constancia de su oposición y firmará el acta.

ARTÍCULO 25.- Fondo General de Elecciones

El TSE dispondrá del fondo denominado Fondo General de Elecciones, a fin de adquirir bienes y servicios que, a su juicio, sean necesarios para la organización de las elecciones y los procesos consultivos, cuyo funcionamiento se regulará reglamentariamente y deberá someterse a los controles y las responsabilidades establecidos en el ordenamiento jurídico. Para estos efectos, la Dirección de Presupuesto Nacional incluirá en la partida presupuestaria que corresponda, los recursos que determine el Tribunal. Los recursos de este Fondo se depositarán en la cuenta de caja única del TSE y corresponderá a la Tesorería Nacional girar los recursos con la inmediatez que requiera el Tribunal, de conformidad con los procedimientos propios del manejo de recursos en caja única. Una vez concluidos los procesos electorales o consultivos, el Tribunal, en un plazo de cuatro meses, hará la liquidación correspondiente de este Fondo y, de existir algún sobrante, este se depositará en el Fondo General de Caja Única del Estado.

CAPÍTULO III

REGISTRO ELECTORAL

ARTÍCULO 26.- Naturaleza

El Registro Electoral es un órgano bajo la dependencia directa del TSE. Las decisiones de su director o directora son recurribles ante el Tribunal.

ARTÍCULO 27.- Integración

El Registro Electoral estará a cargo de un director nombrado y removido libremente por el TSE, bajo el régimen de confianza. Además, contará con el personal necesario.

En lo no previsto expresamente y siempre que sea compatible con sus funciones, serán aplicables, al Registro Electoral, las normas legales previstas para el Registro Civil.

ARTÍCULO 28.- Funciones

El Registro Electoral tendrá las siguientes funciones:

a) Llevar el registro de partidos políticos. En este registro se asentarán las inscripciones indicadas en el artículo 56 de este Código. Estas solo son oponibles a terceros a partir de su inscripción.

b) Resolver, en primera instancia, las solicitudes de inscripción de los partidos políticos, de los estatutos partidarios y sus reformas, así como de las candidaturas a puestos de elección popular y demás actos sujetos a inscripción en el registro de partidos políticos.

c) Emitir las certificaciones propias del registro.

d) Llevar el control de las contribuciones privadas y del Estado a los partidos políticos e informar al TSE sobre cualquier irregularidad que detecte.

e) Ejecutar, dirigir y coordinar los programas electorales, conforme a las directrices del TSE.

f)  Designar a los delegados que asistirán a las asambleas de los partidos políticos que el Tribunal autorice, cuando así proceda; además, supervisar su labor.

g) Coordinar la impresión de las papeletas electorales, cuando sea necesario o cuando se lo encargue el TSE.

h) Las demás funciones que le otorgue el ordenamiento jurídico electoral o le encargue el Tribunal.

CAPÍTULO IV

REGISTRO CIVIL

ARTÍCULO 29.- Atribuciones y obligación de mostrar documentos del Registro Civil

El Registro Civil, además de las funciones que le señalen la Constitución Política y las leyes, tendrá las que determine expresamente este Código.

Ni el director general ni los funcionarios encargados podrán negarse a mostrar libro, expediente o documento alguno del Registro Civil a quien lo solicite, salvo que medie justa causa. El TSE resolverá, en alzada, los conflictos que surjan con motivo de esas solicitudes. De concurrir simultáneamente varios fiscales, se le asignará, si es necesario, un término corto de revisión a cada partido, por turnos sucesivos de idéntica duración.

CAPÍTULO V

JUNTAS ELECTORALES

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 30.- Juntas electorales

Las juntas electorales serán juntas cantonales, una en cada cantón, y juntas receptoras de votos, tantas como llegue a establecer el Tribunal para cada elección en cada distrito electoral, de acuerdo con este Código. El Tribunal también reglamentará la instalación de las juntas receptoras de votos, para permitir el sufragio de los privados de libertad y de los ciudadanos costarricenses en el extranjero.

El cargo de miembro de las juntas electorales es honorífico y obligatorio; con la salvedad del artículo 32 de este Código, lleva adscrita inmunidad; por ello, desde el nombramiento hasta la declaratoria de elección correspondiente, no podrá detenerse a ningún miembro de la junta, excepto si media orden escrita de un juez competente o en caso de haber sido sorprendido por la autoridad en flagrante delito. Igual protección tendrá el elector durante el día de las elecciones.

Por ser las juntas organismos electorales, sus miembros son funcionarios públicos en el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 31.- Requisitos para integrar las juntas electorales

Para ser integrante de una junta electoral se requiere:

a) Ser ciudadano en ejercicio.

b) No tener motivo de impedimento legal.

c) Saber leer y escribir.

El TSE nombrará a los integrantes de las juntas cantonales y, a propuesta de estas, a los de las juntas receptoras de votos. Para nombrar a los integrantes se tomarán en cuenta las propuestas hechas por los partidos políticos interesados, según lo regulado en este Código.

Ninguna persona podrá ser nombrada como integrante de más de una junta electoral en una misma elección.

Además, el Tribunal sustituirá del cargo, sin trámite alguno, a cualquiera de los integrantes designados originalmente en caso de fallecimiento o imposibilidad justificada para ejercer el cargo. También, podrá sustituir a las personas que no reúnan alguno de los requisitos anteriores, estén incluidas dentro de las prohibiciones señaladas en este Código o incumplan los deberes de su cargo.

La junta cantonal correspondiente, por excepción y únicamente por el día de las elecciones, estará facultada para remover o sustituir a alguno de los integrantes de la junta receptora de votos, de conocer algún hecho que imposibilite el ejercicio del cargo por parte del integrante, acto que razonará y comunicará de inmediato al Tribunal.

El Tribunal procurará que los integrantes de las juntas electorales sean electores del mismo cantón donde deban desempeñar sus funciones, a fin de facilitarles la emisión del voto.

ARTÍCULO 32.- Ejercicio del cargo

El cargo de integrante de las juntas electorales es honorífico y obligatorio.

Los integrantes de las juntas electorales deberán actuar con absoluta imparcialidad y acatar solamente el ordenamiento electoral y las instrucciones del TSE y de los asesores electorales, sin atender, en el ejercicio de sus funciones, la circunstancia de que un partido político los haya propuesto.

La asistencia a las sesiones de las juntas electorales es obligatoria. El integrante de la junta remiso será conducido por la fuerza pública para que cumpla sus funciones, a petición de alguno de sus compañeros, del asesor electoral o del representante de cualquier partido político, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley.

ARTÍCULO 33.- Miembros suplentes de las juntas electorales

Cada uno de los miembros de las juntas electorales podrá contar con uno o dos suplentes, a fin de llenar sus ausencias temporales. Los partidos políticos que participen en los procesos electorales, sea a escala nacional, provincial o cantonal, tendrán la oportunidad de proponer a los miembros suplentes de las juntas electorales de su interés, cuyo nombramiento realizará el TSE. Dichas suplencias estarán sometidas, en lo conducente, a las mismas disposiciones establecidas para los miembros propietarios. Con las suplencias deberá procederse igual que al designar, admitir y juramentar a los propietarios. Perderá el derecho de proponer candidatos a las juntas, el partido político que, aunque se encuentre inscrito a escala nacional, provincial o cantonal, no inscriba oportunamente a sus candidatos a cargos de elección popular.

Los integrantes de las juntas electorales podrán ser sustituidos cuando el delegado designado originalmente no pueda ejercer el cargo por muerte o cualquier otra causa justificada, a juicio del TSE o de la junta cantonal, según el caso. El partido correspondiente o, en su defecto, el Tribunal propondrá un nuevo integrante para sustituir al integrante que no pudo ejercer el cargo.

Una vez vencido el período de juramentaciones a que se refiere el artículo 38 de este Código, los partidos no podrán proponer nuevas sustituciones.

ARTÍCULO 34.- Locales para las juntas electorales

Durante el ejercicio de sus funciones y mientras no tengan local propio, las juntas electorales ocuparán para sus labores, por propia autoridad, las escuelas y otros locales públicos que no estén prestando servicio y que consideren adecuados para ese objeto. Para sesionar en locales particulares necesitarán autorización del TSE. Todas las sesiones de las juntas electorales estarán sujetas al derecho de fiscalización y observación electoral.

ARTÍCULO 35.- Apelaciones y quejas

Los acuerdos de las juntas cantonales y el conteo efectuado por las juntas receptoras de votos podrán apelarse ante el TSE, de conformidad con los procedimientos establecidos en este Código. La apelación, que no tendrá efecto suspensivo, deberá presentarla el fiscal o el representante de algún partido político participante en la elección y, bajo pena de inadmisibilidad, deberá ser fundamentada con ofrecimiento de las pruebas del caso.

De las actuaciones de las juntas electorales, cualquier ciudadano o ciudadana podrá quejarse ante el Tribunal dentro del tercer día, excepto el día de las elecciones en que deberá hacerlo durante la misma jornada. El TSE resolverá sin mayor trámite y lo resuelto deberá acatarse de inmediato.

SECCIÓN II

JUNTAS CANTONALES

ARTÍCULO 36.- Atribuciones de las juntas cantonales

Corresponderá a las juntas cantonales lo siguiente:

a) Proponer al TSE los nombres de los miembros de las juntas receptoras de votos de su cantón. El Tribunal deberá realizar los nombramientos a más tardar dentro de los quince días posteriores al recibo de la propuesta.

b) Coordinar sus actividades con la Dirección del Registro Electoral.

c) Acondicionar los recintos electorales atendiendo las directrices de la Dirección del Registro Electoral.

d) Recibir la documentación y los materiales electorales de la Dirección del Registro Electoral y distribuir a las juntas receptoras de votos.

e) Entregar a la Dirección del Registro Electoral la documentación y los materiales electorales que reciba de las juntas receptoras de votos.

f)  Cualquier otra que determine la ley o disponga el Tribunal.

ARTÍCULO 37.- Integración de las juntas cantonales

Las juntas cantonales estarán integradas por un elector propuesto por cada uno de los partidos políticos participantes en la elección con candidaturas inscritas en esa circunscripción.

Tres meses antes de una elección y por medio de la presidencia del comité ejecutivo superior del partido o del presidente del comité ejecutivo de la asamblea de cantón, cada partido político comunicará, por escrito, al TSE los nombres de sus proposiciones para propietarios y suplentes del respectivo cantón. Si no lo hace, perderá todo derecho a proponer miembros en la respectiva junta.

Dentro de los tres días posteriores al vencimiento de ese término, el Tribunal se pronunciará sobre las designaciones de las personas propuestas. Si alguna de las propuestas no está conforme a derecho, lo comunicará al partido para la sustitución correspondiente, y publicará en el diario oficial La Gaceta el acuerdo en el que declara integradas las juntas cantonales, siguiendo el mismo orden de la División territorial electoral.

ARTÍCULO 38.- Instalación de las juntas cantonales

Dentro de los ocho días posteriores a la publicación del acuerdo indicado en el artículo anterior, los integrantes de las juntas cantonales concurrirán a prestar juramento ante el asesor electoral que el Tribunal designe o la autoridad de policía del lugar respectivo.

En la instalación de las juntas cantonales, el asesor electoral o la autoridad de policía recibirán el voto de cada persona designada en propiedad y, en ausencia de esta, de quien ejerza su suplencia, para los cargos de presidente y secretario. Se tendrán por elegidos a quienes hayan obtenido el mayor número de votos de los presentes; en caso de empate, decidirá la suerte. Luego, se señalarán el local y las horas de trabajo. Esta fijación podrá variarse con posterioridad, pero el cambio no surtirá efecto sino hasta dos días después de comunicada en la forma establecida en este Código.

La ausencia de una o varias personas designadas en propiedad y de sus respectivos suplentes no impedirá la instalación, siempre que al menos hayan concurrido dos de sus integrantes, sin perjuicio de que luego se complete la juramentación.

ARTÍCULO 39.- Integración de las juntas en casos especiales

Si al integrarse las juntas cantonales solamente se han propuesto dos o menos miembros, el TSE las completará con las personas adicionales que se requieran, de modo que se constituyan por lo menos con tres miembros.

Cuando una situación idéntica se presente al integrar las juntas receptoras de votos, se seguirá el mismo procedimiento. Lo mismo se hará si los partidos no han propuesto integrantes para una junta receptora, en el plazo dispuesto en este Código.

La coalición o fusión de dos o más partidos deberá tenerse como un solo partido para la postulación correspondiente en las juntas electorales.

SECCIÓN III

JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS

ARTÍCULO 40.- Atribuciones y deberes

Corresponderá a las juntas receptoras de votos:

a) Recibir y revisar la documentación y los materiales electorales, y comunicar de inmediato al Tribunal o al asesor electoral, del respectivo cantón, cualquier faltante o irregularidad encontrada.

b) Confeccionar las actas de apertura y cierre de la votación.

c) Recibir el voto de los electores y resolver cualquier incidencia que se presente al respecto.

d) Extender las certificaciones del número de votos emitidos en cualquier momento en que así lo solicite un fiscal de partido debidamente acreditado, sin exceder de tres por partido; las certificaciones serán firmadas por el presidente y el secretario.

e) Escrutar preliminarmente los votos recibidos y computar por separado los emitidos a favor de cada partido.

f)  Comunicar al Tribunal, a la brevedad posible, el resultado de la votación por los medios que este disponga.

g) Entregar a la junta cantonal o a quien el Tribunal indique, la documentación electoral y los materiales sobrantes, una vez cerrada el acta final de votación.

h) Cualquier otra que determine la ley o disponga el Tribunal.

ARTÍCULO 41.- Integración

Las juntas receptoras de votos estarán formadas al menos por tres personas y sus respectivos suplentes.

Cada partido que participe en la elección con candidaturas inscritas podrá proponer a un elector para cada junta, así como el suplente respectivo. Para ello, dos meses naturales antes de una elección, cada partido comunicará a la respectiva junta cantonal, por escrito y por medio del presidente del organismo superior del partido o del presidente del comité ejecutivo de la asamblea de cantón, los nombres de los delegados propietarios y suplentes. El partido renuente en hacer esa proposición perderá todo derecho a proponer miembros para la junta respectiva.

(Así reformado este párrafo de acuerdo con la anulación parcial ordenada por resolución de la Sala Constitucional N° 8297 del 05 de mayo de 2010.)

Dentro de los tres días naturales siguientes al vencimiento del término dicho, la junta cantonal respectiva acogerá necesariamente las designaciones que se hayan hecho y publicará el acuerdo en el que se declaren integradas las juntas receptoras de su cantón, siguiendo el orden de la División territorial electoral.

Si la junta cantonal no envía la propuesta de integración de las juntas receptoras en el plazo indicado, o si la envía incompleta, el Tribunal nombrará directamente a las personas que sean necesarias para que las juntas receptoras de votos estén debidamente integradas al menos por tres personas. El Tribunal estimulará el servicio voluntario de los ciudadanos en las juntas receptoras de votos.

El Tribunal reglamentará el procedimiento para reclutar a los miembros de las juntas y para realizar dichas designaciones.

ARTÍCULO 42.- Instalación de las juntas receptoras de votos

Inmediatamente después de designar a los miembros de las juntas receptoras de votos, el Tribunal emitirá notificación a las juntas cantonales y a la autoridad de policía correspondiente. El asesor electoral señalará la hora, la fecha y el lugar para que estas personas concurran a prestar juramento.

Cuando, por razón de la distancia u otra causa justificada, los miembros de la junta no se apersonen ante las autoridades mencionadas, podrán juramentarse ante el respectivo delegado distrital de policía o el asesor electoral que el Tribunal designe, siempre y cuando lo hagan dentro del período previsto. La realización de dichas juramentaciones deberá ser comunicada al Tribunal para tener por instalada la junta receptora de que se trate.

Si un mes antes de la elección un miembro de la junta receptora no se ha presentado a juramentarse, el partido que lo designó tendrá derecho a presentar un nuevo elector para que asuma como miembro en la junta de que se trate. El Tribunal revocará el nombramiento y, si a consecuencia de ello la junta receptora queda con menos de tres miembros, realizará sin más trámite los nuevos nombramientos que se requieran para que la junta funcione al menos con tres integrantes.

Las presidencias y las secretarías de las juntas receptoras de votos serán distribuidas por el TSE.

La distribución realizada por el Tribunal se comunicará inmediatamente a los partidos políticos, las juntas cantonales, el Registro Electoral y la autoridad policial del lugar donde actuará la junta.

ARTÍCULO 43.- Quórum de las juntas receptoras de votos

Las juntas receptoras de votos iniciarán su labor con cualquier número de sus miembros que asista y, si solo uno de estos está presente, asumirá la función de presidente o presidenta ad hoc.

ARTÍCULO 44.- Auxiliares electorales

El TSE podrá designar auxiliares electorales para que asesoren a las juntas receptoras de votos e informen al Tribunal de cualquier incidencia que se produzca. Las funciones de estos auxiliares electorales serán reglamentadas por el Tribunal.

CAPÍTULO VI

CUERPO NACIONAL DE DELEGADOS

ARTÍCULO 45.- Integración del Cuerpo Nacional de Delegados

El Cuerpo Nacional de Delegados previsto en el inciso 6) del artículo 102 de la Constitución Política estará constituido por ciudadanos voluntarios que podrán ser nombrados y removidos por el TSE, por iniciativa propia o a propuesta del jerarca del Cuerpo Nacional de Delegados o el funcionario designado como enlace entre este Cuerpo y el Tribunal.

La organización interna, la jerarquía, las funciones y las responsabilidades del Cuerpo Nacional de Delegados se regirán por el reglamento que deberá dictar el TSE.

ARTÍCULO 46.- Requisitos

Para integrar el Cuerpo Nacional de Delegados se requiere:

a) Ser costarricense.

b) Ser ciudadano en ejercicio.

Las personas miembros del Cuerpo Nacional de Delegados estarán sujetas a las causales de impedimento que indica el párrafo segundo del ordinal 27 de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, además de las indicadas en este Código.

ARTÍCULO 47.- Responsabilidades

Las actuaciones de los delegados estarán sujetas al régimen de responsabilidad establecido en el capítulo segundo del título sétimo del libro primero de la Ley general de la Administración Pública y podrán ser objeto de queja ante el TSE.

TÍTULO III

PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 48.- Derecho a formar partidos políticos

El derecho de agruparse en partidos políticos, así como el derecho que tienen las personas a elegir y ser elegidas se realiza al tenor de lo que dispone el artículo 98 de la Constitución Política. En las elecciones presidenciales, legislativas y municipales solo pueden participar individualmente, o en coalición, los partidos inscritos que hayan completado su proceso democrático de renovación periódica de estructuras y autoridades partidistas.

Ninguna norma o disposición de este Código se interpretará en el sentido de debilitar el papel constitucionalmente asignado a los partidos políticos como expresión del pluralismo político, formadores de la manifestación de la voluntad popular y vehículos de la participación ciudadana en la política nacional.

ARTÍCULO 49.- Régimen jurídico

Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas, sin fines de lucro, creadas con el objeto de participar activamente en la política nacional, provincial o cantonal según estén inscritos, y cumplen una función de relevante interés público. Se regirán por la Constitución Política, este Código, sus estatutos, sus reglamentos, sus cartas ideológicas y cualesquiera otros documentos acordados por ellos.

ARTÍCULO 50.- Organización y democracia interna de los partidos

Los partidos políticos se regirán por la Constitución Política, este Código, sus estatutos, sus cartas ideológicas y cualesquiera otros documentos libremente acordados por ellos en virtud del principio de autorregulación.

En su organización y actividad, los partidos políticos deberán regirse por sus propios estatutos, siempre que se respete el ordenamiento jurídico, los principios de igualdad, de libre participación de los miembros y demás fundamentos democráticos. El cumplimiento de estos principios será vigilado por el TSE y lo resuelto por este en esas materias será de acatamiento obligatorio para los partidos políticos.

Los partidos políticos se tendrán por constituidos y contarán con personalidad jurídica propia, a partir de la fecha de su inscripción ante el TSE.

ARTÍCULO 51.- Ámbito de participación electoral de los partidos políticos

Los partidos políticos tendrán carácter nacional cuando se inscriban para la elección a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, a una asamblea constituyente, la elección de diputadas y diputados o los cargos municipales en todo el territorio nacional.

Los partidos políticos tendrán carácter provincial cuando se propongan intervenir solamente en la elección de diputadas y diputados o cargos municipales de la provincia.

Los partidos políticos tendrán carácter cantonal cuando se inscriban únicamente para participar en la elección de cargos municipales del cantón.

El partido político inscrito a escala nacional se entenderá que lo está a escala provincial y cantonal en todas las provincias y cantones del país.

ARTÍCULO 53.- Derechos de los miembros de los partidos

En sus estatutos, los partidos políticos, además de otros derechos que expresamente consagren, asegurarán a los integrantes lo siguiente:

a) El derecho a la libre afiliación y desafiliación.

b) El derecho a elegir y a ser elegido en los cargos internos del partido y en las candidaturas a puestos de elección popular.

c) El derecho a la discrepancia, al libre pensamiento y a la libre expresión de las ideas.

d) El derecho a la libre participación equitativa por género, conforme a lo dispuesto en el inciso ñ) del artículo anterior.

e) El ejercicio de las acciones y los recursos internos y jurisdiccionales, para combatir los acuerdos de los órganos partidarios que se estimen contrarios a la ley o a los estatutos, o para denunciar las actuaciones de sus miembros que se estimen indebidas.

f)  El derecho a la capacitación y al adiestramiento políticos.

g) El derecho a conocer todo acuerdo, resolución o documento que comprometa al partido o a sus órganos.

h) El respeto al ordenamiento jurídico en la aplicación de los procedimientos sancionatorios internos por parte de las autoridades pertinentes.

ARTÍCULO 54.- Deberes de los miembros de los partidos

Los integrantes de los partidos políticos, cualquiera que sea su condición, de conformidad con las categorías que establezcan los estatutos, deberán:

a) Compartir las finalidades del partido y colaborar en su consecución.

b) Respetar la orientación ideológica y doctrinaria del partido, y contribuir a su definición y actualización frente a los cambios sociales, culturales y económicos de la realidad nacional.

c) Respetar el ordenamiento jurídico electoral.

d) Respetar el procedimiento democrático interno.

e) Contribuir económicamente según sus posibilidades.

f)  Participar en los procesos con absoluto respeto a la dignidad de los demás.

g) Abstenerse de la violencia en todas sus formas y de cualquier expresión injuriosa, calumniosa o difamatoria dirigida a copartidarios o miembros de otros partidos u organizaciones políticas.

h) Respetar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido.

i)  Cualquier otro deber que se establezca en los estatutos y que sea conforme al ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 55.- Exclusividad del nombre, la divisa y el lema

El nombre, la divisa y el lema de un partido le pertenecen con exclusividad. Es inadmisible la inscripción de un partido con elementos distintivos iguales o similares a los de otro partido inscrito en cualquier escala o con derecho de prelación para ser inscrito, cuando con ello pueda producir confusión. En estos elementos distintivos no se admitirán como divisa la bandera o el escudo costarricenses o de otros países, ni la invocación de motivos religiosos o símbolos patrios.

En cualquier tiempo, los partidos políticos inscritos podrán cambiar su nombre, la divisa o el lema, previa modificación de sus estatutos, excepto dentro de los ocho meses anteriores a una elección. Para tales efectos, se ajustarán a lo dispuesto en el párrafo anterior.

CAPÍTULO II

REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 56.- Actos inscribibles

Deberán ser inscritos ante el Registro Electoral, como requisito de eficacia y para que sean oponibles a terceros, la constitución, la cancelación, la fusión, la coalición, la personería, el estatuto, la integración de los órganos internos y las nóminas de candidatos de los partidos políticos, así como las modificaciones que se acuerden para esas inscripciones.

Los órganos públicos, en general, solo atenderán las gestiones de los partidos políticos realizadas por los personeros y órganos partidarios debidamente inscritos.

El Registro Electoral queda facultado para que emita la respectiva cédula jurídica a los partidos inscritos.

ARTÍCULO 57.- Libros de actas de los partidos

Los libros de actas de los partidos deberán recibir el visado previo del Registro Electoral y, una vez concluidos, deberán depositarse en dicho Registro. El TSE determinará el plazo durante el cual resguardará los referidos libros. Vencido el plazo, pasarán a custodia del Archivo Nacional.

Los partidos políticos dispondrán de una copia fiel de sus libros para consulta de sus miembros. El TSE podrá solicitar, en cualquier momento, que los partidos políticos le suministren copias certificadas del libro de actas o de algunas de ellas en particular, para atender aspectos de su competencia.

En caso de extravío, deberá procederse a su reposición inmediata, en los términos que establezca el reglamento que para tal efecto dictará el Tribunal.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE PARTIDO POLÍTICOS

ARTÍCULO 58.- Constitución

Para constituir un partido político a escala nacional o provincial, todo grupo de cien ciudadanos, como mínimo, podrá concurrir ante una notaria o un notario público a fin de que este inserte en su protocolo el acta relativa a ese acto. Si se trata de la formación de un partido a escala cantonal, el grupo podrá ser de más de cincuenta ciudadanos, siempre y cuando sean electores del cantón respectivo.

En el acta de constitución se consignará necesariamente lo siguiente:

a) Los nombres y las calidades de todas las personas que integren el grupo solicitante.

b) Los nombres de quienes integran el comité ejecutivo provisional.

c) Los estatutos provisionales del partido, que formalmente deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 52 de este Código.

ARTÍCULO 59.- Constitución de los órganos del partido

Una vez constituido el comité ejecutivo provisional, este tomará las medidas y las acciones necesarias para integrar los órganos del partido, como requisito necesario para su inscripción. Para tal efecto, deberá realizar las convocatorias a las asambleas correspondientes, de acuerdo con la escala en que se inscribirá el partido. A la asamblea superior de cada partido le corresponderá ratificar los estatutos provisionales y conformar o validar los órganos que, con arreglo a estos y a la legislación electoral, deba tener el partido.

ARTÍCULO 60.- Solicitud de inscripción

La solicitud de inscripción deberá presentarla el presidente del comité ejecutivo provisional ante el Registro Electoral dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha del acta de constitución, siempre que no sea en los doce meses anteriores a la elección en que se pretenda participar.

Dentro de los seis meses previos al día de la elección, ni el Registro Electoral ni el Tribunal podrán dictar resolución alguna que ordene inscribir partidos.

En todo caso, llegado ese momento, se tendrán por inscritos todos los partidos cuya resolución no haya sido dictada por causas exclusivamente atribuibles a la Dirección General del Registro Electoral, siempre y cuando la solicitud de inscripción se haya presentado en tiempo y forma.

Junto con la solicitud de inscripción, deberán presentarse los siguientes documentos:

a) La certificación del acta notarial de constitución del partido referida en el artículo 58 de este Código.

b) La protocolización del acta de las asambleas correspondientes, según la escala en que se inscribirá el partido, con indicación del nombre del delegado o la delegada del TSE que estuvo presente en dichas asambleas.

c) Los estatutos debidamente aprobados por la asamblea superior.

d) El nombre y las calidades de los miembros de los órganos del partido, con detalle de sus cargos.

e) Tres mil adhesiones de personas electoras inscritas en el Registro Civil a la fecha de constitución del partido, si se trata de partidos a nivel nacional. Para inscribir partidos de carácter provincial, el número de adhesiones será de mil, y para los partidos cantonales, de quinientos.

La Dirección General del Registro electoral no inscribirá los partidos políticos, los estatutos, ni renovará la inscripción a los partidos políticos que incumplan los principios de igualdad, no discriminación, paridad y el mecanismo de alternancia en la conformación de las estructuras partidarias; tampoco reconocerá la validez de sus acuerdos que violen estos principios.

ARTÍCULO 61.- Conformación de instancias partidarias

Todas las delegaciones de las asambleas cantonales, provinciales y nacionales de los partidos políticos y todos los órganos de dirección y representación política estarán conformados en forma paritaria, de conformidad con los principios, mecanismos y criterios establecidos en este Código.

ARTÍCULO 62.- Objeciones

Recibida la solicitud de inscripción, el Registro Electoral publicará un aviso durante cinco días en el diario oficial La Gaceta, en el que exprese en resumen el contenido de la inscripción que se pretende, con prevención para las personas interesadas de hacer objeciones dentro del término de quince días naturales a partir de la última publicación.

ARTÍCULO 63.- Impugnación de acuerdos

Cualquiera de las personas que integren las asambleas indicadas en el artículo 67 de este Código, en los partidos en proceso de constitución o de inscripción, podrá impugnar la validez de los acuerdos tomados en ella. Para la resolución de tales impugnaciones servirá como prueba, entre otras, el informe de los o las representantes del TSE. Al comité ejecutivo provisional le corresponderá resolver esta impugnación, salvo que se trate de acuerdos de la asamblea superior.

Lo resuelto por dicha instancia del partido o si la impugnación es contra acuerdos de la asamblea superior, podrá apelarse dentro de los tres días siguientes a la notificación de lo resuelto, ante el Registro Electoral. Contra lo que resuelva este órgano electoral podrá presentarse recurso de apelación ante el TSE, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes para su resolución definitiva.

ARTÍCULO 64.- Legitimidad de las firmas

La impugnación de la legitimidad de las firmas de adhesión deberá formularse también dentro de la audiencia indicada en el artículo 62 de esta Ley, la que será resuelta por la Dirección General del Registro Electoral en el momento de pronunciarse sobre la inscripción del partido. Sin perjuicio de lo resuelto, si los hechos pueden ser constitutivos del delito, los antecedentes se remitirán al Ministerio Público, para lo que corresponda. Tal remisión no suspenderá el proceso de inscripción; sin embargo, si a consecuencia del pronunciamiento penal, resulta ser que el partido no alcanzaba las firmas legítimas necesarias, la Dirección General del Registro Electoral cancelará la inscripción, sin que esta decisión afecte los actos cumplidos.

ARTÍCULO 65.- Término para resolver la solicitud

Vencido el plazo de objeciones, la Dirección General del Registro Electoral, sin más trámite, se pronunciará sobre las objeciones si las hay, y acordará o denegará la inscripción mediante resolución debidamente fundamentada, dentro del plazo de un mes. Dicha resolución deberá ser comunicada por la Dirección General del Registro Electoral al partido o a los partidos políticos involucrados en el proceso.

ARTÍCULO 66.- Omisión de inscripción

Si el partido no es inscrito en la Dirección General del Registro Electoral dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha del acta de constitución, se tendrá por no constituido para todo efecto legal, salvo que la omisión de inscripción sea por causas exclusivamente imputables a la administración electoral. En este caso, la Dirección deberá inscribir al partido de manera inmediata e iniciar una investigación en la que posteriormente se rinda un informe en el que se detallen los factores que incidieron en la omisión de la inscripción, así como la determinación de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos involucrados.

ARTÍCULO 68.- Cancelación de inscripciones

Con la salvedad de lo dispuesto para las coaliciones, la Dirección General del Registro Electoral cancelará, sin más trámite, las inscripciones de los partidos políticos que no obtengan, en la elección respectiva, un número de votos válidos igual o superior al número de adhesiones exigidas en este Código.

(Así reformado este artículo de acuerdo con la anulación parcial ordenada por resolución de la Sala Constitucional N° 16592 del 30 de noviembre de 2011.)

ARTÍCULO 69.- Funcionamiento de las asambleas de partido

Las asambleas se ajustarán a las siguientes reglas:

a) Cada partido podrá ampliar sus asambleas siempre que los miembros se escojan con base en principios democráticos y de representatividad. El número total de los integrantes adicionales de cada una siempre deberá ser inferior al de los delegados y las delegadas de carácter territorial.

b) El quórum para cada asamblea se integrará con la mayoría absoluta del total de sus integrantes; sus acuerdos serán tomados por la mayoría absoluta de las personas presentes, salvo en los asuntos para los cuales los estatutos establezcan una votación superior.

c) En la celebración de cada asamblea cantonal, provincial y nacional deberán estar presentes los delegados que designe el TSE, quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos formales establecidos en este Código y en los estatutos del partido, y los verificarán. Para las asambleas distritales, el Tribunal podrá comisionar en un solo delegado la atención de varios distritos electorales. En ambos casos observarán las siguientes reglas:

1)         Será obligación del partido político bajo pena de nulidad de la asamblea, comunicar al TSE el lugar, la hora, la fecha y el contenido general de la agenda de estas asambleas. Tal comunicación debe ser realizada con un plazo no mínimo de cinco días hábiles de antelación, a efecto de que el Tribunal realice la designación de sus delegados, cuando así se requiera, y coordine con el partido político interesado.

2)         Para las reuniones convocadas por el partido político a efecto de informar, conocer y decidir sobre actividades y acciones de su interés, distintas de las de naturaleza electoral, no será necesaria la comunicación al TSE, ni la presencia del delegado del Tribunal.

ARTÍCULO 70.- Órganos de dirección

La dirección política superior de los partidos estará a cargo de la asamblea de mayor rango. Para los organismos y las asambleas inferiores, serán obligatorios los acuerdos que adopten en uso de las atribuciones conferidas por los estatutos y la ley. No obstante que por vía estatutaria podrán crearse órganos de dirección intermedios, sus actuaciones serán revisables por dicha asamblea. A los órganos de dirección pueden integrarse representantes sectoriales, según los estatutos,  siempre que se escojan democráticamente. Las decisiones fundamentales de los partidos son, empero, indelegables. Tendrán este carácter, la modificación del estatuto del partido, la creación de órganos internos, la definición de sus atribuciones y la facultad de dictar sus reglamentos.

ARTÍCULO 71.- Órganos de ejecución

Cada asamblea tendrá un comité ejecutivo encargado de la ejecución de sus acuerdos y las demás atribuciones que le encargue el estatuto.

El comité ejecutivo superior estará formado al menos por una presidencia, una tesorería y una secretaría general, nombradas por la asamblea de mayor rango. La fiscalización y vigilancia de los acuerdos corresponderá al fiscal general, quien tendrá voz pero no voto y será elegido por el mismo órgano político que nombre al comité ejecutivo.

Cada uno de los miembros del órgano de ejecución tendrá su suplente, designado igualmente por la asamblea de mayor rango del partido.

ARTÍCULO 72.- Funciones del fiscal

Al fiscal le corresponde:

a) Vigilar que los acuerdos de los órganos partidarios se cumplan de conformidad con lo establecido en los estatutos y en la normativa legal que rige la materia electoral.

b) Supervisar la aplicación de las regulaciones en todos los niveles partidarios.

c) Informar al órgano superior sobre los actos violatorios de esas regulaciones en un órgano inferior o sobre el incumplimiento de acuerdos en general.

d) Presentar su informe, anualmente, ante la asamblea que realizó su nombramiento como fiscal.

Este órgano de fiscalización podrá actuar por petición de parte, denuncia o iniciativa propia.

ARTÍCULO 73.- Tribunales de ética y disciplina

Los partidos políticos integrarán órganos encargados de la ética y la disciplina de sus partidarios, cuyos miembros serán nombrados por la asamblea de mayor rango. Para ello, en sus reglamentos se tendrán que establecer con claridad las atribuciones, las competencias, los procedimientos y las sanciones. El comité ejecutivo superior del partido propondrá este reglamento.

Los reglamentos serán aprobados por la asamblea de mayor jerarquía del partido, por una mayoría absoluta de sus miembros, según su escala de inscripción.

ARTÍCULO 74.- Tribunal de elecciones internas

Los partidos políticos deberán, de acuerdo con el principio de autorregulación partidaria establecido en el artículo 98 de la Constitución Política, crear un tribunal de elecciones internas. Este tribunal garantizará, en sus actuaciones, la participación democrática de los miembros del partido; para ello, siempre actuará según los criterios de imparcialidad, objetividad y transparencia. Tendrá independencia administrativa y funcional.

El reglamento de este tribunal será aprobado por la asamblea de mayor jerarquía del partido por mayoría absoluta de sus miembros, según su escala de inscripción.

Este órgano tendrá, además de las competencias que le atribuya el estatuto, la asamblea superior y el reglamento respectivo, al menos las siguientes:

a) Organizar, dirigir y vigilar la actividad electoral interna de los partidos políticos.

b) Interpretar las disposiciones atinentes a la actividad electoral interna, al amparo de las normas de la Constitución, este Código, las leyes que regulen la actividad y los estatutos partidarios.

c) Resolver los conflictos que se susciten en el proceso, sin recurso interno alguno, salvo la adición y aclaración.

CAPÍTULO V

FUSIONES Y COALICIONES

SECCIÓN I

FUSIONES

ARTÍCULO 75.- Requisitos generales de la fusión

Los partidos políticos inscritos podrán fusionarse entre sí, bajo las siguientes reglas:

a) Deberá existir un pacto de fusión, suscrito en forma conjunta por las personas de los partidos políticos involucrados. Este pacto deberá ser aprobado por la asamblea superior de cada uno de ellos; ese acuerdo deberá contar con el respaldo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros.

b) Acordada la fusión, la persona presidenta de cada uno de los comités ejecutivos superiores de los partidos que concurran a ella solicitarán, por escrito, al director o a la directora del Registro Electoral, en presentación conjunta, que inscriba el pacto de fusión, que deberá adjuntarse debidamente protocolizado. Esta inscripción será dispuesta, previa verificación de los requisitos legales.

c) Puede darse entre partidos de escalas o ámbitos diferentes, a nivel nacional, en una o varias provincias y en uno o varios cantones, siempre que por este mecanismo no se evadan los requisitos que rigen para la constitución, la inscripción y el funcionamiento de los partidos, según la escala de que se trate.

ARTÍCULO 76.- Fusión de partidos

Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros en forma plena o por absorción; en ambos casos sus efectos son irreversibles. Lo anterior sin necesidad de cumplir nuevamente con las exigencias establecidas en cuanto a las adhesiones.

ARTÍCULO 77.- Fusión plena

La fusión plena tiene como finalidad la creación de una nueva agrupación, diferente de todos los partidos fusionados.

En el caso de la fusión entre partidos cantonales del mismo cantón, la asamblea cantonal del nuevo partido se formará con las delegaciones designadas por cada uno de los partidos fusionados, aprobadas por su respectiva asamblea cantonal.

Cuando la fusión ocurre entre partidos cantonales para formar un nuevo partido a escala provincial, las asambleas cantonales del nuevo partido constituido serán las mismas de cada partido fusionado, salvo en el caso de que haya dos partidos o más del mismo cantón, en cuyo caso se procederá según el párrafo anterior y se deberá integrar la asamblea provincial respectiva. De igual manera se procederá si la fusión ocurre entre partidos provinciales de distintas provincias para formar un nuevo partido nacional.

La formación de la nueva asamblea provincial o nacional, según corresponda, se hará por delegaciones, según lo dispone este Código.

ARTÍCULO 78.- Fusión por absorción

Uno o más partidos inscritos podrán convenir en fusionarse a favor de otro, sin que surja por ello una nueva agrupación que requiera ser inscrita. Al partido beneficiado con la fusión se le denominará "supérstite" y a los que a él se unan "absorbidos".

ARTÍCULO 79.- Efectos de la fusión por absorción

Cuando se trate de una solicitud de inscripción de un pacto de fusión por absorción, y una vez subsanados los defectos si los hay, la Dirección General del Registro Electoral ordenará publicar por una única vez en el diario oficial La Gaceta, el extracto del pacto, para los efectos de que dentro de los siguientes diez días hábiles se presenten oposiciones. Vencido ese término, la citada Dirección resolverá lo que corresponda. En caso de resolverse favorablemente la solicitud de inscripción, se ordenará la cancelación de la inscripción de los partidos absorbidos y se conservará únicamente la inscripción a favor del partido supérstite.

ARTÍCULO 80.- Efectos de la fusión plena

Cuando se trate de la solicitud de inscripción de un pacto de fusión plena, la Dirección General del Registro Electoral resolverá de inmediato y, de ser procedente, ordenará la cancelación de los partidos fusionados y que se inicie el trámite de inscripción del nuevo partido. El plazo de dos años que contempla el artículo 60 de este Código se contará a partir de este momento.

ARTÍCULO 81.- Transmisión de derechos y deberes de partidos fusionados

Los derechos y las obligaciones de los partidos fusionados quedarán asumidos, de pleno derecho, por el partido supérstite o por el nuevo partido constituido, según el caso, lo cual incluye los derechos y las obligaciones que se deriven de la contribución estatal a los partidos políticos. A partir de la inscripción del pacto de fusión y durante la vigencia de la inscripción del supérstite o del nuevo partido, no se inscribirá ningún otro con los distintivos de los partidos absorbidos o fusionados.

ARTÍCULO 82.- Personas afiliadas al nuevo partido fusionado

Se considerarán personas afiliadas al nuevo partido o al supérstite todos los ciudadanos y las ciudadanas que, a la fecha de inscripción del pacto, lo sean de cualquiera de los partidos fusionados o absorbidos y conservarán los derechos que se deriven de esa condición.

SECCIÓN II

COALICIONES

ARTÍCULO 83.- Coaliciones parciales o totales

Los partidos políticos podrán coaligarse con el exclusivo propósito de presentar candidaturas comunes en alguna o en todas las escalas o circunscripciones en que participen, en una determinada elección. La postulación común solo es posible en las circunscripciones donde los partidos coaligados estén autorizados a participar.

Los partidos coaligados mantendrán su identidad y deberán cumplir todos los requisitos necesarios para mantenerse vigentes, durante la existencia de la coalición.

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 2347 del 22 de marzo de 2013, el Tribunal Supremo de Elecciones, interpretó lo siguiente: "...1) Para que el Estado le reconozca gastos por su participación en el proceso electoral, un partido político inscrito a escala nacional que participa únicamente con candidatura presidencial, sin candidaturas a diputados, o que sólo participa con candidaturas a diputados en una, en algunas o en todas las provincias, debe obtener un mínimo de apoyo electoral correspondiente al 4% de la sumatoria de todos los votos válidos que arroje la elección de presidente y diputados. Corroborado ese umbral, se procede a multiplicar la cantidad de votos válidos obtenida en la elección en que haya participado (presidencial o diputadil) por el costo individual del voto, siendo que el resultado de esa operación matemática representa el monto máximo de la contribución estatal que le corresponde, según lo previsto en el artículo 90 inciso b) del Código Electoral. 2) El umbral constitucional y el procedimiento para calcular el monto máximo de contribución estatal le es aplicable, en idénticos términos, a una coalición de partidos a escala nacional que solo presente una candidatura común a la presidencia de la República, sin candidatos a diputados. 3) En el supuesto anterior, cada uno de los partidos coaligados que presente por su cuenta candidaturas a diputados tendría derecho a obtener el financiamiento estatal si alcanza o supera el 4% del total de los votos válidamente emitidos para presidente y diputados. La determinación del monto máximo a percibir para cada agrupación también se calcula según lo expuesto en el numeral 90 inciso b) del código de marras, sea, multiplicando la cantidad de votos válidos obtenidos en la elección de diputados por el costo individual del voto. Por consiguiente, para calcular el financiamiento del Estado, no se sumarán los votos válidos obtenidos por la coalición en que el partido participó. 4) Si la agrupación política inscrita a escala nacional sólo postula candidaturas a diputados en todas o algunas provincias y no presenta candidatura presidencial también puede acceder a la contribución estatal si obtiene al menos un diputado, en caso de no alcanzar el referido 4% de la votación a escala nacional. El monto máximo de aporte estatal que le correspondería en este caso se determina multiplicando la cantidad de votos válidos obtenidos para diputados por el costo individual del voto. Esta operación también debe seguirse en caso de aquellos partidos políticos que participen en coalición para la elección presidencial pero que postulen individualmente candidaturas a diputados, por cuanto no es válido, para calcular el monto máximo de la contribución estatal, sumar los votos de la coalición a los votos de la elección diputadil...")

ARTÍCULO 84.- Condiciones y pacto

Las condiciones de la coalición se pactarán por escrito, con la firma de las personas representantes de los respectivos partidos y deberán ser aprobadas por las respectivas asambleas superiores, por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. Deberán expresar necesariamente lo siguiente:

a) El programa de gobierno común a los partidos coaligados, que puede diferir del programa doctrinal declarado en el acta de constitución de cada uno de esos partidos.

b) Los puestos reservados para cada partido en las nóminas de candidatos y candidatas por inscribir o, alternativamente, los procedimientos democráticos mediante los cuales la coalición designará las candidaturas comunes, garantizando la participación de todas las fuerzas políticas que la integran.

c) El nombre, la divisa y el lema oficiales de la coalición.

d) La forma de distribuir entre ellos el porcentaje de la contribución estatal que corresponde a la coalición. Las coaliciones tendrán derecho a recibir contribución estatal con base en el resultado electoral obtenido por las candidaturas comunes que presente, en los mismos términos y condiciones que este Código establece para los demás partidos políticos.

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 2347 del 22 de marzo de 2012, el Tribunal Supremo de Elecciones, interpretó el incios anterior en el sentido de que: "...1) Para que el Estado le reconozca gastos por su participación en el proceso electoral, un partido político inscrito a escala nacional que participa únicamente con candidatura presidencial, sin candidaturas a diputados, o que sólo participa con candidaturas a diputados en una, en algunas o en todas las provincias, debe obtener un mínimo de apoyo electoral correspondiente al 4% de la sumatoria de todos los votos válidos que arroje la elección de presidente y diputados. Corroborado ese umbral, se procede a multiplicar la cantidad de votos válidos obtenida en la elección en que haya participado (presidencial o diputadil) por el costo individual del voto, siendo que el resultado de esa operación matemática representa el monto máximo de la contribución estatal que le corresponde, según lo previsto en el artículo 90 inciso b) del Código Electoral. 2) El umbral constitucional y el procedimiento para calcular el monto máximo de contribución estatal le es aplicable, en idénticos términos, a una coalición de partidos a escala nacional que solo presente una candidatura común a la presidencia de la República, sin candidatos a diputados. 3) En el supuesto anterior, cada uno de los partidos coaligados que presente por su cuenta candidaturas a diputados tendría derecho a obtener el financiamiento estatal si alcanza o supera el 4% del total de los votos válidamente emitidos para presidente y diputados. La determinación del monto máximo a percibir para cada agrupación también se calcula según lo expuesto en el numeral 90 inciso b) del código de marras, sea, multiplicando la cantidad de votos válidos obtenidos en la elección de diputados por el costo individual del voto. Por consiguiente, para calcular el financiamiento del Estado, no se sumarán los votos válidos obtenidos por la coalición en que el partido participó. 4) Si la agrupación política inscrita a escala nacional sólo postula candidaturas a diputados en todas o algunas provincias y no presenta candidatura presidencial también puede acceder a la contribución estatal si obtiene al menos un diputado, en caso de no alcanzar el referido 4% de la votación a escala nacional. El monto máximo de aporte estatal que le correspondería en este caso se determina multiplicando la cantidad de votos válidos obtenidos para diputados por el costo individual del voto. Esta operación también debe seguirse en caso de aquellos partidos políticos que participen en coalición para la elección presidencial pero que postulen individualmente candidaturas a diputados, por cuanto no es válido, para calcular el monto máximo de la contribución estatal, sumar los votos de la coalición a los votos de la elección diputadil...")

e) Las reglas comunes para la recepción de contribuciones de origen privado, de conformidad con lo establecido por este Código.

f)  Las normas básicas y la instancia colegiada de resolución de conflictos internos para la resolución de sus conflictos internos, de conformidad con lo establecido para la organización de los partidos políticos.

Las personas electas en una misma elección por parte de una coalición se considerarán como electas por un mismo partido, para los fines legales que correspondan.

ARTÍCULO 85.- Anotación marginal de la coalición

Una vez aprobado el pacto de coalición, deberá protocolizarse y presentarse a la Dirección General del Registro Electoral y, previa subsanación de los defectos que se adviertan, se procederá a la anotación al margen de la inscripción de los partidos coaligados, la que se cancelará según lo siguiente:

a) Por acuerdo unánime de los partidos involucrados, aprobado por sus asambleas superiores, salvo que ya estén inscritas candidaturas comunes.

b) Por retiro o disolución en cualquier tiempo de los partidos coaligados y, a consecuencia de ello, solo quede un partido formando la coalición. Si después del retiro quedan varios partidos políticos que se mantienen coaligados, no se producirá la disolución de la coalición, por lo que la anotación marginal solo será retirada al partido saliente. El retiro voluntario no podrá darse durante el año anterior a las elecciones.

c) Pasado el proceso electoral para el cual fue acordada.

El Registro Electoral no inscribirá candidaturas comunes una vez cancelada la anotación marginal a que se refiere este artículo.

Para la inscripción de coaliciones no será necesario presentar adhesiones ni otros requisitos adicionales a los establecidos en esta sección.

CAPÍTULO VI

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 86.- Patrimonio de los partidos políticos

El patrimonio de los partidos políticos se integrará con las contribuciones de personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley, así como con la contribución del Estado en la forma y la proporción establecidas por este Código y el ordenamiento jurídico electoral.

Asimismo, dicho patrimonio se integrará con los bienes muebles o inmuebles registrables que se adquieran con fondos del partido, o que provengan de contribuciones o donaciones.

ARTÍCULO 87.- Principios aplicables

Las disposiciones establecidas en el presente Código, relativas al régimen económico de los partidos políticos, se interpretarán y aplicarán con apego a los principios de legalidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, responsabilidad y autodeterminación de los partidos políticos.

ARTÍCULO 88.- Libros contables de los partidos

A fin de registrar las operaciones y los gastos en que incurra, cada partido llevará su contabilidad actualizada y los comprobantes de gastos ordenados, conforme al reglamento que dictará el TSE.

La tesorería de cada partido político tiene la obligación de gestionar, ante el TSE, el visado de todos los libros de control contable que la agrupación posea. Dichos libros estarán a disposición y sujetos a examen, cuando así lo requiera el TSE.

En caso de extravío, deberá procederse a su reposición inmediata, en los términos en que lo establezca el reglamento que al efecto dictará el TSE.

Es responsabilidad del titular de la tesorería el resguardo de la documentación contable y financiera, así como de su debida actualización.

Los partidos remitirán en forma trimestral un reporte de los estados financieros al TSE.

SECCIÓN II

DE LA CONTRIBUCIÓN ESTATAL

ARTÍCULO 89.- Contribución del Estado

De conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política, el Estado contribuirá a sufragar los gastos en que incurran los partidos políticos en los procesos electorales para las elecciones para la Presidencia y las Vicepresidencias de la República y las diputaciones a la Asamblea Legislativa, así como satisfacer las necesidades de capacitación y organización política en período electoral y no electoral.

(NOTA DE SINALEVI: Mediante resolución N° 2347-E8-2012 del 22 de marzo de 2012, el Tribunal Supremo de Elecciones interpretó este artículo en el sentido de que 1) Para que el Estado le reconozca gastos por su participación en el proceso electoral , un partido político inscrito a escala nacional que participa únicamente con candidatura presidencial, sin candidaturasa diputados o que sólo participa con candidaturas a diputados en una, en algunas o en todas las provincias, debe obtener un mínimo de apoyo electoral correspondiente al 4% de la sumatoria de todos los votos válidos que arroje la elección de presidente y dicputados.Corroborado ese umbral, se procede a multiplicar la cantidad de votos válidos obtenida en la elección en que haya participado ( presidencial o diputadil) por el costo individual del voto, siendo que el resultado de esa operación matemática representa el monto máximo de la contribución estatal que le corresponde, según lo previsto en el artículo 90 inciso b) del Código electoral. 2) El umbral constitucional y el procedimiento para calcular el monto máximo de contribución estatal le es aplicable, en idénticos términos, a una coalición de partidos a escala nacional que solo presente una candidatura común a la presidencia de la República, sin candidatos a diputados. 3) En el supuesto anterior, cada uno de los partidos coaligados que presente por su cuenta candidaturas a diputados tendría derecho a obtener el financiamiento estatal si alcanza o supera el 4% del total de los votos válidamente emitidos para presidente y diputados. La determinación del monto máximo a percibir para cada agrupación también se calcula según lo expuesto en el numeral 90 inciso b) del código de marras, sea, multiplicando la cantidad de votos válidos obtenidos en la elección de diputados por el costo individual del voto. Por consiguiente, para calcular el financiamiento del Estado, no se sumarán los votos válidos obtenidos por la coalición en que el partido participó. 4) Si la agrupación política inscrita a escala nacional sólo postula candidaturas a diputados en todas o algunas provincias y no presenta candidatura presidencial también puede acceder a la contribución estatal si obtiene al menos un diputado, en caso de no alcanzar el referido 4% de la votación a escala nacional. El monto máximo de aporte estatal que le correspondería en este caso se determina multiplicando la cantidad de votos válidos obtenidos para diputados por el costo individual del voto. Esta operación también debe seguirse en caso de aquellos partidos políticos que participen en coalición para la elección presidencial pero que postulen individualmente candidaturas a diputados, por cuanto no es válido, para calcular el monto máximo de la contribución estatal, sumar los votos de la coalición a los votos de la elección diputadil. El Magistrado Casafont Odor salva parcialmente el voto. ).   

ARTÍCULO 90.- Determinación del aporte estatal

Doce meses antes de las elecciones y dentro de los límites establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política, el TSE fijará el monto de la contribución que el Estado deberá reconocer a los partidos políticos, tomando como base de cálculo el producto interno bruto a precios de mercado, según certificación emitida por el Banco Central de Costa Rica.

El TSE, tan pronto declare la elección de diputados, dispondrá, por resolución debidamente fundada, la distribución del aporte estatal entre los partidos que tengan derecho a él.

El Tribunal determinará la distribución, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

a) Se determinará el costo individual del voto; para ello, el monto total de la contribución estatal se dividirá entre el resultado de la suma de los votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho a contribución, en la elección para presidente y vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa.

(*)b) Cada partido podrá recibir, como máximo, el monto que resulte de multiplicar el costo individual del voto por el resultado de la suma de los votos válidos que obtuvo en la elección para presidente y vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa, o por lo que obtuvo en una u otra elección, si solo participó en una de ellas, deduciendo de esta los montos que se hayan distribuido a título de financiamiento anticipado caucionado.

 (*)(Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 2347-E8-2012 del 22 de marzo de 2012, el Tribunal Supremo de Elecciones interpretó el inciso b) anterior en el sentido de que: "...1) Para que el Estado le reconozca gastos por su participación en el proceso electoral, un partido político inscrito a escala nacional que participa únicamente con candidatura presidencial, sin candidaturas a diputados, o que sólo participa con candidaturas a diputados en una, en algunas o en todas las provincias, debe obtener un mínimo de apoyo electoral correspondiente al 4% de la sumatoria de todos los votos válidos que arroje la elección de presidente y diputados. Corroborado ese umbral, se procede a multiplicar la cantidad de votos válidos obtenida en la elección en que haya participado (presidencial o diputadil) por el costo individual del voto, siendo que el resultado de esa operación matemática representa el monto máximo de la contribución estatal que le corresponde, según lo previsto en el artículo 90 inciso b) del Código Electoral. 2) El umbral constitucional y el procedimiento para calcular el monto máximo de contribución estatal le es aplicable, en idénticos términos, a una coalición de partidos a escala nacional que solo presente una candidatura común a la presidencia de la República , sin candidatos a diputados. 3) En el supuesto anterior, cada uno de los partidos coaligados que presente por su cuenta candidaturas a diputados tendría derecho a obtener el financiamiento estatal si alcanza o supera el 4% del total de los votos válidamente emitidos para presidente y diputados. La determinación del monto máximo a percibir para cada agrupación también se calcula según lo expuesto en el numeral 90 inciso b) del código de marras, sea, multiplicando la cantidad de votos válidos obtenidos en la elección de diputados por el costo individual del voto. Por consiguiente, para calcular el financiamiento del Estado, no se sumarán los votos válidos obtenidos por la coalición en que el partido participó. 4) Si la agrupación política inscrita a escala nacional sólo postula candidaturas a diputados en todas o algunas provincias y no presenta candidatura presidencial también puede acceder a la contribución estatal si obtiene al menos un diputado, en caso de no alcanzar el referido 4% de la votación a escala nacional. El monto máximo de aporte estatal que le correspondería en este caso se determina multiplicando la cantidad de votos válidos obtenidos para diputados por el costo individual del voto. Esta operación también debe seguirse en caso de aquellos partidos políticos que participen en coalición para la elección presidencial pero que postulen individualmente candidaturas a diputados, por cuanto no es válido, para calcular el monto máximo de la contribución estatal, sumar los votos de la coalición a los votos de la elección diputadil...")

ARTICULO 91.- Contribución estatal a procesos electorales municipales

El Estado contribuirá con un cero coma cero tres por ciento (0,03%) del PIB para cubrir los gastos en que incurran los partidos políticos con derecho a ellos por su participación en los procesos electorales de carácter municipal, de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución Política y en este Código.

ARTÍCULO 92.- Clasificación de gastos justificables

Los gastos que pueden justificar los partidos políticos para obtener la contribución estatal serán los siguientes:

a) Los generados por su participación en el proceso electoral a partir de la convocatoria y hasta cuarenta y cinco días naturales después de celebrada la elección.

Este período se ampliará en caso de efectuarse una segunda ronda electoral para los partidos que en ella participen, hasta cuarenta y cinco días naturales después de realizada.

b) Los destinados a las actividades permanentes de capacitación y organización política.

ARTÍCULO 93.- Gastos de capacitación y organización política

Los gastos de capacitación y organización política, justificables dentro de la contribución estatal, serán los siguientes:

a) Organización política: comprende todo gasto administrativo para fomentar, fortalecer y preparar a los partidos políticos para su participación de modo permanente en los procesos políticos y electorales.

b) Capacitación: incluye todas las actividades que les permiten a los partidos políticos realizar la formación política, técnica o ideológico-programática de las personas, así como la logística y los insumos necesarios para llevarlas a cabo.

c) Divulgación: comprende las actividades por medio de las cuales los partidos políticos comunican su ideología, propuestas, participación democrática, cultura política, procesos internos de participación y acontecer nacional. Incluye los gastos que se generen en diseñar, producir y difundir todo tipo de material que sirva como herramienta de comunicación.

d) Censo, empadronamiento, investigación y estudios de opinión: se refieren a las actividades dirigidas a recolectar, compilar, evaluar y analizar la información de interés para el partido; confeccionar padrones partidarios; realizar investigaciones socioeconómicas y políticas sobre situaciones de relevancia nacional o internacional, así como realizar sondeos de opinión.

Lo anterior sin perjuicio de que vía reglamento se regulen nuevas situaciones que se enmarquen dentro del concepto comprendido por gastos justificables en la presente Ley.

ARTÍCULO 94.- Gastos justificables en proceso electoral

Los gastos ocasionados en el proceso electoral que pueden justificar los partidos políticos para obtener la contribución estatal, además de los señalados en el artículo anterior, serán los destinados a las actividades siguientes:

a) La propaganda, entendida como la acción de los partidos políticos para preparar y difundir sus ideas, opiniones, programas de gobierno y biografías de sus candidatos a puestos de elección popular, por los medios que estimen convenientes.

b) La producción y la distribución de cualquier signo externo que el partido utilice en sus actividades.

c) Las manifestaciones, los desfiles u otras actividades en vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos.

d) Las actividades de carácter público en sitios privados.

e) Todo gasto operativo, técnico, funcional y administrativo, dirigido a la preparación y ejecución de las actividades necesarias para la participación en el proceso electoral.

ARTÍCULOS 95.- Liquidación de gastos

Los gastos que realicen los partidos políticos se liquidarán en la forma establecida en este Código. Para estos efectos, se realizará una liquidación única para los gastos comprendidos en el inciso a) del artículo 92, "Clasificación de gastos justificables", y liquidaciones trimestrales para los gastos comprendidos en el inciso b) de ese artículo.

ARTÍCULO 96.- Financiamiento anticipado

Del monto total que se determine como contribución estatal, los partidos políticos podrán recibir, en forma anticipada y previa rendición de las garantías líquidas suficientes, hasta un quince por ciento (15%). La distribución del anticipo se hará en partes iguales para cada partido político, de la siguiente manera:

a) A los partidos políticos inscritos a escala nacional que hayan presentado candidaturas para presidente, vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa, se les distribuirá en sumas iguales, previa rendición de las garantías líquidas suficientes, el ochenta por ciento (80%) del monto establecido.

b) Previa rendición de las garantías líquidas suficientes, un veinte por ciento (20%) del monto total del financiamiento anticipado será distribuido en sumas iguales entre todos los partidos únicamente a escala provincial con candidaturas presentadas a diputados a la Asamblea Legislativa.

Los partidos políticos que hayan recibido contribución estatal a modo de financiamiento anticipado y que no hayan cumplido las condiciones que establece el artículo 96 de la Constitución Política y lo preceptuado en este artículo, deberán devolver lo recibido por concepto de financiamiento anticipado. Igual procedimiento se aplicará con los excedentes, en caso de que la suma adelantada supere el monto a que tenía derecho el partido político.

ARTÍCULO 97.- Retiro del financiamiento anticipado para el proceso electoral

Los partidos políticos tendrán derecho a retirar la cantidad que les corresponda por concepto de financiamiento anticipado caucionado, de acuerdo con la resolución que para ese efecto deberá emitir el TSE. Los retiros por ese concepto se harán a partir de la presentación de las candidaturas a las elecciones para la Presidencia y las Vicepresidencias de la República, observando la forma de distribución indicada en el artículo anterior.

Los dineros correspondientes al financiamiento anticipado serán depositados en una cuenta de la Tesorería Nacional, en efectivo, y a más tardar diez meses antes de las elecciones. El Tribunal autorizará, mediante resolución, el giro del anticipo correspondiente a cada partido político que haya caucionado.

ARTÍCULO 98.- Garantías para recibir el financiamiento anticipado

Todo partido político interesado en obtener el financiamiento anticipado para participar en el proceso electoral deberá rendir, previamente, las garantías líquidas suficientes que respalden la operación. Estas garantías serán rendidas únicamente ante entidades del Sistema Bancario Nacional, las que quedan autorizadas para dicho fin; además, los documentos y las garantías que respalden el financiamiento anticipado serán endosados a favor del Estado y depositados ante el TSE.

Los costos en que incurran los partidos políticos para rendir sus garantías serán asumidos a su nombre; sin embargo, si del resultado electoral el partido político obtiene el derecho a la contribución estatal, los costos podrán ser descontados como gastos a liquidar del proceso electoral.

En el caso que un partido político haya recibido financiamiento anticipado y por cualquier motivo no participe en el proceso electoral o habiendo participado no alcance el derecho a la contribución del Estado o esta sea insuficiente para cubrir el monto obtenido a título de financiamiento anticipado, el TSE cobrará a nombre del Estado las garantías que hayan sido rendidas, con el objeto de que se recuperen los dineros públicos.

SECCIÓN III

CONTRIBUCIÓN ESTATAL PARA PROCESOS

ELECTORALES MUNICIPALES

ARTÍCULO 99.- Contribución

De conformidad con el principio democrático y el principio de pluralidad política, el Estado contribuirá a financiar a los partidos políticos que participen en los procesos electorales municipales y que alcancen al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos en el cantón respectivo para la elección de alcalde o de regidores, o elijan por lo menos un regidor o una regidora.

ARTÍCULO 100.- Distribución de la contribución en procesos de elección municipal

El Tribunal determinará la distribución, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

a) Se determinará el costo individual del voto; para ello, se dividirá el monto total de la contribución estatal para procesos de elección municipal entre el resultado de la suma de los votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho a contribución, en la elección municipal.

b) Cada partido podrá recibir, como máximo, el monto que resulte de multiplicar el costo individual del voto por el resultado de la suma de los votos válidos que obtuvo en la elección municipal.

ARTÍCULO 101.- Gastos justificables

Los gastos que pueden justificar los partidos políticos para obtener la contribución estatal serán los generados en su participación en el proceso electoral municipal, a partir de la convocatoria y hasta cuarenta y cinco días naturales después de celebrada la elección.

ARTÍCULO 102.- Comprobación y liquidación de gastos

Para recibir el aporte del Estado, los partidos políticos deberán comprobar y liquidar sus gastos, de conformidad con lo establecido en este Código.

El plazo para la presentación de la liquidación, en el caso de gastos generados en la participación en procesos electorales municipales, será de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la declaración de elección de todas las autoridades municipales.

SECCIÓN IV

COMPROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 103.- Control contable del uso de la contribución estatal

Corresponde al TSE evaluar las liquidaciones que se les presente y ordenar el pago de los gastos de los partidos políticos comprendidos en la contribución estatal.

Para la evaluación y el posterior pago de los gastos reconocidos mediante el control contable de las liquidaciones que presenten los partidos políticos, el TSE tendrá la facultad de sistematizar los procedimientos que mejor resguarden los parámetros de los gastos objeto de liquidación; en ese sentido, podrá realizar revisiones de carácter aleatorio entre partidos o entre determinados rubros de los gastos incluidos en las liquidaciones para constatarlos.

Los partidos políticos garantizarán, en sus respectivas liquidaciones, que los gastos que realicen en el rubro de capacitación durante el período no electoral están siendo destinados, en sus montos y actividades, a la formación y promoción de ambos géneros en condiciones de efectiva igualdad, según el inciso p) del artículo 52 de este Código. Para tal fin, deberán acompañar la liquidación respectiva con una certificación emitida por un contador público autorizado, en la que se especifique el cumplimiento de esta norma. Si la certificación no se aportara, el TSE entenderá que el respectivo partido político no cumplió y no autorizará el pago de monto alguno en ese rubro.

ARTÍCULO 104.- Liquidaciones

Antes de la autorización de giro de la contribución estatal a los partidos políticos, estos deberán presentar las liquidaciones en la forma y dentro del plazo que se señalan en este Código y en el respectivo reglamento.

La liquidación, debidamente refrendada por un contador público autorizado en su condición de profesional responsable y fedatario público, es el medio por el cual los partidos políticos, con derecho a la contribución estatal, comprueban ante el TSE los gastos en los que han incurrido.

ARTÍCULO 105.- Registro de profesionales contables

La Contraloría General de la República registrará al contador público autorizado que quiera brindar servicios profesionales a los partidos políticos. Asimismo, reglamentará los requisitos para conformar este registro.

ARTÍCULO 106.- Documentos de liquidación

Toda liquidación que se presente ante la Dirección de Financiamiento Político del TSE, deberá contener los siguientes documentos:

a) La certificación de los gastos del partido político emitida por un contador público autorizado registrado ante la Contraloría General de la República, contratado por el partido al efecto; además, un informe de control interno donde el contador señale las deficiencias halladas y que deben ser mejoradas, después de haber verificado, fiscalizado y evaluado que la totalidad de los gastos redimibles con contribución estatal se ajustan a los parámetros contables y legales así exigidos.

b) Todos los comprobantes, las facturas, los contratos y los demás documentos que respalden la liquidación presentada.

El partido político deberá presentar al TSE, conjuntamente con dicha documentación, los informes correspondientes emitidos por el contador público autorizado, referentes a los resultados del estudio que efectuó para certificar cada una de las liquidaciones de gastos.

Dichos informes deberán contener, al menos, un detalle de las cuentas de gastos indicadas en el respectivo manual de cuentas, detalle que debe consignarse en la liquidación, comentando el incumplimiento de la normativa legal aplicable y señalando las deficiencias de control interno encontradas, las pruebas selectivas realizadas (en relación con los cheques, justificantes o comprobantes de gastos, contratos, registros contables y registro de proveedores), el detalle de las operaciones efectuadas con bonos, los procedimientos de contratación utilizados, los comentarios sobre cualquier irregularidad o aspecto que el contador público considere pertinente, las conclusiones y las recomendaciones.

ARTÍCULO 107.- Comprobación de gastos

Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la declaratoria de elección de diputados, cada partido con derecho a recibir el aporte estatal deberá hacer su cobro al TSE, mediante una liquidación de los gastos de campaña presentada de conformidad con lo establecido en este Código.

Recibida la liquidación, el Tribunal dictará la resolución que determine el monto que corresponde girar al partido político, en un término máximo de quince días hábiles. No obstante, si existiera alguna circunstancia que haga presumir, a criterio del Tribunal, la no conformidad de la totalidad de los gastos liquidados o parte de ellos, podrá ordenar la revisión de los documentos que respaldan la liquidación correspondiente. En todo caso, el Tribunal podrá autorizar el pago de los rubros que no sean sujetos de revisión.

Los partidos políticos deberán señalar, antes del pago, la cuenta bancaria en la que serán depositados los fondos provenientes de la contribución estatal.

En el caso de los gastos de capacitación y organización política en período no electoral, la liquidación deberá presentarse dentro de los quince días hábiles posteriores al vencimiento del trimestre correspondiente. El TSE dictará la resolución que determine el monto a girar, en un plazo máximo de quince días hábiles.

Contra lo resuelto por el Tribunal cabrá únicamente recurso de reconsideración, el cual deberá ser resuelto en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Si de la totalidad del monto que el partido político presente por concepto de liquidación de gastos electorales queda algún remanente no reconocido, este se sumará a la reserva prevista para financiar los gastos ordinarios y permanentes de ese partido, en los rubros de organización y capacitación.

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 4877 del 13 de julio de 2010, se interpretó el párrafo anterior en el sentido de que: ".aclarando que del remanente no reconocido que se produzca por la no comprobación de gastos electorales de campaña se destinará, para efectos de financiar los gastos ordinarios permanentes de los partidos políticos, hasta una suma igual a la que resultó de la aplicación del porcentaje definido previamente por el partido para gastos de capacitación y organización permanente sobre el monto máximo de la contribución estatal. Este monto engrosará la suma remanente de lo que no se haya aprobado al partido luego de liquidar los gastos correspondientes a gastos de capacitación y organización permanente, correspondiente al periodo 2006- 2010." )

En todo caso, de existir remanente, el monto a sumar no podrá ser superior al monto que resulte del porcentaje definido previamente por el partido para los rubros de organización y capacitación. Dicho remanente se liquidará de conformidad con las reglas señaladas para la liquidación de los rubros al que se suman.

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 4877 del 13 de julio de 2010, se interpretó el párrafo anterior en el sentido de que: ".aclarando que del remanente no reconocido que se produzca por la no comprobación de gastos electorales de campaña se destinará, para efectos de financiar los gastos ordinarios permanentes de los partidos políticos, hasta una suma igual a la que resultó de la aplicación del porcentaje definido previamente por el partido para gastos de capacitación y organización permanente sobre el monto máximo de la contribución estatal. Este monto engrosará la suma remanente de lo que no se haya aprobado al partido luego de liquidar los gastos correspondientes a gastos de capacitación y organización permanente, correspondiente al periodo 2006- 2010." )

La Tesorería Nacional girará los fondos correspondientes a la contribución estatal una vez que las liquidaciones de los gastos hayan sido debidamente presentadas y aprobadas, dentro de los plazos establecidos para cada liquidación y bajo los procedimientos establecidos en este Código.

SECCIÓN V

BONOS DE CONTRIBUCIÓN ESTATAL

ARTÍCULO 108.- Emisión de bonos

A más tardar en la fecha de convocatoria a elecciones nacionales, el Poder Ejecutivo podrá emitir bonos por el monto que el Estado reconocerá a los partidos políticos, para pagar sus gastos, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política. Para tal efecto, incluirá en el presupuesto ordinario de la República, correspondiente al año anterior al de las elecciones, la partida respectiva para el pago de la amortización, según lo estime, oportunamente y con anterioridad, el TSE.

ARTÍCULO 109.- Bonos

Los bonos se denominarán bonos de contribución del Estado a los partidos políticos, e indicarán el año de las elecciones a que corresponden, el tipo de interés que devengarán y la fecha de emisión.

Estos bonos devengarán un interés igual a la tasa básica pasiva, calculada por el Banco Central de Costa Rica, más el uno por ciento (1%); tendrán un vencimiento a dos años. Esta tasa será ajustable cada tres meses.

Los bonos de contribución del Estado a los partidos políticos serán inembargables, contarán con la garantía plena del Estado y estarán exentos de impuestos.

ARTÍCULO 110.- Entrega del aporte estatal e intereses de los bonos

La Tesorería Nacional entregará a los partidos políticos lo que les corresponda por concepto de liquidación del aporte estatal, dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que el Ministerio de Hacienda reciba la comunicación del TSE en la que acepta los gastos liquidados por cada uno de los partidos. A los partidos se les reconocerán intereses a partir de la determinación del aporte estatal que corresponde a cada uno de ellos. Los intereses de los bonos de contribución del Estado a los partidos políticos se pagarán trimestralmente. Para atender la amortización y los intereses se destinará una cuota trimestral fija.

ARTÍCULO 111.- Inclusión en el presupuesto ordinario de la República

Anualmente se incluirá en el presupuesto ordinario de la República, la suma necesaria para el servicio de amortización e intereses de los bonos de contribución del Estado a los partidos políticos que se hayan emitido.

ARTÍCULO 112.- Transacción de bonos en el Sistema Bancario Nacional

Los bancos del Sistema Bancario Nacional, sus dependencias y sucursales podrán comprar, vender y recibir los bonos de contribución del Estado a los partidos políticos, en pago de todo tipo de obligaciones, así como conservarlos en inversión.

ARTÍCULO 113.- Pago de bonos

La Tesorería Nacional será la encargada del pago de los bonos y cupones de intereses.

ARTÍCULO 114.- Recepción de bonos como pago de impuestos

El Estado recibirá los bonos por su valor facial de contribución del Estado a los partidos políticos en cualquier momento, así como los cupones de intereses vencidos, como pago de impuestos nacionales de cualquier clase.

SECCIÓN VII

FINANCIAMIENTO PRIVADO

ARTÍCULO 120.- Financiamiento privado de los partidos

El financiamiento privado a los partidos políticos, incluidas las tendencias y precandidaturas oficializadas que surjan en lo interno de estos, estarán sometidos al principio de publicidad y se regularán por lo aquí dispuesto.

Se entenderá por contribución o aporte privado toda colaboración que una persona realice en forma directa a favor de un partido político, en dinero en efectivo, valores financieros o en bienes inscribibles.

ARTÍCULO 121.- Auditorías sobre el financiamiento privado

Los partidos políticos están obligados a llevar dentro de su contabilidad el financiamiento privado. El TSE, mediante resolución fundada podrá ordenar auditorías sobre las finanzas de los partidos políticos, a efecto de verificar el respeto a las normas que regulan la materia, que podrán realizarse por medio de la dirección especializada en el tema, de profesionales o firmas contratadas con tal propósito.

Los partidos políticos observarán las reglas técnicas de contabilidad y las disposiciones reglamentarias que emitirá el TSE y facilitarán cualquier informe o documento que les sea requerido.

Para tales efectos, quien ocupe el cargo de la tesorería del partido deberá prestar obligada colaboración y será responsable de la exactitud y veracidad de los datos que suministren.

ARTÍCULO 122.- Cuenta bancaria única para financiamiento privado

Los partidos políticos podrán utilizar los servicios bancarios que consideren oportunos; sin embargo, los fondos provenientes de las donaciones, las contribuciones o los aportes privados que reciban los partidos políticos deberán depositarse en una cuenta corriente única dedicada exclusivamente a esos fondos, en cualquier banco del Sistema Bancario Nacional, la cual podrá estar dividida en subcuentas. La apertura y el cierre de la cuenta corriente respectiva, deberá ser comunicada formalmente al Tribunal por quien ocupe la tesorería del partido político, dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores al acto correspondiente.

Los bancos del Sistema Bancario Nacional tomarán las medidas necesarias de control para que a esas cuentas corrientes no se acredite depósito alguno en forma anónima. En caso de tener noticia de un depósito sospechoso, la entidad bancaria deberá dar aviso inmediato al TSE, el cual podrá ordenar el congelamiento del monto correspondiente, hasta que resuelva lo procedente.

Al suscribir el contrato de cuenta corriente, el comité ejecutivo superior deberá autorizar al banco respectivo para que entregue la información sobre los estados de cuenta que, cuando lo considere oportuno, solicite el TSE.

ARTÍCULO 123.- Requisitos de las donaciones privadas

Las contribuciones privadas solo pueden acreditarse a favor de los partidos políticos o de las tendencias, precandidaturas o candidaturas debidamente oficializadas.

Toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada en el momento de su recepción, mediante comprobante bancario o recibo oficial expedido por el partido político, en este caso firmado por el donante o contribuyente. Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son anónimas. Solo podrán realizarse depósitos en forma personal e individual, de manera que se acreditará como depositante a la persona que realice la gestión bancaria en forma directa, salvo en los casos en que el partido político titular de la cuenta acredite fehacientemente la identidad de los contribuyentes.

Toda actividad de recaudación de dineros para el partido o para alguna de las tendencias, oficialmente acreditadas por este, deberá ser reglamentada por el partido político, garantizando el principio de transparencia y publicidad.

El tesorero deberá llevar un registro de las actividades de recaudación de fondos del partido, incluso de las tendencias y movimientos. El tesorero informará al TSE cuando este lo requiera.

ARTÍCULO 124.- Participación de organizaciones internacionales en los procesos de capacitación de los partidos políticos

Las organizaciones internacionales dedicadas al desarrollo de la cultura, participación política y defensa de los valores democráticos, únicamente podrán colaborar en el proceso de capacitación de los partidos políticos siempre que respeten el orden constitucional y la soberanía nacional. Estas organizaciones deberán acreditarse ante el TSE.

ARTÍCULO 125.- Financiamiento a los candidatos o precandidatos

Prohíbese el financiamiento privado directamente a los candidatos o precandidatos oficializados por los partidos políticos a cualquier cargo de elección popular. Toda contribución deberá canalizarse por medio de quien ocupe la tesorería del partido político. Para estos efectos, se entenderán por oficializadas las precandidaturas debidamente inscritas ante el partido respectivo con ocasión de sus procesos electorales internos; asimismo, las candidaturas oficializadas serán las así reconocidas de acuerdo con los estatutos del partido político.

Si estos aportes tienen como fin específico apoyar a algún candidato o precandidato oficializado, el tesorero ordenará, a favor de este, el traslado inmediato de tales recursos, pero estará obligado a incluirlo en sus informes. Estas contribuciones estarán sometidas a las mismas restricciones, controles y sanciones previstos en este Código en relación con los aportes o donaciones privadas a los partidos.

ARTÍCULO 126.- Prohibición de gestión paralela de contribuciones privadas

La gestión del financiamiento privado estará a cargo de la tesorería del partido político o, en su defecto, de la persona autorizada por el comité ejecutivo superior para realizar actividades de recaudación de fondos. Ninguna persona o grupo de personas podrá realizar gestiones en este sentido a beneficio del partido político sin la debida autorización de este.

ARTÍCULO 127.- Control de financiamiento a precandidaturas

Cada precandidatura, debidamente inscrita a cargos de elección popular, deberá nombrar a una persona encargada de las finanzas ante la tesorería del partido. La tesorería podrá autorizar o rechazar el nombramiento propuesto, por motivos justificados. Ninguna persona no autorizada por la tesorería podrá realizar actividades de recaudación de fondos.

La tesorería del partido creará, a solicitud de cada encargado, una subcuenta. Todas las subcuentas creadas serán unificadas por la tesorería,  una vez finalizado el proceso interno.

Las contribuciones, las donaciones o cualquier otro tipo de aporte líquido para las precandidaturas, deben hacerse a la cuenta única del partido; en las subcuentas creadas por la tesorería solamente se podrán recibir depósitos de la cuenta única del partido.

Se deberá informar al Tribunal el nombre y los apellidos completos, el número de cédula y el domicilio de las personas autorizadas para realizar los movimientos en la cuenta única del partido.

Cada encargado de finanzas deberá entregar al partido político un informe de los gastos realizados durante el proceso electoral interno.

ARTÍCULO 128.- Prohibición de la contribución de extranjeros y personas jurídicas

Prohíbese a los extranjeros y a las personas jurídicas de cualquier naturaleza y nacionalidad efectuar, directa, indirectamente o en forma encubierta, contribuciones, donaciones o aportes, en dinero o en especie, para sufragar los gastos de los partidos políticos. A los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, también les está prohibido otorgar préstamos, adquirir títulos o realizar cualquier otra operación que implique beneficio de cualquier clase para los partidos políticos.

Los miembros del comité ejecutivo superior serán responsables de velar por el cumplimiento de esta norma.

ARTÍCULO 129.- Prohibición de contribuciones depositadas fuera del país

Prohíbese depositar y recibir contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte por medio de entidades financieras ubicadas fuera del territorio nacional. En caso de que un partido político reciba un depósito en esta condición, no podrá utilizar dichos fondos irregulares y deberá dar cuenta, de inmediato, de esta situación al TSE, que resolverá el caso según corresponda.

ARTÍCULO 130.- Reporte de contribuciones en especie

Quien ocupe la tesorería del partido deberá reportar al Tribunal todas las contribuciones en especie que superen el monto de dos salarios base en el momento  de la tasación del bien, conforme se define en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993.

ARTÍCULO 131.- Tasación y registro de donaciones en especie

Las contribuciones en especie serán objeto de tasación de común acuerdo entre la persona contribuyente y el partido receptor. El recibo correspondiente consignará, además de la tasación convenida, una descripción detallada del bien o el servicio donado.

El TSE tendrá la facultad de revisar y ajustar las valuaciones de las contribuciones en especie.

No requerirán tasación el trabajo voluntario y realizado en forma ad honórem por cualquier persona, para apoyar tareas de organización o labores de proselitismo electoral del partido de su preferencia.

ARTÍCULO 132.- Obligación de informar

El tesorero del partido político estará obligado a informar trimestralmente al TSE, sobre las donaciones, las contribuciones o los aportes que reciba. Sin embargo, durante el período comprendido entre la convocatoria y la fecha de elección, el informe será mensual. En todo caso, cuando un partido político no reciba contribuciones dentro de los períodos señalados estará obligado a informar tal circunstancia. Toda la información contable de los partidos políticos es de acceso público por medio del TSE.

ARTÍCULO 133.- Requisitos del informe

Los informes de las contribuciones, las donaciones o los aportes que deberán rendir los tesoreros o las tesoreras de los partidos políticos al TSE incluirán una lista detallada que indique el nombre completo y el número de cédula de identidad de cada donante, el monto de la contribución o su tasación si ha sido en especie y si la contribución ha sido realizada para las actividades propias de la agrupación política, o si es aportada con ocasión de la actividad política de un candidato o una candidata o precandidato o precandidata oficializado por el partido político para que ocupe algún puesto de elección popular.

En los mismos plazos y con la misma regularidad, los tesoreros deberán suministrar como anexo de los citados informes trimestrales, copias certificadas del auxiliar de la cuenta bancaria en donde conste el número de depósito, el estado de cuenta bancaria y de los estados contables del período, emitidos por un contador público autorizado.

ARTÍCULO 134.- Prevención por incumplimiento

El TSE prevendrá al partido político que no informe a tiempo o al que habiéndolo hecho no aporte la información completa o no esté clara, para que cumpla esta obligación dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esa prevención.

ARTÍCULO 139.- Disposiciones para las empresas de propaganda electoral

Solo estarán autorizadas para prestar servicios de propaganda electoral, las empresas inscritas por sus representantes para este fin en el TSE. Una vez inscritas, estarán obligadas a prestar sus servicios de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a) En la solicitud de inscripción y dentro del asiento correspondiente al Tribunal, deberán indicarse las tarifas de servicios, la razón social, las calidades de quien gestione a nombre del medio y el lugar para oír notificaciones.

b) Las empresas y los medios de comunicación inscritos deberán garantizar igualdad de condiciones y de trato a todos los partidos políticos que participen en la justa electoral.

ARTÍCULO 140.- Plazo de custodia y entrega de documentos

Los institutos, las universidades, cualquier ente público o privado y las empresas dedicadas a elaborar encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral inscritos según el artículo anterior, mantendrán en custodia y a disposición del TSE los documentos que respaldan las encuestas y los sondeos publicados durante el período de campaña electoral, desde el día de su publicación hasta el día siguiente a la declaratoria oficial del resultado de las elecciones para diputados o alcaldes, según corresponda.

Admitida una denuncia por el TSE, los documentos originales o sus copias, certificadas por notario público, deberán ser remitidos a más tardar tres días después de realizado el requerimiento respectivo. El Tribunal determinará, vía reglamento, los documentos que requerirá de acuerdo con la denuncia presentada.

ARTÍCULO 141.- Reuniones en clubes o locales cerrados

Los partidos políticos, debidamente inscritos, podrán efectuar reuniones dentro de sus clubes o locales, pero se abstendrán de difundir propaganda o discursos fuera del local al mismo tiempo, en sus puertas o aceras, ya sea de viva voz o por medio de altavoces, radios u otros instrumentos.

La autorización de locales para uso de los partidos políticos será obligatoria y deberá solicitarse por escrito ante la delegación cantonal de policía, cuya resolución será apelable ante el TSE. No se aprobará la inscripción de un club a menos de cien metros de distancia de otro ya inscrito.

Dentro de los dos meses anteriores a las elecciones, solo los partidos con candidaturas inscritas podrán solicitar la inscripción de nuevos locales.

El funcionamiento de un local contra lo establecido en la ley, obligará a la autoridad de policía correspondiente a cerrarlo de inmediato.

TÍTULO IV

PROCESO ELECTORAL

CAPÍTULO I

ACTOS PREPARATORIOS

ARTÍCULO 143.- División territorial administrativa y electoral

La División territorial administrativa se aplicará al proceso electoral. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo deberá formularla y publicarla por lo menos doce meses antes del día señalado para la elección de la Presidencia y Vicepresidencias de la República. Deberá enumerar detalladamente provincias, cantones, distritos, caseríos o poblados, empleando para su numeración el orden de las leyes y los decretos que los han creado. También, deberá expresar la población de cada uno, según los datos del censo y los cálculos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El TSE estará facultado para dividir un distrito administrativo en dos o más distritos electorales, procurando así la mayor comodidad de las personas electoras para la emisión de sus votos. Sin embargo, no podrá usar esta facultad en los ocho meses previos a las elecciones.

ARTÍCULO 144.- Persona electora

Serán consideradas como personas electoras, los y las costarricenses mayores de dieciocho años e inscritos en el padrón electoral, a excepción de los siguientes:

a) Las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción.

b) Las personas que tengan suspendido el ejercicio de sus derechos políticos por sentencia firme.

Los ciudadanos costarricenses por naturalización no podrán sufragar sino después de doce meses de haber obtenido la carta respectiva.

ARTÍCULO 145.- Deberes y atribuciones de las personas electoras

Son deberes y atribuciones de las personas electoras, los siguientes:

a) Asistir y ejercer su derecho al voto.

b) Elegir y ser elegida.

c) Respetar las leyes y las normas electorales establecidas.

d) Colaborar con el TSE y los partidos políticos para que las elecciones transcurran y concluyan con normalidad.

ARTÍCULO 146.- Prohibición para empleados y funcionarios públicos

Prohíbese a los empleados públicos dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político. Los jefes inmediatos de dichos empleados serán los responsables de vigilar el cumplimiento de esta disposición.

Quienes ejerzan la Presidencia o las Vicepresidencias de la República, los ministros(as) y viceministros(as), y los miembros activos o las miembros activas del servicio exterior, el contralor o la contralora y subcontralor o subcontralora generales de la República, el (la) defensor(a) y el (la) defensor(a) adjunto(a) de los habitantes, el (la) procurador(a) general y el (la) procurador(a) general adjunto(a), quienes ejerzan la presidencia ejecutiva, o sean miembros(as) de las juntas directivas, directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de las instituciones autónomas y todo ente público estatal, los(as) oficiales mayores de los ministerios, los(as) miembros (as) de la autoridad de policía, los(as) agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los magistrados(as) y toda persona empleada del TSE, los magistrados y funcionarios(as)  del Poder Judicial que administren justicia, y quienes tengan prohibición en virtud de otras leyes, no podrán participar en las actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género.

En materia electoral, las personas funcionarias incluidas en el párrafo segundo de este artículo, únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones en la forma y las condiciones establecidas en este Código.

El TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años, a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contempladas en este artículo.

ARTÍCULO 147.- Convocatoria a elecciones

La convocatoria a elecciones la hará el TSE cuatro meses antes de la fecha en que han de celebrarse estas.

El TSE convocará a elecciones parciales extraordinarias para llenar las vacantes de las municipalidades que lleguen a desintegrarse, así como en el supuesto del artículo 19 del Código Municipal.

ARTÍCULO 149.- Campaña electoral

La campaña electoral es la fase del proceso electoral que se desarrolla desde la convocatoria a elecciones hasta el día en que estas se celebren.

ARTÍCULO 150.- Fecha en que se verificarán las elecciones

Las elecciones para presidente, vicepresidentes y diputados(as) a la Asamblea Legislativa deberán realizarse el primer domingo de febrero del año en que deba producirse la renovación de estos funcionarios.

Las elecciones municipales para elegir regidores, síndicos, alcaldes e intendentes, miembros de concejos de distrito y de los concejos municipales de distrito, con sus respectivos suplentes, se realizarán el primer domingo de febrero dos años después de la elección para presidente, vicepresidentes y diputados(as) a la Asamblea Legislativa.

La renovación de todos estos cargos se hará cada cuatro años.

Cuando se trate de la convocatoria a una constituyente, el TSE señalará la fecha en que ha de verificarse la elección, cuando no esté dispuesta en la ley que la convoca.

ARTÍCULO 151.- Número de representantes

El número de representantes a una asamblea constituyente, a la Asamblea Legislativa y a los concejos municipales y de distrito que corresponda elegir estará dispuesto en el decreto de convocatoria, el cual fijará ese número con estricta observancia de lo dispuesto en la Constitución Política, la ley de convocatoria a la asamblea constituyente y el Código Municipal, según corresponda.

Los partidos políticos inscritos a escala nacional o provincial designarán tantos candidatos(as) a diputados(as) como deban elegirse por la respectiva provincia y un veinticinco por ciento (25%) más. Este exceso será, por lo menos, de dos candidatos y el TSE lo fijará para cada provincia, en la convocatoria a elecciones.

ARTÍCULO 152.- Listas provisionales de electores

Seis meses antes de una elección, el Registro Civil preparará las listas provisionales de electores. A la brevedad posible, deberá enviarlas a la autoridad de policía de cada distrito administrativo. Las autoridades municipales y de policía estarán obligadas a colaborar para colocarlas, de inmediato, en lugares visibles donde permanecerán exhibidas para consulta pública durante cuatro meses; también, será responsabilidad de estas autoridades custodiarlas.

El Registro Civil pondrá a disposición de los partidos políticos una copia del padrón actualizado, por el medio técnico que aporten para reproducirlo, cuando la solicite alguna persona de su comité ejecutivo superior o representante.

Todo lo anterior sin perjuicio de utilizar otros mecanismos que garanticen su publicidad.

ARTÍCULO 153.- Preparación de la lista definitiva de electores

Dos meses y quince días naturales antes de una elección, el Registro Civil empezará a formar la lista general definitiva de las personas electoras o padrón electoral, tomando en cuenta sus propias resoluciones, acuerdos y disposiciones generales y las del TSE.

ARTÍCULO 154.- Lista definitiva de personas electoras

Un mes antes de una elección, el Registro Civil deberá tener impresas, por orden alfabético, las listas definitivas de electores, cuyas hojas deberán estar marcadas con el distintivo de esta dependencia.

El TSE distribuirá al menos quince días naturales antes de las elecciones, en forma impresa y dividido por distrito electoral, el respectivo padrón a cada junta cantonal, la que lo colocará en un lugar visible y en forma segura, con el fin de que los electores verifiquen su lugar de votación.

Además, el Registro Civil deberá entregar, cuando así lo soliciten los partidos políticos con candidaturas inscritas, una copia del padrón electoral definitivo en forma impresa y en cualquier otro medio tecnológico que sirva para reproducirlo. Cuando el partido político solicite el medio tecnológico deberá proporcionar el soporte respectivo al Registro Civil.

En los materiales que se distribuyan a las juntas receptoras de votos deberá ir una copia impresa del respectivo padrón; la junta lo colocará en lugar visible para que cada votante ubique su nombre.

En cumplimiento del principio de publicidad, el Registro Civil podrá utilizar cualquier otro medio que permita darle al padrón electoral la máxima divulgación posible.

ARTÍCULO 155.- Distribución de los electores

El TSE establecerá el número máximo de electores correspondientes a cada junta receptora, a fin de contar con el tiempo necesario para que todos los ciudadanos voten.

Al Registro Civil le corresponderá fijar el número de juntas receptoras de votos en cada distrito y distribuir a las personas electoras que habrán de votar en cada una, procurando que los ciudadanos no tengan que recorrer largas distancias para emitir su voto y tomando en cuenta las condiciones y los medios de comunicación. Los electores de cada distrito o los partidos políticos podrán dirigirse al Registro Civil para sugerir las modificaciones que consideren necesarias.

ARTÍCULO 156.- Padrón registro

El padrón registro es el documento electoral en donde deben consignarse la apertura, las incidencias y el cierre de la votación; debe incluir, al menos, la lista de electores, sus fotografías y el número de la junta receptora de votos a que corresponde.

La impresión de dicho padrón corresponderá a la Dirección General del Registro Civil, con las características particulares dispuestas reglamentariamente, y deberá garantizar que esté total y oportunamente preparado para ser distribuido a cada junta receptora de votos.

El padrón registro es la plena prueba del resultado de una votación, mientras no aparezca contradicho por otro documento de igual valor o no se pruebe que es falso. En caso de extravío o si resultara inconsistente, el Tribunal resolverá con vista en la documentación electoral correspondiente a cada elección.

ARTÍCULO 157.- Registro de la votación en el padrón registro

Una vez emitido el voto, el presidente de la junta receptora de votos o quien ejerza el cargo, escribirá de su puño y letra, en el margen derecho del padrón registro correspondiente al renglón donde aparece inscrito el elector, la expresión:  sí votó.

No obstante, el Tribunal podrá emplear medios electrónicos de registro y control de electores y de votación, cuando llegue a determinar que son confiables y seguros. Entonces podrá prescindir de la utilización del documento a que se refiere este artículo y los procedimientos inherentes a su uso.

ARTÍCULO 158.- Envío del material y documentación electorales

Por lo menos quince días antes de la fecha fijada para las elecciones, el Registro Electoral tendrá que haber enviado el material y la documentación electorales a las juntas cantonales, las cuales lo distribuirán de inmediato entre las juntas receptoras de votos, de modo que lleguen a poder de estas, como mínimo ocho días naturales antes de las elecciones.

Cuando lo considere conveniente, el TSE podrá disponer que el material y la documentación electorales se entreguen directamente a las juntas receptoras de votos.

El TSE especificará, para cada elección, lo que considere como material y documentación electorales, y adoptará las medidas que garanticen la seguridad de estos.

ARTÍCULO 159.- Forma de enviar el material

A fin de que los miembros de la junta receptora de votos se reúnan para recibir el material y la documentación electorales, el Registro Electoral comunicará su envío con anticipación. Si esta no se reuniera a la hora señalada, el material será entregado a la persona designada en la presidencia o, en su defecto, a cualquiera de sus integrantes.

ARTÍCULO 160.- Obligación de acusar recibo

Las juntas cantonales y las receptoras de votos avisarán inmediatamente al Registro Electoral haber recibido la documentación y el material electorales.

ARTÍCULO 161.- Sesión de apertura de paquetes

Las juntas receptoras de votos se reunirán inmediatamente en sesión pública, para la apertura de los paquetes, previo aviso al presidente del comité ejecutivo cantonal de cada partido inscrito, con el fin de acreditar al fiscal que presenciará ese acto.

ARTÍCULO 162.- Revisión de paquetes

Abiertos los paquetes, se hará constar si los materiales electorales y la documentación están completos o existe algún faltante. Para tal efecto, se levantará un acta que firmarán las personas presentes y que comunicarán de inmediato al Tribunal o al asesor o asesora electoral del respectivo cantón.

ARTÍCULO 163.- Continuidad del servicio público de transporte

Durante la campaña electoral, incluido el día de las elecciones, los concesionarios y los permisionarios de transporte remunerado de personas en la modalidad de autobuses con ruta asignada, deberán prestar el servicio como si fueran días ordinarios. La suspensión o el deterioro en la prestación del servicio serán sancionados conforme lo estipula este Código.

CAPÍTULO II

LAS VOTACIONES

ARTÍCULO 164.- Local para votaciones

El local de votación estará acondicionado en forma tal que en una parte pueda instalarse la junta receptora de votos y en la otra los recintos, de modo que siempre se garantice el secreto del voto. El TSE dispondrá, en cada caso, cuántos recintos de votación pueden instalarse en cada una.

Es absolutamente prohibida la habilitación de locales en segundas plantas o lugares inaccesibles, así como la presencia de obstáculos físicos o humanos en las rampas y accesos para personas con discapacidad en los locales, así como cualquier obstáculo que impida la libre e independiente entrada de personas con movilidad reducida.

ARTÍCULO 165.- Colocación de la urna electoral

La urna o las urnas electorales se colocarán frente a la mesa de trabajo de la junta receptora, de modo que puedan tenerlas siempre bajo su autoridad y vigilancia.

ARTÍCULO 166.- Período de votación

La votación deberá efectuarse sin interrupción durante el período comprendido entre las seis y las dieciocho horas del día señalado y, únicamente, en los locales determinados para ese fin.

Si la votación no se inicia a las seis horas podrá abrirse más tarde, siempre que no sea después de las doce horas, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los responsables de esa tardanza.

ARTÍCULO 167.- Hora de presentación

El día de las elecciones, los miembros de las juntas receptoras tendrán la obligación de presentarse a sus respectivos locales a las cinco y treinta horas, con el objeto de que la votación pueda iniciarse a las seis horas.

ARTÍCULO 168.- Inicio de la votación

Antes de iniciarse la votación, los miembros de la junta que estén presentes procederán a revisar el material y los documentos electorales, dejando constancia en el padrón registro de toda incidencia. De inmediato, se consignará en él la hora en que se inicia la votación, los nombres de los miembros de la junta presentes, el del presidente o de quien ejerza el cargo, así como todos los demás datos del acta de apertura. A continuación, se iniciará la votación, si ya es la hora de la apertura.

ARTÍCULO 169.- Formas de emitir el voto

Se votará en la forma y con los medios que para cada elección establezca el TSE, en el reglamento que dictará por lo menos con seis meses de anticipación. No obstante, el Tribunal podrá emplear medios electrónicos de votación, cuando llegue a determinar que son confiables y seguros. Entonces, podrá prescindir de las papeletas y los procedimientos inherentes a su uso, aunque siempre deberá garantizarse un registro en soporte de papel que sirva para auditar la votación electrónica.

El reglamento indicado no podrá ser variado en ninguna forma dentro de los seis meses anteriores a la elección. La elaboración y proyecto final de este reglamento, así como sus modificaciones y actualizaciones deberán ser puestos en conocimiento de los partidos políticos con antelación a su publicación.

ARTÍCULO 170.- Prohibición de intervenir con los electores dentro del local

Es prohibido intervenir con los electores en el local de la junta receptora de votos, salvo las instrucciones generales sobre la manera de votar que podrá darles el presidente, cuando lo soliciten o sea necesario.

Con el propósito de que los partidos ilustren a los electores sobre el modo de votar, la Dirección General del Registro Electoral proporcionará todas las facilidades necesarias con la debida anticipación.

ARTÍCULO 171.- Prohibición de agruparse alrededor del local

Es prohibido agruparse alrededor de los locales de las juntas receptoras de votos en un radio de cincuenta metros. Sin embargo, podrán hacerlo en fila y por orden de llegada, solamente quienes esperen turno para entrar al local electoral a emitir su voto. Se dará prioridad a las personas con discapacidad, embarazadas o adultos mayores. Dentro del local o el edificio del que forme parte no podrán permanecer, por ningún motivo, personas no acreditadas ante las juntas para cumplir ante ellas alguna función que de esta Ley se derive.

ARTÍCULO 172.- Prohibición de ingresar al recinto de votación portando armas

Absolutamente nadie podrá ingresar al recinto de votación portando armas. Quien así lo haga podrá ser desalojado del recinto por medio de la autoridad.

Los miembros de la autoridad de policía, los agentes y las agentes del OIJ y quienes desempeñen labores semejantes de autoridad no podrán presentarse a emitir su voto portando armas.

ARTÍCULO 173.- Prohibición de interrumpir la votación

Por ningún motivo se interrumpirá la votación antes del cierre, ni se cambiará de local; tampoco ni se dispondrá, en forma alguna, del material o de los documentos electorales.

ARTÍCULO 174.- Acción para demandar las nulidades

La acción para demandar nulidades y acusar transgresiones electorales es pública y no obliga al rendimiento de fianza.

ARTÍCULO 175.- Ausencia de algún miembro de la junta receptora de votos

Si durante la votación se ausenta algún miembro de la junta, lo reemplazará su suplente. Si se ausenta el presidente y no está su suplente, para reemplazarlo en el cargo, los otros miembros presentes nombrarán por simple mayoría una presidencia ad hoc, que fungirá como tal hasta tanto no reasuma el cargo el titular o el suplente. En caso de empate, decidirá la suerte.

Todas las incidencias anteriores se harán constar en el padrón registro. La referida nota, como todas las demás que se hagan, expresará la hora en que ocurrió la incidencia y llevará la firma de todos los miembros presentes de la junta.

ARTÍCULO 176.- Certificación del número de votos recibidos

Durante el proceso de votación será obligatorio que las juntas receptoras de votos extiendan certificaciones del número de votos emitidos hasta el momento, cuando el fiscal de un partido político lo solicite. El número máximo de certificaciones será de tres por partido político.

La presidencia o la secretaría propietaria o, en su defecto, sus suplentes deberán firmar las certificaciones.

ARTÍCULO 177.- Presentación de los electores

A cada elector que se presente se le preguntará el nombre y los apellidos. Si la persona aparece inscrita en el padrón registro, se le requerirá presentar su cédula de identidad para cotejar el número con que aparece en el citado padrón. Constatada la identidad del elector, este firmará al margen de su nombre, salvo si no sabe o no puede hacerlo, en cuyo caso se dejará constancia. Luego se le invitará a pasar al lugar correspondiente para que emita el voto, según la modalidad de instrumento de votación establecida por el TSE.