N° 9769
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
FORTALECIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN
ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA
ARTÍCULO 1- Se reforman los artículos 2, 8, 18 y 19 de la Ley N.º 9481,
Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa
Rica, de 13 de setiembre de 2017. Los textos son los siguientes:
Artículo 2- Competencia
El conocimiento de los hechos que califiquen como delincuencia
organizada será competencia del Juzgado Especializado en Delincuencia
Organizada, del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada y del
Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada.
Los despachos que se establezcan tendrán competencia en todo el territorio
nacional, conocerán únicamente los hechos delictivos que cumplan con los
parámetros previstos en la presente ley y delitos conexos, y su asiento será en
San José, así como en aquellos lugares y en la forma que determine la Corte
Suprema de Justicia.
Los tribunales o juzgados ordinarios del país conocerán los procesos de
delincuencia organizada, en aquellos casos donde el Ministerio Público no ha
solicitado que sean tramitados en la jurisdicción especializada, de conformidad
con los artículos 8 y 9 de esta ley.
El recurso de apelación de sentencia será de conocimiento del Tribunal
de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada.
El recurso de casación y el procedimiento especial de revisión serán de
competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 8- Delito grave
La Fiscalía General podrá solicitar a la autoridad competente de la
Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, que se arrogue el
conocimiento y la investigación de estos delitos, así como de los delitos
conexos, independientemente de la penalidad de estos últimos, según las reglas
de conexidad establecidas en la Ley N. º 7594, Código Procesal Penal, de 10 de
abril de 1996, cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 9
de esta ley para la declaratoria de delincuencia organizada, y se trate,
además, de un asunto complejo, o por razones de seguridad o cualquier otra
razón procesal que justifique su necesidad, acorde con los fines del proceso.
Para todo el ordenamiento jurídico penal, por delito grave se entenderá
aquel cuyo extremo mayor de la pena de prisión sea de cuatro años o más.
Artículo 18- Adiciones
Se adicionan a la Ley N. º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5
de mayo de 1993, los artículos 93 ter, 96 ter, 101 bis y 107 bis. Los textos
son los siguientes:
Artículo 93 ter- Corresponde al Tribunal de Apelación de Sentencia
Especializado en Delincuencia Organizada conocer:
1-) Del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los
tribunales especializados en delincuencia organizada.
2-) De la apelación contra las resoluciones que dicte el Tribunal
Especializado en Delincuencia Organizada, cuando la ley acuerde la procedencia
del recurso.
3-) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones de sus integrantes
propietarios y suplentes.
Los tribunales de apelación de sentencia especializados en delincuencia
organizada estarán conformados por secciones independientes, integradas cada
una por tres jueces, de acuerdo con las necesidades del servicio, y se distribuirán
su labor conforme lo dispone la presente ley.
Artículo 96 ter-
Los tribunales especializados en delincuencia organizada estarán
conformados por secciones independientes de al menos cuatro jueces y se
integrarán, en cada caso, con tres de ellos, para conocer de los siguientes
asuntos:
1-) De la fase de juicio.
2-) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de las juezas o
los jueces propietarios y suplentes.
3-) De las apelaciones interlocutorias que se formulen durante las etapas
preparatoria e intermedia.
Artículo 101 bis-
Para ser jueza o juez del Juzgado Especializado en Delincuencia
Organizada y juez o jueza tramitadora del Tribunal Penal y del Tribunal de
Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada, titular o
suplente, se requiere:
1-) Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos.
2-) Tener al menos treinta y cinco años de edad.
3-) Poseer el título de abogado o abogada, legalmente reconocido en el
país.
4-) Haber ejercido como profesional en derecho en los ámbitos auxiliar
de justicia o jurisdiccional, en materia penal, por un mínimo de cinco años y
estar elegible en el escalafón correspondiente.
5-) Poseer una condición de nombramiento profesional en propiedad,
previo cumplimiento del período de prueba, en el Poder Judicial.
6-) Poseer capacitación especializada en delincuencia organizada
impartida por la Escuela Judicial o en coordinación con ella.
Estos jueces devengarán un incentivo salarial respecto de los demás
jueces del Juzgado Penal.
Para ser jueza o juez del Tribunal Penal y del Tribunal de Apelación de
Sentencia de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, titular
o suplente, se requiere:
1-) Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos.
2-) Tener al menos treinta y cinco años de edad.
3-) Poseer el título de abogado o abogada legalmente reconocido en el
país.
4-) Haber ejercido como profesional en derecho en los ámbitos auxiliar
de justicia o jurisdiccional, en materia penal, por un mínimo de seis años y
estar elegible en el escalafón correspondiente.
5-) Poseer una condición de nombramiento profesional en propiedad,
previo cumplimiento del período de prueba, en el Poder Judicial.
6-) Poseer capacitación especializada en delincuencia organizada impartida
por la Escuela Judicial o en coordinación con ella.
Estos jueces devengarán un incentivo salarial respecto de los demás
jueces del Tribunal Penal o del Tribunal de Apelación de Sentencia, según cada
caso.
Corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial designar a los jueces
y las juezas del Juzgado Penal, y a los jueces y las juezas tramitadores, y a
la Corte Suprema de Justicia nombrar a los jueces y las juezas del Tribunal
Penal y del Tribunal de Apelación de Sentencia, de esa jurisdicción, por un período
de ocho años; vencido este plazo, retornarán a su puesto en propiedad. Su
nombramiento podrá ser ampliado por el término necesario para finalizar actos
procesales en curso, a su cargo, debidamente justificados o hasta que se nombre
a la persona que deberá asumir el nuevo período.
Los nombramientos que se hagan por haber quedado una vacante se harán
por un período completo.
Previo a desempeñarse en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia
Organizada, será necesario aprobar un riguroso programa de reclutamiento y
selección, conforme al principio de idoneidad comprobada, que será aprobado por
la Corte.
Todas las personas que se desempeñen en la Jurisdicción Especializada en
Delincuencia Organizada deberán ser valoradas cada dos años por la Dirección de
Gestión Humana, con el fin de constatar que mantienen la idoneidad para
desempeñarse en el cargo, según lo establece el Estatuto de Servicio Judicial y
cuando excepcionalmente sea solicitado por instancias superiores. Los
resultados no favorables serán remitidos a conocimiento de la Corte Plena y el
Consejo Superior respectivamente, quienes, entre otras opciones, podrán revocar
o suspender su nombramiento en esta jurisdicción y devolverlo a su puesto en
propiedad.
Quienes se desempeñen exclusivamente en la Jurisdicción Especializada en
Delincuencia Organizada devengarán un incentivo salarial y conservarán su plaza
en propiedad, durante el plazo de su nombramiento.
Quienes se desempeñen en esta jurisdicción tendrán protección especial,
solamente cuando surjan factores de riesgo por el ejercicio de sus funciones
que así lo hagan necesario, según los estudios técnicos respectivos.
Quienes se desempeñen en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia
Organizada también realizarán labores dentro de la jurisdicción ordinaria,
cuando los requerimientos institucionales así lo determinen.
Artículo 107 bis- Corresponde al Juzgado Especializado en Delincuencia
Organizada conocer de los actos jurisdiccionales de los procedimientos
preparatorio e intermedio. Se procurará que un juez no asuma ambas etapas en un
solo proceso.
Artículo 19- Derogatoria de varios artículos de la Ley N. º 8754, Ley
contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009
Se derogan los artículos 2, 3, 7 y 9 de la Ley N. º 8754, Ley contra la
Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009.