SECCION IV

Junta Directiva

Artículo 17- Integración

El Banco Central funcionará bajo la dirección de una Junta Directiva, la cual estará integrada por los siguientes miembros:

a) El presidente del Banco Central, quien será designado por el Consejo de Gobierno por un plazo de cuatro años. Esta designación se realizará doce meses después de iniciado el período constitucional del presidente de la República, pudiendo renovar, el Consejo de Gobierno, el nombramiento de forma continua al concluir cada período. Si el presidente del Banco Central cesara en el cargo, antes de haber cumplido el período para el cual fue nombrado, quien lo sustituya en el cargo cesante lo hará por el plazo que le falte por cumplir al presidente sustituido. El presidente del Banco Central gozará de independencia en el ejercicio de sus atribuciones.

El presidente del Banco Central únicamente podrá ser removido por el Consejo de Gobierno por causa justificada fundada en: i) las causales establecidas en el artículo 21 de esta ley o ii) un incumplimiento grave y manifiesto de sus deberes . La remoción acordada implicará también la de miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.

(Nota de Sinalevi: Mediante el transitorio primero de la ley N° 9670 del 28 de febrero del 2019, se establece lo siguiente: TRANSITORIO I- Transitorio al inciso a) del artículo 17 de la Ley N.º 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995. "En el primer período constitucional del presidente de la República, siguiente a la entrada en vigencia de esta reforma, el Consejo de Gobierno nombrará al presidente del Banco Central por un período de cinco años. Concluido ese lapso, el nombramiento del presidente del Banco Central se hará de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 17 de esta ley.")

b) El ministro de Hacienda, o quien ejerza temporalmente esa cartera en ausencia del titular, quien tendrá derecho a voz pero no a voto. En ningún caso podrá delegarse esta representación en terceras personas. La presencia del ministro de Hacienda no se contará para efectos de formar cuórum.

(Nota de Sinalevi: Mediante el transitorio segundo de la ley N° 9670 del 28 de febrero del 2019, se establece lo siguiente: TRANSITORIO II- Transitorio al inciso b) del artículo 17 de la Ley N.º 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995    "El ministro de Hacienda mantendrá su derecho a voto y contará para efectos de cuórum hasta que se ratifique el nombramiento del sexto miembro adicional dispuesto en el transitorio III y el inciso c) del artículo 17 de esta ley.")

c) Seis personas de absoluta solvencia moral y con amplia capacidad y experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración.

Estos miembros serán nombrados por el Consejo de Gobierno y la Asamblea Legislativa dispondrá de un plazo de treinta días naturales para ratificar u objetar el nombramiento del Consejo de Gobierno. Si en ese lapso no se produce objeción, se tendrán por ratificados. La duración de los nombramientos será por períodos de noventa meses. Se nombrará un miembro cada dieciocho meses.

Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos. Quien sustituya en el cargo cesante a un miembro de la Junta Directiva, antes de haberse cumplido el período respectivo, será nombrado por el plazo que le falte por cumplir al director sustituido.

(Nota de Sinalevi: Mediante el transitorio tercero de la ley N° 9670 del 28 de febrero del 2019, se establece lo siguiente: ""TRANSITORIO III- Transitorio al inciso c) del artículo 17 de la Ley N. º 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995  El sexto director será nombrado en conjunto con el directivo que sustituya a aquel cuyo período de nombramiento finalice primero después de la entrada en vigencia de esta ley.")

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9670 del 28 de febrero del 2019)

        Artículo 24.- Sesiones

        La Junta Directiva del Banco Central se reunirá en sesión ordinaria una vez por semana y, con el propósito exclusivo de estudiar la situación económica nacional, en relación con las funciones de su competencia, una vez por mes. Además, en sesión extraordinaria cada vez que sea convocada al efecto, de acuerdo con los reglamentos internos.

        Los miembros de las juntas directivas, excepto los ministros cuando las integren, o los funcionarios públicos con interposición horaria, no podrán superar por mes el equivalente a diez salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública.

(Así reformado el  párrafo anterior por el artículo 3° del  título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, que adicionó el numeral 57 aparte b) a la Ley de Salarios de la Administración Publica, N° 2166 del 9 de octubre de 1957)

Artículo 25- Cuórum

El cuórum de las sesiones de la Junta Directiva del Banco Central, ordinarias o extraordinarias, se formará con cuatro miembros de la Junta y los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, salvo disposición legal en contrario. En caso de empate, el presidente tendrá doble voto solo cuando haya más de cinco directores presentes en la votación. Si hay menos de cinco, la votación se repetirá en la siguiente sesión y, de persistir el empate, se pospondrá hasta que estén presentes al menos cinco miembros.

En ningún caso, el ministro de Hacienda podrá ejercer las atribuciones, las facultades y los deberes del presidente.

Sin embargo, durante el proceso de ratificación de directores, por parte de la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva se tendrá por integrada válidamente con cinco de sus miembros como mínimo, mientras que el cuórum se formará con la presencia en la sesión de un mínimo de cuatro de esos miembros con voto, quienes podrán tomar acuerdos válidos por mayoría simple de los votos presentes, salvo aquellos asuntos que por disposición legal exijan otro tipo de votación. En caso de empate, el presidente tendrá doble voto .

(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9670 del 28 de febrero del 2019)

        Arículo 28.- Atribuciones, competencias y deberes. La Junta Directiva del Banco Central tendrá las siguientes atribuciones, competencias y deberes:

a) En materia cambiaria:

i) Establecer, con el voto favorable de por lo menos cinco de sus miembros, el régimen cambiario que considere apropiado, ajustándose a las disposiciones legales.

ii) La Junta Directiva podrá establecer un régimen cambiario en el cual la determinación del tipo de cambio le corresponda efectuarla al Banco Central. En este caso, la fijación deberá hacerla la Junta Directiva con el voto favorable de, por lo menos, cinco de sus miembros. También podrá la Junta establecer un régimen cambiario, donde la determinación del tipo de cambio le corresponda hacerla al mercado. En este caso, podrá adoptar un sistema con intervención del Banco o sin ella.

iii) En el caso en que el sistema que establezca el Banco Central requiera, para el cumplimiento de los fines establecidos en esta ley, la intervención del Banco en el mercado de divisas, la Junta Directiva establecerá los límites de dichas acciones y ejercerá un control sobre ellas.

b) Establecer las tasas de interés y de redescuentos del Banco, así como las comisiones para sus operaciones activas y pasivas. En el caso de operaciones de mercado abierto, esta facultad podrá ser delegada por la Junta Directiva en una comisión compuesta, como mínimo, por tres miembros de dicha Junta. En este caso, la Junta fijará los límites a las actuaciones de tal comisión.

c) Dirigir la política monetaria, cambiaria y crediticia de la República y reglamentar de modo general y uniforme, las normas a que los intermediarios financieros deberán ajustarse.

d) Aprobar, modificar y controlar el programa monetario y su ejecución, por lo menos trimestralmente.

e) Aprobar la compra de letras del tesoro, con el voto de por lo menos cinco de sus miembros.

f) Regular las operaciones de crédito y establecer las condiciones generales y los límites de las diferentes operaciones del propio Banco, autorizadas por la ley.

g) Determinar los niveles de los encajes mínimos legales, el margen máximo de intermediación financiera, el límite máximo global de las colocaciones e inversiones de las instituciones financieras y los recargos arancelarios, de acuerdo con la ley.

h) Ejercer todas las funciones y atribuciones que, respecto de las entidades financieras, le confieren las leyes.

i) Fijar las posiciones del Banco como representante, agente o depositario del Estado, en sus relaciones con instituciones monetarias y bancarias de carácter internacional, de conformidad con los tratados suscritos y ratificados por la República y designar los funcionarios que deba nombrar el país en esas instituciones, siempre que esa designación le corresponda al Banco Central. En consecuencia, le corresponderá aprobar los términos y condiciones de los acuerdos por suscribir por el Banco, con esas instituciones.

 j) Fijar las posiciones del Banco en sus relaciones con las instituciones del Estado.

k) Acordar y revocar la designación de corresponsales, dentro y fuera del país, y aceptar la corresponsalía de las instituciones que le permite la ley.

l) Acordar, reformar e interpretar los reglamentos internos del Banco y regular sus servicios de organización y administración.

m) Acordar el presupuesto anual de la Institución y los presupuestos extraordinarios. Ambos requerirán la aprobación de la Contraloría General de la República. Asimismo, podrá dictar sus propias políticas en materia de clasificación y valoración de puestos; para ello, tomará en cuenta las particularidades y necesidades específicas de las funciones realizadas por sus órganos, dependencias y órganos desconcentrados.

(Así reformado por el artículo 188, inciso a), de la Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997)

n) Nombrar y remover al Gerente, los Subgerentes, el Auditor Interno y el Subauditor Interno y asignarles sus funciones y deberes, dentro de las prescripciones de esta ley.

ñ) Aprobar la memoria anual, los balances y las cuentas de ganancias y pérdidas, así como el destino de las utilidades, de acuerdo con los preceptos de ley.

o) (Derogado por el artículo 194 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997)

p) (Derogado por el artículo 194 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997)

q) Otorgar y revocar poderes a los funcionarios que determine, con las facultades y las limitaciones que ella establezca.

r) Acordar la realización de concursos públicos para promover la investigación sobre temas propios de la competencia del Banco Central, así como el otorgamiento de premios dentro de estos concursos, todo conforme a las disposiciones reglamentarias que dicte la Junta Directiva.

s) (Derogado por el artículo 194 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997)    

t) Dictar los presupuestos, ordinarios y extraordinarios, de los órganos desconcentrados encargados de la supervisión de las actividades financieras.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 49 sub inciso m) de la Ley Marco de Empleo Público, N° 10159 del 8 de marzo de 2022)

 u) Ejercer las demás funciones, facultades y deberes que le correspondan, de acuerdo con las leyes.

SECCION II

Créditos e inversiones

        Artículo 52.- Operaciones de crédito

        El Banco Central podrá efectuar las siguientes operaciones de crédito, con sujeción estricta a las condiciones y restricciones establecidas en esta Ley, sin que por ello esté obligado a realizarlas:

           a) Con el fin de salvaguardar la estabilidad del Sistema Financiero Nacional, redescontar, a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras, los documentos de crédito que reúnan todas las formalidades exigidas por las leyes, en las siguientes condiciones:

            i)  Para poder tener acceso al redescuento, las entidades financieras privadas deberán:

1)  Tener derecho de acceso a captaciones en cuentas corrientes, establecidas para los bancos privados, en las condiciones definidas en el inciso c) del artículo 162 de esta ley o alternativamente.

2) Mantener, permanentemente, un saldo mínimo de préstamos en el banco estatal que administre el Fondo de Crédito para el Desarrollo, creado mediante la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, el equivalente a un doce por ciento (12%), una vez deducido el encaje correspondiente de sus captaciones totales, a plazos de treinta días o menos, tanto en moneda nacional como extranjera. El banco del Estado que administre el Fondo de Crédito para el Desarrollo reconocerá a la banca privada, por dichos recursos, una tasa de interés igual al cincuenta por ciento (50%) de la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central o del promedio de los últimos tres meses de la tasa SOFR (Secured Overnighf Financing Rafe), respectivamente.

El Fondo de Crédito para el Desarrollo prestará tales recursos, acorde a las directrices emitidas por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, y se colocarán según lo establecido en el inciso i) del artículo 59 de la Ley N.º 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

(Así reformado el inciso 2) anterior por el artículo único de la Ley para reemplazar la referencia de la tasa libor en la ley 7558 "Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica", N° 10377 del 6 de setiembre de 2023)

Para el cálculo de este porcentaje, se contemplarán los siguientes elementos:

A) Se realizará con base en el promedio de las captaciones de los últimos noventa días hábiles, al final del día, con un rezago de cinco días hábiles.

B)  Además, durante todos y cada uno de los días del período de control del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, el saldo del día de los préstamos en el Fondo de Crédito para el Desarrollo no podrá ser menor del noventa y cinco por ciento (95%) del promedio señalado en el punto anterior.

Para los propósitos de los requisitos señalados en el punto 1) y anteriores, el Banco Central podrá incluir cualesquiera otras cuentas del pasivo de las entidades financieras que, a su juicio, sean similares a las obligaciones constituidas como captaciones a treinta días o menos.

El derecho al redescuento a que se refiere este inciso se adquiere tres meses después de haber cumplido, sin interrupción, lo estipulado en la alternativa escogida.

(Así reformado el inciso a) anterior mediante el artículo 54 de la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, N° 8634 del 23 de abril del 2014, la cual sufrió una reforma integral mediante la norma N° 9274 del 12 de noviembre del 2014. Anteriormente el presente inciso había sido reformado  por el numeral 53 de la norma indicada y establecía lo siguiente: " a)  Con el fin de salvaguardar la estabilidad del Sistema Financiero Nacional, redescontar, a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras, los documentos de crédito que reúnan todas las formalidades exigidas por las leyes, en las siguientes condiciones:

        i)   Para poder tener acceso al redescuento, las entidades financieras privadas deberán: 

        1)  Tener derecho de acceso a captaciones en cuentas corrientes, establecidas para los bancos privados, en las condiciones definidas en el inciso c) del artículo 162 de esta Ley, o alternativamente.

        2)  Mantener, permanentemente, un saldo mínimo de préstamos en el banco estatal que administre el Fondo de crédito para el desarrollo, creado mediante la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, el equivalente a un doce por ciento (12%), una vez deducido el encaje correspondiente de sus captaciones totales, a plazos de treinta días o menos, tanto en moneda nacional como extranjera. El banco del Estado que administre el Fondo de crédito para el desarrollo reconocerá a la banca privada, por dichos recursos, una tasa de interés igual al cincuenta por ciento (50%) de la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central o de la tasa Libor a un mes, respectivamente. El Fondo de crédito para el desarrollo prestará tales recursos, acorde a las directrices emitidas por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, y se colocarán según lo establecido en el inciso i) del artículo 59 de la Ley orgánica del Sistema Bancario Nacional, Nº 1644.

        Para el cálculo de este porcentaje, se contemplarán los siguientes elementos:

        A) Se realizará con base en el promedio de las captaciones de los últimos noventa días hábiles, al final del día, con un rezago de cinco días hábiles.

        B) Además, durante todos y cada uno de los días del período de control del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, el saldo del día de los préstamos en el Fondo de crédito para el desarrollo no podrá ser menor del noventa y cinco por ciento (95%) del promedio señalado en el punto anterior.

        Para los propósitos de los requisitos señalados en el punto 1) y anteriores, el Banco Central podrá incluir cualesquiera otras cuentas del pasivo de las entidades financieras que, a su juicio, sean similares a las obligaciones constituidas como captaciones a treinta días o menos.

        El derecho al redescuento a que se refiere este inciso, se adquiere tres meses después de haber cumplido, sin interrupción, lo estipulado en la alternativa escogida.")

        ii) El plazo de estas operaciones no podrá exceder de un mes y será aprobado por la Comisión de redescuentos del Banco Central de Costa Rica, establecida en el artículo 57 de esta ley, la cual informará de su decisión a la Superintendencia General de Entidades Financieras. Esta operación podrá extenderse por otro período igual, por una única vez, mediante acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, previo dictamen afirmativo de la Superintendencia General de Entidades Financieras. El Banco Central de Costa Rica reglamentará lo necesario para hacer operativos estos principios.

        iii) La tasa de interés del redescuento no podrá ser inferior a la tasa promedio de mercado para crédito comercial, otorgado por las entidades reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, según metodología que establecerá y publicará el Banco Central de Costa Rica. Esa tasa será de aplicación general para estas operaciones.

        iv) El Banco Central de Costa Rica determinará, por reglamento, los criterios para establecer el monto máximo de redescuento al que pueden tener acceso las entidades reguladas. Tal monto deberá estar en relación directa con el valor de los activos realizables de las entidades involucradas.

        v) Cada una de las operaciones de redescuento debe estar debidamente garantizada.

        b) Conceder, a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, préstamos de emergencia en las siguientes condiciones:

        i) La entidad debe cumplir con los requisitos del sub inciso i) del inciso a) de este artículo.

        ii) La entidad deberá estar intervenida por instrucciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras y deberá tener un programa de salvamento, que la Superintendencia General de Entidades Financieras dictamine como viable.

        iii) Podrán otorgarse, por un plazo hasta de seis meses, prorrogable por un período máximo de seis meses previo dictamen afirmativo de la Superintendencia General de Entidades Financieras.

        iv) Estas operaciones deberán ser aprobadas por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica con el voto de, por lo menos, cinco de sus miembros.

        v) La tasa de interés de estas operaciones será igual a la tasa de interés fijada para las operaciones de redescuento.

        vi) Estos préstamos deberán ser garantizados a satisfacción del Banco Central de Costa Rica, el cual emitirá un reglamento para regular los criterios que deberán regir los montos y demás aspectos de estas operaciones.

c) Comprar, vender y conservar como inversión, títulos valores del Gobierno central. Estos títulos solo se podrán adquirir en el mercado secundario. Además, podrá comprar, vender y conservar como inversión, con el carácter de operaciones de mercado abierto, títulos y valores mobiliarios de primera clase, de absoluta seguridad y liquidez y de transacción normal y corriente en el mercado. La Junta, con el voto favorable de no menos de cinco de sus miembros, determinará la forma, las condiciones y la cuantía de las operaciones autorizadas en este inciso; así como, con la misma votación, la clase de valores mobiliarios con que se operará y los requisitos que deberán reunir para su aceptación por parte del Banco Central de Costa Rica.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 4° de la ley Entrega del Fondo de Capitalización Laboral a los trabajadores afectados por crisis económica, N° 9839 del 3 de abril del 2020)

        d) Comprar letras del tesoro, emitidas de acuerdo con la ley, siempre que estas no se compren para pagar otras letras del tesoro en poder del Banco Central de Costa Rica. Este no podrá llegar a tener colocado en cartera más de un veinteavo del total de gastos del Presupuesto General Ordinario de la República y sus modificaciones. La tasa de interés de las letras del tesoro no podrá ser inferior a la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica.

        El Banco Central de Costa Rica deberá informar a la Asamblea Legislativa, al día siguiente de tomarse el acuerdo, por parte de la Junta Directiva, cada vez que compre letras del tesoro.

        La metodología para calcular la tasa básica pasiva deberá publicarse por parte del Banco Central. Igualmente, deberá publicar cualquier modificación a dicha metodología.

        e) Ejecutar las operaciones que, como Banco Central o como agente del Estado, le corresponda efectuar con instituciones bancarias y monetarias de carácter internacional, de conformidad con los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

        f) Comprar y vender valores en los mercados bancarios y bursátiles, mediante la figura del reporto u otras similares, utilizando para ello valores emitidos por el propio Banco Central de Costa Rica o por el Gobierno que estén en circulación y que provengan del mercado secundario. La Junta Directiva reglamentará los términos de formalización de estas operaciones.

(Así adicionado este inciso por el artículo 188, inciso c), de la Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997)

Artículo 80- Plazo para aumentar encajes legales. La Junta Directiva, durante un plazo máximo de seis meses, podrá aumentar los encajes legales por encima del límite del quince por ciento (15%) establecido en el artículo 63 de esta ley y hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%). Sobre el exceso del quince por ciento (15%), el Banco Central deberá pagar una tasa de interés igual a la tasa básica pasiva para dicho exceso en colones, y al promedio de los últimos tres meses de la tasa SOFR (Secured Overnighf Financing Rafe), para los excesos de encajes en monedas extranjeras.

(Así reformado por el artículo único de la Ley para reemplazar la referencia de la tasa libor en la ley 7558 "Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica", N° 10377 del 6 de setiembre de 2023)

Artículo 80 bis.- Depósitos obligatorios sobre ingresos de capital externo

Cuando a criterio de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica la economía presente un desequilibrio originado en ingresos de capitales del exterior, destinados a inversiones en títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, las entidades autorizadas para realizar transacciones en los mercados primario y secundario nacionales de valores, que reciban los fondos a ser invertidos, deberán constituir un depósito obligatorio no remunerado en el Banco Central de Costa Rica por un monto equivalente hasta de un veinticinco por ciento (25%) de esos fondos provenientes de sus clientes no domiciliados en el país.

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, por votación calificada de cinco de sus miembros, podrá modificar o eliminar el porcentaje de los depósitos obligatorios regulado en este artículo o modificar su plazo de vigencia, si durante su aplicación determina que han variado las condiciones de desequilibrio en la economía nacional, producto de la entrada de capitales del exterior.

Este depósito obligatorio deberá ser constituido en la moneda en que se vaya a efectuar la inversión y se mantendrá en cuentas en el Banco Central de Costa Rica, creadas exclusivamente para ese fin.

La Junta Directiva podrá establecer que el período de tiempo por el que se deba mantener el depósito obligatorio sea superior al plazo de la inversión que se realice con los ingresos de capitales, si a su criterio eso se requiere para desincentivar las entradas de capitales que por sus características específicas se considera generan un mayor perjuicio a la economía nacional. Esa diferencia de plazo no podrá exceder de un año.

Los porcentajes del depósito obligatorio podrán diferenciarse dependiendo de la moneda en la que se realice la inversión.

El incumplimiento del depósito obligatorio se sancionará con una multa hasta de un veinticinco por ciento (25%) del monto del incumplimiento, según los términos que definirá el Banco Central de Costa Rica en el reglamento que emita. El órgano decisor para la aplicación de la sanción indicada será la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, según las normas establecidas en el libro segundo de la Ley N.º 6227, Ley General de la Administración Pública.

Esta medida se aplicará sin menoscabo de los requerimientos de encaje mínimo legal, reserva de liquidez y demás normativa vigente en el país.

No se aplicará a este instrumento temporal lo dispuesto en el artículo 84 de la presente ley y podrá ser utilizado de forma inmediata, tantas veces como sea necesario, a partir de la terminación de su plazo de vigencia, previo acuerdo, en cada ocasión, por mayoría calificada de cinco votos de la Junta Directiva del Banco Central sobre la existencia de un desequilibrio en la economía nacional, producto de la entrada de capitales del exterior, y sobre la necesidad de utilizar este instrumento.

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica reglamentará lo necesario para la debida toma, ejecución y cese de esta medida, regulando como mínimo sus porcentajes, plazos de duración de los depósitos y de la medida, así como los elementos necesarios para la identificación del domicilio fiscal del inversionista no domiciliado en el país.

(La  adición practicada a este artículo por el artículo 2° de la Ley para desincentivar el ingreso de Capitales Externos, N° 9227 del 5 de mayo de 2014), posteriormente fue derogada por el título II aparte 18) sub aparte e) de la ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018)

Artículo 119- Ámbito de supervisión y fiscalización de la Superintendencia Con el propósito de velar por la estabilidad, la solidez y el eficiente funcionamiento del Sistema Financiero Nacional, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ejercerá sus actividades de supervisión y fiscalización sobre todas las entidades que llevan a cabo intermediación financiera, con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias, velando por que cumplan con los preceptos que les sean aplicables.

Para efectos de esta ley, los términos fiscalización y supervisión aluden, en general, a las funciones y responsabilidades atribuidas por esta ley a la Superintendencia.

En relación con las operaciones de las entidades fiscalizadas, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dictará las normas generales que sean necesarias para el establecimiento de sanas prácticas bancarias de gobierno corporativo, incluidas las de idoneidad de miembros del órgano de dirección y puestos claves de la organización, así como de gestión de riesgos y de registro de las transacciones, entre otros aspectos, todo en salvaguarda del interés de la colectividad.

Para efectos de aplicar las normas de su competencia, emitir los lineamientos correspondientes y ejercer la supervisión, la Superintendencia podrá establecer categorías de intermediarios financieros, en función del tipo, el tamaño, la complejidad o el perfil de riesgo de esos intermediarios.

Las normas generales y las directrices dictadas por el Conassif serán de observancia obligatoria para las entidades fiscalizadas.

Las medidas preventivas o correctivas adoptadas por el Conassif y la Superintendencia podrán ser impugnadas por el interesado, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 146 y 148 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

El Conassif emitirá una regulación prudencial sobre el Sistema de Banca para el Desarrollo, basada en criterios y parámetros que tomen en cuenta las características particulares de la actividad crediticia proveniente del Sistema de Banca para el Desarrollo y que se encuentren de acuerdo con las disposiciones internacionales.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 131- Funciones del superintendente general de entidades financieras

Corresponderán al superintendente general de entidades financieras, las siguientes funciones:

a) Ejercer, en nombre y por cuenta del Banco Central de Costa Rica, la representación legal, judicial y extrajudicial de dicho banco para las funciones propias de su cargo, con atribuciones de apoderado generalísimo sin límite de suma.

b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y las demás funciones que le señale la ley; además, podrá emitir mandatos o conferir poderes al intendente general y otros funcionarios, incluso durante el proceso de liquidación de cualquier entidad fiscalizada.

c) Proponer al Conassif, para su aprobación, las normas que estime necesarias para el desarrollo de las labores de supervisión y fiscalización.

d) Supervisar las entidades y empresas comprendidas en su ámbito de competencia.

e) Dictar las medidas correctivas y precautorias, así como las sanciones como consecuencia de las labores de supervisión que realice, a excepción de las que por ley le corresponden al Conassif.

f) Ordenar que se ajuste o corrija el valor contabilizado de los activos, los pasivos, el patrimonio y las demás cuentas extrabalance de las entidades y de las empresas fiscalizadas, así como cualquier otro proceso o procedimiento, de conformidad con las leyes y las normas dictadas por el Conassif.

g) Con el propósito de instruir sumarias o procedimientos administrativos, tendientes a la aplicación de las sanciones establecidas en esta ley o en los informes que deba rendir, el superintendente podrá hacer comparecer ante sí a personeros o empleados de las entidades y empresas fiscalizadas o a terceras personas que se presuma tengan conocimiento de los hechos investigados o la manera como se conducen los negocios de una entidad o empresa fiscalizada, para que expliquen aspectos que, en aras de la protección del orden público, sea necesario esclarecer acerca de una entidad o empresa fiscalizada; lo anterior de conformidad con el procedimiento previsto en esta ley.

h) Solicitar al Consejo Nacional la intervención de las entidades supervisadas; también, ejecutar y realizar la supervisión del proceso de intervención.

i) Informar, con carácter obligatorio e inmediato, al Conassif sobre los problemas de gobierno corporativo, de gestión de riesgos, de liquidez, de solvencia o de transgresión de las leyes o normas dictadas por el Banco Central o el Conassif, detectados en las entidades y empresas supervisadas con alcance individual o consolidado.

De forma trimestral, el superintendente someterá a dicho Consejo un informe completo sobre la situación económica y financiera de las entidades y empresas supervisadas, a nivel individual y consolidado, y sobre el gobierno corporativo, la gestión de riesgos e incumplimientos legales o normas, entre otros, con base en los lineamientos previamente definidos por él. En este informe, el superintendente deberá indicar, explícitamente, cuáles entidades, empresas y grupos o conglomerados financieros, en su criterio, requieren mayor control y seguimiento.

j) Ejercer las potestades de máximo jerarca en materia administrativa y de personal. En su calidad de jerarca deberá nombrar, contratar, promover, separar y sancionar al personal de la Superintendencia a su cargo y adoptar las demás medidas internas que correspondan a su funcionamiento. Tratándose del personal de la Auditoría Interna, el superintendente deberá consultar al auditor interno. En materia de personal, el superintendente agota la vía administrativa.

k) Ordenar, a las entidades y empresas sujetas a la fiscalización de la Superintendencia, la publicación adicional de los estados financieros o cualquier otra información cuando, a su juicio, se requieran correcciones o ajustes sustanciales. Asimismo, ordenar la suspensión de toda publicidad errónea o engañosa.

l) Proponer al Conassif las normas generales para el registro contable de las operaciones de las entidades y empresas fiscalizadas, así como para la confección y presentación de estados financieros individuales y consolidados. Al proponer las normas contables, la Superintendencia considerará los principios de aceptación internacional sobre preparación y presentación de información financiera y las necesidades de información del Banco Central con respecto a los entes supervisados, cuando técnicamente sea posible.

m) Recomendar al Conassif las normas generales para clasificar y calificar la cartera de créditos y los demás activos de las entidades fiscalizadas y para constituir las estimaciones y provisiones. No obstante, el Consejo podrá dictar normas más flexibles, en relación con créditos por montos inferiores al límite que fije la Superintendencia.

n) Proponer ante el Conassif, para valoración y aprobación, las siguientes normas:

i) Para definir requerimientos de capital, de liquidez y otros, aplicables a las entidades supervisadas. Asimismo, para requerir capital adicional, cuando los niveles de riesgo de la entidad o por su importancia sistémica, así lo requieran.

ii) Para definir normas sobre suficiencia patrimonial.

iii) Sobre mejores prácticas para gestionar los diferentes riesgos asociados a la operación de las entidades supervisadas.

iv) Sobre las condiciones o los requisitos mínimos de idoneidad de los miembros del órgano de dirección y la alta gerencia de las entidades, así como sobre sus responsabilidades y funciones en aspectos de gobierno corporativo y de gestión de riesgos, entre otros. Además, sobre el nombramiento de miembros independientes en dichos órganos, sobre la política de remuneraciones, sobre los conflictos de intereses y sobre el manejo de información privilegiada, entre otros.

v) Sobre la valoración de riesgos y los requisitos que debe cumplir una entidad al solicitar autorización para operar como intermediario financiero.

vi) Para autorizar de previo la fusión de entidades supervisadas, sin perjuicio de las funciones y potestades que ostenta la Comisión para Promover la Competencia, en materia de concentración.

vii) Sobre la autorización previa de cambios accionarios, directos o indirectos, que representen para el adquirente una participación significativa, la cual será definida reglamentariamente, en el capital social o conlleve el control efectivo de una entidad supervisada.

viii) Sobre la autorización previa de aumentos y disminuciones de capital social de entidades supervisadas, excepto en aquellas cuyo capital está conformado por aportaciones de sus asociados.

ix) Para autorizar de previo la creación en el exterior de sucursales o agencias de entidades supervisadas.

x) Sobre la autorización previa para la venta o compra de una parte significativa, la cual será definida reglamentariamente, de activos o pasivos de una entidad a un tercero o a otra entidad o empresa del grupo o conglomerado financiero; lo anterior, sin perjuicio de las funciones y potestades que ostenta la Comisión para Promover la Competencia, en materia de concentración.

xi) Sobre el contenido, la forma y la periodicidad con que las entidades deben proporcionar a la Superintendencia, y cuando corresponda al público, información individual y consolidada sobre su situación jurídica, económica, financiera, de gobierno corporativo y de administración de riesgos, entre otros, para cumplir la supervisión que debe realizar la Superintendencia.

xii) Sobre la existencia de relaciones entre personas naturales o jurídicas, o entre estas y las entidades fiscalizadas, necesarias para controlar los límites de las operaciones activas, fijados por ley o sus reglamentos.

xiii) Sobre el contenido y la periodicidad de remisión y publicación de información sobre las características, las condiciones y los precios de los servicios y productos financieros, así como de las operaciones activas, pasivas y fuera de balance de las entidades fiscalizadas, con el fin de promover la transparencia de las operaciones, salvaguardar los intereses y proteger a los depositantes, los usuarios de los servicios financieros y la colectividad en general, y fomentar la disciplina de mercado.

xiv) Para definir la periodicidad, el alcance, los procedimientos y la publicación de los informes de las auditorías externas de las entidades fiscalizadas, lo cual incluye la posibilidad de revisar los documentos que respaldan las labores de las auditorías externas.

xv) Aplicables a las auditorías internas de las entidades supervisadas para que velen por que estos entes cumplan con las normas legales y las ordenadas por el Banco Central y el Conassif.

xvi) Sobre la frecuencia con que las entidades supervisadas deberán someterse a una calificación de riesgo de una agencia calificadora y su divulgación al público.

ñ) Autorizar previamente los cambios a los estatutos de las entidades supervisadas.

o) Recomendar, de manera debidamente fundamentada, la remoción de cualquier miembro del órgano de dirección de la entidad supervisada, cuando incurra en omisiones o actuaciones contrarias a las leyes y los reglamentos, que atenten contra la seguridad, estabilidad y solvencia de la entidad, así como cuando incumpla los requisitos de idoneidad.

p) Recomendar, de manera debidamente fundamentada, la remoción del gerente, subgerente o puesto de similar naturaleza, o auditor interno, cuando incurran en omisiones o actuaciones contrarias a las leyes y los reglamentos, que atenten contra la seguridad, estabilidad y solvencia de la entidad.

q) Restringir o prohibir a la entidad supervisada la distribución de utilidades, excedentes u otros beneficios de similar naturaleza a sus socios, accionistas o asociados, así como la distribución de bonos, incentivos u otro tipo de compensación a los funcionarios o empleados de esta, cuando se ubique en algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera, o cuando se afecte negativamente su suficiencia patrimonial.

r) Ordenar a las entidades supervisadas el cese o la suspensión de actividades u operaciones que sean contrarias a las leyes o los reglamentos aplicables.

s) Ordenar a las entidades el cese o la suspensión de actividades u operaciones que atenten contra la seguridad, estabilidad o solvencia de la entidad, o bien, imponer limitaciones cuando se dé alguna de las circunstancias indicadas, por el plazo que razonadamente determine el superintendente.

t) Prohibir, a la entidad supervisada, realizar actividades u operaciones con empresas del grupo o conglomerado financiero, cuando estas realicen actividades u operaciones que sean contrarias a las leyes o los reglamentos aplicables, o que atenten contra la seguridad, estabilidad o solvencia de la entidad.

u) Aplicar las medidas sancionatorias que procedan, una vez seguido el debido proceso.

v) Las demás que le correspondan de conformidad con esta ley y sus reglamentos.

Las actuaciones del superintendente deberán ser adoptadas mediante acto administrativo debidamente fundamentado, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

    Artículo 132.- Prohibición. Queda prohibido al Superintendente, al Intendente, a los miembros del Consejo Directivo, a los empleados, asesores y a cualquier otra persona, física o jurídica, que preste servicios a la Superintendencia en la regularización o fiscalización de las entidades financieras, dar a conocer información relacionada con los documentos, informes u operaciones de las entidades fiscalizadas. La violación de esta prohibición será sancionada según lo dispuesto en el artículo 203 del Código Penal. Tratándose de funcionarios de la Superintendencia constituirá, además, falta grave para efectos laborales.

    Se exceptúan de la prohibición anterior:

a) La información que la Superintendencia deba brindar al público en los casos y conforme a los procedimientos expresamente previstos en esta ley.

b) La información requerida por orden de autoridad judicial competente.

c) La información solicitada por la Junta Directiva del Banco Central, por acuerdo de por lo menos cinco de sus miembros, en virtud de ser necesaria para el ejercicio de las funciones legales propias de ese órgano. En estos casos, los miembros de la Junta Directiva y demás funcionarios del Banco Central estarán sujetos a la prohibición indicada en el párrafo primero de este artículo.

d) La información de interés público, calificada como tal por acuerdo unánime del Consejo Directivo.

e) La información que requiera la Contraloría General de la República en ejercicio de sus atribuciones.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 67 (actual 76) de la Ley N° 8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004)

f) La información que requiera el Instituto Costarricense sobre Drogas en ejercicio de sus atribuciones para combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 3°, aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009)

(Así reformado el inciso f) anterior por el artículo 5° d ela ley N° 9746 del 16 de octubre de 2019)

g) La información que requiera la Coprocom en ejercicio de sus atribuciones y para aquellos trámites relacionados estrictamente con los procesos de concentración que requieran autorización.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 138 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, N° 9736 del 5 de setiembre del 2019, publicada en el Alcance Digital No.257 a La Gaceta No.219 de 18 de noviembre de 2019. Este inciso había sido reformado anteriormente por la ley No.9746 de 16 de octubre de 2019, publicada en Alcance Digital No.231 a La Gaceta No.200 de 22 de octubre de 2019. Nótese que la fecha de publicación de la ley No.9736 es posterior a la de la ley No.9746, y adicionó un nuevo inciso g) a la Ley Orgánica del Banco Central No.7558. El inciso g) que añadió la ley 9746 indicaba: "g) La información que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) solicite para atender requerimientos de información según los términos de un Acuerdo Multilateral de Entendimiento, suscrito entre la Superintendencia y las autoridades extranjeras, miembros de la Organización Internacional de Comisiones de Valores que cumpla con la legislación y normativa aplicable.")   

h) La información que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) solicite para atender requerimientos de información según los términos de un Acuerdo Multilateral de Entendimiento, suscrito entre la Superintendencia y las autoridades extranjeras, miembros de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que cumpla con la legislación y la normativa aplicables.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 9818 del 13 de febrero del 2020)

    Salvo en los casos que esta ley establece, ningún funcionario de la Superintendencia o miembro del Consejo Directivo podrá hacer público su criterio acerca de la situación financiera de las entidades fiscalizadas.

    Sin perjuicio de las sanciones aplicables, el Superintendente deberá informar al público, por los medios y en la forma que estime pertinentes, sobre cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera, que realice actividades de intermediación financiera en el país sin estar autorizada de conformidad con esta ley.

SECCION II

Funciones de la Superintendencia en los Entes Fiscalizados

(Así modificada su denominación por el artículo 3° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019 . Anteriormente indicaba "Operaciones de la Superintendencia en los entes fiscalizados")

        Artículo 134.- Supervisión y vigilancia

        La Superintendencia realizará sus operaciones de supervisión y vigilancia sobre los entes fiscalizados, de la siguiente forma:

        a) El Superintendente, por sí o por medio de los funcionarios de la Superintendencia, podrá efectuar cualquier acción directa de supervisión o de vigilancia en las entidades fiscalizadas, en el momento que lo considere oportuno, independientemente de la contratación que se hubiere hecho, de conformidad con el inciso

            i) del artículo 128, con el fin de ejercer las facultades que le otorgan esta ley, las leyes conexas y sus reglamentos. Las entidades fiscalizadas quedan obligadas a prestar total colaboración a la Superintendencia, para facilitar las actividades de supervisión. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia ejercerá sus funciones de fiscalización de acuerdo con lo establecido en los incisos siguientes.

        b)La Superintendencia podrá contratar por su cuenta supervisores auxiliares en sus labores de fiscalización, de conformidad con las siguientes disposiciones:

            i) El Superintendente definirá los requisitos técnicos que deben cumplir los supervisores auxiliares, con el fin de garantizar la calidad, confiabilidad e imparcialidad de los servicios. La Superintendencia podrá elaborar una lista de las personas, grupos o empresas que reúnan estos requisitos.

            ii) El Superintendente dictará las normas de supervisión y los programas mínimos que deban ejecutar los supervisores auxiliares, así como la frecuencia, el formato, el contenido y los plazos de entrega de los informes que deban emitir.

        Además, el Superintendente y los funcionarios de la Superintendencia tendrán plenas facultades para revisar, sin restricción alguna, todos los documentos que respalden el trabajo de los profesionales o grupos de profesionales que actúen como supervisores auxiliares.

            iii) Los supervisores auxiliares podrán ser sancionados, conforme al capítulo de procedimiento, infracciones, sanciones y actos ilícitos en la actividad financiera que se establece en esta ley.

            iv) La Superintendencia vigilará el trabajo de los supervisores auxiliares, en forma selectiva o total, según determinación del Superintendente.

            v) Los supervisores auxiliares deberán rendir garantía ante la Superintendencia, de acuerdo con las normas que establezca el Consejo Directivo.

(Así reformado por el artículo 84 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 2000)

Artículo 135.-Límites de las operaciones. El Consejo Directivo de la Superintendencia establecerá los límites de las operaciones activas, directas o indirectas, que los intermediarios financieros podrán realizar con cada persona natural o jurídica, en cada una de las modalidades de sus operaciones y en el conjunto de todas ellas.

El límite máximo será de la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del capital suscrito y pagado, así como de las reservas patrimoniales no redimibles de la entidad financiera. Sin exceder los límites máximos que establezca el Consejo Directivo, dentro de los parámetros anteriores, las entidades podrán fijar, internamente, sus propios máximos. En el caso del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) podrá autorizar que el límite máximo sea del cuarenta por ciento (40%). En este caso, la Superintendencia fiscalizará que el aumento del cuarenta por ciento (40%) no implique que el Banhvi pueda discriminar entre las diferentes mutuales del país.

Se exceptúan del límite del máximo establecido en el párrafo anterior, las operaciones y las inversiones que realicen los intermediarios financieros en el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y en deuda soberana de países con calificación de grado de inversión igual o superior a AA.

Las operaciones activas, directas e indirectas, realizadas con grupos de interés económico deberán computarse dentro de los límites establecidos, según estas disposiciones. El Consejo Directivo de la Sugef definirá, mediante reglamento, el concepto de grupo de interés económico y establecerá sus regulaciones.

Se exceptúan del límite establecido en el párrafo anterior, las operaciones activas, directas e indirectas, realizadas con el grupo de interés económico en el que participe el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las que tendrán como límite máximo el treinta por ciento (30%) del capital suscrito y pagado, así como de las reservas patrimoniales no redimibles de la entidad financiera; asimismo, se exceptúan las operaciones activas, directas e indirectas, realizadas con los fideicomisos para el financiamiento de proyectos de obra pública que promueva la Administración Pública, las que tendrán como límite máximo el cuarenta por ciento (40%) del capital suscrito y pagado, así como de las reservas patrimoniales no redimibles de la entidad financiera, siendo que cada fideicomiso tendrá límite independiente de los otros fideicomisos de obra pública. Para el financiamiento a estos fideicomisos, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) recomendará al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) autorizar el incremento gradual a partir del veinticinco por ciento (25%) hasta que el límite máximo alcance el cuarenta por ciento (40%). En este caso, la Superintendencia fiscalizará que el aumento no comprometa la estabilidad y solvencia de las entidades financieras y que dichas operaciones se realicen dentro de un marco apropiado de gestión de los riesgos y transparencia.

El total del financiamiento a empresas o a grupos de interés económico vinculados a la entidad financiera, por propiedad o gestión, según los criterios que el reglamento defina, no podrá exceder del ochenta por ciento (80%) del capital social suscrito y pagado y las reservas patrimoniales no redimibles de esta.

(Así reformado por el artículo 18 aparte b) de la Ley Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales mediante fideicomiso, N° 9292 del 23 de febrero de 2015)

Artículo 136- Reglamento para las entidades financieras

El Consejo Nacional Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), a propuesta del superintendente, dictará un reglamento que le permita a la Superintendencia juzgar la situación económica y financiera de las entidades fiscalizadas, para velar por la estabilidad y eficiencia del sistema financiero. Dicho reglamento incluirá lo siguiente:

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 4° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

a) Definición de la situación de las entidades supervisadas, la cual podrá establecerse considerando aspectos relacionados con gobierno corporativo, gestión de riesgos, situación financiera y económica, legal o de operaciones y cumplimiento legal y regulatorio, entre otros. Estas situaciones determinarán el grado de normalidad o de inestabilidad o irregularidad financiera de las entidades supervisadas.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 4° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

b) Requerimientos de capital adicional, cuando sea necesario para que las entidades supervisadas puedan enfrentar mayores riesgos o por su importancia sistémica. Estos requerimientos serán adicionales a los establecidos por ley o por reglamento, que deben entenderse como los mínimos necesarios para iniciar o realizar operaciones.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 4° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

c) Descripción de los supuestos que impliquen la existencia de situaciones de inestabilidad o irregularidad financiera de los entes fiscalizados. Las situaciones de inestabilidad o irregularidad financiera se clasificarán en tres grados, de acuerdo con la gravedad de la situación. El grado uno se aplicará a situaciones de inestabilidad leve que, a criterio de la Sugef, puedan ser superadas con la adopción de medidas correctivas de corto plazo. El grado dos se aplicará a situaciones de inestabilidad de mayor gravedad que, a criterio de la Superintendencia, solo pueden ser superadas por la adopción y la ejecución de un plan de saneamiento. El grado tres requerirá la intervención de la entidad y, en caso de que técnicamente resulte procedente, el Conassif podrá ordenar el inicio del proceso de resolución establecidos en la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros.

(Así reformado el inciso anterior  por el artículo 54 aparte a) de la Ley de creación del fondo de garantía de depósitos y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros, N° 9816 del 11 de febrero de 2020)

d) Se considerará que existe una situación de inestabilidad o irregularidad financiera de grado tres en los siguientes casos:

            i) Cuando la entidad que se encuentre en situación de inestabilidad o irregularidad financiera de grado dos incumpla con el plan de saneamiento a que se refiere el inciso b) del artículo 139.

            ii) Cuando la entidad lleve a cabo operaciones fraudulentas o ilegales.

            iii) Cuando la entidad suspenda o cese sus pagos, será obligación del Gerente o del Administrador de las entidades fiscalizadas comunicar, inmediatamente, al Superintendente cualquier estado de suspensión o cesación de pagos, total o parcial.

iv) Cuando directores, gerentes, subgerentes o auditores internos de la entidad, debidamente requeridos por la Superintendencia, rehúsen presentarse a rendir declaración ante ella o se nieguen a suministrarle información sobre el estado económico y financiero o sobre las operaciones realizadas por la entidad.

            v) Cuando la entidad administre sus negocios en forma tal que ponga en peligro su seguridad y solvencia.

            vi) Cuando la Superintendencia determine, con base en sus propias investigaciones o en informes del Ministerio Público o de autoridad judicial competente, que la entidad está involucrada en operaciones de lavado de dinero.

            vii) Cuando la entidad haya sufrido pérdidas que reduzcan su patrimonio a una suma inferior a la mitad.

            viii) Cuando la entidad incumpla las normas de suficiencia patrimonial establecidas por la Superintendencia.

e) Prohibir prudencialmente a las entidades en inestabilidad o irregularidad financiera de grado uno y dos, por un periodo que no podrá exceder del plazo en el que la entidad se ubique en irregularidad uno o dos, realizar una o más de las siguientes operaciones, lo cual excluye la realización de operaciones con el Banco Central de Costa Rica como prestamista de última instancia, en el caso de entidades a las cuales aplica este mecanismo:

i) Realizar operaciones o transacciones con cualquier persona natural o jurídica vinculada directa o indirectamente por propiedad o por gestión, con o sin garantías, que conlleven a asumir un mayor riesgo a la entidad.

ii) Renovar por más de ciento ochenta días cualquier operación de crédito que implique asumir mayores riesgos.

iii) Realizar nuevas operaciones que generen mayores riesgos de mercado o de liquidez.

iv) Comprar, vender o gravar bienes muebles e inmuebles que correspondan a su activo fijo.

v) Enajenar documentos de su cartera de crédito, exceptuando las garantías cedidas para créditos de última instancia al Banco Central de Costa Rica.

vi) Otorgar créditos sin garantía.

(Así adicionado el inciso e) anterior por el artículo 5° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Sin perjuicio de lo anterior, el reglamento podrá contener otras medidas precautorias para evitar un mayor deterioro en la solvencia y estabilidad de la entidad.

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 5° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 139- Disposiciones aplicables a entes en situación irregular

A los entes fiscalizados que se encuentren en alguna situación de inestabilidad o irregularidad financiera se les aplicarán las siguientes disposiciones:

a) En casos de inestabilidad o irregularidad financiera de grado uno, el superintendente convocará, de inmediato, a la junta directiva, al auditor interno y al gerente de la entidad para informarlos de la situación y establecerá un plazo prudencial para que la entidad corrija la situación de inestabilidad o irregularidad financiera. El superintendente podrá recomendar la remoción de cualquier funcionario, empleado o director de la entidad, dando las razones para tal recomendación.

b) En casos de inestabilidad o irregularidad financiera de grado dos, el superintendente convocará, de inmediato, a la junta directiva, al auditor interno y al gerente de la entidad para informarlos de la situación y ordenará la presentación de un plan de saneamiento en un plazo prudencial, el cual deberá plantear soluciones a los problemas señalados por el superintendente, con fechas exactas de ejecución de las diversas acciones que se propongan, a efectos de que la Superintendencia pueda dar un seguimiento adecuado al plan. El plan deberá ser sometido a la aprobación del superintendente y, una vez aprobado por este, será de acatamiento obligatorio para la entidad.

c) En casos de inestabilidad o irregularidad financiera de grado tres, el Consejo Directivo ordenará, mediante resolución fundada, la intervención de la entidad fiscalizada y designará a los interventores que asumirán la administración de la entidad, quienes podrán ser funcionarios de la propia Superintendencia u otras personas designadas al efecto.

De acuerdo con la gravedad de los hechos, a juicio exclusivo del Consejo Directivo, este fijará el plazo de la intervención y podrá disponer, de inmediato, la toma de posesión de los bienes de la entidad intervenida, con el fin de administrarlos en la forma que más convenga a los intereses del establecimiento y de sus ahorrantes e inversionistas.

Los interventores designados por el Consejo Directivo tendrán, en la forma en que este lo disponga, la representación judicial y extrajudicial de la entidad intervenida, con las mismas facultades que ostentaban los anteriores administradores y órganos directivos. Deberán presentar un plan de regularización financiera de la entidad, dentro del plazo que les fije el Consejo Directivo. Este plan, una vez aprobado por el Consejo Directivo, será de acatamiento obligatorio.

Al aprobar el plan de regularización financiera o incluso antes, si por motivos de urgencia, el Consejo Directivo así lo acordara, este podrá:

a) Prohibir, total o parcialmente, la suscripción de nuevas operaciones de crédito o el otorgamiento de prórrogas de las operaciones vencidas.

b) Convocar a asambleas de accionistas o asociados y proponer aumentos de capital en la entidad, para garantizar su recuperación financiera.

c) Disponer la suspensión o limitación en el pago de las obligaciones a cargo de la entidad. Durante el tiempo que dure la intervención, no podrá decretarse ni practicarse embargo sobre los bienes de la entidad intervenida, que se encuentren garantizando las obligaciones cuyo pago haya sido suspendido o limitado, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 139 bis de esta ley, para el caso de operaciones con instrumentos financieros derivados.

d) Restringir o prohibir la distribución de utilidades o excedentes salvo con autorización previa de la Superintendencia.

e) Ordenar la reorganización de la entidad intervenida, incluyendo la separación temporal o definitiva de cualquier funcionario o empleado.

(Así reformado por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de Costa Rica)

Artículo 139 bis- Disposiciones aplicables en situación de intervención, regularización y resolución para entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras

Para las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que alcancen una situación financiera de inestabilidad o irregularidad de grado tres, según se define en el literal c) del artículo 139 anterior y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordene su intervención, les aplicará exclusivamente lo que se indica en este artículo respecto de la intervención, regularización y resolución.

El Conassif podrá disponer, de forma inmediata después de decretar la intervención la toma de posesión de los bienes de la entidad intervenida, con el fin de administrarlos de la forma que más convenga a los intereses del establecimiento y de sus ahorrantes e inversionistas.

El interventor designado por el Consejo en un plazo de treinta días naturales, luego de acordada la intervención, deberá presentar al Conassif la situación de la entidad intervenida y recomendarle un plan de regularización si consideran su viabilidad o el mecanismo de resolución a utilizar, en caso de inviabilidad. En aquellos casos en que, por su complejidad, el análisis requiera mayor tiempo, el Consejo podrá conceder treinta días naturales adicionales para recibir la recomendación del interventor.

Si el Consejo aprueba el plan de regularización de la entidad financiera, será de acatamiento obligatorio para el intermediario financiero. Al aprobar este plan o incluso antes, si por motivos de urgencia así lo acordara el Conassif, podrá:

a) Prohibir, total o parcialmente, la suscripción de nuevas operaciones de crédito o el otorgamiento de prórrogas a las operaciones vencidas.

b) Convocar a asambleas de accionistas o asociados y proponer aumentos de capital en la entidad, en aquellos casos en donde la recapitalización interna sea una posibilidad.

c) Disponer la suspensión o limitación en el pago de las obligaciones a cargo de la entidad. Durante el tiempo que dure la resolución, no podrá decretarse ni practicarse embargo sobre los bienes de la entidad en este proceso, que se encuentren garantizando las obligaciones cuyo pago haya sido suspendido o limitado, sin perjuicio de lo indicado más adelante en este artículo, para el caso de operaciones con instrumentos financieros derivados.

d) Restringir o prohibir la distribución de utilidades o excedentes, salvo con autorización del interventor.

e) Ordenar, cuando corresponda, la reorganización de la entidad intervenida, incluyendo la separación temporal o definitiva de cualquier funcionario o empleado.

f) Ordenar a la entidad el nombramiento de los administradores que ejecutarán el plan de regularización. Cuando estos nombramientos sean efectivos, el interventor cesa en sus funciones.

g) La remuneración del interventor será fijada por el Consejo y se hará con cargo a los recursos de la entidad intervenida.

h) Al finalizar su función, el interventor deberá presentar al Consejo un informe detallado de su gestión, en el que se incluya un detalle pormenorizado de los gastos en que se haya incurrido.

En caso de que el Consejo apruebe la resolución, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de Entidades Financieras de los Intermediarios Financieros, sujetos a la supervisión de la Sugef.

1) El proceso de resolución se regirá por las siguientes reglas:

i) El acto que la ordene tendrá recurso de reconsideración o revocatoria ante el Consejo dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, pero será eficaz a partir de que se dicte. La decisión del recurso de reconsideración o la resolución inicial, si el recurso no fuera interpuesto en tiempo y forma, agotará la vía administrativa. Contra el acto que ordene la resolución de una entidad fiscalizada no procederá la suspensión de los efectos en vía judicial.

ii) La representación judicial y extrajudicial de la entidad, en la forma acordada por el Consejo, se acreditará mediante la publicación del acuerdo respectivo en el diario oficial. Además, el Consejo ordenará dar aviso de inmediato al Registro Mercantil para que, de oficio, practique los asientos registrales que correspondan.

iii) Mientras dure el estado de resolución, ningún bien de la entidad en el proceso podrá ser embargado ni rematado por un tercero; tampoco podrá ser declarado ningún procedimiento concursal contra ella, sin perjuicio de lo indicado más adelante en este artículo, para el caso de operaciones con instrumentos financieros derivados.

iv) La resolución no podrá exceder de un año. Treinta días naturales antes de vencer el plazo por el que se haya ordenado la resolución, el Consejo deberá decidir, previa consulta a los administradores designados, si permite a la entidad continuar con sus operaciones o si solicita, al juez competente, la liquidación o la fase concursal liquidatoria(*)

(*)(Así modificada su denominación por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de Costa Rica. Anteriormente indicaba "quiebra")

v) Todos los gastos que demande la resolución de una entidad financiera correrán con cargo a los activos de esta. Los administradores designados deberán presentar a la autoridad de resolución un informe mensual pormenorizado de todos los gastos en que se haya incurrido. Dicha autoridad estudiará la razonabilidad de estos y tendrá la potestad de improbar los que no considere pertinentes; asimismo, determinará el monto de la remuneración de los administradores, si fuera del caso.

Los gastos de la resolución serán cancelados mensualmente, conforme lo permita el flujo de caja de la entidad.

vi) En caso de fase concursal liquidatoria(*), los gastos de la resolución que fueran aprobados y no hubieran sido cancelados serán considerados a cargo de la masa, conforme a los artículos 886 y 887 párrafo segundo de la Ley 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964. La legalización de tales créditos corresponderá a los administradores designados.

(*)(Así modificada su denominación por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de Costa Rica. Anteriormente indicaba "quiebra")

vii) La autoridad de resolución deberá vigilar el proceso de resolución y velar por el cumplimiento de las condiciones acordadas; asimismo, podrá sustituir, en cualquier momento, al administrador o los administradores, si considera que no cumplen adecuadamente sus funciones.

viii) Las entidades supervisadas no estarán sujetas a los procedimientos de administración por resolución judicial o a convenios preventivos, sino exclusivamente a los previstos en esta ley.

En el caso de operaciones con instrumentos financieros derivados suscritos por alguna de las entidades supervisadas, en una o más oportunidades, al amparo de un mismo convenio marco de contratación regulado por ley nacional o extranjera, que se realicen o negocien en el mercado extrabursátil, operará la terminación anticipada, la compensación voluntaria o convencional y la liquidación, aun una vez declarado abierto el proceso de intervención o resolución, según corresponda. Lo anterior será posible de conformidad con lo previsto en los respectivos contratos, incluso de tal forma que pueda quedar únicamente vigente el monto correspondiente al saldo neto de las obligaciones recíprocas acordadas al amparo de cada convenio marco, aun cuando las deudas o los créditos no sean líquidos y exigibles en la fecha de declaración del concurso. En tales casos, podrán ejecutarse los márgenes y las garantías otorgados, por el importe neto adeudado, y dichos acuerdos serán oponibles a los procesos concursales, de intervención o resolución, según corresponda, sin perjuicio de los derechos del acreedor resultante con respecto a cualquier saldo insoluto.

(Así reformado por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de Costa Rica")

Artículo 140- Reglas para la intervención

La intervención a que se refiere el inciso c) del artículo 139 anterior y del artículo 139 bis, se regirá con:

a) La resolución en la que se ordene tendrá recurso de reconsideración ante el Consejo Directivo dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, pero será ejecutoria a partir de la notificación al personero legal de la entidad de que se trate. Si no hubiera personero legal a quien notificarle la resolución, esto no será motivo para impedir la práctica de la intervención. La resolución del recurso de reconsideración o la resolución inicial, si el recurso no fuera interpuesto en tiempo y forma, agotará la vía administrativa. Contra la resolución que ordene la intervención de una entidad fiscalizada no procederá la suspensión de los efectos en vía judicial.

b) La representación judicial y extrajudicial de la entidad, en la forma acordada por el Consejo Directivo, se acreditará mediante la publicación del acuerdo respectivo en el diario oficial. Además, el Consejo Directivo ordenará dar aviso de inmediato al Registro Mercantil para que, de oficio, practique los asientos registrales que correspondan.

c) Mientras dure el estado de intervención, ningún bien de la entidad intervenida podrá ser embargado ni rematado; tampoco podrá ser declarado ningún procedimiento concursal contra ella, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 139 bis de esta ley, para el caso de operaciones con instrumentos financieros derivados.

d) La intervención no podrá exceder de un año. Treinta días naturales antes de vencer el plazo por el que se haya ordenado la intervención, el Consejo Directivo deberá decidir, previa consulta a los interventores designados, si permite a la entidad continuar con sus operaciones o si solicita, al juez competente, la liquidación o fase concursal liquidatoria(*).

(*)(Así modificada su denominación por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de Costa Rica. Anteriormente indicaba " quiebra")

e) Todos los gastos que demande la intervención de una entidad financiera correrán con cargo a los activos de esta. Los interventores designados deberán presentar al superintendente un informe mensual pormenorizado de todos los gastos en que se haya incurrido. El superintendente estudiará la razonabilidad de estos y tendrá la potestad de improbar los que no considere pertinentes; asimismo, determinará el monto de la remuneración de los interventores, si fuera del caso.  os

gastos de la intervención serán cancelados mensualmente, conforme lo permita el flujo de caja de la entidad.

En caso de fase concursal liquidatoria(*), los gastos de la intervención que fueran aprobados y no hubieran sido cancelados serán considerados a cargo de la masa, conforme a los artículos 886 y 887 párrafo segundo del Código de Comercio. La legalización de tales créditos corresponderá a los interventores designados.

(*)(Así modificada su denominación por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de Costa Rica. Anteriormente indicaba " quiebra")

f) El superintendente deberá vigilar el proceso de intervención y velar por el cumplimiento de las condiciones de la intervención acordadas por el Consejo Directivo. Este podrá, en cualquier momento, previa consulta al superintendente, sustituir al interventor o a los interventores, si considera que no cumplen adecuadamente sus funciones.

g) Las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese), y los entes regulados por la Superintendencia de Pensiones (Supén).

(Así reformado por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de Costa Rica")              

Artículo 140 bis- Regulación y supervisión de los grupos y conglomerados financieros

Con la finalidad de velar por la estabilidad del sistema financiero, todas las empresas que integran los grupos y conglomerados financieros, incluida la empresa controladora, están sujetas a la regulación y supervisión del supervisor responsable.

Tratándose de entidades sujetas a la supervisión de otras superintendencias del país, la regulación y supervisión individual de esas entidades la llevará a cabo el supervisor de la entidad, de acuerdo con los respectivos marcos legales especiales.

Asimismo, cuando las acciones de supervisión u órdenes que dicte el supervisor responsable del grupo o conglomerado, al amparo de esta ley, conciernan o afecten a entidades individualmente supervisadas por otras superintendencias del país o del exterior, las actuaciones deberán hacerse de forma coordinada.

Se entiende como empresa supervisada, aquellas empresas integrantes de un grupo o conglomerado financiero, incluida la empresa controladora, que por la naturaleza de sus actividades no estén sujetas a un régimen jurídico especial de supervisión. Por entidades supervisadas se entenderá aquellas que son fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese), en razón de la naturaleza de sus operaciones, de conformidad con las leyes especiales que les son aplicables.

El supervisor responsable será aquel que supervise la entidad que presente el mayor monto de activos totales o el mayor monto de activos netos bajo administración, según la naturaleza de las operaciones de estas, excepto cuando una ley especial determine el supervisor responsable. Por tanto, el supervisor responsable podrá variar en el tiempo, según se defina reglamentariamente.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), a propuesta de los superintendentes, dictará la normativa necesaria para realizar una efectiva supervisión de las entidades y empresas supervisadas, de manera individual y consolidada. Para ello, el Consejo emitirá la normativa requerida sobre las materias enunciadas en el artículo 131 de esta ley y de cualquier otra norma que atribuya competencia supervisora y de propuesta de normativa a los superintendentes financieros locales, en lo que sea aplicable a las empresas supervisadas, de forma individual, y a los grupos y conglomerados financieros, de manera consolidada.

Las normas generales y directrices dictadas por el Consejo o la superintendencia responsable serán de observancia obligatoria para las empresas supervisadas.

El supervisor responsable realizará sus labores de supervisión sobre las empresas supervisadas, por sí o por medio de sus funcionarios, y podrá efectuar cualquier acción directa de supervisión en el momento que lo considere oportuno. Las empresas supervisadas quedan obligadas a prestar total colaboración al supervisor responsable, para facilitar las actividades de supervisión, así como suministrar la información y documentación en los plazos y términos requeridos.

En caso de que el supervisor responsable determine que una empresa supervisada presenta una situación financiera, económica o de riesgos que pueda poner en peligro la estabilidad y solvencia de una entidad supervisada perteneciente al mismo grupo o conglomerado financiero, el supervisor podrá ordenar medidas preventivas o precautorias para evitar que el riesgo de esa empresa contagie a una o varias de las entidades supervisadas. El superintendente podrá ordenar, como parte de dichas medidas, que el grupo o conglomerado financiero excluya a la empresa. El cumplimiento de esta orden estará sujeta a la verificación por parte del supervisor responsable.

Las medidas preventivas o correctivas adoptadas por el Conassif y la Superintendencia podrán ser impugnadas por el interesado aplicándose lo dispuesto en los artículos 146 y 148 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

La información que reciban las superintendencias, derivada de la aplicación de esta ley, relacionada con documentos, informes y operaciones de las empresas supervisadas, califica como información confidencial y estará sujeta a las mismas prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 132 de esta ley.

(Así adicionado por el artículo 7° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 140 ter- Supervisión consolidada

El supervisor responsable ejercerá la supervisión consolidada de los grupos y conglomerados financieros bajo su responsabilidad, incluyendo tanto labores de supervisión in situ como extra situ.

Se entiende como supervisión consolidada un enfoque de supervisión complementario e integral que aplica el supervisor responsable sobre los grupos y conglomerados financieros, que tiene por objetivo evaluar los riesgos que enfrentan las entidades supervisadas, en sus interrelaciones por el hecho de formar parte de un grupo o conglomerado financiero.

Cuando el supervisor responsable determine que deben adoptarse acciones preventivas o correctivas sobre los riesgos detectados, coordinará las acciones a adoptar con el supervisor individual o los supervisores individuales.

El supervisor responsable podrá ordenar a la entidad supervisada por este o a la sociedad controladora que adopte acciones preventivas o correctivas sobre los riesgos que presenten las empresas supervisadas integrantes de su grupo o conglomerado financiero, así como en aquellos casos en los que, ante la falta de información, no pueda evaluar adecuadamente el riesgo en que incurren esas empresas.

Sobre aquellos grupos o conglomerados financieros conformados por entidades y empresas domiciliadas en el país, corresponde al supervisor responsable local realizar la supervisión consolidada.

En aquellos grupos o conglomerados financieros conformados por entidades y empresas locales y del exterior, la supervisión consolidada será realizada por un supervisor responsable local, cuando la mayor cantidad de activos totales o de activos netos administrados de este corresponda a entidades locales. Para este efecto, la supervisión consolidada considerará todas las empresas locales y extranjeras del grupo, no limitándose al grupo o conglomerado financiero local. Será responsabilidad de la entidad financiera local proveer al supervisor responsable toda la información necesaria de la entidad o empresa extranjera, para cumplir las disposiciones de esta ley.

Tratándose de grupos o conglomerados financieros conformados por entidades y empresas locales y del exterior, donde el mayor monto de activos totales o activos netos administrados se concentre en el exterior, corresponderá la supervisión consolidada, preferentemente, a la autoridad supervisora del exterior, sin perjuicio de que el supervisor local pueda realizar visitas de supervisión transfronterizas, coordinadas con dicha autoridad foránea. Las operaciones locales del grupo financiero costarricense serán supervisadas por el supervisor responsable local.

Cuando la supervisión consolidada no la realice la autoridad supervisora del país del domicilio de dicha entidad, será realizada por el supervisor responsable local.

Las entidades y empresas con domicilio en el exterior e integrantes de un grupo financiero deberán cumplir la regulación aplicable en el país de su domicilio legal.

Sin embargo, el supervisor responsable del grupo financiero podrá requerir a dichas entidades o empresas que, en adición a la normativa que le rige en su domicilio, apliquen las disposiciones establecidas en la normativa costarricense, siempre que estas no contravengan las regulaciones de su domicilio legal. Dicho requerimiento deberá hacerse por acto administrativo debidamente fundamentado e incluir las disposiciones específicas que debe cumplir.

(Así adicionado por el artículo 8° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

SECCIÓN III

Regulación y supervisión de los grupos y conglomerados financieros

(Así modificada su denominación por el artículo 6° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019. Anteriormente indicaba "Regulación de grupos financieros")

Artículo 141- Constitución de grupos y conglomerados financieros

Los grupos financieros deberán estar constituidos por una sociedad controladora y por entidades o empresas, locales o del exterior, dedicadas a realizar actividades financieras exclusivamente y organizadas como sociedades anónimas, tales como bancos, empresas financieras no bancarias, almacenes generales de depósito, puestos de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades titularizadoras, sociedades fiduciarias, empresas de arrendamiento financiero, operadoras de pensiones complementarias, entidades aseguradoras, entidades reaseguradoras, sociedades agencias y sociedades corredoras de seguros.

Los conglomerados financieros estarán conformados por un intermediario financiero o entidad que realiza actividad financiera, constituida como una persona jurídica de derecho público, domiciliado en Costa Rica y sus empresas, o bien, por una entidad supervisada creada por ley especial y sus empresas.

Además, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) definirá, mediante reglamento, otras entidades o empresas nacionales o extranjeras, dedicadas a la actividad financiera, que podrían formar parte del grupo, tales como aquellas que apoyan la actividad del grupo financiero o las que, resultado de la valoración de riesgos por parte del supervisor responsable, evidencie que es necesario que sean parte del grupo para una mejor representación de las características particulares del modelo de negocio del grupo financiero resultante.

Como excepción, el grupo financiero podrá tener una o varias sociedades propietarias o administradoras de los bienes muebles o inmuebles del grupo.

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, la empresa controladora podrá ser un organismo de naturaleza cooperativa.

Adicionalmente, podrán constituirse como grupos financieros locales las bolsas de valores autorizadas según la Ley N.° 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, de 17 de diciembre de 1997, con sus respectivas subsidiarias y con aquellas empresas que presten servicios para facilitar la operación, negociación o pos contratación para el mercado de valores sobre las que tenga relación de gestión común, control común o vinculación operativa o funcional. Corresponderá al Conassif emitir la regulación y los requisitos para que este tipo de entidades y empresas formen parte de un grupo financiero, así como la determinación de aquella a la que le corresponderá actuar como controladora y consolidar el grupo financiero que se integre. En estos casos, el supervisor responsable será la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

(Así reformado por el artículo 9° de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 141 bis- Facultades del supervisor responsable y del Conassif

En adición a las potestades de propuesta normativa establecidas en esta y otras leyes, los superintendentes, conjuntamente, propondrán para aprobación del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) las siguientes normas:

a) Para autorizar de previo o rechazar la constitución y disolución de grupos y conglomerados financieros; la incorporación, adquisición, venta o separación de una entidad o empresa supervisada de un grupo o conglomerado financiero; la fusión de entidades y empresas supervisadas de uno o varios grupos o conglomerados financieros y la fusión de dos o más grupos o conglomerados financieros. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades y potestades atribuidas a la Comisión para Promover la Competencia en materia de concentraciones.

b) Sobre la autorización previa de aumentos y disminuciones de capital social de la empresa controladora.

c) Sobre los límites a las operaciones activas, directas o indirectas, realizadas por personas naturales o jurídicas vinculadas con las entidades y empresas fiscalizadas de un grupo o conglomerado financiero, y en el conjunto de todas estas.

d) Sobre los presupuestos que conllevan a la conformación de grupos y conglomerados financieros de hecho.

Asimismo, les corresponde a los supervisores responsables:

1) Supervisar los grupos y conglomerados financieros de acuerdo con los riesgos que presentan las entidades y empresas que los integran y a nivel consolidado, así como coordinar con el supervisor individual las acciones preventivas y correctivas a adoptar, cuando se trate de entidades supervisadas. Asimismo, supervisar los riesgos entre las empresas del grupo financiero con otras empresas vinculadas a su grupo económico.

2) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las empresas supervisadas y a los grupos y conglomerados financieros a nivel consolidado.

3) Aplicar las medidas sancionatorias que procedan.

4) Informar, al supervisor de la entidad o empresa supervisada domiciliada en el exterior, sobre actuaciones u omisiones imputables a esta o a miembros del órgano de dirección, auditor interno, gerentes, subgerentes u otro cargo de similar naturaleza, de dicha entidad o empresa, que sean contrarias a las leyes y los reglamentos aplicables al grupo financiero, o atenten contra la seguridad, estabilidad y solvencia de la entidad o empresa supervisada o del grupo o conglomerado financiero.

5) Requerir, a la entidad supervisada local o a la empresa controladora del grupo financiero, constituir estimaciones adicionales o realizar aportes adicionales de capital, según corresponda, producto de las labores realizadas por el supervisor responsable local en empresas supervisadas del grupo o conglomerado financiero domiciliadas en el exterior, cuando le corresponde a este la supervisión consolidada.

6) Los demás actos que le correspondan de conformidad con esta ley y sus reglamentos.

El Consejo podrá requerir a la empresa controladora de un grupo financiero cambios en su estructura, cuando esta impida realizar una efectiva supervisión consolidada.

Reglamentariamente, el Consejo determinará el proceso, la información y los requerimientos que deban incluirse en las solicitudes a que se refiere este artículo, así como la instancia a la que corresponde su autorización.

(Así adicionado por el artículo 10 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 141 ter- Trámite de solicitudes

Toda solicitud de autorización podrá denegarse o sujetarse a condiciones propias de la regulación y supervisión prudencial, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

a) El acto o negocio jurídico propuesto pueda afectar la solidez o solvencia de la entidad o empresa supervisada de manera individual o del grupo o conglomerado.

b) Las personas físicas que ostentarán directa o indirectamente la propiedad o el control de la entidad supervisada o empresa controladora no reúnen las condiciones o los requisitos adecuados de idoneidad, según lo establezca reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

c) El origen de los fondos aportados como capital no sea lícito o no suministre evidencia suficiente y competente para realizar una adecuada verificación del origen de fondos.

d) No permita realizar una efectiva supervisión consolidada.

Será nula la operación efectuada sin la autorización previa requerida. La entidad o la empresa supervisada que no cumpla esta obligación estará sujeta, además, al régimen sancionatorio establecido en el artículo 155 de la presente ley.

(Así adicionado por el artículo 11 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 142- Integración y fines de la sociedad controladora del grupo financiero local

La sociedad controladora será una sociedad anónima, salvo en los casos de las entidades indicadas en el artículo 150 de esta ley, y tendrá como único objeto adquirir y administrar las acciones emitidas por las sociedades integrantes del grupo. Su domicilio social estará en el territorio nacional. No podrá realizar operaciones que sean propias de las entidades integrantes del grupo. Estará obligada a efectuar los aportes de capital que le sean requeridos por la superintendencia responsable, cuando se determinen riesgos que puedan desmejorar la situación financiera del grupo o de alguna de las entidades o empresas supervisadas de este.

Todas las entidades y empresas, en cuyo capital social participe la sociedad controladora, deberán formar parte del grupo financiero local.

La sociedad controladora responderá, subsidiaria e ilimitadamente, por el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las entidades y empresas integrantes del grupo financiero domiciliadas en el país, aun por las obligaciones contraídas con anterioridad a la integración del grupo. Ninguna de las entidades y empresas del grupo responderá por las pérdidas de la controladora o de otras entidades o empresas del grupo.

Las acciones representativas del capital social, que la sociedad controladora posee en cada una de las sociedades integrantes del grupo, se mantendrán, en todo momento, en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores, reguladas en la Ley N.° 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, de 17 de diciembre de 1997, conforme a las normas definidas en el reglamento.

(Así reformado por el artículo 12 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 142 bis- Obligaciones de la sociedad controladora del grupo financiero Corresponde a la empresa controladora del grupo financiero suministrar al supervisor responsable la información sobre la actividad y el tamaño de las empresas que conforman el grupo económico al que pertenece la entidad o las entidades supervisadas domiciliadas en el país, hasta el nivel del beneficiario final, por propiedad o gestión, así como las exposiciones de las empresas que conforman el grupo económico con la entidad o las entidades supervisadas, incluidas las operaciones fuera de balance o la participación en vehículos de propósito especial, entre otros aspectos, con la finalidad de identificar potenciales riesgos que pueden afectar la actividad, operativa, solvencia y estabilidad de la entidad supervisada.

Además, la empresa controladora deberá informar, previamente al supervisor responsable, sobre cambios en el grupo económico, incluidos aquellos cambios que impacten el control o la estructura de este.

Todo lo anterior según lo establezca la reglamentación que al efecto emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), lo cual incluye lo que debe entenderse por grupo económico.

La información que reciban las superintendencias, derivada de la aplicación de este artículo, califica como información confidencial y estará sujeta a las mismas prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 132 de esta ley.

 (Así adicionado por el artículo 13 de la ley N°9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 143- Criterios para la incorporación de una empresa a un grupo o conglomerado financiero

Deberán formar parte de un grupo o conglomerado financiero, todas aquellas empresas nacionales o extranjeras que presenten relaciones de propiedad, directa o indirecta, control o gestión común o vinculación operativa o funcional, según la reglamentación que al efecto emita el Consejo.

Además, solo las empresas que formen parte de un grupo financiero autorizado para operar como tal podrán utilizar denominaciones iguales o semejantes a las usadas por otras entidades financieras. Lo anterior, sin perjuicio de las limitaciones previstas en la ley en cuanto al uso de ciertas denominaciones como "banco", "financiera" u otras semejantes.

Para cumplir lo anterior, el supervisor responsable del grupo ordenará a la empresa controladora o a la entidad supervisada que opere como tal, que incorpore la empresa al grupo o conglomerado financiero, otorgándole un plazo para que adopte las acciones que requiera, ya sea incorporándola al grupo o conglomerado, o haciendo cesar los supuestos previstos en esta ley y en la respectiva normativa. La empresa controladora o la entidad supervisada que opere como tal, que no cumpla esta obligación, además, estará sujeta al régimen sancionatorio establecido en el artículo 155 de esta ley.

El supervisor responsable podrá ordenar, de forma precautoria, la suspensión de cualquier operación que realice una entidad o empresa supervisada integrante del grupo o conglomerado con la empresa no incorporada. Mientras la empresa local no normalice su situación se podrá ordenar la clausura de sus oficinas, de conformidad con el artículo 156 de esta ley.

(Así reformado por el artículo 14 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 144- Reglamento de constitución, gestión y operación de los grupos y conglomerados financieros

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) reglamentará la constitución, el traspaso, el registro y el funcionamiento de los grupos y conglomerados financieros, según lo dispuesto en esta ley.

Para realizar una supervisión consolidada efectiva, el supervisor responsable podrá realizar visitas de supervisión a empresas no supervisadas a nivel local o del exterior, que se dediquen a actividades financieras, para examinar sus archivos y solicitar la información que requiera para determinar si deben formar parte del grupo o conglomerado financiero, o si existen vínculos u operaciones que puedan representar un riesgo para las entidades supervisadas. En relación con las empresas domiciliadas en el exterior, la Superintendencia realizará labores de coordinación con el supervisor correspondiente, cuando proceda.

El supervisor responsable podrá solicitar e intercambiar información con otros supervisores financieros, nacionales o extranjeros, con fines de supervisión.

También, podrá suscribir acuerdos o convenios de coordinación e intercambio de información, y para la realización de supervisión en el territorio nacional o en el extranjero, con el fin de realizar una supervisión consolidada efectiva. La información que obtenga de esos intercambios y convenios será de carácter confidencial y le serán aplicables las disposiciones sobre confidencialidad contenidas en esta u otras leyes, y solo podrá ser utilizada para efectos de supervisión o cuando resulte necesaria para la detección y sanción de delitos relacionados con la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación aplicable.

(Así reformado por el artículo 15 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 145- Deberes de la empresa controladora

La empresa controladora del grupo financiero local o la entidad financiera que funja como tal será la responsable de las relaciones del grupo o conglomerado financiero con el supervisor responsable y deberá velar por que cada una de las empresas supervisadas cumplan las disposiciones legales y regulatorias, atiendan los requerimientos de información y documentación, y cumplan las medidas u órdenes administrativas emitidas por dicho supervisor en el ejercicio de sus facultades, en la forma y el plazo establecido o que este disponga.

(Así reformado por el artículo 16 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 146- Prohibiciones a entidades y empresas supervisadas de grupos y conglomerados financieros

Queda absolutamente prohibido, a las entidades y empresas integrantes de los grupos y conglomerados financieros, realizar operaciones entre sí en condiciones diferentes de las aplicadas en las operaciones con terceros independientes.

Asimismo, queda prohibido, a las entidades y empresas de un grupo financiero local, participar en el capital de otras empresas, financieras o no financieras. Se exceptúa la actividad de las sociedades que formen parte de grupos financieros y que se dediquen a la estructuración o a la suscripción de emisiones de valores, las cuales se regirán por lo dispuesto reglamentariamente por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Además, queda prohibido, a las entidades y empresas del grupo financiero, otorgar financiamiento directo o indirecto para la adquisición de acciones representativas de su capital o del capital de la empresa controladora o de cualquier otra empresa del grupo; realizar tenencia cruzada de instrumentos de capital entre entidades y empresas integrantes de un mismo grupo, sea directa o indirectamente, y suministrar a la empresa extranjera, integrante del mismo grupo, servicios de captación de recursos del público o brindarle manejo financiero.

Además, las acciones representativas del capital social de las entidades y empresas integrantes del grupo o conglomerado financiero no podrán ser utilizadas como garantía de operaciones de crédito otorgadas por entidades o empresas del mismo grupo financiero al que pertenece.

(Así reformado por el artículo 17 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 147- Deberes de intermediarios financieros con domicilio en el exterior

Los intermediarios financieros domiciliados en el exterior e integrantes de un grupo financiero deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Mantener un capital social no inferior al capital mínimo requerido a los bancos privados costarricenses, convertido a dólares al tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica, a la fecha de entrada en vigencia de dicho capital mínimo.

b) Estar domiciliados en una plaza bancaria aceptada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), que cumpla con los parámetros de regulación, supervisión e intercambio de información dispuestos en el reglamento emitido por este. El Consejo cancelará la autorización de la plaza del exterior que no cumpla con esos parámetros. Si cancela la autorización podrá autorizar la exclusión de esa empresa del grupo financiero, una vez que haya eliminado todas las vinculaciones.

c) Estar supervisados por las autoridades correspondientes y cumplir con la regulación del país donde estén registrados.

d) No realizar actividades de captación de recursos de terceros en el territorio nacional, ya sea por su propia cuenta y riesgo, haciendo uso de las instalaciones o los medios facilitados por las entidades o empresas supervisadas costarricenses, o a través de los funcionarios de estas.

Las entidades supervisadas costarricenses podrán prestar servicios de corresponsalía a los bancos domiciliados en el exterior integrante del grupo o conglomerado financiero, incluyendo, pero no limitado a la transferencia de fondos.

El tipo, el alcance y las características de los servicios que pueden prestar dichas entidades a los bancos del exterior parte de su grupo o conglomerado financiero será reglamentado por el Consejo Nacional del Supervisión del Sistema Financiero.

Las operaciones que estos intermediarios realicen en el exterior no estarán sujetas al control monetario del Banco Central.

(Así reformado por el artículo 18 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 148- Aplicación de límites establecidos

Los límites establecidos en esta ley a las entidades financieras, en relación con las operaciones activas con una sola persona, natural o jurídica, con grupos de interés económico o con empresas vinculadas a la propia entidad financiera, por propiedad o gestión, serán aplicables a cada una de las entidades sujetas a supervisión que formen parte de los grupos o conglomerados financieros.

Adicionalmente, dichos límites serán aplicables al grupo o conglomerado financiero de manera consolidada, como parte de la supervisión consolidada, con el propósito de reducir los riesgos del grupo o conglomerado y proteger el sistema financiero nacional. Las auditorías externas de los grupos o conglomerados financieros deberán dictaminar sobre el cumplimiento de estos límites.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de los límites o las prohibiciones que establezca el reglamento para las operaciones entre entidades integrantes de un mismo grupo o conglomerado financiero.

(Así reformado por el artículo 19 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 149- Ajuste de estatutos a esta ley

Los estatutos de la sociedad controladora y de las demás sociedades integrantes de un grupo o conglomerado financiero deberán ajustarse a las disposiciones de este capítulo y a las normas que fije el reglamento.

(Así reformado por el artículo 20 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 154- Sanciones a supervisores auxiliares

Un supervisor auxiliar podrá ser sancionado por el superintendente, con una multa de cincuenta a doscientos salarios base, vigente al momento de determinarse la infracción, definido en la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, luego de haber seguido el debido proceso, cuando:

a) No entregue en tiempo, de forma correcta o completa, sus informes a la Superintendencia.

b) Se niegue a dar acceso a la Superintendencia a los papeles de trabajo para su revisión.

c) En sus informes omita información o suministre o avale información confusa, incompleta o falsa de una entidad o empresa supervisada, con el fin de ocultar la situación financiera real o los riesgos de la entidad o empresa, evadir los encajes u ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera.

d) No informe a la Superintendencia inmediatamente al determinar la existencia de algún riesgo relevante o debilidad significativa de gobierno corporativo o de gestión de riesgos, que pueda poner en riesgo la estabilidad o solvencia de la entidad o empresa supervisada, o la existencia de un grado de inestabilidad o irregularidad financiera.

Los supervisores auxiliares serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de las faltas a que se refiere este artículo.

(Así reformado por el artículo 21 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 155- Sanciones

Una entidad fiscalizada será sancionada por el superintendente general de entidades financieras, cuando la infractora sea una entidad bajo su supervisión, o por el supervisor responsable en el caso de empresas supervisadas locales pertenecientes a un grupo o conglomerado financiero, en los siguientes casos:

a) Infracciones muy graves: se impondrá una multa del uno por ciento (1%) al dos por ciento (2%) de su patrimonio contable vigente al momento en que se determina la existencia de la infracción, cuando:

i) Realice actividades de intermediación financiera o de captación de recursos de terceros sin autorización, o permita que en su infraestructura física o tecnológica otras personas físicas o jurídicas realicen esas actividades sin contar con autorización, cualquiera que sea su domicilio legal, lugar o forma de operación. Se exceptúan de esta disposición las transferencias de recursos que realicen en su función de bancos corresponsales, de acuerdo con la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y los usos y las prácticas propias de la industria.

ii) Impida, obstaculice o retrase sin justificación alguna u obstaculice, por cualquier medio, las labores de supervisión de la Superintendencia o del supervisor responsable.

iii) Oculte a la Superintendencia, por acción u omisión, la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera, de conformidad con el artículo 136 de esta ley.

iv) Presente en sus registros contables información falsa, imprecisa o incompleta, o no revele o informe, por acción u omisión, su verdadera situación financiera o de riesgos.

v) Incumpla la orden de cesar, suspender o limitar actividades u operaciones contrarias a las leyes o los reglamentos, o que atenten contra la seguridad, la estabilidad o la solvencia de la entidad o empresa supervisada, o del grupo o conglomerado financiero al que pertenece.

vi) Incumpla la orden girada por la Superintendencia o el supervisor responsable, en el plazo otorgado por esta, de adoptar cualquier medida preventiva o precautoria ordenada.

vii) Realice cualquier actividad u operación que haya sido prohibida, suspendida o restringida por la Superintendencia o el supervisor responsable.

b) Infracciones graves: se impondrá una multa del cero coma cinco por ciento (0,5%) al uno por ciento (1%) de su patrimonio contable vigente al momento en que se determina la existencia de la infracción, cuando:

i) Incumpla la obligación de remitir o publicar los estados financieros, individuales o consolidados, en cumplimiento de lo establecido reglamentariamente en cuanto a contenido, forma o plazo. Asimismo, cuando incumpla la orden de realizar la publicación adicional de estados financieros o cualquier otra información en el plazo ordenado, cuando a juicio de la Superintendencia o del supervisor responsable se requieran correcciones o ajustes.

ii) No registre las operaciones según las normas dictadas por el Conassif, o no cumpla la orden de realizar ajustes o corrección al valor contabilizado en los estados financieros de las empresas y entidades supervisadas, individualmente o a nivel consolidado, de conformidad con lo establecido en la normativa, en el plazo otorgado por la Superintendencia o el supervisor responsable.

iii) No proporcione o no remita a la Superintendencia, al supervisor responsable o al público, la información establecida por reglamento, sobre la situación jurídica, económica, financiera, de gobierno corporativo o de riesgos, de alcance individual o consolidado, en la forma, el contenido o el plazo establecido o requerido.

iv) Incumpla la orden de suspender publicidad errónea o engañosa.

v) Incumpla con lo establecido en los reglamentos sobre clasificación y calificación de la cartera de créditos y otros activos; sobre constitución de estimaciones, provisiones y reservas; sobre capital; sobre liquidez y sobre suficiencia patrimonial, entre otros. Asimismo, cuando no cumpla, en el plazo otorgado, la orden de aportar capital social adicional cuando los niveles de riesgo que la entidad o empresa supervisada ha asumido o su importancia sistémica así lo requiera.

vi) Incumpla las normas sobre gestión de riesgos, gobierno corporativo o idoneidad, emitidas por el Conassif.

vii) La entidad o empresa supervisada no solicite a la Superintendencia, al supervisor responsable o al Conassif, según corresponda, la autorización previa para la realización de actos u operaciones requerida en esta ley o cuando realice tales actos u operaciones sin contar con la autorización previa establecida.

viii) Incumpla con su obligación de proporcionar al deudor o a la Superintendencia la información a que se refiere el artículo 133 de esta ley.

ix) Incumpla o contravenga lo establecido en los artículos 135 y 148 de esta ley, así como en los artículos 59 y 61 de la Ley N.° 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953, y la respectiva regulación.

x) Realice operaciones con sus accionistas, representantes, miembros del órgano de dirección, gerentes, subgerentes, o cualquier otro cargo de la alta gerencia que tenga poder de decisión en la entidad o empresa, o parientes de cualquiera de estos hasta tercer grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad, o con las empresas vinculadas a estos según lo dispuesto en el artículo 135 de esta ley, o con otras entidades o empresas del grupo financiero en condiciones diferentes de las aplicadas en las operaciones con terceros independientes.

xi) Brinde al público o a sus clientes información o publicidad engañosa o que induzca a error sobre: el costo y las características de las operaciones, los productos y los servicios que presta, la existencia de las autorizaciones necesarias para prestarlos o el riesgo asociado a las operaciones y los servicios que ofrece, entre otros.

xii) Incumpla la regulación sobre las auditorías internas y las auditorías externas.

xiii) Incumpla con la obligación de someterse a una calificación de riesgo en la forma y el plazo establecidos reglamentariamente, o de realizar su divulgación al público.

xiv) Incumpla con la presentación o corrección del plan de acción o de saneamiento para regularizar su situación financiera en el plazo requerido, o bien, incumpla el plan de acción o de saneamiento aprobado.

xv) Incumpla la orden de restricción o la prohibición de distribuir utilidades, excedentes u otros beneficios, así como la distribución de bonos, incentivos u otro tipo de compensación a funcionarios o empleados.

xvi) Incumpla cualquier orden emitida por el superintendente o el supervisor responsable, respecto de la conformación y/o modificación de la estructura de un grupo o conglomerado financiero. Asimismo, a la empresa controladora o a la entidad supervisada cuando funcione como tal, que debiendo incorporar a una empresa al grupo o conglomerado financiero no gestione su inclusión cuando cumple alguno de los criterios de incorporación definidos en esta ley y la reglamentación aplicable.

xvii) Incumpla la orden de constituir estimaciones adicionales o realizar aportes adicionales de capital, producto de las labores de supervisión realizadas por el supervisor responsable local, en empresas supervisadas del grupo o conglomerado financiero domiciliadas en el exterior.

xviii) Presente, al supervisor responsable, información falsa, incompleta o incorrecta sobre el grupo económico y sus exposiciones, según lo disponga la normativa correspondiente.

xix) No entregue en el plazo otorgado, sin causa justa, la información requerida por la Superintendencia o por el supervisor responsable, sobre sus operaciones, registros, informes y otros, o sea entregada de forma incompleta o incorrecta.

c) Infracciones leves: se impondrá una amonestación privada por escrito, una amonestación pública o una multa por un monto hasta del cero coma cinco por ciento (0,5%) de su patrimonio contable vigente al momento en que se determina la existencia de la infracción, a la entidad o empresa supervisada infractora cuando incurra en actos u omisiones que violen las disposiciones de este capítulo o sus reglamentos y que no estén tipificadas como sanciones graves o muy graves.

La resolución firme en la cual se imponga el pago de multas tendrá carácter de título ejecutivo, para cuya ejecución bastará aportar certificación literal o copia debidamente certificada. El superintendente o el supervisor responsable estará facultado para solicitar al Banco Central de Costa Rica el débito automático del monto de la sanción, de la cuenta de reserva o de similar naturaleza de la entidad o empresa supervisada que mantengan en dicho banco o, en su defecto, estas multas deberán ser canceladas a la Superintendencia o al supervisor responsable, dentro de los ocho días hábiles a partir del día siguiente de la firmeza del acto.

Las multas no canceladas dentro del plazo conferido generarán la obligación de pagar intereses moratorios a la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica más cuatro puntos porcentuales. Los dineros provenientes de las multas tendrán como destino la caja única del estado.

(Así reformado por el artículo 22 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 155 bis- Sanciones a órganos de dirección y funcionarios Los miembros del órgano de dirección, el gerente general, los subgerentes o los puestos de similar naturaleza, los representantes legales, y el auditor y subauditor internos de una entidad o empresa supervisada serán sancionados cuando resulten responsables, por dolo o culpa grave, de actuaciones que:

a) Impacten de forma negativa la situación financiera de la entidad o empresa supervisada.

b) Pongan en peligro su estabilidad, solvencia o liquidez.

c) Oculten información o algún tipo de irregularidad financiera.

d) Distorsionen las cifras de los estados financieros.

e) Eviten que se conozcan aspectos relevantes de las entidades y empresas supervisadas.

f) Autoricen o consientan operaciones fraudulentas, ilegales o contrarias a la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) u operaciones tendientes a ocultar la verdadera situación financiera de la entidad o empresa supervisada.

g) Afecten intereses de ahorrantes o inversionistas, entre otros.

Asimismo, los miembros del órgano de dirección, los gerentes, los subgerentes o los puestos de similar naturaleza, los representantes legales o el auditor y el subauditor internos podrán ser sancionados cuando se rehúsen a prestar declaración ante la Superintendencia o se nieguen a suministrarle información sobre el estado económico y financiero, o sobre las operaciones de estas.

La sanción será impuesta por el superintendente general de entidades financieras o por el superintendente responsable, en el caso de empresas supervisadas pertenecientes a un grupo o conglomerado financiero, con una multa de diez a cien salarios base, vigente al momento de determinarse la infracción, definido en la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, con observancia de los principios del debido proceso y del derecho de defensa.

Adicionalmente a la sanción establecida en el párrafo anterior, el superintendente podrá inhabilitar al infractor para que sea miembro de un órgano de dirección u ocupar cargos de gerente general, subgerente o puestos de similar naturaleza, o auditor o subauditor interno de cualquier entidad o empresa supervisada, hasta por un máximo de tres años.

Sobre las sanciones impuestas, la entidad o empresa supervisada deberá, en un plazo de tres días hábiles contado a partir de la notificación del acto firme al sancionado, publicarlo como un hecho relevante en La Gaceta, por una única vez.

(Así adicionado por el artículo 23 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 155 ter- Sanciones a auditores externos

El superintendente general de entidades financieras, el superintendente general de valores, el superintendente de pensiones y el superintendente general de seguros o el supervisor responsable en el caso de grupos y conglomerados financieros podrán sancionar con hasta doscientos salarios base, vigente al momento de determinarse la infracción, definido en la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, o con la suspensión del registro de auditores externos hasta por un plazo de cinco años, contado a partir del periodo contable anual siguiente a la firmeza de la respectiva resolución, a las personas físicas o jurídicas que realicen informes o auditorías externas sobre entidades y empresas supervisadas o sobre grupos y conglomerados financieros, cuando:

a) Realicen informes o auditorías externas a entidades o empresas supervisadas con vicios o irregularidades que incumplan el marco legal o normativo aplicable a la entidad o empresa supervisada de que se trate o cuyos informes presenten deficiencias de forma o fondo.

b) No informen al supervisor, en el momento que tengan conocimiento, de las siguientes situaciones: operaciones ilegales o fraudulentas; alteraciones u omisiones graves de información; situaciones de irregularidad financiera, o inobservancia de normas emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), que presente una entidad o empresa supervisada, o que haya sido cometida por miembros del órgano de dirección, funcionarios o empleados de estas.

(Así adicionado por el artículo 24 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 155 quater- Criterios para sancionar y publicación de sanciones Para imponer las sanciones administrativas previstas en esta ley para las entidades y empresas supervisadas, los supervisores auxiliares y los auditores externos, el superintendente general de entidades financieras o el supervisor responsable en el caso de empresas supervisadas, tomarán en cuenta, al menos, los siguientes criterios de valoración:

a) La gravedad de la infracción.

b) La reincidencia del infractor.

c) Los indicios de la intencionalidad del infractor.

d) El daño causado al público, al mercado o al interés público.

e) La duración de la conducta.

La imposición de sanciones aplicables a miembros del órgano de dirección y funcionarios serán determinadas por el superintendente general de entidades financieras o el supervisor responsable en el caso de empresas supervisadas, con base en los siguientes criterios:

1) El grado de responsabilidad en los hechos y la intencionalidad del infractor.

2) La gravedad y duración de la infracción.

3) La importancia de los beneficios obtenidos por la entidad o empresa, o las pérdidas evitadas, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.

4) Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema financiero, la economía nacional o al interés público.

5) La subsanación de la infracción por propia iniciativa del infractor.

6) La reparación de los daños o perjuicios causados.

7) Las pérdidas causadas a terceros por la infracción.

8) El grado jerárquico que el infractor ostente en la entidad o empresa infractora, de modo que a mayor jerarquía mayor responsabilidad.

9) La reincidencia o la conducta anterior del infractor en relación con las normas de ordenación y disciplina que le afecten, atendiendo a las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas, durante los últimos cinco años.

La Superintendencia y los supervisores responsables mantendrán un listado actualizado de las sanciones firmes que hayan aplicado a entidades y empresas supervisadas, a los supervisores auxiliares, a los auditores externos y a los miembros del órgano de dirección y funcionarios de las entidades y empresas supervisadas, listado que será de interés público, autorizándose su publicación en el sitio web del órgano supervisor.

Las sanciones a miembros del órgano de dirección y funcionarios de entidades y empresas supervisadas se mantendrán publicadas en dicho sitio por un periodo de diez años.

(Así adicionado por el artículo 25 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 155 quinquies- Prescripción de la responsabilidad administrativa La responsabilidad administrativa por las infracciones previstas en esta ley prescribirá en cuatro años. Dicho plazo se contará a partir del conocimiento de los hechos por parte de la Superintendencia o del supervisor responsable, en caso de que el presunto hecho irregular sea notorio. Por el contrario, en los casos en que se requiera una indagación o un estudio de supervisión para informar sobre la posible irregularidad de los hechos, el plazo se contará desde la fecha en que se informe al jerarca sobre el resultado de la indagación respectiva. La prescripción se interrumpirá cuando se notifique el inicio del procedimiento sancionador, el cual, sin excepción, no podrá ser superior a dos años.

(Así adicionado por el artículo 26 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 159- Penas para funcionarios de entidades y empresas fiscalizadas

Los miembros del órgano de dirección, administradores, gerentes o apoderados de una entidad o empresa sujeta a la supervisión de la Superintendencia o de un supervisor responsable, que incurran en las conductas a que se refiere el artículo 248, Autorización de actos indebidos, de la Ley N.° 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, serán sancionados con pena de prisión de tres a seis años.

(Así reformado por el artículo 27 de la ley N° 9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 160- Trámite de denuncias

El superintendente o intendente, en caso de ausencia o imposibilidad del primero, será responsable de denunciar, al Ministerio Público, los actos que puedan configurarse como ilícitos de los que tenga conocimiento al ejercer sus funciones, para que se impongan las sanciones señaladas en la presente ley y otras leyes conexas, por medio de los tribunales competentes, a las entidades y empresas fiscalizadas, así como a los directores, apoderados, funcionarios y empleados que infrinjan las disposiciones legales respectivas.

Al momento de presentarse dicha denuncia, las entidades y empresas fiscalizadas deberán constituir una provisión contable, por un monto equivalente al de la posible responsabilidad estimada por el superintendente, hasta que se dicte sentencia en firme.

Los actos denunciados por la Superintendencia al Ministerio Público, relacionados con una entidad o empresa fiscalizada o los miembros del órgano de dirección, apoderados, funcionarios o empleados deberán ser puestos en conocimiento de la asamblea de sus miembros, la cual deberá ser convocada de inmediato.

(Así reformado por el artículo 28 de la ley N°9768 del 16 de octubre del 2019)

Artículo 161- Situación especial de bancos estatales. Cuando se trate de bancos pertenecientes al Estado se entenderá que la asamblea de miembros estará integrada por el Consejo de Gobierno. La Superintendencia ejercerá sus atribuciones de igual forma que con los entes privados, excepto que no podrá pedir su disolución ni liquidación. Cuando como resultado de un proceso de resolución se decidiera su disolución, el Conassif lo comunicará al Consejo de Gobierno y al Directorio de la Asamblea Legislativa. El Consejo de Gobierno tendrá un plazo no mayor de un mes para presentar un proyecto de ley, a la Asamblea Legislativa, para decretar su disolución y liquidación.

(Así reformado por el artículo 54  aparte c) de la  Ley de creación del fondo de garantía de depósitos y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros, N° 9816 del 11 de febrero de 2020)