Artículo 2.- Derechos adquiridos. Las pensiones y las jubilaciones otorgadas por los regímenes mencionados en los incisos a) y b) del artículo anterior, continuarán reguladas por las normas vigentes en el momento de su adquisición, en todos sus elementos, salvo en lo referente a las cotizaciones a cargo de los pensionados, lo cual queda sujeto a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la presente ley.

Las pensiones y las jubilaciones cuyos derechos se adquieran durante la vigencia de esta ley, se regirán por lo dispuesto para el Régimen transitorio de reparto o para el Régimen de capitalización, según el caso.

Los funcionarios que cumplan con los requisitos para adquirir el derecho a la pensión ordinaria según lo establecía el texto anterior, consagrado por la Ley No. 7268, del 14 de noviembre de 1991, dentro de los dieciocho meses posteriores a la promulgación de la presente ley, podrán pensionarse al amparo de las disposiciones establecidas en el mencionado texto.

Quienes al 13 de enero de 1997 hayan servido durante diez años consecutivos o quince alternos en zona incómoda e insalubre, con horario alterno, en enseñanza especial o educación de adultos, en primaria y secundaria, tendrán como derecho adquirido cuatro meses por cada año laborado en tales condiciones, sin exceder de cinco años, a efecto de completar el tiempo necesario para jubilarse.

Quienes, al 18 de mayo de 1993 o al 13 de enero de 1997, hayan servido al menos durante veinte años en el Magisterio Nacional, mantendrán el derecho de pensionarse o jubilarse al amparo de la Ley Nº 2248, de 5 de setiembre de 1958, y sus reformas, y a tenor de la Ley Nº 7268, de 14 de noviembre de 1991, y sus reformas, respectivamente.

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la ley N° 8536 del 27 de julio de 2006)

Asimismo, quienes a las fechas referidas en el párrafo anterior no alcancen los veinte años de servicio y hayan operado su traslado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, no podrán obtener los beneficios establecidos en el presente artículo.

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la ley N° 8536 del 27 de julio de 2006)

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

(Nota de Sinalevi: Ver  artículos transitorios I y II de la Ley N° 8536 del 27 de julio del 2006).

TITULO II

Régimen de capitalización

CAPITULO I

Ambito de protección

SECCION I

Adscripción

Artículo 3.Derecho de pertenencia. El régimen de capitalización es de adscripción obligatoria. Los funcionarios que cumplan los requisitos de pertenencia a las instituciones indicadas en el artículo 8 siguiente, quedarán incluidos, de oficio, en el colectivo cubierto, por el solo acto de nombramiento.

Transitorio.- Los funcionarios del régimen de capitalización que, antes de entrar en vigencia esta ley, hayan gestionado trasladarse al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al amparo del artículo 3 de la Ley de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, según el texto aprobado por la Ley No. 7531 aquí modificada, se regirán por las disposiciones de los artículos 4, 5 y 6 de la ley citada.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 4.- Derecho de opción. La opción de traspaso a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior podrá ser ejercida por una sola vez, de manera que no procederá incluir de nuevo en el Régimen del Magisterio, a los funcionarios que hayan optado por pasarse al seguro obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.

Artículo 5.- Trámite. El interesado deberá dirigir la solicitud de traspaso al departamento de personal o de recursos humanos de la institución donde preste servicio, el cual hará efectiva la exclusión a partir del primer día del mes siguiente al recibo de la solicitud.

Del acto de exclusión, se enviará copia a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, para que proceda a la liquidación actuarial respectiva y entere, a la Caja Costarricense de Seguro Social, el aporte correspondiente al solicitante.

Artículo 6.- Plazos. La Junta deberá realizar la liquidación actuarial y el traspaso de los aportes a la Caja Costarricense de Seguro Social dentro de los primeros tres meses, que se contarán a partir del recibo de la comunicación de traspaso.

Cuando la Caja no reciba los aportes correspondientes, dentro del plazo estipulado en el párrafo anterior, tendrá derecho a cobrar intereses moratorios del cinco por ciento (5%) mensual.

SECCION II

Ambito de cobertura

Artículo 7.- Ámbito de cobertura. Quedan cubiertas por el Régimen de capitalización colectiva (RCC), todas las personas que se desempeñen en el Magisterio Nacional y hayan sido nombradas, por primera vez, con posterioridad al 14 de julio de 1992.

Los funcionarios activos del Ministerio de Educación Pública (MEP) que, por ocupar cargos a tiempo completo en la dirigencia de organizaciones gremiales, corporativas y sindicales, directamente vinculadas con el Magisterio Nacional, hayan disfrutado de licencia sin goce de salario en el ejercicio de esa representación, tendrán derecho a que el tiempo destinado a esa actividad se les reconozca como años de servicio, únicamente para efectos de pensión. En ningún caso ese tiempo podrá exceder de diez (10) años. A efecto de que este tiempo resulte hábil para adquirir el derecho jubilatorio, esas personas deberán haber cotizado sobre los salarios devengados mientras ostentaron la representación.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8721 del 18 de marzo de 2009)

Artículo 8.- Profesionalidad. Por desempeño en el Magisterio Nacional debe entenderse específicamente:

a) Quienes sirvan en cargos docentes, tal y como lo define el artículo 54 de la Ley de carrera docente, en instituciones educativas, públicas o privadas, de Enseñanza Preescolar, Enseñanza General Básica, Educación Diversificada y en las universidades estatales.

b) El personal administrativo del MEP y de los centros educativos mencionados en el inciso anterior.

c) Los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

No se entenderá como actividad docente la participación ocasional en charlas, coloquios, conferencias o cursos de capacitación, aunque hayan sido desarrollados o patrocinados por instituciones públicas, educativas o no.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8721 del 18 de marzo de 2009)

CAPITULO II

Prestaciones

Artículo 9.- Contingencias protegidas. El Régimen de capitalización otorgará prestaciones económicas periódicas para cubrir las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia a la muerte del sostén económico de la familia, fundamentadas en los principios de justicia social, solidaridad y redistribución, con estricto apego a los principios técnicos y administrativos que regulan este tipo de regímenes.

Las prestaciones económicas otorgadas al amparo de esta ley son inembargables, salvo lo dispuesto por la legislación ordinaria en cuanto a pensiones alimenticias.

Las prestaciones por vejez son vitalicias, mientras que las de invalidez y supervivencia estarán sujetas a las condiciones de extinción que se establezcan en el reglamento general respectivo, que emitirá la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Para la vigencia de ese reglamento, deberá contarse con la autorización expresa de la Superintendencia General de Pensiones.

Artículo 10.- Prescripción. El derecho a la pensión por vejez es imprescriptible.

El derecho a la pensión por invalidez prescribe a los dos años.

El derecho de la pensión por supervivencia prescribe a los diez años.

La prescripción del derecho a la prestación declarada y otorgada se regirá por lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 870 del Código Civil.

Artículo 11.- Requisitos de elegibilidad. La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional determinará, según los estudios técnicos actuariales correspondientes, los requisitos que deberán cumplirse para la declaratoria de los beneficios.

Artículo 12.- Cuantía de las prestaciones. La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional determinará el monto de la jubilación, así como los otros componentes del perfil de beneficios, de conformidad con los estudios técnicos actuariales realizados al efecto.

Artículo 13.- Reglamento general. Para ejecutar lo dispuesto en los dos artículos anteriores, así como el procedimiento administrativo para su realización, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), emitirá el Reglamento General del Régimen de capitalización colectiva de pensiones y jubilaciones.

Ese Reglamento contemplará necesariamente lo siguiente:

a) Los períodos de espera o calificación para cada una de las contingencias, separadamente.

b) El número y la calidad de las cotizaciones necesarias para adquirir el derecho a las diversas prestaciones, según las contingencias, separadamente.

c) La cuantía y la duración de las prestaciones, para cada una de las contingencias cubiertas, separadamente.

d) El procedimiento administrativo para tramitar las solicitudes de los interesados, el cual deberá sujetarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Ley general de la Administración Pública, para el procedimiento sumario.

e) Las reglas sobre la inversión de los recursos del Fondo de Capitalización, las cuales deben garantizar, con estricto apego a la presente Ley, las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad.

f) Un cobro por administración, que la Junta destinará única y exclusivamente a la correcta y sana administración del Régimen. Dicha comisión no podrá ser superior al promedio ponderado de comisiones cobrado por las operadoras de pensión complementaria (OPC) en el Régimen obligatorio de pensión complementaria. El monto no podrá ser superior al promedio ponderado de las comisiones vigentes para las OPC. La Junta establecerá, dentro de ese límite, la comisión por cobrar; lo anterior, previo estudio de las necesidades, la proyección de los gastos y las normas de ejecución de presupuesto, con el fin de que se ajuste a medidas de austeridad y control en el gasto. La comisión se tomará de los ingresos por réditos y cotizaciones a que se refieren los artículos 17 y 18 de la presente Ley y pasará a formar parte del Fondo Especial de Administración, establecido en el artículo 107 de esta Ley.

g) Todos los otros elementos que se consideren necesarios para la correcta administración del Régimen, según lo dispuesto en esta Ley, las directrices de la Superintendencia General de Pensiones y la prudencia y responsabilidad administrativas.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8721 del 18 de marzo de 2009)

CAPITULO III

Ingresos del Régimen

SECCION I

Cotización

Artículo 14.- Cotización obrera y patronal. Todos los funcionarios cubiertos por este Régimen, sin excepción, cotizarán el ocho por ciento (8%) del salario devengado y sus patronos, tanto públicos como privados, el seis coma setenta y cinco por ciento (6,75%) del salario.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 15- Contribución obrero, patronal y estatal de los centros educativos públicos y privados, procedimiento y plazos. El Estado, en su calidad de tal, cotizará un porcentaje idéntico al que aporta al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del total de los salarios devengados de los servidores públicos y privados de la educación nacional, que se encuentren dentro del colectivo cubierto por el Régimen de Capitalización Colectiva. Para realizar el pago correspondiente a favor de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), se establece el procedimiento siguiente:

a) Para los trabajadores de la educación que presten servicios al Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Hacienda tendrá un plazo improrrogable de dos meses para depositar, a favor de Jupema, los montos correspondientes a las cotizaciones patronales y estatales. La cuota obrera debe ser cancelada a Jupema en el mes correspondiente.

b) Para los trabajadores de la educación de los otros centros de enseñanza, públicos y privados, Jupema remitirá, mensualmente al Ministerio de Hacienda, una planilla con los nombres, los números de cédula, los montos salariales devengados y el monto total por cancelar. Jupema dispondrá de un plazo improrrogable de dos meses para remitir esta información al Ministerio de Hacienda; este último, una vez recibida la planilla, contará con un plazo de dos meses para depositar las sumas a favor de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional les fijará a estos centros de enseñanza los plazos máximos para la cancelación de sus planillas.

Si el Ministerio de Hacienda no deposita las sumas a favor de Jupema, dentro de los plazos dispuestos en los incisos a) y b) de este artículo, los montos no girados devengarán, por concepto de interés por mora, un porcentaje igual a la tasa básica pasiva, calculada por el Banco Central de Costa Rica.

Igual interés por mora será aplicable a Jupema sobre los montos por cancelar a su favor, en caso de no presentar la planilla correspondiente dentro del plazo ordenado en el inciso b) de este artículo. Las sumas por intereses deberán cancelarse con cargo al Fondo Especial de Administración establecido en el artículo 107 de esta ley. La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional cobrará, a su vez, igual interés por mora a los centros de enseñanza públicos y privados que no le presenten las planillas dentro de los plazos fijados.

Todo interés por mora se destinará, exclusivamente, a fortalecer el Fondo de Pensiones del Régimen de Capitalización Colectiva.

La certificación que emita Jupema, donde consten las deudas de los centros educativos públicos o privados a favor del fondo de pensiones, tendrá carácter de título ejecutivo, excepto en los casos en que Jupema haya omitido o atrasado el envío de las planillas correspondientes o las haya enviado defectuosas al Ministerio de Hacienda.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Artículo 16.- Modificación de las cotizaciones. La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional podrá ajustar las cotizaciones de los funcionarios activos asegurados, cuando así lo recomienden los estudios actuariales y previa autorización de la Superintendencia General de Pensiones.

La cuota patronal sólo podrá variarse con autorización expresa de la Asamblea Legislativa, emitida por ley ordinaria.

       Transitorio I.- Cotización especial solidaria.(Derogado por el artículo 3° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Transitorio II.- Transferencia de cotizaciones pagadas. El Estado transferirá, al Fondo de Capitalización que esta ley establece, una suma equivalente a las cotizaciones obreras deducidas del salario de los funcionarios nacidos el 1º de agosto de 1965 o en fecha posterior y que sean cotizantes según la Ley No. 7268, del 14 de noviembre de 1991. El Ministerio de Hacienda determinará el monto total de esa suma.

        Para estos efectos, la suma correspondiente se transferirá en diez tractos, pagaderos anualmente, y en títulos indexables del Estado (TUDES), en plazos de diez, quince y veinte años.

SECCION II

Réditos

Artículo 17.- Ingresos por réditos. Los réditos, producto de la inversión del Fondo de Capitalización, ingresarán a ese mismo Fondo.

CAPITULO IV

Fondo de Capitalización

SECCION I

Conformación

Artículo 18.- Estructura. Con las cotizaciones aludidas en los artículos 16 y 17 de la presente Ley, la Junta conformará un Fondo de Capitalización, el cual se incrementará con los réditos producidos por las inversiones de ese Fondo, al tenor de lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 19.- Independencia del Fondo. El Fondo de Capitalización aquí creado es independiente del patrimonio de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y se declara inembargable.

La Junta mantendrá ese Fondo separado, física y contablemente, tanto de su propio patrimonio como del Fondo Especial de Administración, mencionado en el artículo 106 de esta ley y separado también de cualquier otra cuenta o fondo que se establezca en el futuro.

SECCION II

Ambito de cobertura

Artículo 34.- Ambito de cobertura. Quedan cubiertas por este Régimen todas las personas que se desempeñen en el Magisterio Nacional y hayan sido nombradas por primera vez con anterioridad al 15 de julio de 1992 o hayan nacido antes del 1º de agosto de 1965.

Los funcionarios activos del Ministerio de Educación Pública que, por ocupar cargos a tiempo completo en la dirigencia de organizaciones gremiales, corporativas y sindicales, directamente vinculadas con el Magisterio Nacional, hayan disfrutado de licencia sin goce de salario en el ejercicio de esa representación, tendrán derecho a que el tiempo destinado a esa actividad se les reconozca como años de servicio únicamente para efectos de pensión. En ningún caso, ese tiempo podrá exceder de diez años. Al efecto de que este tiempo resulte hábil para adquirir el derecho jubilatorio, esas personas deberán haber cotizado sobre los salarios devengados mientras ostentaron la representación.

Artículo 35.- Profesionalidad. El desempeño en el Magisterio Nacional debe establecerse de conformidad con lo indicado en el artículo 8 de la presente ley.

CAPITULO II

Prestaciones

SECCION I

Clases de prestaciones

Artículo 36.- Contingencias protegidas. Este Régimen otorgará prestaciones económicas periódicas para cubrir las contingencias de vejez, invalidez y supervivencia a la muerte del sostén económico de la familia, fundamentadas en los principios de justicia social, solidaridad y redistribución de la riqueza, con estricto apego a los principios técnicos que regulan esta clase de regímenes.

SECCION II

Salario de referencia

Artículo 37.- Salario de referencia. Para determinar la cuantía de cualquiera de las prestaciones que se otorgue en el Régimen transitorio de reparto, el salario de referencia se obtendrá calculando el promedio de los mejores treinta y dos salarios devengados durante los últimos sesenta meses al servicio de la educación. Al resultado se le aplicará una tasa de reemplazo del ochenta por ciento (80%); todo lo anterior de conformidad con los artículos 34 y 35.

En caso de muerte del funcionario, cuando, por razón del tiempo laborado no hayan sido completados treinta y dos salarios, el salario de referencia se calculará sobre la totalidad de los salarios devengados y cotizados antes de acaecer la contingencia.

Este salario de referencia es solo para el efecto de calcular la cuantía de las prestaciones, sin que pueda entenderse que estas son salarios o tienen una composición similar al salario. En este sentido, una prestación declarada consiste en una suma única de dinero.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 38.- Subsidios sustitutos del salario. En caso de que el funcionario esté devengando prestaciones por incapacidad laboral transitoria, tendrá derecho a que esas cotizaciones se le consideren tanto para calcular el salario de referencia como para determinar el número de cuotas pagadas, siempre y cuando continúe cotizando sobre tales prestaciones en favor del Régimen de Pensiones y Jubilaciones.

Para los efectos del párrafo anterior, son prestaciones por incapacidad laboral transitoria las otorgadas:

a) Por el seguro obligatorio de enfermedad y maternidad administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

b) Por el seguro obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

c) Por el seguro de accidentes de tránsito, administrado por el Instituto Nacional de Seguros.

d) De conformidad con los artículos 167, 168 y 169 de la Ley de Carrera Docente, mientras estuvieron vigentes.

Artículo 39.- Valor formal de la cotización. Para determinar el número de cuotas mensuales pagadas que sirvan de sustento al cumplimiento del requisito correlativo, se tendrá como cumplida la cuota pagada en cada mes calendario, independientemente del tiempo laborado en el mes y del número de cotizaciones realizadas en él, por razón de la forma de pago o del pluriempleo.

SECCION III

Prescripciones

Artículo 40.- Prescripción de los derechos. El derecho a la pensión por vejez es imprescriptible.

El derecho a la pensión por supervivencia prescribe a los diez años.

El derecho a la pensión por invalidez prescribe a los dos años.

No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, la prescripción del derecho a cobrar una prestación ya declarada, así como las diferencias que se produzcan en la cuantía, se regirán por lo establecido en el inciso 1) del artículo 870 del Código Civil.

CAPITULO III

Prestaciones por vejez

SECCION I

Requisitos de elegibilidad

Artículo 41.- Requisitos. Tendrán derecho a las prestaciones por vejez, los funcionarios cubiertos por este Régimen que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Un mínimo de cuatrocientas cotizaciones mensuales.

b) Haber servido, por un mínimo de veinte años, en cualquiera de las instituciones indicadas en los artículos 34 y 35 anteriores, en las condiciones allí exigidas y haber cotizado sus correspondientes doscientas cuarenta cuotas.

Además del caso anterior, se adquirirá el derecho a las prestaciones por vejez cuando se cumplan sesenta años de edad, siempre y cuando se haya cotizado para el Magisterio Nacional con doscientas cuarenta cuotas como mínimo.

Transitorio V.-Para pasar gradualmente del requisito, vigente hasta ahora, de trescientas sesenta cuotas, a las cuatrocientas cuotas fijadas en el inciso a) del artículo 41 de esta Ley, se establece el siguiente cuadro de transición:

a) Hasta el 31 de diciembre de 1999, se requerirán trescientas sesenta cuotas.

b) Desde el 1º de enero del año 2000 y hasta el 31 de diciembre del 2004, el requisito aumentará en ocho cuotas por año.

Artículo 42.- Totalización de cotizaciones. Para completar el número de cuotas citado en el artículo 41 y el transitorio V de esta ley, al mínimo de doscientas cuarenta cuotas aportadas necesariamente al Régimen del Magisterio, se le sumarán todas las aportadas a cualquier otro régimen contributivo obligatorio y público de pensiones, incluso al de Invalidez, vejez y muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

SECCION II

Cuantía de las prestaciones

Artículo 43.- Cuantía básica de las prestaciones por vejez. El monto de la jubilación será equivalente al ochenta por ciento (80%) del salario de referencia, determinado de conformidad con los artículos 37 y 38 de esta ley.

Artículo 44.-Montos máximos y mínimos de pensión. Los derechos por vejez, invalidez o supervivencia que se otorguen no superarán el monto equivalente al salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica, con la sola consideración de treinta anualidades y dedicación exclusiva.

Los derechos por vejez, invalidez o supervivencia que se otorguen una vez deducida la cotización al Régimen, no serán inferiores al monto del salario base más bajo pagado por la Administración Pública. En caso de supervivencia, la sumatoria de los montos derivados de un derecho no podrá ser inferior al monto mínimo aquí establecido.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 45.Beneficio por postergación. Si el funcionario opta por postergar su retiro, la tasa de reemplazo establecida en el artículo 43, por cada año calendario postergado y cotizado en forma completa, se aumentará de acuerdo con la siguiente tabla: 

La postergación del retiro por fracciones de año será reconocida, en forma proporcional, por cada mes completo del ciclo lectivo que haya sido postergado y cotizado según la siguiente tabla:

Adicionalmente, el funcionario que postergue su retiro percibirá, al completar totalmente el primero y segundo años postergados y cotizados, un beneficio adicional equivalente al cinco por ciento (5%) del total de los salarios devengados durante cada uno de esos años, excluido el aguinaldo. Este incentivo se tomará en cuenta para calcular el salario de referencia. El Poder Ejecutivo definirá, en el reglamento, el procedimiento para hacer efectivo el pago de este incentivo.

El monto máximo de la pensión establecido en el artículo 44 únicamente se modificará en caso de postergación, conforme al número de años postergados en forma completa de la siguiente manera:

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 46.- Vigencia de las prestaciones por vejez. Las prestaciones por vejez regirán a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo la baja laboral del beneficiario.

CAPITULO IV

Prestaciones por invalidez

SECCION I

Requisitos de elegibilidad

Artículo 47.- Requisitos de elegibilidad. Tendrán derecho a las prestaciones por invalidez las personas cubiertas por este Régimen que, por alteración o debilitamiento de su estado físico o mental, hayan perdido dos terceras partes o más de su capacidad para desempeñar sus funciones y, por tal razón, no puedan ser reubicadas en otra función dentro de la Administración Pública y, por ese motivo, no puedan obtener una remuneración suficiente para su subsistencia y la de su familia.

La Caja Costarricense de Seguro Social determinará y calificará el estado de invalidez, según el proceso de declaratoria de ese estado que utiliza esta institución. La Caja dará este servicio al Estado, al costo.

(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 5261 del 26 de setiembre de 1995, se anuló el último párrafo de este artículo)

Artículo 48.- Exámenes médicos. El solicitante de las prestaciones por invalidez deberá someterse a los exámenes, los tratamientos y los controles médicos que determine el procedimiento de declaratoria del estado de invalidez aludido en el párrafo segundo del artículo anterior.

Igual deber tendrán los derechohabientes (viudas, viudos, compañeras, compañeros y huérfanos) que, por su condición de inválidos, soliciten pensión por supervivencia.

SECCION II

Permanencia del estado de invalidez

Artículo 49.- Tratamientos de rehabilitación. Los pensionados por invalidez deberán someterse a los tratamientos de rehabilitación o de readaptación profesional, realizados por la Caja Costarricense de Seguro Social, que se determinen según el procedimiento de declaratoria del estado de invalidez.

La renuncia o la contumacia a someterse a tales tratamientos, suspende de pleno derecho el pago de las prestaciones, las cuales se restablecerán en el momento en que el pensionado se someta a esos tratamientos, sin que por tal razón, adquiera el derecho al pago de los montos dejados de percibir por razón de su contumacia.

Artículo 50.- Exámenes de revisión. Los pensionados por invalidez deberán someterse, cada dos años, a exámenes periódicos de revisión que indiquen la evolución de su invalidez.

Cuando el pensionado rehúse someterse a esos exámenes, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 51.- Rehabilitación y restitución. En caso de que los exámenes de revisión indiquen que el funcionario ha recuperado su capacidad, será restablecido en su puesto original, si así lo solicita expresamente y si es posible.

De no hacer efectiva esta opción, la relación de servicio se tendrá por resuelta, sin responsabilidad laboral por parte del Estado.

Si es imposible restituir al funcionario en su puesto original, se reintegrará en una plaza de características similares. La restitución no originará, para el restituido, derecho a reclamar, por razón de antigüedad, los aumentos salariales correspondientes al período en que estuvo pensionado.

Artículo 52.- Extinción. La pensión por invalidez se pierde:

a) Por desaparición debidamente declarada del estado invalidante.

b) Por solicitud de la conversión en pensión por vejez.

c) Por muerte del beneficiario o declaración de su ausencia.

d) Por prescripción.

SECCION III

Incompatibilidades

Artículo 53.- Relación con las prestaciones por incapacidad laboral transitoria

Las prestaciones por invalidez mencionadas en este Capítulo no se otorgarán a no ser que, primero, se hayan agotado las prestaciones por incapacidad laboral transitoria. Para estos efectos, se entenderá por incapacidad laboral transitoria lo indicado en el artículo 38 anterior.

Se exceptúan los casos de pronóstico fatal, enfermedades incurables invalidantes o los que se justifiquen, por razones de humanidad, de conformidad con el pronunciamiento especial, debidamente fundamentado, según el proceso de declaratoria del estado de invalidez que realice la Caja Costarricense de Seguro Social.

Artículo 54.- Incompatibilidad con las prestaciones del seguro obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si la invalidez ha sido consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional y esté bajo la cobertura del régimen correspondiente administrado por el Instituto Nacional de Seguros, las prestaciones serán atendidas por este y no por el régimen estipulado en este Título.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si por el transcurso del tiempo se agotan las prestaciones del Régimen de riesgos de trabajo, la pensión por invalidez continuará a cargo del Régimen establecido en este Título, de conformidad con el artículo anterior.

Para ejecutar lo dispuesto en el párrafo anterior, el interesado deberá gestionar la sustitución ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional por lo menos con tres meses de anticipación. La Junta tramitará lo pertinente para declarar la pensión sin solución de continuidad. 

SECCION IV

Cuantía de las prestaciones

 Artículo 55.- Monto de la prestación por invalidez. La pensión por invalidez será equivalente al setenta por ciento (70%) del salario de referencia, a lo cual se le sumará el cero coma cero quinientos cincuenta y cinco por ciento (0.0555%) de ese salario, por cada mes cotizado, después de los primeros ciento ochenta meses, sin que el total por devengar supere el monto que hubiera correspondido por vejez.

En el caso de que, por razón de su historial laboral, el funcionario inválido no haya completado el mínimo de cuotas requeridas para pensionarse por invalidez, se le otorgará una indemnización, en un solo pago, equivalente a un dozavo del salario de referencia por cada mes cotizado.

Artículo 56.- Vigencia de la pensión por invalidez. La pensión por invalidez comenzará a regir desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se agoten las prestaciones por incapacidad laboral transitoria o desde el primer día del mes siguiente a la baja laboral, en el caso de la excepción contemplada en el párrafo segundo del artículo 53.

Artículo 57.- Conversión. Al cumplir sesenta años de edad, el pensionado por invalidez, podrá solicitar la conversión de su pensión en una concedida por vejez. Esta conversión se realizará sólo a instancia de parte y entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a aquel en que se presentó debidamente la solicitud de conversión.

La conversión afectará solo la tasa de reemplazo y conservará intactos los elementos referentes al salario de referencia que sirvieron de fundamento para otorgar la pensión por invalidez. No podrán reconocerse aumentos anuales por razón de antigüedad con base en el tiempo en que percibió la pensión por invalidez.

CAPITULO V

 Prestaciones de sobrevivientes

Sección I

Prestaciones por viudez

Artículo 58.- Requisitos de elegibilidad. El cónyuge supérstite del funcionario protegido, que haya cumplido por lo menos con veinticuatro meses de cotizaciones, tendrá derecho a la prestación por viudez.

Artículo 59.- Unión de hecho. La compañera o el compañero de la funcionaria o el funcionario causante, que se halle en las condiciones indicadas en el artículo anterior, tendrán el mismo derecho que el cónyuge supérstite siempre y cuando haya convivido por lo menos durante los dos años previos al fallecimiento.

Si en el momento del deceso, además de la compañera sobrevive una viuda con derecho a pensión alimenticia declarada por sentencia judicial firme, ambas tendrán derecho a pensión por viudez, cada una, por la mitad de los porcentajes indicados en el artículo 61 de esta ley. Se aplicará la misma solución para el compañero que se encuentre en las condiciones estipuladas en el párrafo primero de este artículo, y que concurra con un viudo.

Artículo 60.- Impedimentos. No tendrá derecho a la pensión por viudez, el cónyuge supérstite que se encuentre en los siguientes casos:  

a) Estar divorciado o separado, judicialmente o de hecho, y no estar disfrutando, a la fecha del fallecimiento del funcionario o pensionado, de una pensión alimenticia declarada por sentencia firme, salvo que demuestre que recibía, de hecho, una ayuda económica por parte del cónyuge o excónyuge.

b) Haber contraído matrimonio con un pensionado o funcionario mayor de sesenta años. Esta regla no rige si el fallecimiento ocurre después de un año de celebrado el matrimonio ni cuando existan hijos comunes.

c) Cuando el cónyuge supérstite haya sido declarado, por sentencia judicial firme, autor, instigador o cómplice de la muerte del funcionario o pensionado causante.  

Los mismos impedimentos se aplicarán en lo pertinente al compañero o la compañera.

Artículo 61.- Cuantía de la prestación. La cuantía de la prestación por viudez se determinará, teniendo como base de referencia, la pensión que devengaba o hubiera podido devengar el causante, y será equivalente al ochenta por ciento (80%) de ese monto.

El total de las pensiones por viudez y orfandad que deban otorgarse con respecto al fallecimiento de un mismo funcionario, no podrá exceder el ciento por ciento (100%) de la pensión que le hubiera correspondido al difunto.

Si el total de derechos excede el total del derecho de pensión que disfrutaba o hubiera podido disfrutar el causante, se prorrateará entre los beneficiarios.

En el caso de que en las pensiones por supervivencia, correspondientes a un mismo funcionario causante, concurran pensiones por viudez y por orfandad, corresponderá a las pensiones por viudez un mínimo equivalente a la mitad del monto por prorratear; la mitad restante se distribuirá entre las pensiones por orfandad.

Artículo 62.- Vigencia de la pensión por viudez. La pensión por viudez regirá a partir del primer día del mes siguiente a la fecha del deceso del funcionario o pensionado.

Artículo 63.- Extinción de la pensión por viudez. El derecho a la prestación por viudez se pierde:

a) (Anulado mediante resolución de la Sala Constitucional N° 13704 del 18 agosto de 2010.)  

b) Por unión de hecho debidamente demostrada.

b) Por unión de hecho debidamente demostrada.

c) Por muerte del beneficiario.

d) Por rehabilitación.

e) Por prescripción.

SECCION II

Prestaciones por orfandad

Artículo 64.- Requisitos de elegibilidad

Los hijos del funcionario o pensionado fallecido, tendrán derecho a pensión por orfandad en los siguientes casos:

a) Que sean solteros y menores de dieciocho años.

b) Que, aunque sean mayores de dieciocho años, pero menores de veinticinco, estén realizando estudios superiores, universitarios, técnicos o religiosos.

c) Que se encuentren en estado de invalidez declarada.

d) Que sean hijas solteras(*), mayores de cincuenta y cinco años, no gocen de pensión alimenticia, no sean asalariadas ni dispongan de otros medios de subsistencia.

(*) (Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 000429 del 11 de enero de 2023, se declaró inconstitucional la palabra: "solteras", del inciso d) anterior.)

Para optar por este derecho, en el caso del inciso b) anterior, los hijos deberán demostrar la matrícula del centro de estudios, un rendimiento académico aceptable y la naturaleza de la carrera profesional correspondiente.

En el caso de los incisos b), c) y d), deberá demostrarse, además, que dependían económicamente del fallecido.

Artículo 65.- Filiación. La filiación se probará de conformidad con el derecho común. Cuando se trate de hijos extramatrimoniales no reconocidos ante el Registro Civil, se estará a la sentencia judicial firme que declare la paternidad.

Artículo 66.- Cuantía de las prestaciones. La máxima pensión por orfandad, para cada hijo, será equivalente al treinta por ciento (30%) de la que devengaba o hubiera devengado el causante, a la fecha de su fallecimiento.

De existir más de un hijo con derecho a pensión por orfandad, se aplicarán las normas siguientes:

a) Cada uno recibirá una pensión en las condiciones del párrafo anterior, salvo que sumadas todas, excedan el ciento por ciento (100%) de la pensión que devengaba o hubiera devengado el causante pues, en tal caso, ese total se prorrateará entre los beneficiarios.

b) Cuando alguna de las prestaciones prorrateadas a que se refiere el inciso anterior se extinga, las de los subsistentes acrecerán, sin superar el porcentaje correspondiente a la pensión máxima por orfandad.

c) Cuando en relación con un mismo funcionario o una funcionaria causante, junto con las pensiones por orfandad concurran pensiones por viudez, se aplicará lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 61 de esta ley.

Artículo 67.- Extinción de las pensiones por orfandad. La pensión por orfandad cesa:

a) Cuando el beneficiario alcanza la mayoría de edad.

b) En el caso de estudiantes mayores con el cumplimiento de los veinticinco años de edad, por el incumplimiento de los deberes académicos o por la consecución de un trabajo asalariado.

c) En el caso de hijas mayores de cincuenta y cinco años y solteras, por las nupcias de la beneficiaria, por su unión de hecho debidamente demostrada, por la consecución de un trabajo asalariado estable o por venir a mejor fortuna.

d) En el caso de los inválidos, por rehabilitación o por venir a mejor fortuna.

e) Por prescripción.

Artículo 68.- Compatibilidad. Si el huérfano tiene derecho a pensión por orfandad por ambos padres, recibirá el treinta por ciento (30%) de cada una o el sesenta por ciento (60%) de la mejor, según lo que más le convenga.

De concurrir varios hijos, se aplicará esta norma, en armonía con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 66 anterior.

SECCION III

Otras pensiones por supervivencia

Artículo 69.- Prestaciones en favor de padres o hermanos. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera legitimados, ni hijos con derecho a las prestaciones por viudez u orfandad, respectivamente, los padres o los hermanos del funcionario o pensionado fallecidos tendrán derecho a una prestación por supervivencia.

El monto de esta prestación especial será equivalente al treinta por ciento (30%) de la pensión que disfrutaba o hubiera disfrutado el causante.

Para acceder al beneficio contemplado en este artículo, los padres o hermanos deberán demostrar que dependían económicamente del causante.

De concurrir varios derechos, se aplicará lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 66 anterior.

CAPITULO VI

Cotizaciones

Artículo 70.- Cotizaciones básicas de los funcionarios activos y de los pensionados:

1.- Todos los funcionarios activos cubiertos por este régimen cotizarán lo siguiente:

a) Hasta dos veces la base cotizable, con el ocho punto setenta y cinco por ciento (8.75%) de su salario.

b) Sobre el exceso de los establecido en el inciso anterior y hasta cuatro veces la base cotizable, con el doce por ciento (12%) de ese exceso.

c) Sobre el exceso de lo establecido en el inciso anterior y hasta seis veces la base cotizable, con un catorce por ciento (14%) de ese exceso.

d) Sobre el exceso de lo establecido en el inciso anterior y hasta el monto establecido en el artículo 44 de esta ley, con un dieciséis por ciento (16%) de ese exceso.

2.- Todos los pensionados cubiertos por este régimen, sea que hayan adquirido su derecho al amparo de esta ley o de cualquiera de las anteriores, sean estas la Ley N° 2248, de 5 de setiembre de 1958, y sus reformas, o la Ley N° 7268, de 14 de noviembre de 1991, y sus reformas, cotizarán según lo siguiente:

a) Hasta tres veces la base cotizable, exento.

b) Sobre el exceso de lo establecido en el inciso anterior y hasta cuatro veces la base cotizable, con un doce por ciento (12%) de ese exceso.

c) Sobre el exceso de lo establecido en el inciso anterior y hasta seis veces la base cotizable, con un catorce por ciento (14%) de ese exceso.

d) Sobre el exceso de lo establecido en el inciso anterior y hasta el monto establecido en el artículo 44 de esta ley, con un dieciséis por ciento (16%) de ese exceso.

Para los efectos de este artículo, debe entenderse por base cotizable el salario base más bajo pagado por la Administración Pública.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9104 del 10 de diciembre de 2012)

    Artículo 71.- Contribución especial, solidaria y redis-tributiva de los pensionados y jubilados. Además de la cotización común establecida en el artículo anterior, los pensionados y los jubilados cuyas prestaciones superen los montos que se fijarán, contribuirán en forma especial, solidaria y redistributiva, de acuerdo con la siguiente tabla: 

a) Sobre el exceso del monto de ocho (8) salarios base del puesto más bajo pagado en la Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración Pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil y hasta por el veinticinco por ciento (25%) de dicho tope, contribuirán con el veinticinco por ciento (25%) de tal exceso.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 6° de la Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria, N° 9796 del 5 de diciembre de 2019)

b) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con el treinta y cinco por ciento (35%) de tal exceso. 

c) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con el cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal exceso. 

d) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con un cincuenta y cinco por ciento (55%) de tal exceso. 

e) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con un sesenta y cinco por ciento (65%). 

f) Sobre el exceso del margen anterior contribuirán con un setenta y cinco por ciento (75%).

Artículo 72.- La determinación de las cotizaciones futuras. Las tasas de cotización establecidas en los artículos anteriores, entrarán en vigencia en la fecha de publicación de la presente ley y serán las mínimas necesarias aquí establecidas.

El Poder Ejecutivo, por vía de decreto, podrá aumentar las cotizaciones hasta la tasa que corresponda, cuando los estudios actuariales así lo recomienden; todo de conformidad con lo indicado en tales estudios. 

CAPITULO VII

Transferencia de cotizaciones

Artículo 73.- Transferencia de cuotas. Cuando, por la totalización de los períodos de cotización, deban transferirse cuotas del Régimen transitorio de reparto, al Régimen de invalidez, vejez y muerte, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, se transferirán solo los montos correspondientes a las tasas de contribución exigidas por la Caja. Los montos serán determinados por la liquidación actuarial correspondiente.

Cuando la transferencia sea desde el Régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social hacia el Estado, se seguirá el mismo procedimiento, con la salvedad de que la Caja solo estará obligada a la transferencia de lo efectivamente recaudado.

Si la transferencia de cuotas que deba realizar el Estado a la Caja Costarricense de Seguro Social se realiza en títulos, estos deberán reconocer las mejores condiciones de rendimiento y, en todo caso, nunca con tasas inferiores a las de mercado.

Artículo 74.- Diferencias de cotización en favor del Estado. De transferirse cuotas del Régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social al Régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional, se calculará la diferencia de cotización obrera omitida, se actualizará a valores reales y se determinará la deuda del interesado con el Estado, originada en esa diferencia.

Esta deuda será cancelada por el interesado, de conformidad con el arreglo de pago, el cual incluirá plazo e intereses y será formalizado ante el Ministerio de Hacienda. No obstante, en ningún caso, el plazo podrá exceder de cinco años, ni la tasa de interés podrá ser inferior a lo establecido en el artículo 1163 del Código Civil ni superior a la tasa básica.

Artículo 75.- Diferencias de cotización en favor del pensionado. Cuando, por razón de la transferencia de cotizaciones, quede un saldo en favor del funcionario cotizante, el Estado lo determinará, emitirá, en favor del interesado, un certificado por tal suma y le reconocerá los intereses de mercado.

El certificado de reconocimiento se destinará al Plan de pensiones complementarias del Banco Nacional de Costa Rica, del Instituto Nacional de Seguros o del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a elección del interesado. También, podrá destinarse a otra operadora de fondos de pensiones complementarias distinta de las antes mencionadas, si consta la aceptación expresa de dicha operadora.

Para instrumentar lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo reglamentará lo correspondiente.

CAPITULO VIII

Revisiones y revaloraciones

SECCION I

Revisión de las prestaciones por vejez

Artículo 76.- Revisión por reingreso. El jubilado o la jubilada que reingrese a la vida activa, con percepción de salario a cargo del Estado o de sus instituciones, suspenderá la percepción de su jubilación durante el tiempo en que se encuentre activo o activa, a excepción, estrictamente, del personal académico al servicio de las instituciones estatales de enseñanza superior recontratados o recontratadas hasta por un máximo de medio tiempo, para programas de grado, posgrado, investigación, o acción social, de conformidad con los requisitos que cada entidad establecerá al efecto.

Para lo dispuesto en el párrafo anterior, el jubilado que vuelva a la vida activa deberá comunicar su alta, con copia del acto de nombramiento, dirigida a la Jupema, que ordenará suspender las prestaciones durante el tiempo que indique el acto de nombramiento.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8721 del 18 de marzo de 2009)

Artículo 77.- Sanciones. Si por dolo o culpa suya el jubilado o pensionado por vejez, invalidez o supervivencia, percibe simultáneamente sueldo y jubilación, deberá reintegrar al Estado las prestaciones de jubilación o pensión recibidas ilícitamente, más un veinticinco por ciento (25%) por concepto de cláusula penal.

Si la devolución no se realiza dentro del mes inmediato posterior a la percepción, el jubilado deberá reconocer los intereses moratorios vencidos, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 1163 del Código Civil.

Artículo 78.- Consecuencias de la revisión. El ex jubilado que vuelva a cesar en las funciones y se acoja de nuevo a la pasividad, volverá a percibir su pensión a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo la baja.

El monto de la prestación será el mismo que estaría devengando de no haber suspendido su pensión. Para estos efectos, la prestación será incrementada sólo en los porcentajes de aumento decretados para las pensiones del Régimen transitorio de reparto, sin que los salarios devengados durante la suspensión resulten hábiles para revisar el monto.

SECCION II

Revalorización de las prestaciones

Artículo 79. Revalorización. Las prestaciones otorgadas según lo dispuesto en este título se revalorizarán únicamente por el aumento en el costo de la vida, en un porcentaje igual al del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de modo automático y con periodicidad semestral.

La revalorización se producirá sobre el monto total nominal de la pensión, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

CAPITULO IX

Procedimiento administrativo

SECCION I

Disposiciones generales

Artículo 80.- Inicio del procedimiento. Toda solicitud de pensión o jubilación deberá ser presentada ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285 a 295 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 81.- Elementos probatorios. Las pruebas de los hechos alegados en la solicitud serán, necesariamente, documentales, salvo el caso de las circunstancias de la unión de hecho, sobre las cuales podrá recibirse prueba testimonial.

El órgano director del procedimiento valorará la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica, salvo en lo referido a la capacidad y al estado civil de las personas, que se deberán demostrar con las certificaciones del Registro Civil.

Artículo 82.- Sustanciación del expediente. Los elementos probatorios del derecho reclamado deberán ser propuestos por el solicitante en el acto inicial del procedimiento, pero su consecusión será realizada de oficio por el órgano director, salvo el caso de la prueba testimonial.

Artículo 83.- Deber de certificar. Todas las oficinas y dependencias públicas y privadas estarán obligadas a certificar, con la mayor brevedad, lo que el órgano director les solicite, y bajo pena del delito de desobediencia, contemplado en el artículo 305 del Código Penal, en caso de negación injustificada.

Artículo 84.- Recepción de prueba testimonial. De ser necesario recibir prueba testimonial, el solicitante deberá indicarlo así en la fórmula de solicitud, e indicará las calidades de los testigos y los hechos sobre los que depondrán.

Para la recepción de la prueba, el órgano director señalará el término correspondiente y ordenará los citatorios de estilo, los cuales quedarán a la orden del gestionante para su diligenciamiento.

De la prueba testimonial, se levantará el acta respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 270 y 271 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 85.- Curso del procedimiento. El procedimiento administrativo para la declaratoria del derecho a la jubilación o pensión, se ajustará a lo dispuesto en este Capítulo y a las disposiciones del Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública y, particularmente, a las referidas al proceso sumario.

SECCION II

Formalidades de la decisión

Artículo 86. Primera fase de aprobación. La Dirección Ejecutiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional tendrá como función realizar la etapa de instrucción del expediente, la cual se extiende desde la recepción de las solicitudes hasta la recomendación técnica que emita la Junta Directiva.

Una vez finalizada la instrucción del expediente, la Dirección Ejecutiva, mediante resolución razonada, recomendará a la Junta Directiva aprobar o no la solicitud; dicha recomendación no será vinculante para esta.

Recibida la resolución de la Dirección Ejecutiva, la Junta Directiva deberá emitir una resolución razonada, en la que declare o deniegue el derecho; será firmada por el Presidente y el Secretario. En el acta de la sesión respectiva, deberán constar los directores que votaron a favor de la aprobación o en contra de ella.

En el proceso de declaratoria de derechos, los miembros de la Junta Directiva estarán sometidos al régimen de responsabilidad establecido en los artículos 199 a 213 de la Ley General de la Administración Pública.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 87.- Quórum. El quórum para el funcionamiento legítimo de la Junta será de la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 88.- Formalidades de las resoluciones. La Junta acordará, por mayoría simple de sus miembros, otorgar los derechos y las peticiones de los asegurados. En caso de empate, la petición se entenderá denegada.

Las resoluciones que se dicten serán individualizadas por cada peticionario y se ajustarán, bajo pena de nulidad, a lo establecido en el artículo 155 del Código Procesal Civil.

Artículo 89.-Decisión final. La resolución de la Junta de Pensiones y Jubilaciones referida en el artículo 88, junto con el expediente, serán elevados ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la resolución final, con el refrendo del Auditor Interno. Para resolver, dicha Institución tendrá un plazo máximo de un mes calendario contado a partir del momento en que la Dirección Nacional de Pensiones reciba la resolución y el expediente completo.

En caso de que la resolución no se emita en el plazo citado se ejecutará lo resuelto por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

El Ministerio de Hacienda, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, queda autorizado para requerir toda la información que considere necesaria para aclarar lo que la Dirección Nacional de Pensiones o la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional ordenen ejecutar en cuanto a los pagos, y podrá negarse a tal ejecución mientras no se satisfaga debidamente la información requerida que permita autorizar el pago.

El acuerdo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional junto con la aprobación de la Dirección Nacional de Pensiones, cuando esta última se haya emitido dentro del plazo establecido, agotarán la vía administrativa, según corresponda.

Transitorio.- Con el propósito de que la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y la Dirección Nacional de Pensiones, se adapten a las nuevas disposiciones, se establece un período de tres meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, durante el cual se seguirán los procedimientos establecidos antes de promulgarla. El Ministerio de Hacienda autorizará, a la Dirección Nacional de Pensiones los recursos necesarios para cumplir con el nuevo procedimiento, previa presentación de un plan de trabajo. La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria velará por la correcta ejecución de este plan.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 90.- Desacuerdo. Cuando la Dirección Nacional de Pensiones niegue la aprobación final de una pretensión, sea de pensión por vejez, invalidez o supervivencia, que le haya sido presentada por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, devolverá los autos con las razones de su denegatoria, las cuales serán vinculantes para la Junta, y remitirá copia de la denegatoria al Ministerio de Hacienda.

SECCION III

Medios de impugnación

Artículo 91.-Revocatoria. Contra el acto final, cabrá recurso de revocatoria dentro de los cinco días siguientes a la debida notificación del acto impugnado. El recurso de revocatoria deberá interponerse ante la misma Junta y resolverse dentro de los quince días siguientes a su interposición. El acuerdo de la Junta que resuelva la revocatoria deberá ser elevado, junto con el expediente y el recurso, ante la Dirección Nacional de Pensiones para la aprobación final. Esta Dirección deberá resolver dentro de los quince días siguientes al recibo.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 92-Apelación. Apelación. Contra el acto final, cabrá recurso de apelación el cual deberá ser interpuesto ante la Junta, dentro de los ocho días siguientes a la notificación del acto impugnado.

    Recibido el recurso de apelación, la Junta perderá toda competencia sobre la gestión del recurrente, salvo el caso exclusivo de la tramitación del recurso y, dentro de los tres días siguientes a la interposición, deberá elevar el expediente y el recurso ante Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional(*), que resolverá en alzada administrativa. En la tramitación de la alzada, la Junta deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 349.2 de la Ley General de la Administración Pública.

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 7946 de 18 de noviembre de 1999.)

(*) (Así reformado por el artículo 13 de la Ley Creación de los Tribunales Administrativos del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y del Servicio Civil, N° 8777 del 7 de octubre de 2009)

CAPITULO X

Administración del Régimen

Artículo 93.- Organo competente. La administración del Régimen estará a cargo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, bajo la supervisión y el control de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 94.- Estudios actuariales. La Jupema ordenará, obligatoriamente, realizar un estudio actuarial del Régimen transitorio de reparto a su cargo, por lo menos cada cinco (5) años. De los resultados de ese estudio, informará a los ministros de Trabajo y Seguridad Social, así como al de Hacienda, junto con las recomendaciones del caso, dentro de los quince (15) días siguientes a su finalización.

La Junta se ajustará al reglamento que dicte al efecto el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, sobre estudios actuariales de las entidades fiscalizadas por la Supen.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8721 del 18 de marzo de 2009)

Artículo 95.- Las partidas presupuestarias de egresos. El Ministerio de Hacienda creará, separadamente, las partidas presupuestarias de transferencias del Estado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, correspondiente a las pensiones en curso de pago.

Para estos efectos, el reglamento determinará las modalidades de cuentas que correspondan.

Artículo 96.- Partidas presupuestarias de ingresos. El Ministerio de Hacienda creará, separadamente, las partidas presupuestarias de ingresos por cotizaciones.

El reglamento determinará, también, las modalidades de cuentas que correspondan.

TITULO IV

Junta de Pensiones y Jubilaciones del

Magisterio Nacional

CAPITULO I

Composición

Artículo 97.- Naturaleza de la Junta. La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional es un ente público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio.

Como tal, está sujeta a las normas de la presente ley, así como al ordenamiento jurídico administrativo público y, particularmente, a las ordenanzas, directrices y demás actos vinculantes emanados de la Superintendencia General de Pensiones.

Artículo 98.- Composición del órgano colegiado. La administración y el gobierno de la Institución, corresponden a una Junta Directiva, compuesta de la siguiente manera:

a) Un representante de la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP).

b) Un representante de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP).

c) Un representante de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).

d) Un representante de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

e) Un representante de las organizaciones laborales de las instituciones estatales de Educación Superior, comprendidas en el Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, cuya finalidad es la defensa de los derechos e intereses de las trabajadoras y los trabajadores, en cuanto tales. El nombramiento se realizará conforme al procedimiento que reglamente la Junta para efectos internos y mediante el mecanismo de elección que las organizaciones laborales establezcan.

f) Un representante del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).

g) Un representante del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8721 del 18 de marzo de 2009)

Artículo 99.-Duración de los cargos. Los miembros de la Junta Directiva permanecerán en sus cargos cuatro años y no podrán ser reelegidos.

Podrán ser removidos de sus cargos por las razones indicadas en el artículo 27 de la presente ley, cuando la entidad que representen así lo determine y solo por causa justa.

Transitorio.- Los actuales miembros durarán en sus cargos hasta cumplir el período por el que fueron nombrados.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 100.- Abstenciones y recusaciones. Los miembros de la Junta Directiva deberán abstenerse y, en su caso, podrán ser recusados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 a 238 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 101.- Requisitos de caución. Los miembros de la Junta Directiva, así como su Director Ejecutivo, y su responsable financiero, antes de asumir sus cargos, deberán rendir caución suficiente, mediante una póliza de fidelidad contratada con el Instituto Nacional de Seguros.

Esta póliza estará a cargo de cada miembro y la institución no podrá asumir su pago.

Artículo 102.- Responsabilidad genérica. Los miembros de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo y los Jefes de los Departamentos Contable-Financiero y de Auditoría Interna, estarán sujetos a las disposiciones y deberes contemplados en la Ley de Enriquecimiento Ilícito, No. 6872, del 8 de julio de 1983.

Artículo 103.- Representación. Anualmente, la Junta elegirá de su seno un Presidente y un Secretario.

La representación judicial y extrajudicial de la institución corresponderá a su Presidente, quien, en ejecución de los acuerdos tomados por el órgano colegiado, tendrá las facultades de un apoderado, con las limitaciones que el acuerdo de nombramiento establezca.

CAPITULO II

Atribuciones de la Junta Directiva

Artículo 104.- Atribuciones de la Junta Directiva en relación con el Régimen de Capitalización. Son atribuciones de la Junta Directiva en relación con el Régimen de Capitalización del Título II de la presente ley:

a) Administrar correctamente el Fondo de Capitalización en condiciones de absoluta honestidad, responsabilidad, rendimiento y seguridad, con estricto apego al ordenamiento jurídico y a los principios generales de la seguridad social, que son aplicables a los regímenes especiales, sustitutivos y de capitalización parcial.

b) Estudiar, conocer y resolver las solicitudes de jubilación y pensión que se le presenten, de conformidad con lo dispuesto en el Título II de esta ley.

c) Determinar las tasas de contribución de los funcionarios activos, de conformidad con lo que recomienden los estudios actuariales.

d) Determinar el perfil de beneficios de los asegurados del Régimen, según lo recomendado por los estudios actuariales.

e) Recaudar las cotizaciones a las que están obligados los asegurados y sus patronos y ejercer las acciones de cobro necesarias.

f) Rendir, puntual y cabalmente, los informes requeridos por la Superintendencia General de Pensiones.

g) Dictar las normas para el nombramiento del personal de la institución y aprobar los reglamentos que se consideren necesarios.

h) Aprobar el presupuesto de operación de la institución.

i) Todas las demás que indiquen las leyes respectivas y sus reglamentos.

Artículo 105.-Atribuciones de la Junta Directiva relacionadas con el Régimen transitorio de reparto. En relación con el Régimen transitorio de reparto referido en el título III de la presente ley, son atribuciones de la Junta Directiva:

a) Estudiar, conocer y resolver las solicitudes de pensión que se le presenten de conformidad con el título III de esta ley.

b) Recaudar las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y los patronos adscritos a este Régimen y ejercer las acciones de cobro necesarias.

c) Rendir, puntual y cabalmente, los informes solicitados por la Superintendencia de Pensiones, la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda.

d) Todas las demás atribuciones que indiquen las leyes respectivas y sus reglamentos.

Las cotizaciones recaudadas en relación con el Régimen transitorio de reparto deberán trasladarse al Estado, dentro del mes correspondiente a la recaudación. De realizarse en fecha posterior, la Junta deberá reconocer intereses por concepto de mora, de conformidad con el artículo 498 del Código de Comercio.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

CAPITULO III

Financiamiento y gastos administrativos

Artículo 106.- Financiamiento. Para atender el ejercicio de sus funciones, la Junta recibirá una comisión por gastos administrativos, que surgirá de deducir, a cada uno de sus asegurados, un cinco por mil (5 x 1000) de los salarios y pensiones del Régimen a su cargo.

Con esta deducción, se constituirá un Fondo Especial de Administración, que deberá llevarse, contable y físicamente, separado del Fondo de Capitalización.

Este fondo especial será administrado con la máxima prudencia y frugalidad.

Artículo 107.- Fondo Especial de Administración. El Fondo Especial de Administración se destinará, en forma exclusiva, a lo siguiente:

a) Pagar las dietas de los miembros de la Junta Directiva, los salarios de su personal y, en general, sus gastos administrativos.

b) Cubrir las obligaciones de carácter financiero derivadas de los convenios que la Junta celebre con las entidades financieras y sociales del Magisterio Nacional.

c) Realizar préstamos directos a los pensionados y servidores activos, a fin de que satisfagan necesidades personales, de acuerdo con los reglamentos que se dicten al efecto.

d) Realizar préstamos directos a los pensionados y servidores activos, para que financien actividades de pequeña empresa, según los reglamentos que se emitan al efecto.

e) Realizar préstamos o aportes de capital a las organizaciones del Magisterio Nacional, para la creación de programas y proyectos.

Los recursos ociosos del Fondo Especial de Administración podrán ser invertidos en valores financieros, con las limitaciones incluidas en los artículos del 20 al 25 de esta Ley.

            En los tres (3) primeros meses de cada año, la Junta Directiva presentará a las organizaciones magisteriales representadas en su seno, un informe público detallado de sus labores, de la ejecución presupuestaria del año anterior con el máximo grado de detalle y del presupuesto vigente.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8721 del 18 de marzo de 2009)

Artículo 108.- Reglamento de préstamos. La Jupema reglamentará las condiciones que considere básicas para otorgar los préstamos citados en los incisos c), d) y e) del artículo anterior.

Para tales efectos, el Reglamento deberá contener disposiciones sobre los sujetos y las líneas de crédito, los plazos, los montos máximos de crédito por actividad, las tasas de interés y la tasa de inflación, así como todas aquellas que, a su parecer, sean necesarias para cumplir sus objetivos.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8721 del 18 de marzo de 2009)

Artículo 109.- Deducciones por préstamos. Cuando se trate de préstamos para los jubilados o pensionados, la Junta podrá deducir mensualmente de los giros de la pensión las amortizaciones y los intereses respectivos.

Artículo 110.- Uso para cubrir cotizaciones. Cuando de los estudios actuariales del Régimen transitorio de reparto, se determine la necesidad de aumentar las cuotas de los servidores activos y pensionados, deberán utilizarse los recursos del Fondo Especial de Administración, para financiar parcialmente hasta el veinticinco por ciento (25%) de sus aportes. La Junta determinará el porcentaje que se acuerde financiar. 

CAPITULO IV

Estatuto orgánico

SECCION I

Dirección Ejecutiva

Artículo 111.- Dirección Ejecutiva. El Director Ejecutivo estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Junta. Será nombrado mediante concurso público de antecedentes por un período de cinco años y podrá ser reelegido.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 112.- Funciones. Son funciones del Director Ejecutivo:

a) Organizar, coordinar y supervisar, con la colaboración del personal necesario, todas las acciones administrativas que realice la Junta Directiva.

b) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes y los reglamentos, así como de las disposiciones de la Junta Directiva.

c) Velar por el correcto cumplimiento de las actuaciones y las disposiciones de carácter administrativo de la Junta Administrativa.

d) Ejercer la autoridad disciplinaria sobre sus subalternos y velar porque los funcionarios cumplan conforme a derecho y en forma eficiente.

e) Elaborar el proyecto de presupuesto de la institución, el cual deberá ser sometido a la Junta Administrativa para que lo apruebe.

f) Todas las demás que le competan, de conformidad con la ley y los reglamentos.

SECCION II

Departamentos

Artículo 113.- Departamentos. La Institución contará con los departamentos que su Junta Directiva considere necesarios para el buen funcionamiento.

La Auditoría Interna dependerá únicamente de la Junta Directiva y los otros departamentos, de la Dirección Ejecutiva.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 114.- Control y supervisión del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional El Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, en lo sucesivo, será supervisado por la Superintendencia de Pensiones, a la cual se le asignan las siguientes funciones:

a) Supervisar el Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

b) Aprobar el reglamento del Régimen de capitalización donde se determinará el perfil de beneficios y los requisitos de elegibilidad con el fin de garantizar en todo momento el equilibrio actuarial del Régimen.  En caso de desequilibrio actuarial del Régimen de Capitalización, la Superintendencia deberá solicitar la modificación del Reglamento a la Junta en el plazo que la Superintendencia definirá.

c) Supervisar la inversión correcta de los recursos administrados por el Sistema de Pensiones y Jubilaciones y dictar las directrices necesarias con el objeto de garantizar la composición y valoración adecuadas de la cartera de inversiones.

d) Determinar el contenido, la forma y la periodicidad de la información que debe suministrar la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, en su calidad de administradora del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional; todo para que exista información oportuna y confiable sobre la situación de los regímenes administrados.

e) Supervisar la oportuna y correcta declaración y modificación de los beneficios a los cuales tienen derecho los afiliados en cada una de las instancias de las Instituciones que intervienen en el proceso: la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la Dirección Nacional de Pensiones y el Ministerio de Hacienda.

f) Definir los parámetros para que las Instituciones que intervienen en el procedimiento de declaración de derechos indicadas en el inciso anterior, determinen controles internos, para garantizar la exactitud del monto de las pensiones o jubilaciones pagadas.

g) Solicitar, a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, un informe anual sobre la situación financiero-actuarial de cada uno de los regímenes de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional.

h) Aprobar la remoción del auditor interno o solicitar su remoción en forma razonada.  

En la regulación y supervisión del Sistema de Pensiones del Magisterio se aplicará supletoriamente la Ley No. 7523, de 7 de julio de 1995.

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 115.- Garantía de pago.  El Estado garantiza el pago de los derechos otorgados y los que se lleguen a otorgar en el Régimen transitorio de reparto de acuerdo con esta ley.

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 116.- (Derogado por el artículo 2° de la ley N° 9104 del 10 de diciembre de 2012)

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 7946 del 18 de noviembre de 1999)

Artículo 117.- Las personas pensionadas y los servidores adscritos y las servidoras adscritas a este Régimen, cubiertos y cubiertas por esta Ley, tendrán derecho a percibir, además de su salario, la pensión que les corresponda en razón del fallecimiento de su cónyuge, mientras permanezcan viudos o viudas.  Este derecho también asistirá a las personas convivientes en unión de hecho.  La presente normativa reforma, en lo conducente, el artículo 15 de la Ley general de pensiones, N.º 14, de 2 de diciembre de 1935, y el artículo 31 de la Ley N.º 7302, de 8 de julio de 1992, así como cualquier otra disposición que se le oponga.

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 8721 del 18 de marzo de 2009)

(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 8775 del 11 de setiembre de 2009)

Artículo 118- Transgresiones. Las transgresiones a esta ley serán sancionadas en la siguiente forma:

Será sancionado con multa equivalente a cinco salarios base:

a) El patrono que no realice el proceso de empadronamiento una vez acreditado el centro educativo por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), dentro del plazo, las condiciones y los requisitos que se establezcan en el correspondiente reglamento. En caso de que se trate de errores en la información cualitativa de sus trabajadores, esta sanción corresponderá a una quinta parte del salario base.

b) El patrono que, con el propósito de encubrir a costa de sus trabajadores la cuota que debe satisfacer, les rebaje el salario o las remuneraciones, o bien, altere las planillas que debe reportar con compensación de saldos.

c) El patrono que no deduzca la cuota obrera o no pague la cuota patronal que le corresponde de acuerdo con la ley.

d) El patrono al no incluir, en las planillas respectivas, a uno o a varios de sus trabajadores o incurra en falsedades o errores en cuanto al monto de sus salarios, remuneraciones, ingresos netos o la información que sirva para calcular el monto de sus contribuciones a la seguridad social.

Será sancionado con multa equivalente a ocho salarios base:

El patrono encargado de pagar los recursos ordenados por esta ley, cuando obstaculice, demore o se niegue a proporcionar los datos y antecedentes necesarios para comprobar la corrección de las operaciones y cuando no acate las resoluciones de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) relativas a la obligación de corregir transgresiones a la presente ley o sus reglamentos, constatadas por sus inspectores en el ejercicio de sus funciones. Las resoluciones deberán expresar los motivos  que las sustentan, el plazo concedido para enmendar el defecto y la advertencia de la sanción a que se haría acreedor el interesado, de no acatarlas. En caso de que persista la omisión, se regulará bajo la figura y pena del delito de desobediencia, contemplado en el Código Penal, en caso de negación injustificada.

En todo procedimiento que pueda culminar con la imposición de una sanción en sede administrativa, se le concederá al interesado el derecho de defensa y se respetará el debido proceso, antes de que el asunto se resuelva. Para calcular el monto respectivo de las sanciones económicas aquí previstas, se entenderá por salario base el establecido por el artículo 2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993. Para aplicar las disposiciones de esta ley, la resolución de primera instancia será dictada por la Dirección Ejecutiva y tendrá recurso de alzada ante la Junta Directiva; para ello, se aplicará lo dispuesto en el título VIII del libro II de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

Las personas que resulten sancionadas administrativamente por infracción de las leyes y normas reguladoras de la seguridad social o incumplan los plazos reglamentarios definidos para el cumplimiento de sus obligaciones, estarán sujetas, además, al pago de las costas administrativas causadas. Asimismo, quienes no cancelen las cuotas correspondientes estarán sujetos al pago de los intereses de ley sobre el monto de las contribuciones adeudadas.

De existir morosidad patronal comprobada o no haber empadronado oportunamente el trabajador, el patrono responderá íntegramente ante Jupema por las cuotas omitidas en aplicación de esta ley.

El derecho a reclamar el monto de daños y perjuicios irrogados a Jupema, en la vía penal o civil, prescribirá en el término de diez años.

La acción penal y la pena, en cuanto a las faltas contempladas en esta ley, prescribirá de conformidad con las reglas establecidas en el Código Procesal Penal y el Código Penal, con la salvedad de que el plazo se computará a partir del momento en que la institución tenga conocimiento de la falta.

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Artículo 119- Retención indebida. Constituye retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena determinada en el Código Penal, a quien no entregue a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) el monto de las cuotas obreras obligatorias dispuestas en esta ley.

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Artículo 120- Empadronamiento. Acreditado e iniciado el funcionamiento de la institución educativa, los patronos deberán empadronar a sus trabajadores dentro del plazo y las condiciones que establezca la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Artículo 121- Inspectores y sus facultades. La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) contará con un cuerpo de inspectores encargados de velar por el cumplimiento de la ley, reglamentos y procedimientos concernientes a las obligaciones de los patronos con la seguridad social referentes al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y el correcto empadronamiento de los trabajadores de la educación. Para tal propósito, los inspectores tendrán carácter de autoridades, con los deberes y las atribuciones señaladas en los artículos 89 y 94 de la Ley 1860, Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 21 de abril de 1955. Para los efectos de esta ley, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional tendrá la facultad de solicitar, por escrito, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o a cualquier otra oficina pública, la información contenida en las planillas, declaraciones, estados financieros o informes sobre salarios, remuneraciones e ingresos, pagados o recibidos por los asegurados. Podrán revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que eficazmente les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos. Si encontraran resistencia injustificada, darán cuenta de lo sucedido mediante un acta.

Las actas que levanten los inspectores y los informes que rindan en el ejercicio de sus funciones y atribuciones deberán ser motivados y tendrán valor de prueba muy calificada. Podrá prescindirse de dichas actas e informes solo cuando exista prueba que revele su inexactitud, falsedad o parcialidad.

Toda la información referida en este artículo tendrá carácter confidencial y por tanto no podrán ser divulgados a terceros o particulares.

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Artículo 122- Deducciones obrero-patronales y responsabilidad solidaria. Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les deducirán las cuotas que estos deban satisfacer y entregarán a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) el monto de esas, en el tiempo y la forma que esta determine. El monto de las cuotas obrero-patronales, que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de los salarios o las remuneraciones que obtenga el trabajador, bajo cualquier denominación que se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal.

El patrono que no cumpla con la obligación que establece el párrafo anterior responderá personalmente por el pago de dichas cuotas. En caso del traspaso o el arrendamiento de una empresa de cualquier índole, el adquiriente o arrendatario responderá solidariamente con el transmitente o arrendante, por el pago de las cuotas obrero-patronales que estos últimos fueren en deber a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional en el momento del traspaso o arrendamiento.

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Artículo 123- Personas jurídicas y solidaridad. Las personas jurídicas, las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y autonomía funcional, aunque estas últimas tengan o no personalidad jurídica, responderán solidariamente por las acciones o las omisiones violatorias de esta ley, cometidas por los representantes en el ejercicio de sus funciones.

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Artículo 124- Daños y perjuicios y título ejecutivo. Cuando la falta cometida implique perjuicio económico para la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), sin perjuicio de la sanción establecida administrativamente, el infractor deberá indemnizar a la institución por los daños y perjuicios ocasionados y deberá restituir, además, los derechos violentados. Para ello, se adoptarán las medidas necesarias que conduzcan a esos fines y se procederá de conformidad con el título VII, capítulo VII del Código de Trabajo. La certificación de deudas de los patronos, que es extendida por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, tiene carácter de título ejecutivo, una vez firme en sede administrativa.

Las deudas en favor de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional tendrán privilegio de pago en relación con los acreedores comunes, sin perjuicio de los privilegios mayores conferidos por otras normas. Este privilegio es aplicable en los juicios universales y en todo proceso o procedimiento que se tramite contra el patrimonio del deudor.

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Artículo 125- Reincidencias. En caso de reincidencias específicas o genéricas se estará a lo dispuesto en el artículo 312 del Código de Trabajo.

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Artículo 126- Recaudación de las contribuciones. Los patronos pagarán sus cuotas directamente en el tiempo y la forma que establezca la Junta Directiva, además de los siguientes lineamientos:

La recaudación de planillas se regirá además por las siguientes disposiciones:

a) La recaudación deberá ser efectuada por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) o por medio del Sistema de Pagos y Transferencias del Sistema Financiero Nacional.

b) La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional será responsable de realizar todas las gestiones administrativas y judiciales para controlar la evasión, subdeclaración o morosidad de los empleadores, así como de gestionar la recuperación de los aportes indebidamente retenidos por los patronos según lo establecido en la presente ley. Lo anterior, sin perjuicio de las gestiones que puedan realizar terceros de acuerdo con el artículo 564 del Código de Trabajo.

El patrono girará a Jupema las cuotas correspondientes deducidas a cada trabajador, dentro de un plazo de diez días naturales, siguientes al cierre mensual, mediante los medios de recaudación establecidos por Jupema. Vencido dicho plazo, el patrono cancelará intereses por mora, conforme a la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica.

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Artículo 127- Inspección y controles de pago. Los patronos, sea que se trate de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, deberán estar al día en el pago de las cuotas obreras-patronales con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), conforme a la ley. Asimismo, en el caso de los centros educativos privados y una vez extendida la autorización de funcionamiento por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), deberán ser remitidos a Jupema para el proceso de empadronamiento. Asimismo, ante cualquier cambio en las condiciones originales de autorización de funcionamiento solicitado por los patronos ante el MEP se requerirá encontrarse al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales. Igual exigencia aplicará a cualquier otra institución protegida por este régimen, la cual, para realizar cualquier gestión administrativa ante la Administración Pública, deberá igualmente estar al día con el pago de las cuotas de la seguridad social del Magisterio Nacional. Corresponderá a cada una de las instancias administrativas, en las que debe efectuarse el trámite respectivo, el cumplimiento de la obligación fijada en este párrafo. El incumplimiento de esta obligación por parte de Jupema no impedirá ni entorpecerá el trámite respectivo. De igual forma, Jupema podrá establecer sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento del pago de las obligaciones con la seguridad social.

Jupema queda facultada para inspeccionar los centros de educación públicos y privados, cotizantes del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, con el propósito de solicitar toda la documentación e información que estime necesarias, para verificar y determinar la cotización que deba enterarse a la conformación de los distintos fondos, con cargo a los trabajadores y el patrono.

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Artículo 128- Base presunta. La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) podrá determinar la cuantía de la obligación y aplicar la base presunta como procedimiento excepcional, cuando se presente alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando no se permita el ingreso del inspector al centro de trabajo o se le niegue el acceso a la información requerida.

b) Cuando la información suministrada por el patrono o los trabajadores es inexacta o incompleta y así quede debidamente acreditado por indicios concordantes y razonables que se harán constar en el respectivo traslado de cargos.

c) Cuando el patrono obstaculice, demore o se niegue a proporcionar los datos y antecedentes necesarios para comprobar la corrección de las operaciones y cuando no acate las resoluciones de Jupema relativas a la obligación de corregir transgresiones a la presente ley o sus reglamentos, constatadas por sus inspectores en el ejercicio de sus funciones.

En cualquiera de las circunstancias anteriores, la administración podrá determinar la cuantía de la obligación ante Jupema, teniendo en consideración la información que se haya podido recabar y los indicios recogidos en la correspondiente investigación. Jupema dictará la reglamentación pertinente para realizar dicho acto.

(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10078 del 5 de noviembre de 2021)

Transitorio Único.-Por un principio de justicia, ninguna persona viuda deberá devolver dineros recibidos del Estado por concepto de pensión del cónyuge fallecido, en el plazo comprendido entre la resolución 2004-08012 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las dieciséis horas con veintidós minutos, de 21 de julio de 2004, en la que se declaró inconstitucional el artículo 110 de la Ley N.º 7015, de 22 de noviembre de 1985 y la vigencia de esta Ley.  Quienes hayan sido compelidos por el Estado a devolver pensiones recibidas de su cónyuge, por viudez, podrán reclamar el reintegro de estas, en el plazo de doce meses posteriores a la entrada en vigencia de esta Ley.

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 8775 del 11 de setiembre de 2009)